TA SAN - Sentencia 680013333014-2019-00101-01 (10-07-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE LUZ MARINA ALMEIDA BAUTISTA Y OTROS

abogada.infante@gmail.com

DEMANDADO INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

demandas.oriente@inpec.gov.co notificaciones@inpec.gov.co

TRAMITE FALLA DEL SERVICIO – MUERTE RECLUSO – CONFIRMA PRIMERA INSTANCIA – CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA RADICADO 680013333014 - 2019 - 00101 - 01

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

Se decide el rec urso de APELACIÓN interpuesto c ontra la s entencia del 3 de diciembre de 2024 proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES1

1. PRETENSIONES.

Se invocan textualmente las siguientes:

“…PRIMERA: Que se declare administrativa y extracontr actualmente responsable a la Nación, Ministerio de Justicia, y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de la totalidad de los perjuicios morales y

Se invocan textualmente las siguientes:

“…PRIMERA: Que se declare administrativa y extracontr actualmente responsable a la Nación, Ministerio de Justicia, y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de la totalidad de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes con motivo de la muerte violenta en extrañas circunstancias del recluso LUIS PARADA ocurrida dentro de la cárcel modelo de Bucaramanga, el 23 de enero de 2017.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se CONDENE a la Nación, Ministerio de Justicia, y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a pagar a cada uno de los demandantes, las siguientes

cantidades de dinero:

DAÑOS MORALES:

1Para LUZ MARINA ALMEIDA BAUTISTA, en calidad de compañera supérstite de la víctima, la cantidad de CIEN (100) Salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

1 Expediente SAMAI – índice No. 001 – archivo No. 01 OneDriveMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333014 - 2019 - 00101 - 01 Sentencia 2da instancia

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2Para VLADIMIR PARADA ALMEIDA, ZULAY JOHANA PARADA ALMEIDA,

VIVIANA ANDREA PARADA ALMEIDA, MARIA ISABEL PARADA ALMEIDA, OMAR PARADA CHACÓN, Y HELBER AUGUSTO PARADA CHACÓN, en calidad de hijos de la víctima, para cada uno de ellos CIEN (100) Salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

OMAR PARADA CHACÓN, Y HELBER AUGUSTO PARADA CHACÓN, en calidad de hijos de la víctima, para cada uno de ellos CIEN (100) Salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

3Para RONY ALEJANDRO PINEDA PARADA, LAURA CATALINA DIAZ

PARADA, DANIELA PARADA PARRA, ANDRES FELIPE PARADA RAVELO,

NOAH SANTIAGO PARADA PLATA, SILVIA GABRIELA FIGUEROA PARADA, JUAN DAVID PARADA PARRA, NATHAN DANIEL PARADA INFANTE Y AMELIA FLOREZ PARADA, en su condición de nietos, para cada uno de ellos CINCUENTA (50) Salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

4Para VICTOR MANUEL PARADA, WILSON PARADA Y ROSALBA GARCÍA PARADA, en su condición de hermanos de la víctima, para cada uno, la cantidad de CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

TERCERA: Condenar a la Nación, Ministerio de Justicia, y al Instituto Nacional Penitenciario y carcelario INPEC, a pagar a favor de mis mandantes, la suma de

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 292.417.751) por los perjuicios materiales LUCRO CESANTE FUTURO con motivo de la muerte de su compañero, padre, abuelo y hermano, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación.

perjuicios materiales LUCRO CESANTE FUTURO con motivo de la muerte de su compañero, padre, abuelo y hermano, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación.

1Los ingresos del señor LUIS PARADA al momento de la muerte, o sea la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) pesos mensuales más un TREINTA POR CIENTO (30%) de prestaciones sociales.

2La vida probable del demandante, y la edad de sesenta y tres (63) años de la víctima, según las tablas de supervivencia.

3Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre la fecha de muerte de la víctima, y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia o el auto que liquide los perjuicios materiales.

4La fórmula matemática financiera aceptada por el Honorable Consejo de estado, teniendo en cuenta la indemnización futura.

CUARTA: Se ordene a la Nación, Ministerio de Justicia, y al Instituto Nacional Penitenciario y carcelario INPEC, dar cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

QUINTA: Condenar a la Nación, Ministerio de Justicia, y al Instituto Nacional Penitenciaria y Carcelario INPEC, en caso de no dar cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 192 del C.P.A.C.A., a pagar a favor de miMedio de control. Reparación directa.

Radicado. 680013333014 - 2019 - 00101 - 01 Sentencia 2da instancia

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mandante los intereses moratorios, conforme lo ordena el artículo 195 Ibidem.

Radicado. 680013333014 - 2019 - 00101 - 01 Sentencia 2da instancia

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mandante los intereses moratorios, conforme lo ordena el artículo 195 Ibidem.

SEXTA: Condenar a la Nación, Ministerio de Justicia, y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC al pago de agencias y costas del proceso conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

2. HECHOS.

La parte demandante relata que el señor Luis Parada fue capturado el 10 de septiembre de 2015 por miembros de la SIJIN en la ciudad de Bucaramanga. Posteriormente, fue remitido a la Inspección de Policía del Norte, donde debía permanecer hasta que se dicta ra sentencia de absolución o condena por el delito que se le imputaba. Durante este tiempo, el señor Parada mantuvo un comportamiento tranquilo y servicial, a la espera de que su situación judicial se resolviera favorablemente.

Manifiesta que el señor LUIS PARADA fue trasladado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Bucaramanga – cárcel modelo, lugar en donde se encontraba estudiando inglés y presto a iniciar labores de carpintería.

Se informa que, en hechos actualmente bajo investigación, el 23 de enero de 2017 fue encontrado sin vida el señor Luis Parada, aparentemente por suicidio. Este hecho se atribuye a una posible negligencia por parte del INPEC, entidad que tenía la obligación de garantizar la integridad de los internos, incluso protegiéndolos de sí mismos cuando presenten trastornos mentales u otras condiciones que puedan conducir a situaciones como la ocurrida con el señor Parada.

la obligación de garantizar la integridad de los internos, incluso protegiéndolos de sí mismos cuando presenten trastornos mentales u otras condiciones que puedan conducir a situaciones como la ocurrida con el señor Parada.

Manifiesta que la víctima contaba con 63 años al momento de su deceso y que antes de su ingreso al establecimiento penitenciario tenía una fábrica de calzado que le dejaba ingresos mensuales de $2.000.000.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC-2

Mediante apoderado, se opone a las pretensiones de la demanda y sostiene que la institución no es responsable administrativa ni extracontractualmente por los hechos ocurridos en relación con el interno Luis Parada. Aunque es cierto que dicha entidad es garante de los derechos de los internos, debe considerarse la causa extraña que ocasionó la muerte de la mencionada PPL. Se aclara que no puede atribuirse responsabilidad alguna por actos, acciones u omisiones de sus funcionarios, bajo el entendido de que el suicidio, derivado del latín —“sui”, que significa “de sí mismo”, y “caedere”, que significa “matar”— implica “matarse a sí mismo”.

Narra que el día 23 de enero de 2017 a las 6.12 horas en pabellón de tercera edad del CPMS Bucaramanga, otro PPL (CRISTIAN CAMILO REAL ARISMENDI),

2 Expediente SAMAI – índice No. 001 – archivo No. 00 OneDriveMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333014 - 2019 - 00101 - 01 Sentencia 2da instancia

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2 Expediente SAMAI – índice No. 001 – archivo No. 00 OneDriveMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333014 - 2019 - 00101 - 01 Sentencia 2da instancia

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encontró ahorcado al PPL LUIS PARADA. Indicó que en el informe del DG. DELGADO ORTIZ DEYBER YESID se dejó constancia que la PPL había sido requerido desde las 05.10 horas para alistarse, ya que salía a remisión local de audiencia de incidente de reparación dentro del proceso penal adelantado en su contra y por el cual había sido condenado, pero a las 06.12 horas fue encontrado colgado y ahorcado en el cuarto donde guardan las colchonetas del patio de la tercera edad, amarrado con una sábana del cuello a la viga del techo.

Conforme a los anteriores hechos, considera que no existía forma o manera de que el INPEC, por intermedio de sus funcionarios, realizara una vigilancia personalizada, permanente o especial sobre el señor LUIS PARADA pues, pese a que había sido valorado desde su ingreso al establecimiento en calidad de persona privada de la libertad, este nunca puso de manifiesto o dio muestras de ser una persona proclive al suicidio y por el contrario, relata que sus compañeros lo describían como una personal cordial y afec tiva. Asegura la parte demandada que en la historia clínica de la PPL no obra registro o atención médica que permitiera a la institución prever las intenciones del interno, siendo entonces imposible que el INPEC dispusiera los medios necesarios para evitar que el recluso terminara con su vida.

Manifiesta además que, si bien, es cierto, corresponde al INPEC brindar la ayuda

las intenciones del interno, siendo entonces imposible que el INPEC dispusiera los medios necesarios para evitar que el recluso terminara con su vida.

Manifiesta además que, si bien, es cierto, corresponde al INPEC brindar la ayuda médica necesaria a favor de los internos que por su condición de sujeción especial desencadene en ellos perturbaciones psíquicas, no es menos cierto que, esa institución no pu ede obligar a una persona a recibir atención clínica si este no lo solicita o accede a su servicio, motivo por el que sólo puede predicarse responsabilidad por parte del instituto si el interno no hubiese podido acceder a citas o valoraciones psicológicas o psiquiátricas; no obstante, el entonces recluso nunca solicitó o realizó comportamientos que dieran lugar siquiera a suponer que tuviera esta clase de padecimientos.

Propone como excepciones de mérito las que denominó “CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA POR AUTODETERMINACIÓN – EXISTENCIA DE CAUSA EXTRAÑA – INEXISTENCIA DEL DAÑO O PERJUICIO MORAL – INEXISTENCIA DEL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LA ACTUACIÓN DEL INPEC Y LOS HECHOS ACAECIDOS – FALTA DE DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES Y MATERIALES-, asegurando que el suicidio del señor LUIS PARADA, era imprevisible e irresistible para la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, pues aunque se tiene el deber de custodia y vigilancia sobre las personas privadas de la libertad a cargo de la institución, según señala el artículo 44 del código penitenciario

administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, pues aunque se tiene el deber de custodia y vigilancia sobre las personas privadas de la libertad a cargo de la institución, según señala el artículo 44 del código penitenciario y carcelario, el señor LUIS PARADA aprovechó las circunstancias de tiempo, modo y lugar para voluntariamente quitarse la vida, además que el instituto, por medio de sus funcionarios, nunca recibieron de parte de éste, manifestación o comportamiento alguno que pudiera siquiera generar sospechas sobre sus intenciones suicidas, pues no existía razón alguna para prev er las intenciones del interno de causarse daño, tampoco existe historia clínica que permita determinar si se dio el adecuado cuidado o vigilancia especial que al parecer requería la mencionada PPL.

III. SENTENCIA APELADAMedio de control. Reparación directa.

Radicado. 680013333014 - 2019 - 00101 - 01 Sentencia 2da instancia

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Mediante sentencia de fecha 3 de diciembre de 2024 , el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga dispuso:

“PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Luz Marina Almeida Bautista y otros contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia conforme lo previsto en las consideraciones.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR por Secretaría las diligencias previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial...”

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia conforme lo previsto en las consideraciones.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR por Secretaría las diligencias previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial...”

Como fundamentos de su decisión, el A quo expuso que, aunque la privación de la libertad de una persona se origina por causa de una decisión judicial de una autoridad competente ajena a su voluntad, no es posible afirmar o inferir lógicamente que su muerte pueda ser atribuida fáctica y jurídicamente al INPEC, toda vez que no existe material probatorio que permita controvertir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, ello según lo demostrado en el plenario . Lo anterior, como cons ecuencia de la inactividad probatoria a cargo de la parte demandante, quién señaló no aportó los elementos probatorios que acreditaran o permitieran inferir que el fallecimiento del señor LUIS PARADA ocurrió según lo manifestado en la demanda, pues en el e xpediente no existen las pruebas que respalden las afirmaciones sobre la intervención de un tercero. Además, no se evidenció que el señor PARADA estuviera sufriendo de depresión o ansiedad que pudiera motivarlo a atentar contra su propia vida, o que dicha situación fuera puesta en conocimiento del INPEC.

Aseguró que de la revisión de la historia clínica del señor LUIS PARADA, pudo observarse que en su registro quedaron antecedentes de salud por causas externas, tales como un derrame pleural y una quemadura de primer grado, no así que haya sido sometido a intervención, tratamiento o medicación psiquiátrica. Advierte que, contrario a lo manifestado por la parte demandante, los informes de

externas, tales como un derrame pleural y una quemadura de primer grado, no así que haya sido sometido a intervención, tratamiento o medicación psiquiátrica. Advierte que, contrario a lo manifestado por la parte demandante, los informes de necropsia elaborados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses solicitados por la Fiscalía General de la Nación, establecen que el cuerpo del señor PARADA no presentaba traumatismos ni signos de violencia, lo que indica que la decisión del interno fue libre. Además, según las entrevistas realizadas por el INPEC y la Policía Judicial, el privado de la libertad había expresado en ocasiones su intención de quitarse la vida si era trasladado a una cárcel de otra ciudad, hecho que guarda relación con el desenlace ocurrido el 23 de enero de 2017, y que según se observa no fue puesto en conocimiento de la entidad accionada.

Destacó que no en todos los casos en los cuales se está en presencia de un daño causado a un recluso, procede de manera automática la reparación del daño, ni aun fundamentado en el régimen objetivo de responsabilidad; pues además d ebe estructurarse la imputación del daño, esto es, el deber de determinar desde las teorías de la causalidad, la necesaria conexión fáctica que debe existir entre la actuación, bien por acción o por omisión del Estado y el resultado dañoso producido, en la medida que la concreción de la imputación no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, sino que implica además el estudio de laMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333014 - 2019 - 00101 - 01 Sentencia 2da instancia

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surgimiento de la obligación de reparar, sino que implica además el estudio de laMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333014 - 2019 - 00101 - 01 Sentencia 2da instancia

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imputación jurídica, escenario en donde el juez determina si adicional a la atribución en el plano fáctico, existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico.

Conforme a lo anterior, concluyó señalando que en todo juicio de responsabilidad del Estado se exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la reparación del daño antijurídico cabe atribuirse al Estado cuando haya el sustente fáctico y la atribución jurídica, aplicado desde luego a las circunstancias del caso en concreto, que además supondrían la concesión de unos requisitos concretos para establecer la responsabilidad del INPEC bajo las circunstancias en las que se produjo la muerte del señor Luis Parada.

IV. LA APELACIÓN

La parte demandante3. -

Solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se ordene la totalidad de los perjuicios reclamados, respecto de lo cual señala que, conforme al material probatorio aportado al proceso, puede demostrarse razonablemente y sin lugar a duda que, en el caso qu e nos ocupa, se configuró la relación de causalidad entre la muerte del señor Luis Parada (daño alegado) y la imputabilidad de la demandada, quién tenía el deber objetivo de cuidado y protección de la PPL.

Conforme a lo anterior, advierte que, contrario a lo dispuesto por el a -quo, los aquí demandantes sí tienen derecho a que se le reconozca la totalidad de los derechos

de la demandada, quién tenía el deber objetivo de cuidado y protección de la PPL.

Conforme a lo anterior, advierte que, contrario a lo dispuesto por el a -quo, los aquí demandantes sí tienen derecho a que se le reconozca la totalidad de los derechos reclamados, bajo el entendido que el señor LUIS PARADA se encontraba bajo la vigilancia y control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, siendo la institución la que descuidó su deber de custodia y protección del señor parada, ello según prevé las disposiciones legales y jurisprudencias dictadas sobre la materia.

Se manifiesta que, si bien es cierto que el juez relaciona en la sentencia los hechos probados, omite otorgarles el valor probatorio correspondiente. En la providencia proferida se afirma que el deceso del interno puede atribuirse fáctica y jurídicamente a l INPEC, sin tener en cuenta circunstancias relevantes. Por ejemplo, el dragoneante a cargo de la vigilancia del señor Luis Parada, señor Deyber Yesid Delgado, declaró que, a pesar de haber convocado al interno desde las 5:10 de la mañana, no fue sino hast a una hora después que volvió a llamarlo para que saliera. Este hecho contraviene el deber de cuidado y vigilancia que les corresponde como miembros de la institución carcelaria .

Considera que de los testimonios recaudados se logra evidenciar que el dragoneante no vigiló al señor Luis Parada, pues bajo su custodia tenía a más de 600 reclusos, distribuidos en 3 diferentes patios del reclusorio y que como funciones a cargo, no solo t enía la vigilancia y custodia de un patio, sino que además debía sacar remisiones, ingresar los alimentos, esperar que el carro de

600 reclusos, distribuidos en 3 diferentes patios del reclusorio y que como funciones a cargo, no solo t enía la vigilancia y custodia de un patio, sino que además debía sacar remisiones, ingresar los alimentos, esperar que el carro de alimentos saliera de los 3 patios mencionados, demostrando con ello que no habían guardias suficientes para garantizar la int egridad de todos los reclusos.

3 Expediente SAMAI – índice No. 010Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333014 - 2019 - 00101 - 01 Sentencia 2da instancia

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V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 24 de abril de 2025 se admiti ó el recurso de apelación interpuestos contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Las partes no concurrieron en esta etapa procesal.

El Ministerio Público 4 concurrió dentro de la oportunidad legalmente procedente y efectuó las siguientes conclusiones, ello luego de realizar un recuento fáctico de las actuaciones surtidas hasta la fecha dentro del presente asunto e invocar la jurisprudencia concerniente al caso en concreto:

“(…) Primero, que la idea o intención suicida del recluso para la fecha de ocurrencia de los hechos, no era un hecho conocido por el centro de reclusión, en la medida en que, tal y como lo muestra la prueba reseñada, no obraba anotación alguna en dicho sen tido en su historia clínica, quedando

ocurrencia de los hechos, no era un hecho conocido por el centro de reclusión, en la medida en que, tal y como lo muestra la prueba reseñada, no obraba anotación alguna en dicho sen tido en su historia clínica, quedando registro, por el contrario, de una pre – sanidad psiquiátrica.

Segundo, que no puede oponerse al centro de reclusión las manifestaciones que, según algunos testigos, compañeros de patio, exteriorizó el recluso acerca de su intención de suicidarse en caso de ser objeto de remisión, máxime cuando, no solo se trata de una posibilidad derivada de su condición de persona privada de la libertad, en virtud de la cual puede ser trasladado de su lugar de reclusión a otro, ya sea dentro o fuera del establecimiento, con el fin de cumplir con alguna diligencia judicial, médica o a dministrativa, siempre, debidamente autorizado por la autoridad competente y siguiente un procedimiento establecido y sino que, además, no hay registro de que se haya expuesto ante personal de guardia o autoridad competente alguna.

Lo anterior, para poder entender activado el deber a cargo de la demandada de iniciar el protocolo de atención de esta clase de eventos en los términos de la Circular No. 003 de 2010 del INPEC, denominada “Pautas para el manejo y atención de internos en Un idades de Tratamiento Especial”, herramienta diseñada con el fin de estabilizar a internos con dificultades, entre otras de carácter psicológico o de seguridad, de conformidad con los Arts. 123, 125 y 126 de la Ley 65 de 1993, a partir de la adopción de medidas más efectivas que la simple ubicación del recluso en la unidad de tratamiento especial, que permitieran haber calificado si su especial condición ameritaba

Arts. 123, 125 y 126 de la Ley 65 de 1993, a partir de la adopción de medidas más efectivas que la simple ubicación del recluso en la unidad de tratamiento especial, que permitieran haber calificado si su especial condición ameritaba que fuera un sujeto de especial cuidado y protección, siendo clara su intención de hacerse daño.

En estos términos, puede afirmarse que el suicidio, tal y como lo consideró el Juez de primera instancia, obedeció a una decisión personal del recluso, no siendo posible tacharse la conducta del INPEC como omisiva o con la

4 Expediente SAMAI – índice No. 04Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333014 - 2019 - 00101 - 01 Sentencia 2da instancia

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capacidad de incidir en el lamentable desenlace, pues la demora que registra la apelación en la guardia y que reprocha como una falta de vigilancia, no muestra cómo facilitó el propósito de la víctima ni tampoco cómo pudo evitarla.

En ese orden, no se satisfacen los presupuestos definidos jurisprudencialmente para la prosperidad de las pretensiones en caso de muerte de personas privadas de la libertad, pues no se probó la posibilidad de identificación y previsibilidad por parte de la s autoridades a cargo de la persona que cometió suicidio, de que tal decisión pudiera ser tomada y llevada a cabo por aquella, argumentos suficientes para confirmar la sentencia recurrida.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, solicita al Honorable Magistrado ponente, proponer a la Sala de Decisión correspondiente CONFIRMAR la sentencia impugnada, en cuanto denegó las pretensiones de la demanda…”

sentencia recurrida.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, solicita al Honorable Magistrado ponente, proponer a la Sala de Decisión correspondiente CONFIRMAR la sentencia impugnada, en cuanto denegó las pretensiones de la demanda…”

VII. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO. Corresponde a la Sala determinar si le asiste responsabilidad al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIOINPECTO, por los hechos sucedidos el día 23 de enero de 2017 cuando la PPL LUIS PARADA fue encontrado muerto en las instalaciones del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Bucaramanga y, en consecuencia, si debe responder por los daños y perjuicios , o si por el contrario existe un eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.

Se analizará puntualmente: i) el régimen de responsabilidad aplicable al caso en concreto; ii) la configuración o no de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y iii) si se debe ordenar la totalidad de los perjuicios del orden material e inmaterial solicitados en la demanda.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

1. La responsabilidad del Estado.

El artículo 90 de la Carta Política, que consagra la responsabilidad extracontractual del Estado, prevé: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

La noción de daño antijurídico, de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-38 del 1 de febrero de 2006, consistirá siempre “en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”, y en el mismo sentido obra la sentencia C -333 de 1996, en la cual se estableció el daño antijurídico “no como aquel que es producto de una actividadMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333014 - 2019 - 00101 - 01 Sentencia 2da instancia

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ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”. El artículo 6 de la Constitución, señala: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y l as leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

La Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado en sentencia del 13 de septiembre de 2019 5, precisó que al analizar los casos de responsabilidad el Estado, el primero elemento que debe ser abordado es el daño, el que además de ser cierto, personal y determinado – o determinable -, debe ser antijurídico, y “sólo

septiembre de 2019 5, precisó que al analizar los casos de responsabilidad el Estado, el primero elemento que debe ser abordado es el daño, el que además de ser cierto, personal y determinado – o determinable -, debe ser antijurídico, y “sólo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de su imputación al Estado”.

Se recordó también en la providencia, que el daño antijurídico ha sido “definido como la lesión, menoscabo, perjuicio o detrimento, patrimonial o extrapatrimonial, de los bienes o derechos que el titular no tiene el deber jurídico de soportar” y “le corresponde al demandante acreditar cada uno de los elementos constitutivos d el daño antijurídico, esto es i) la lesión patrimonial o extrapatrimonial del bien jurídico del cual es titular; ii) que la lesión o el menoscabo no se encuentre en el deber jurídico de soportarlo –antijuridicidad”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la “sola afirmación” en la demanda acerca de la ocurrencia del daño no es suficiente para tenerlo por acreditado, pues es necesario que el demandante fundamente o respalde tales afirmaciones con material probatorio idóneo.

A su turno, el artículo 140 de Ley 1437 de 2011, consagra el medio de control de reparación directa en los siguientes términos: “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operaci ón administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa…”; y se ejercicio corresponde a una demanda indemnizatoria que busca reparar los perjuicios causados derivados de la actividad de la administración.

inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa…”; y se ejercicio corresponde a una demanda indemnizatoria que busca reparar los perjuicios causados derivados de la actividad de la administración.

2. Responsabilidad Patrimonial por daños a personal recluidas. -

Al respecto ha dicho el Consejo de Estado6 lo siguiente:

“…Sobre el régimen de responsabilidad aplicable por daños causados a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de detención, el Consejo de Estado ha señalado que puede ser de carácter objetivo, teniendo en cuenta que estas personas se encu entran bajo la vigilancia, custodia y