TA SAN - Sentencia 680013333014-2019-00040-02 (23-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de segunda instancia

Radicado: 680013333014-2019-00040-02

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Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Demandante: Carlos Arturo Duarte Martínez

cduarte3@unab.edu.co Apoderado parte demandante: Andrés Felipe Parra Rivera Andresfelipe525@gmail.com

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la

Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio público Jhon Carlos García Perea jcgarcia@procuraduria.gov.co Asunto: Sentencia de segunda instancia. Modifica y adiciona.

Tema: La Bonificación Judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Sin condena en costas en segunda instancia.

Sentencia No. 144

Magistrada ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia del 30 de abril de 2025, proferida por el Juzgado 601

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia del 30 de abril de 2025, proferida por el Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bucaramanga.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Duarte Martínez

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333014-2019-00040-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Sala es competente para resolver el recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA, el cual fue admitido mediante auto del 28 de agosto de 20251.

1. Antecedentes

1.1. Posición de la parte demandante2

La parte demandante solicitó declarar la nulidad de la Resolución número DESAJBUR18-7070 del 18 de mayo de 2018 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y del acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el 24 de julio de 2018 , mediante la cual se negó la liquidación de todas las prestaciones sociales, con la inclusión de la como factor salarial.

Formuló como pretensiones, de forma literal, las siguientes:

«Primero: Declárese la nulidad del acto administrativo N° DESAJBUR187070 del 18 de mayo de 2018 «Por medio del cual se resuelve un Derecho de Petición « proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.

7070 del 18 de mayo de 2018 «Por medio del cual se resuelve un Derecho de Petición « proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.

Segundo: Declárese la nulidad del acto administrativo ficto producto del silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación interpuesto el 24 de julio de 2018, contra el acto administrativo N° DESAJBUR18-7070 del 18 de mayo de 2018, notificado personalmente el día 11 de julio de 2018 y proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de

Bucaramanga.

Tercero: Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Nacional se inaplique por ser abiertamente contrario a la constitución y la ley el aparte «. y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.« contenido en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

Cuarto: Que para todos los efectos legales se reconozca y cancele la Bonificación Judicial dispuesta en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, esto es, con incidencia en las prestaciones laborales por tratarse de una parte integral de la asignación básica, sobre: a) prima de servicios, b) prima de productividad, c) prima de vacaciones, d) prima de navidad, e) bonificación por servicios prestados, f) cesantías e intereses a las cesantías y demás emolumentos que por Constitución, la ley y el reglamento corresponden a los funcionarios y empleados judiciales.

1 Expediente digital de OneDrive, 002AutoAdmiteRecursoApelacion.pdf

y demás emolumentos que por Constitución, la ley y el reglamento corresponden a los funcionarios y empleados judiciales.

1 Expediente digital de OneDrive, 002AutoAdmiteRecursoApelacion.pdf 2 Expediente digital, índice SAMAI, «gestión en otros despachos, actuación 16, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330142019000 4001/F1163DCE5CA5EEA9CAD216EF810297627D6CD52832320E6E648FCA232183948E/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Duarte Martínez

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333014-2019-00040-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Quinto: Que se reajuste o reliquide desde primero (1) de enero del dos mil trece y en adelante hasta que se siga percibiendo la Bonificación Judicial, las prestaciones laborales y sociales: a) prima de servicios, b) prima de productividad, c) prima de vacaciones, d) prima de navidad, e) bonificación por servicios prestados, f) cesantías e intereses a las cesantías y demás emolumentos que por constituci ón, la ley y el reglamento corresponden a los funcionarios y empleados judiciales, con inclusión de la Bonificación Judicial con incidencia de factor salarial y prestacional, y en la misma proporción de la asignación básica por hacer parte integral del salario.

Sexto: Condenar a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la

Judicial con incidencia de factor salarial y prestacional, y en la misma proporción de la asignación básica por hacer parte integral del salario.

Sexto: Condenar a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al pago de los dineros debidamente indexados, a favor de Carlos Arturo Duarte Martínez, correspondiente a la diferencia obteni da del reajuste o reliquidación de las prestaciones laborales desde el (1) de enero del dos mil trece y en adelante hasta que se siga causando, con inclusión de la Bonificación Judicial establecida en el Decreto 383 de 2013, tomando como base el I.P.C. vigente a la fecha de causación de cada prestación laboral hasta la fecha de ejecutoria del fallo condenatorio, dando igualmente aplicación a la fórmula establecida para ello por el Consejo de Estado, por cada una de las sumas individualmente consideradas por tratarse de sumas periódicas o de tracto sucesivo.

Séptimo: Condenar a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al pago de intereses moratorios, a título de sanción por no haberse reconocido el pago de las prestaciones salariales conforme a la ley. (…)».

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

El demandante es servidor de la Rama Judicial en calidad de emple ado judicial y devenga mensualmente la Bonificación Judicial creada con el Decreto número 0383 de 2013.

El 10 de mayo de 2018, radicó petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitó la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la

de 2013.

El 10 de mayo de 2018, radicó petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitó la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la Bonificación Judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la Resolución número DESAJBUR18-7070 del 18 de mayo de 2018, en la que negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el 24 de julio de 2018.

La demandada guardó silencio frente a la interposición del recurso de apelación.

Como fundamento de derecho y concepto de violación invocó los artículos 4 y 53, de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992 , el Decreto 1042 de 1978, elNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Duarte Martínez

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333014-2019-00040-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto 0383 de 2013. Indicó que debe reconocerse la para todos los efectos jurídicos propios del salario, dado que se percibe de manera periódica y constituye una contraprestación directa por la prestación del servicio.

1.2. Posición de la parte demandada

La Nación – Rama Judicial3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

prestación del servicio.

1.2. Posición de la parte demandada

La Nación – Rama Judicial3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013, la Ley 4 a de 1992 y en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; además, que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consec uencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

Propuso como excepciones: «caducidad», «la inexistencia del demandado », «ineptitud de la demanda », «cobro de lo no debido », «falta de legitimación en la causa por pasiva», «de la integración del litisconsorcio» y la «prescripción trienal».

1.3. Sentencia de primera instancia4

«ineptitud de la demanda », «cobro de lo no debido », «falta de legitimación en la causa por pasiva», «de la integración del litisconsorcio» y la «prescripción trienal».

1.3. Sentencia de primera instancia4

3 Expediente digital de OneDrive, 042_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONDEMANDA.pdf 4Expediente digital de OneDrive, 061Sentenciaantic_20190004001BGASENTEN.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander El juzgado de primera instancia, mediante sentencia de l 30 de abril de 2025 , resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. DESAJBUR187070 del 18 de mayo de 2018 que negó el reconocimiento de la Bonificación Judicial como factor salarial y la nulidad del acto administrativo ficto, producto del silencio administrativo negativo de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial frente al recurso de apelación interpuesto contra la resolución en mención.

Judicial como factor salarial y la nulidad del acto administrativo ficto, producto del silencio administrativo negativo de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial frente al recurso de apelación interpuesto contra la resolución en mención.

TERCERO: ORDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que reconozca y pague como factor salarial, para todos los efectos legales, la Bonificación Judicial establecida por el artículo 1° del Decreto 383 de 2013. En consecuencia, deberá reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados a los que tiene derecho el señor Carlos Arturo Duarte Martínez con C.C. 1.098.692.638, incluyendo la Bonificación Judicial como factor salarial, a partir del 10 de diciembre de 2015, de acuerdo con la prescripción analizada, y en adelante por el tiempo de vinculación, descontando los aportes del sistema de seguridad social, si no se hubieren hecho, en la proporción que corresponda a la parte demandante. La suma resultante de la reliquidación ordenada se reajustará conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del C.P.A.C.A, como se analizó en la parte considerativa.

CUARTO: DISPONER que la entidad demandada cumpla la sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del C.P.A.C.A. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.»

Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en

Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la Bonificación Judicial.

Consideró que la Bonificación Judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Precisó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la Bonificación Judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido de que susNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

En cuanto a la prescripción trienal, indicó que el demandante estuvo vinculado del 2 de noviembre de 2012 al 13 de noviembre de 2013 y, nuevamente, del 10 de diciembre de 2015 al 16 de julio de 2020. Como la solicitud de prestaciones se

2 de noviembre de 2012 al 13 de noviembre de 2013 y, nuevamente, del 10 de diciembre de 2015 al 16 de julio de 2020. Como la solicitud de prestaciones se presentó el 10 de mayo de 2018, los derechos anteriores al 10 de mayo de 2015 se encuentran prescritos. Sin embargo, como para dicha fecha no estaba vinculado, el reconocimiento procede desde la vinculación del 10 de diciembre de 2015.

1.4. Recurso de apelación

La Nación-Rama Judicial 5 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional.

La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, el cual expidió el Decreto 0383 y 0384 de 201 3 con el propósito de establecer la bonificación judicial para dichos funcionarios. Además, indicó que el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

funcionarios. Además, indicó que el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La Bonificación Judicial otorgada por el Gobierno Nacional fue el resultado de una negociación o acuerdo colectivo, mediante el cual se estableció que ciertos emolumentos no tendrían carácter salarial.

5 Expediente digital de OneDrive, 063_MemorialWeb_Recurso-APELACION201900040.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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El demandante fue desvinculado de la Rama Judicial el 16 de julio de 2020 , fecha en la que recibió la liquidación y pago definitivo de cesantías y prestaciones sociales. No presentó objeción ni interpuso recurso contra dichos conceptos.

Refirió como excepciones «falta de legitimación en la causa por pasiva«, «cobro de lo no debido» y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios».

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

Sin pronunciamiento de las partes y del Ministerio Público.

2. Consideraciones 2.1. Asunto previo

En aplicación del inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso6, la Sala se pronunciará únicamente sobre los motivos de inconformidad expresados en la apelación de la demandada.

2.1. Asunto previo

En aplicación del inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso6, la Sala se pronunciará únicamente sobre los motivos de inconformidad expresados en la apelación de la demandada.

En relación con los reparos de la parte demandada frente a las excepciones de «inexistencia del demandado», «ineptitud de la demanda», «falta de legitimación en la causa por pasiva » y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios », es preciso señalar que, mediante auto proferido el 25 de octubre de 20247, el juzgado de primera instancia las resolvió y declaró no probadas. En ese orden y dando aplicación al principio de preclusividad, no hay lugar a reabrir de nuevo el debate y, en esa medida, la Sala no emitirá pronunciamiento alguno sobre este aspecto.

Respecto de la excepción de caducidad, se resolverá en esta oportunidad, al no haberse resuelto en la sentencia y sin pronunciamiento previo del juzgado de primera instancia que permita aplicar el principio de preclusividad. En ese orden, se precisa que los actos acusados, al negar prestaciones periódicas, pueden ser demandados en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, la acción para reclamar la reliquidación de

6 « (...)...Cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso. (...)» 7 Expediente digital de OneDrive, 044AutoResuelveE_J14BUC20190004001RES.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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recurso. (...)» 7 Expediente digital de OneDrive, 044AutoResuelveE_J14BUC20190004001RES.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander prestaciones laborales de tracto sucesivo no caduca, sino que, en su lugar, opera la prescripción de las mesadas o sumas individuales adeudadas, que se activa desde la fecha de la reclamación administrativa y solo respecto de aquellas prestaciones que estén sometidas al fenómeno prescriptivo.

2.2. Problemas jurídicos y tesis

Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

P.J.1: Competencia para modificar el régimen salarial y prestacional. ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013?

Tesis: No, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos.

P.J.2: De la excepción de inconstitucionalidad. ¿En el caso concreto proced e

nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos.

P.J.2: De la excepción de inconstitucionalidad. ¿En el caso concreto proced e inaplicar los decretos salariales por considerarlos inconstitucionales, a pesar de que se encuentran vigentes , no han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional y no se solicitó de forma explícita en las pretensiones de la demanda?

Tesis: Sí, resulta procedente inaplicar el artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 por inconstitucionalidad, por desatender principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política. Así mismo, l a jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la Bonificación Judicial debe ser considerada factor salarial. Por lo tanto, su exclusión como factor salarial resulta contraria a la Constitución, a la Ley 4a de 1992, a los principios mínimos del derecho laboral y a los Tratados Internacionales.Nulidad y Restablecimiento del derecho

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P.J.3 Estudio oficioso de la prescripción. ¿Se debe adicionar y modificar la sentencia de primera instancia, porque en la parte considerativa se indicó que estaban prescritas las sumas causadas con anterioridad al 10 de mayo de 2015 mientras que en la parte resolutiva no se declaró probado este fenómeno?

Tesis. Si, porque dicha omisión constituye incongruencia interna en la sentencia que debe ser corregida de oficio por el juez.

2.3. Metodología de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La Bonificación Judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la Bonificación Judicial; y iv) La excepción de inconstitucionalidad.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico. Además, se llevará a cabo el estudio oficioso de la prescripción.

2.3.1. Bonificación Judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, en los cuales se incluye los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de

Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con el artículo 1°. del Decreto 0383 de 2013 , dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros emolumentos8.

8 Decreto 0383 de 2013: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64648Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artícul os 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artícul os 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló: «Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad».

2.3.2. Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la Bonificación Judicial. Por tanto, se determina que:

a. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen de los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y normas complementarias, el tope de la Bonificación Judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen. b. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

2.3.3. Naturaleza salarial de la Bonificación Judicial

Se enfatiza que la Bonificación Judicial , al ser pagada de forma periódica y permanente, constituye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito del Constituyente y del Legislador de «nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial».

2.3.4. Excepción de inconstitucionalidad

«nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial».

2.3.4. Excepción de inconstitucionalidad

La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución Política, cuya vigencia y aplicación real en el ordenamiento están señalados en su artículo 4. EstaNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander institución jurídica consiste en la inaplicación de una norma en un caso concreto ante la evidencia del desconocimiento de otra de raigambre constitucional en un contexto en particular, y por ello sus efectos se circunscriben únicamente al preciso asunto que se somete a conocimiento del funcionario competente.

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que corresponde al juez oficiosamente inaplicar actos administrativos lesivos al ordenamiento superior en virtud de la denominada excepción de inconstitucionalidad.9

3. Caso concreto 3.1. Hechos relevantes probados

De conformidad con el material probatorio que consta en el proceso, se tiene por acreditado lo siguiente:

3.1.1. El demandante estuvo vinculado del 2 de noviembre de 2012 al 13 de

3.1. Hechos relevantes probados

De conformidad con el material probatorio que consta en el proceso, se tiene por acreditado lo siguiente:

3.1.1. El demandante estuvo vinculado del 2 de noviembre de 2012 al 13 de noviembre de 2013 y, nuevamente, del 10 de diciembre de 2015 al 16 de julio de 2020 a la Rama Judicial, según consta en la certificación expedida el 3 de septiembre de 2024 por la