TA SAN - Sentencia 680013333014-2019-00094-01 (20-03-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia del 5 de diciembre de 202 3, proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Martha Patricia Acosta González formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso —

1Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 34 índice SAMAI, link one drive, archivo 01 demanda. MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333014-2019-00094-01

DEMANDANTE

Martha Patricia Acosta González German.villareal15@hotmail.com Mapatricos1@hotmail.com

DEMANDADO

Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio notjudicial@fiduprevisora.com.co notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co

Mapatricos1@hotmail.com

DEMANDADO

Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio notjudicial@fiduprevisora.com.co notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co

Departamento de Santander, Secretaría de Educación notificaciones@santander.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Acto de retiro de empleado en provisionalidad por provisión del cargo en carrera administrativa. La desvinculación obedeció a una causal objetiva.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Martha Patricia Acosta González

Demandado: FOMAG, departamento de Santander,

Secretaría de Educación Radicado: 680013333014-2019-00094-01

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administrativo, en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 007714 del 23 de mayo de 2018.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 007714 del 23 de mayo de 2018, notificado el 1 de octubre de 2018, expedido por la Secretaría de Educación de Santander.

SEGUNDA. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Secretaría de Educación de Santander y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reintegrar a la nómina a mi mandante, a partir, del 23

SEGUNDA. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Secretaría de Educación de Santander y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reintegrar a la nómina a mi mandante, a partir, del 23 de Mayo de 2018, hasta el 20 de noviembr e de 2018, de conformidad con lo establecido por el Decreto 1655 de 2015.

TERCERA. Se ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Secretaría de Educación de Santander a reconocer y a cancelar a mi mandante los salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar en el período comprendido entre el 23 de Mayo de 2018 hasta el 20 de noviembre de 2018.

CUARTA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del C.P.A.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación), a partir, del 23 de Mayo de 2018 hasta la fecha de ejecutoria la sentencia que le ponga fin al proceso.

QUINTA. Se condene en costas a la Nación -Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -, Departamento de Santander-Secretaría de Educación de Santander.

SEXTA. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento de Santander - Secretaría de Educación de Santander, darán cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

del artículo 192 del C.P.A.C.A» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. En el año 2016, mediante convocatoria 408 la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto de méritos para docentes.

1. El 31 de enero de 2018, a través de la Resolución CNSC 20182310010485 la Comisión Nacional del Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer 61 vacantes definitivas de la planta de global de cargos de docentes de aula en el área de tecnología e informática existentes en los establecimientos educativos de los municipios no certificados del departamento de Santander.

1. El 25 de abril de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1227 de 2005 y el Decreto 1894 de 2012 la señora Martha Patricia Acosta solicitó ante la Secretaría de Educación departamental, lo siguiente:Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Martha Patricia Acosta González

Demandado: FOMAG, departamento de Santander,

Secretaría de Educación Radicado: 680013333014-2019-00094-01

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«antes de efectuar los nombramientos en período de prueba de la convocatoria 368 de 2018 de la convocatoria de la CNSC, pongo en conocimiento que como servidor público en provisionalidad de este ente territorial se tenga en cuenta considerar orden de protección por mi situación de enfermedad: 1.

368 de 2018 de la convocatoria de la CNSC, pongo en conocimiento que como servidor público en provisionalidad de este ente territorial se tenga en cuenta considerar orden de protección por mi situación de enfermedad: 1. Incompetencia fonatoria; 2. Laringitis crónica, lesión en pliegue vocal derecho». […] (sic en todo el texto)

No obstante, la solicitud no obtuvo respuesta alguna por parte de la Secretaría de Educación del departamento de Santander.

1. El 22 de mayo de 2018, la demandante asistió a co ntrol médico con medicina laboral quien determinó que presentaba el siguiente cuadro clínico:

«PACIENTE CON DISFONÍA DESDE HACE APROXIMADAMENTE 1 AÑO ASOCIADO A ESFUERZO VOCAL , CON EPISODIOS DE DISFONÍA EN TRES OCASIONES CON ESTROBOSCOPIA PARTICULAR EN DICIEMBRE DEL 2017 REPORTA INCOMPETENCIA FONATORIA, LARINGITIS CRÓNICA , LESIÓN DE BORDE LIBRE DEL PLIEGUE VOCAL DERECHO A CON NFL DEL 16/05/2018 DISFONÍA, LESIÓN SUBEPITELIAL TERCIO MEDIO

CUERDA VOCAL DERECHA LARINGITIS CRÓNICA POR REFLUJO LARINGOFARINGEO».

1. Como consecuencia de la referida enfermedad, la señora Acosta González fue incapacitada por 20 días, contados a partir del 22 de mayo hasta el 10 de junio de 2018. Dicha incapacidad fue allegada a la Secretaría de Educación del departamento de Santander.

1. El 23 de mayo de 2018, la Secretaría de Educación del departamento de Santander expidió la Res olución 007714 mediante la cual resolvió dar por

Educación del departamento de Santander.

1. El 23 de mayo de 2018, la Secretaría de Educación del departamento de Santander expidió la Res olución 007714 mediante la cual resolvió dar por terminada la vinculación en provisionalidad de la demandante , a partir del 19 de mayo de 2018 , sin tener en cuenta que se encontraba cobijada por una incapacidad médica por enfermedad de origen laboral. La citada resolución fue notificada personalmente a la señora Martha Patricia el 1 de octubre de 2018.

1. La incapacidad médica de la demandante fue prorrogada hasta el 17 de diciembre de 2018 ; además, la Fundación Avanzar , FOS emitió dictamen médico laboral de la pérdida de la capacidad laboral mediante el cual otorgó una calificación del 91.8% con determinación de origen laboral de la enfermedad padecida.

1. En cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Quince Civil Municipal de Bucara manga la señora Martha Patricia Acosta González fue nombrada por el ente territorial demandado a través de la Resolución 017196 del 25 de octubre de 2018 como docente en provisionalidad adscrita a la Secretaría de Educación de Santander.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 1, 6, 13, 29, 48, 53 y 122 de la Constitución Política , Ley 3134 de 1968, Decreto1848 de 1969, artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 9 del Decreto 2831 de 2005, 1 de

29, 48, 53 y 122 de la Constitución Política , Ley 3134 de 1968, Decreto1848 de 1969, artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 9 del Decreto 2831 de 2005, 1 de la Ley 1562 de 2012, 2.4.4.3.1.3, 2.4.4.3.1.4 y 2.4.4.3.7.4 del Decreto 1655 de 2015.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Martha Patricia Acosta González

Demandado: FOMAG, departamento de Santander,

Secretaría de Educación Radicado: 680013333014-2019-00094-01

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En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso que el acto demandado incurrió en infracción de las normas en que deberían fundarse por las razones que pasan a exponerse:

La señora Martha Patricia Acosta González en razón a su estado de salud — debilidad manifiesta— era acreedora de la estabilidad ocupacional reforzada; no obstante, su nombramiento en provisionalidad se dio por terminad o, pese a encontrarse en incapacidad mé dica de origen laboral en atención a su diagnóstico de «disfonía, otras enfermedades de cuerdas vocales, fibromialgia y trastorno depresivo recurrente» y sin contar con la debida autorización del Ministerio de Trabajo.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Ministerio de Educación, FOMAG2

y trastorno depresivo recurrente» y sin contar con la debida autorización del Ministerio de Trabajo.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Ministerio de Educación, FOMAG2

La apoderada de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos nominados «falta de legitimación en la causa por pasiva» y «no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios» y medios exceptivos innominados «el pago de los salarios de los docentes vinculados a la planta definitiva o temporal es deber u obligación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio»; «el personal docente se vincula con la entidad nominadora , quedando esta a cargo del pago de sus salarios»; «inexistencia de nexo de causalidad en el perjuicio presuntamente causado y el actuar del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» y «excepción genérica». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no expidió el acto administrativo acusado y, por el contrario, este nació a la vida jurídica por decisión del ente territorial, de su liberalidad y de la facultad para disponer de su planta de personal.

1. La entidad no tiene ninguna injerencia en el asunto planteado; además, el FOMAG no cuenta con la obligación contractual ni legal de efectuar el pago de salarios y prestaciones sociales a los docentes.

1. Para el caso concreto debe tenerse en cuenta que el conflicto jurídico

el FOMAG no cuenta con la obligación contractual ni legal de efectuar el pago de salarios y prestaciones sociales a los docentes.

1. Para el caso concreto debe tenerse en cuenta que el conflicto jurídico surge una vez la docente demandante es desvinculada del servicio por decisión de la Secretaría de Educación del departamento de Santander, situación en la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales no tiene injerencia alguna.

2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 34 índice SAMAI, link one drive, archivo 02, folio 21 a 33.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Martha Patricia Acosta González

Demandado: FOMAG, departamento de Santander,

Secretaría de Educación Radicado: 680013333014-2019-00094-01

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1.2.2. Departamento de Santander, Secretaría de Educación del departamento de Santander3

Por conducto de apoderad a judicial la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos innominados «estricto cumplimiento de un deber constitucional y legal»; «eficacia del acto administrativo demandado, Resolución 7714 del 23 de mayo 2018»; «presunción de legalidad del acto demandado, Resolución 7714 del 23 de mayo 2018»; «ausencia de causales de nulida d del acto administrativo demandado»; «estabilidad relativa de la parte demandante como empleada pública provisional»; «mejoramiento del servicio público como razón objetiva

mayo 2018»; «ausencia de causales de nulida d del acto administrativo demandado»; «estabilidad relativa de la parte demandante como empleada pública provisional»; «mejoramiento del servicio público como razón objetiva de desvinculación»; «la excepción de ilegalidad es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa»; «ponderación y test de prelación de derechos, solución jurídica entre la tensión de derechos»; «ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de proposición jurídica completa por no encauzar apropiadamente el concepto de violación a la Ley»; «ineptitud sustantiva de la demanda por indebida formulación de pretensiones»; y «excepción innominada genérica». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pr etensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. Las pretensiones solicitadas por la parte demandante carecen de sustento fáctico, jurídico y probatorio, toda vez que la Secretaría de Educación del departamento de Santander nombró provisionalmente a la señora Martha Patricia Acosta González como docente del área de tecnología e informática en la institución educativa Colegio Integrado Puerto Parra, ubicado en el municipio de Puerto Parra (Santander) hasta tanto el cargo fuera cubierto por el traslado de un docente en propiedad o suplido mediante concurso de méritos.

1. El cargo ocupado en provisionalidad por la demandante fue proveído a través de la convocatoria de mérito, una vez cumplidas todas l as etapas del proceso de selección; además, mediante Resolución 7714 del 23 de mayo de

méritos.

1. El cargo ocupado en provisionalidad por la demandante fue proveído a través de la convocatoria de mérito, una vez cumplidas todas l as etapas del proceso de selección; además, mediante Resolución 7714 del 23 de mayo de 2018 se especificó que el departamento de Santander no contaba con nuevas vacantes definitivas en el área de tecnología informática para trasladar a los provisionales cu yas plazas fueron objeto de escogencia por parte de los elegibles y, en consecuencia, no procedía su traslado. Igualmente, se informó que en caso de presentarse nuevas vacantes serían provistas con los miembros de la lista de elegibles, así como , con los p rovisionales que solicitaron reconocimiento de la protección especial de que trata el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 1894 de 2012.

1. El 10 de julio de 2018, la entidad dio respuesta a la petición realizada por la señora Martha Patricia Acosta González en el sentido de informarle que el ente territorial no contaba con otra vacante definitiva de docente y,

3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 34 índice SAMAI, link one drive, archivo 08 folio 1 al 20.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Martha Patricia Acosta González

Demandado: FOMAG, departamento de Santander,

Secretaría de Educación Radicado: 680013333014-2019-00094-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

posteriormente, en cumplimiento de una orden de tutela se procedió a efectuar

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posteriormente, en cumplimiento de una orden de tutela se procedió a efectuar un nombramiento en su favor en el cargo de docente del área de matemáticas.

1. El 7 de febrero de 2019, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez y el 9 de marzo de 2019, la Secretaría de Educación del departamento de Santander reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez.

1. La terminación del nombramiento provisional o el de su prórroga, procede por acto motivad o y sólo es admisible una motivación donde se invoquen argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo , la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio. En el caso en concreto, el concurso abierto de méritos para

proveer empleos vacantes del sistema especial de carrera administrativa, fue la motivación que dio origen al acto administrativo demandado.

1. La Resolución 7714 del 23 de mayo de 2018 expedida por el departamento de Santander, objeto de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en el presente asunto, cumple con los requisitos sine qua non para tener validez, dado que la desvinculación de la demandante se dio en virtud de que se eligió por medio de concurso de méritos a quien ocuparía de manera definitiva la plaza ; por ende su derecho de estabilidad relativa, según el ordenamiento jurídico colombiano y el acto administrativo motivado, cede ante el elegible con mejor derecho.

de que se eligió por medio de concurso de méritos a quien ocuparía de manera definitiva la plaza ; por ende su derecho de estabilidad relativa, según el ordenamiento jurídico colombiano y el acto administrativo motivado, cede ante el elegible con mejor derecho.

1. La pretensión de reintegro de la demandante resulta improcedente, en atención a su estado de invalidez y al reconocimiento de su pensión de invalidez como docente.

1. En consecuencia, el acto demandado fue proferido en estricto cumplimiento de un deber constitucional y legal ante la existencia de una elegible con mejor derecho.

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 5 de diciembre de 2023, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por las razones señaladas en las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora MARTHA PATRICIA ACOSTA GONZÁLEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia de conformidad con lo expuesto en la parte motiva». (sic en todo el texto)

4Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 48 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Martha Patricia Acosta González

Demandado: FOMAG, departamento de Santander,

4Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 48 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Martha Patricia Acosta González

Demandado: FOMAG, departamento de Santander,

Secretaría de Educación Radicado: 680013333014-2019-00094-01

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En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo denegó las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. En el acto administrativo demandado s í se expusieron los aspectos objetivos de motivación, toda vez que la razón que dio lugar a la desvinculación del cargo que desempeñaba la demandante como docente fue el nombramiento en período de prueba de la elegible que superó las etapas del concurso de méritos.

1. En el asunto bajo estudio , no hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado en virtud del cual se desvinculó a la demandante en atención a que se advierte que la decisión de la Secretaría de Educación del departamento de Santander obedeció a la implementación de los cargos

de carrera que fueron llevados a concurso , motivo por el cual no resulta reprochable este proceder en la medida que priman los derechos de las personas que se encuentran en las listas de elegibles.

1. En relación con los argumentos expuestos en la demanda atinentes a que no resultaba procedente la desvinculación de la señora Acosta González al ser una empleada nombrada en provisionalidad en estado de debilidad manifiesta con ocasión a la incapacidad que le fue otorgada durante el

que no resultaba procedente la desvinculación de la señora Acosta González al ser una empleada nombrada en provisionalidad en estado de debilidad manifiesta con ocasión a la incapacidad que le fue otorgada durante el momento en el que se expidió y notificó la decisión cuya nulidad se invoca , resulta necesario indicar que si bien la estabilidad laboral se encuentra consagrada en virtud de los preceptos constitucionales como una protección especial est e amparo no es absolut o y, en consecuencia, es necesario determinar en el caso particular cu áles fueron los motivos por los que se generó sin que sea necesaria la autorización del Ministerio del Trabajo para finalizar los vínculos de las personas que desempeñan en provisionalidad un cargo de carrera.

1. Si bien se encuentra acreditado que en el caso concreto al momento de expedición y notificación del acto de desvinculación la señora Martha Patricia se encontraba incapacitada por motivos laborales y dicha situación conlleva una protección especial , esto no implica que la demandante no p odía ser apartada del cargo, toda vez que goza d e una estabilidad laboral relativa que

cede a los derechos de carrera como consecuencia del concurso de méritos y, por ende , la parte demandante en el sub-lite no logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae en el acto administrativo acusado.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante5

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

5Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 50 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho

la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

5Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 50 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Martha Patricia Acosta González

Demandado: FOMAG, departamento de Santander,

Secretaría de Educación Radicado: 680013333014-2019-00094-01

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1. En el asunto bajo estudio no se discute el hecho de que efectivamente la Secretaría de Educación de l departamento de Santander realizó todas las acciones afirmativas tendientes a proteger a la demandante, quien gozaba del fuero de estabilidad reforzada ; no obstante, es claro que al momento de su retiro, se encontraba cobijada por una incapacidad médica otorgada por parte de medicina laboral a causa de una enfermedad cuyo origen es laboral y, en consecuencia, conforme a lo establecido en la Ley 1562 del 2012 era necesario que se le mantuviera en nómina, tal como lo preceptúa el artículo

2.4.4.3.7.4.

1. Para el 22 de mayo de 2018, la demandante se encontraba en incapacidad médica de origen laboral y ostentaba la calidad de educadora activa; además, el Decreto 16 55 de 2015 establece como derecho de los educadores a) recibir un trato digno y sin discriminación y b) acceder a las prestaciones asistenciales y económicas en condiciones de calidad, continuidad y oportunidad.

1. La parte demandada no tuvo en cuenta la incapacidad médica de origen

educadores a) recibir un trato digno y sin discriminación y b) acceder a las prestaciones asistenciales y económicas en condiciones de calidad, continuidad y oportunidad.

1. La parte demandada no tuvo en cuenta la incapacidad médica de origen laboral expedida por el médico competente y desconoció los derechos constitucionales de la demandante, toda vez que la Secretaría de Educación debía reconocer el 100% del salario por la incapacidad y no retirarla de nómina conforme a lo dispuesto en el Decreto 2831 de 2005 y el Decreto 1655 de

2015.

1. No son ciertos los argumentos expuestos por el juez de primera instancia atinentes a que la pérdida de capacidad laboral de la demandante le impide desempeñar cualquier cargo, en at ención a que en virtud de las incapacidades médicas otorgadas resultaba claro que el educador tenía derecho al reconocimiento del subsidio por incapacidad médica hasta tanto fuera incluida en nómina de pensionados.

1. Además, no le asi ste razón al a quo al argumentar que no se advierte que la demandante «estuviera excluida del pago salarios, prestaciones sociales o de las incapacidades correspondientes», toda vez que una vez retirada del servicio público de educación la señor a Martha Patricia perdió el derecho a percibir las prestaciones económicas derivadas de la incapacidad médica de origen laboral y, por ende, también el derecho a percibir las demás prestaciones de Ley.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 13 de diciembre de 202 46 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

Por auto del 13 de diciembre de 202 46 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

6 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Martha Patricia Acosta González

Demandado: FOMAG, departamento de Santander,

Secretaría de Educación Radicado: 680013333014-2019-00094-01

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1.6.1. Parte demandante:

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada, Nación, Ministerio de Educación, FOMAG:

No se presentaron.

1.6.3. Parte demandada, departamento de Santander, Secretaría de

Educación:

No se presentaron.

1.6.4. Ministerio Público

No presentó.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer si hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 007714 del 23 de mayo de 2018 proferida por el gobernador del departamento de Santander o si por el contrario el referido acto administrativo conserva su presunción de legalidad.

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre el empleo público

El artículo 125 de la Constitución Política prevé respecto de la provisión y remoción de los empleos públicos, lo siguiente:Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Martha Patricia Acosta González

Demandado: FOMAG, departamento de Santander,

Secretaría de Educación Radicado: 680013333014-2019-00094-01

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«ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajado res oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la

carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajado res oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley p