TA SAN - Sentencia 680013333014-2020-00030-02 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 7 de octubre de 2024 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitoria del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Sara Esperanza Rodríguez Silva formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio 31200-0741 del 2 de abril de 2018 proferido por la Fiscalía General de la Nación y ii) la Resolución 21798 del 13 de junio de 2018 proferida por la Fiscalía General de la Nación.

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 29 índice SAMAI, archivo ZIP, archivo 01, folios 3 a 12. MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 29 índice SAMAI, archivo ZIP, archivo 01, folios 3 a 12. MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333014-2020-00030-02 DEMANDANTE Sara Esperanza Rodríguez Silva aymabogadosespecializados@hotmail.com DEMANDADO Nación, Fiscalía General de la Nación jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 382 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2020-00030-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En consecuencia, solicitó:

«1. INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión "constituye únicamente factor salarial para la base de cot ización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud" contenida en el artículo primero del Decreto 382 de 2013 modificado por el Decreto 022 de 2014, ajustada a su vez por ias Decretos No, 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017 y 341 de 2018, por vulneración de los artículos 29, 27 y 53 de la Carta Fundamental, y la Ley 4 de 1993 en su parágrafo.

de 2017 y 341 de 2018, por vulneración de los artículos 29, 27 y 53 de la Carta Fundamental, y la Ley 4 de 1993 en su parágrafo.

2. DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio No.31200-0741 del 02 de abril de 2018, notificada: el 03 de abril de 2018, mediante el cual se neg ó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

3. DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en la Resolución No. 21798.del 13 de junio de 2018, el cual fue notificado vía correo electrónico el 09 de Julio de 2019, mediante la cual se decidió confirmar lo resuelto en el acto adm 0741 del 31200-0741 del 2 abril de 2018.

4.QUE A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DE L DERECHO como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos demandados se ordene a la NACIÓN -FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, reconocer como: factor salarial y prestacional la bonificación judicial, creada mediante el Decreto 382 de 2013 modificado por el Decreto No.022 de enero 9 de 2014 y demás modificaciones y en tal virtud se reliquiden las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por mi representado como servidor y/o empleado. de la Fiscalía General de la Nación, y se proceda al pago de las diferencias causadas como consecuen cia de la referida reliquidación a partir del 1 de enero de 2013 y en adelante se reconozca y pague la diferencia causada.

5. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante

causadas como consecuen cia de la referida reliquidación a partir del 1 de enero de 2013 y en adelante se reconozca y pague la diferencia causada.

5. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas liquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 del CPACA.

6.Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos 189, 192, 194 y195 del CPACA». (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:

1. La parte demandante labora en la Fiscalía General de la Nación y para la fecha de presentación de la demanda se desempeñaba el cargo de fiscal delegado ante jueces promiscuos y municipales.

1. Mediante el Decreto 382 del 6 de marzo de 2013, se creó una bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, modificado por el Decreto 022 del 9 de enero de 2014, la cual a su vez ha sido ajustada por los Decretos 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017 y 341 de 2018 ; no obstante, se establece en la norma que constituye factor salarial solo para la cotización al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2020-00030-02

salud y pensión.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2020-00030-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. El 2 2 de marzo de 201 8, la demandante presentó petición ante la Fiscalía General de la Nación, a través de la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho desde el 1 de enero de 2013.

1. El 2 de abril de 201 8, a través de Oficio 31200-0741, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa.

1. El 9 de abril de 201 8, se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue resuelto mediante Resolución 21798 del 13 de junio de 2018 en el sentido de confirmar el acto administrativo recurrido.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53 y 150 de la Constitución Política, 2 y 10 de la Ley 4 de 1992, Ley 4 de 1992, 127 del Código Sustantivo del Trabajo y 42 del Decreto Ley 1042 de 1978.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

4 de 1992, 127 del Código Sustantivo del Trabajo y 42 del Decreto Ley 1042 de 1978.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios de las normas nacionales y los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud », contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de

2013.

1. Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con l a prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

1. La bonificación judicial es un incremento salarial con efectos salariales no únicamente para la cotización a seguridad social en salud y pensiones, sino para la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por la demandante.

1. Se debe inaplicar el Decreto 382 de 2013 por ser violatorio de la

Constitución Política y las Leyes.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Fiscalía General de la NaciónNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

Demandado: Fiscalía General de la Nación

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Fiscalía General de la NaciónNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2020-00030-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

La parte demandada no contestó la demanda.

1.3. La sentencia apelada2

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 7 de octubre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 22 de marzo de 2015, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024, por las razones expuestas.

TERCERO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

0299 de 2024, por las razones expuestas.

TERCERO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

-Oficio 31200 -0741 del 2 de abril de 2018 proferido por la Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación.

-Resolución 21798 del 13 de junio de 2018 proferida por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor de SARA ESPERANZA RODRÍGUEZ SILVA, todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 22 de marzo de 2015 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013 hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Se guridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

SEXTO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA» […]

QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

SEXTO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA» […]

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. La bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 30 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2020-00030-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleado r, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto ha bitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto ha bitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

1. La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4a de 1992.

1. El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los empleados de la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

1. La bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se

de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión «no constituye factor salarial» deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Fiscalía General de la Nación3

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Las pretensiones carecen de fundamentos f ácticos y jurídicos, por cuanto los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 33 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2020-00030-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 382 de 2013, el cual cuenta con plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley.

1. Las disposiciones contenidas en el Decreto 382 de 2013, son producto de la facultad legal que es otorgada al Gobierno Nacional desde la

jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley.

1. Las disposiciones contenidas en el Decreto 382 de 2013, son producto de la facultad legal que es otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política de Colombia en su artículo 150, regidas a su vez por los criterios señalados por el Congreso de la República en la Ley 4ª de 1992, para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos, entre ellos, los de la Fiscalía General de la Nación, por lo que de manera formal esta disposición goza de plena validez y eficacia jurídica, la cual se encuentra amparada por el principio de legalidad, más aún bajo el entendido que a la fecha dicha disposición no ha sido objeto de derogación o declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que a la Entidad que representa no le es posi ble modificar de alguna forma la norma, la interpretación o la aplicación de esta norma.

1. Al realizarse el estudio correspondiente sobre el tema no se encontró aparte normativo alguno a nivel nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales que este reciba. Al contrario, puntualmente frente al alcance de la definición internacional de salario, contenida en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, se observa que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo del 2017, identificada con radicación 48001, indicó que dicho concepto de salario debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese convenio, por lo cual no es dable otorgarle un alcance mayor; como lo hizo el juzgador

radicación 48001, indicó que dicho concepto de salario debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese convenio, por lo cual no es dable otorgarle un alcance mayor; como lo hizo el juzgador en este caso, puesto que determinó que la definición de salario de dicho Convenio configuraba una razón principal por la cual se debía tener como factor salarial a la bonificación judicial, sin que la consecuencia de ampliar el carácter salarial estuviera prevista en el alcance y contenido literal del convenio.

1. Los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo delimitan el concepto de salario, por lo que en suma se debe analizar que si bien un pago puede ser habitual, ello no implica que a dicho valor se le deba otorgar un reconocimiento automático de ser base de liquidación de prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que percibe un empelado, puesto que tanto en la norma como en la jurisprudencia se observa la facultad del legislador para determinar cuál pago se incluye o no, dentro de las bases de liquidación de otros factores.

1. Contrario a lo analizado por el a quo, la creación de una bonificación sin carácter salarial es compatible con la Constitución Política ; además, l as disposiciones contenidas en el Decreto 382 de 2013 y demás que reglamentan la materia, son producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional entre otros de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual dicha disposición goza de plena validez y eficacia jurídica y se encuentra amparada por elNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

otros de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual dicha disposición goza de plena validez y eficacia jurídica y se encuentra amparada por elNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2020-00030-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

principio de legalidad, por lo que no es viable darle otro alcance o interpretación.

1. El Decreto 382 de 2013 , no tuvo su origen en una iniciativa del Gobierno Nacional sino como un acuerdo de voluntades, fruto de las negociaciones con las asociaciones sindicales de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales fueron integral y ampliamente debatidas por las distintas partes, como lo demuestran las actas de las reuniones de negociación celebradas para el efecto, dando lugar finalmente a la expedición del Decreto debatido.

1. La Fiscalía General de la Nación actúo en cumplimiento de un deber legal, al aplicar estrictamente lo regulado por el Decreto 382 de 2013 y demás normas concordantes, puesto que no podría ser otro el obrar de la entidad que realizar el pago conforme a lo estipulado en el Decreto 382 de 201 3, y consecuentemente emitir respuesta a los requerimientos de la parte actora conforme a la normatividad, que como se demostró es totalmente legal y constitucional tanto de manera formal como de su contenido.

1. La excepción de inconstitucionalidad so lo procede en aquellos casos en

conforme a la normatividad, que como se demostró es totalmente legal y constitucional tanto de manera formal como de su contenido.

1. La excepción de inconstitucionalidad so lo procede en aquellos casos en los que se presente una evidente y palmaria contradicción entre una disposición legal o reglamentaria y los preceptos constitucionales, por tanto, las autoridades judiciales tienen el deber de argumentar sus decisiones en tal sentido, toda vez que en caso de no hacerlo, la decisión puede constituir vulneración al debido proceso.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 16 de enero de 2025 4 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Ministerio público.

No rindió concepto de fondo

2. Consideraciones

4 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2020-00030-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si la demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la expresión «y constituirá únicamente factor salarial p ara la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud », contenida en el artículo 1 del Decreto 38 2 de 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al

y empleados de la Fiscalía General de la Nación.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 19925, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante Decreto 382 de 2013, creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la

5 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales (subrayado no original)Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2020-00030-02

Rama Judicial del Poder Publico

Sentencia de segunda instancia

Demandante: Sara Esperanza Rodríguez Silva

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2020-00030-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así […]».

En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013, se cancelará mensualmente en tanto el servidor permanezca en el servicio. Igualmente, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotiza ción en el Sistema General de Pensiones y para el Sistema de Seguridad social en Salud, excluyéndose como factor para liquidar prestaciones sociales.

2.3.2. Excepción de inconstitucionalidad

La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución Política, cuya vigencia y aplicación real en el ordenamiento están consagradas en su artículo 4. Esta institución jurídica consiste en la inaplicación de un a norma en un caso concreto, ante la evidencia del desconocimiento de una norma de raigambre constitucional en un contexto en particular, y por ello sus efectos se circunscriben únicamente al preciso

inaplicación de un a norma en un caso concreto, ante la evidencia del desconocimiento de una norma de raigambre constitucional en un contexto en particular, y por ello sus efectos se circunscriben únicamente al preciso asunto que se somete a conocimiento del funcionario competente.

La Corte Constitucional6 ha señalado que corresponde al juez oficiosamente, inaplicar actos administrativos lesivos al ordenamiento superior en virtud de la denominada excepción de inconstitucionalidad.

Al respecto sostuvo:

«La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no puede dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herrami enta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto Inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política».

A su turno el Consejo de Estado7 ha señalado sobre este tópico:

«La figura de la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de

establecido por el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de

6 Cor