TA SAN - Sentencia 680013333014-2022-00245-01 (05-09-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE. FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, cinco (05) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

RADICADO: 680013333014-2022-00245-01

LINK ACCESO SAMAI: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_ procesos.aspx?guid=6800133330142022002450168001

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MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

DEMANDANTES: Sergio Alexander Contreras Caballero y otros

infojuridica.erneygarcia@gmail.com wcguis@gmail.com

DEMANDADO: Nación, Fiscalía General de la Nación

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co clara.cediel@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: Procuraduría 159 Judicial II Para Asuntos

Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co TEMA: Privación de la libertad / inexistencia del daño antijurídico / confirma denegatoria de las pretensiones

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 28 de marzo de 2025, proferida por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de B ucaramanga dentro del asunto de la referencia, que negó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

sentencia del 28 de marzo de 2025, proferida por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de B ucaramanga dentro del asunto de la referencia, que negó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1 Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1.1.1 El día 3 de junio del año 2018, ante el Juzgado Once 11 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, dentro del proceso conReparación Directa 680013333014-2022-00245-01

radicado 110016099091-2017-00100 NI 149355 seguido en contra del señor Sergio Alexander Contreras Caballero , se legalizó su captura, se realizó la imputación de cargos y se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión.

1.1.2 Se le imputó como autor el delito establecido en el artículo 218 del Código Penal Colombiano, pornografía con persona menor de 18 años , en la modalidad de poseer, almacenar y transmitir, en concurso homogéneo y sucesivo.

1.1.3 El día 05 de junio de 2018 se expidió boleta de detención 0957 en contra de Sergio Alexander Contreras Caballero.

1.1.4 El día 18 de enero de 2019, ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga, se realizó audiencia de formulación de acusación a Sergio Alexander Contreras Caballero y los días 24 de ener o de 2020 y 21 de febrero de 2020 se llevó a cabo audiencia preparatoria.

Bucaramanga, se realizó audiencia de formulación de acusación a Sergio Alexander Contreras Caballero y los días 24 de ener o de 2020 y 21 de febrero de 2020 se llevó a cabo audiencia preparatoria.

1.1.5 La audiencia de juicio oral se instaló el día 24 de abril de 2020 y el día 05 de junio de 2020, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga, emitió sentido de fallo de carácter absolutorio en favor del señor Sergio Alexander Contreras Caballero.

1.1.6 El día 05 de junio de 2020 el Juez Coordinador expide boleta de libertad 213, y el día 06 de junio de 2020 el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) emite boleta de libertad al señor Sergio Alexander Contreras Caballero.

1.1.7 El día 19 de junio de 2020, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga emite sentencia en la que absuelve a Sergio Alexander Contreras Caballero.

1.2 Pretensiones.

Se sintetizan de la siguiente manera:

1.2.1 Declarar que el señor Sergio Alexander Contreras Caballero fue privado injustamente de su libertad, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 3 de junio del 2018 hasta el 6 de junio de 2020 como consecuencia del procedimiento judicial que se originó con su vinculación como autor de delito Pornografía con personas menores de 18 años, por los hechos ocurridos el 6 de febrero del 2017, el cual culminó con sentencia absolutoria el día 19 de junio del 2020.

1.2.2 Declarar que la Nación - Fiscalía General de la Nación son responsables de

el cual culminó con sentencia absolutoria el día 19 de junio del 2020.

1.2.2 Declarar que la Nación - Fiscalía General de la Nación son responsables de la totalidad de los daños y perjuicios causados a los demandantes con la privación injusta de la libertad de Sergio Alexander Contreras Caballero, ocurrida durante el periodo comprendido desde junio 3 de 2018 hasta junio 6 de 2020, esto es, por unReparación Directa 680013333014-2022-00245-01

lapso de 734 días (24 meses y 3 días).

1.2.3 Se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a cada uno de los demandantes perjuicios materiales (lucro cesante) y perjuicios moral es, en los términos solicitados en la demanda.

1.2.4 Se condene a la entidad demandada a reconocer intereses moratorios, así como al pago de costas procesales.

1.3 Fundamentos jurídicos

Se predica que el señor Sergio Alexander Contreras Caballero fue sometido a una privación injusta de su libertad en establecimiento carcelario, asegurando al respecto que, desde el inicio de la indagación se evidenciaron inconsistencias en la configuración del hecho jurídicamente relevante, como lo señaló el Juez en la sentencia, sumado a que nunca existió responsabilidad en su contra, que pudiera desvirtuar más allá de toda duda razonable la inocencia del señor Sergio Alexander Contreras Caballero, ya que las pruebas del ente acusador fueron controvertidas; falencias que llevaron a la sentencia de carácter absolutoria a su favor, sin que se diera lugar a una apelación, habiendo el representante de víctimas y el representante

Contreras Caballero, ya que las pruebas del ente acusador fueron controvertidas; falencias que llevaron a la sentencia de carácter absolutoria a su favor, sin que se diera lugar a una apelación, habiendo el representante de víctimas y el representante de la Procuraduría solicitado al señor juez sentencia absolutoria.

Asegura que no existía desde el principio de la indagación elementos materiales probatorios con los cuales se pudiera demostrar que realmente Sergio Alexander Contreras Caballero , en el proceso penal adelantado por la Fiscalía, fue quien cometió el ilícito, configurándose de esta for ma en injusta arbitraria y desproporcionada la medida de aseguramiento practicada desde el 03 de junio del 2018 hasta el 6 de junio de 2020.

1.4 Contestación de la demanda

La Nación, Fiscalía Ge neral de la Nación se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando en forma relevante, que no existe en el libelo de la demanda ni en las pruebas anexas a ella fundamentos fácticos ni jurídicos que respalden la presunta responsabilidad objetiva en cabeza de esa entidad.

Invocó su falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que, elevó en su oportunidad procesal la solicitud de medida de aseguramiento del imputado, la cual estaba debidamente fundamentada y no era vinculante u obligatoria para el Juez, toda vez, que la decisión a adoptarse se dar ía luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía y valorar el arsenal probatorio que le era puesto a su conocimiento, como efectivamente ocurrió en el caso de marras.Reparación Directa 680013333014-2022-00245-01

argumentos de la Fiscalía y valorar el arsenal probatorio que le era puesto a su conocimiento, como efectivamente ocurrió en el caso de marras.Reparación Directa 680013333014-2022-00245-01

Además, predica la ausencia de falla en el servicio, asegurando que, no se configuraron los presupuestos esenciales que permitan estructurar una responsabilidad patrimonial en contra de la entidad, quien calificó la comisión de la conducta punible como resultado de indicios graves de responsabilidad en contra del aquí demandante, motivo suf iciente para dar inicio a la investigación penal, vincular al ahora demandante e imponer medida de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario, concluyendo que la privación de la libertad de que fue objeto el accionante fue legal y justa.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 28 de marzo de 2025 declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación, Fiscalía General de la Nación (numeral primero); denegó las pretensiones de la demanda (numeral segundo) y se abstuvo de condenar en costas (numeral tercero).

Como sustento de su decisión consideró:

«[…] pese a se acreditó que el señor Sergio Alexander Contreras Caballero fue vinculado a un proceso penal, privado de la libertad y acusado del delito de pornografía con personas menores de 18 años, los documentos y elementos probatorios que obran en el plenario no son suficientes, por sí mismos, para acreditar la antijuricidad del daño alegado por la parte

menores de 18 años, los documentos y elementos probatorios que obran en el plenario no son suficientes, por sí mismos, para acreditar la antijuricidad del daño alegado por la parte demandante, puesto que no se observa de forma clara e inequívoca que las pruebas indiciarias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en las cuales dicho ente solicitó la medida de aseguramiento e imputó el referido delito al accionante, presentaran inconsistencias o fueran insuficientes para el decreto de la medida en la etapa inicial del proceso penal.

Ahora, si bien en la demanda se argumenta que, al controvertirse las pruebas r ecaudadas por la Fiscalía General de la Nación, se evidenciaron posibles falencias que llevaron a la sentencia absolutoria del señor Sergio Alexander Contreras Caballero, es importante precisar que estos aspectos forman parte del debate probatorio propio del proceso penal y que es solo para el momento de emitir sentencia condenatoria que se requiere certeza sobre la comisión del delito; requisito que n o es exigible en la etapa de imposición de la medida de aseguramiento, la cual se fundamenta en criterios normativos distintos. En este sentido, no existe prueba que demuestre que los elementos presentados por la Fiscalía en su solicitud de medida de asegu ramiento fueran insuficientes o contrarios a la investigación adelantada, pues la medida a juicio de esta instancia se decretó conforme a los requisitos legales vigentes y en atención a la etapa procesal correspondiente.

Sumado a lo anterior, se advierte que el hecho de revocarse la medida de seguridad con ocasión a la absolución de la acción penal no implica una falla en el servicio, toda vez que no se demostró que la decisión de imponer medida de aseguramiento fuera contraria a

Sumado a lo anterior, se advierte que el hecho de revocarse la medida de seguridad con ocasión a la absolución de la acción penal no implica una falla en el servicio, toda vez que no se demostró que la decisión de imponer medida de aseguramiento fuera contraria a derecho o que desconociera los presupuestos de procedencia, así como tampoco es apropiado declarar la responsabilidad del Estado por el resultado del proceso penal, pues como se indicó previamente, lo que debe analizarse en materia de privación injusta es la razonabilidad en la eta pa de imponer la medida de aseguramiento con fundamento en la solicitud elevada por la entidad accionada y los elementos que sirvieron de sustento a laReparación Directa 680013333014-2022-00245-01

misma, como en efecto se hizo, sin que se evidenciaran para dicho momento irregularidades por parte de la Fiscalía General de la Nación a quien le correspondía realizar la investigación de los hechos que dieron origen al proceso penal. […]»

3. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La parte actora interpone oportunamente el recurso de apelación, invocando como fundamentos relevantes, los que pasan a sintetizarse:

• Legitimación en la causa por parte de la Fiscalía General de la Nación: en la sentencia SU del 17 de octubre del 2013 el Consejo de Estado hace un análisis respecto de la legitimación en la causa de la Fiscalía, sobre lo cual consideró que la Fiscalía pertenece a la Rama Judicial, que la entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal y que , por tal reconocimiento , las condenas que se profieran en contra de la Nación como consecuencia de las actuaciones realizadas por la Fiscalía deban ser cumplidas o pagadas con cargo al presupuesto de esta

administrativa y presupuestal y que , por tal reconocimiento , las condenas que se profieran en contra de la Nación como consecuencia de las actuaciones realizadas por la Fiscalía deban ser cumplidas o pagadas con cargo al presupuesto de esta entidad; sentencia de unificación que se enfocó en los casos de privación injusta de la libertad, por lo que existiendo identidad de materia debe considerarse que la Fiscalía tiene legitimación en la causa en el caso concreto y se encuentra llamada a responder en el caso concreto. - Aplicación del régimen de responsabilidad objetiva en casos de privación injusta de la libertad: a lo largo de la historia judicial colombiana en los casos de privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado ha aplicado el régimen objetivo de responsabilidad desde tiempo atrás; régimen que se aplicaba siempre que una persona haya sido detenida preventivamente y luego ha sido absuelta por la aplicación del principio in dubio pro reo. Cuando el Consejo de Estado analiza la responsabilidad en el caso concreto establece que existe daño antijurídico toda vez que la persona privada de la libertad no se encontraba obligado a soportar el daño que el Estado le ocasionó por lo que debe considerarse antijuridico; posición que fue acogida sin mayor debate hasta el 15 de agosto de 2018, cuando la Sección Tercera del Consej o de Estado decidió cambiar su precedente en relación con el régimen de responsabilidad y título de imputación en aquellos procesos en los que se reclamara la reparación de los daños derivados de la privación injusta de la libertad de quien, posteriormente, le es retirada dicha medida. En el caso concreto, el señor Sergio Alexander Contreras Caballero fue privado de

derivados de la privación injusta de la libertad de quien, posteriormente, le es retirada dicha medida. En el caso concreto, el señor Sergio Alexander Contreras Caballero fue privado de la libertad el 3 de junio de 2018, fecha en la que el Consejo de Estado aplicaba el régimen objetivo de responsabilidad, por lo que, con base en el principio de seguridad jurídica en materia de reparación, la medida se i mpuso antes de que el Consejo de Estado cambiara el precedente por lo que ha de tenerse en cuenta el régimen objetivo de reparación. Aunado A lo anterior, bien pueden los jueces, con base en el principio iura novit curia y en consideración a la situación fáctica, utilizar el título de imputación que mejor se adecúe al caso concreto , según la posición unificada del Consejo de Estado fijada en sentencia de 19 de abril de 2012. Así, en el caso concreto ha de considerarse elReparación Directa 680013333014-2022-00245-01

título de imputación de daño especial en el régimen de responsabilidad objetiva y se tenga en cuenta que Sergio Alexander Contreras Caballero no estaba obligado a soportar el daño toda vez que fue absuelto y que la absolución constituyó el derecho a Sergio Alexander Contreras Caballero a ser reparado, toda vez que era el criterio unificador vigente al momento de la imposición de la medida de aseguramiento. En caso de que se considere que el régimen de responsabilidad aplicable es el subjetivo con base en el título de imputación falla en el servicio, el daño debe tenerse por antijurídico por falta de pruebas e indicios que permitan inferir razonablemente que Sergio Alexander Contreras Caballero cometió la conducta por la que se le imputó.

por antijurídico por falta de pruebas e indicios que permitan inferir razonablemente que Sergio Alexander Contreras Caballero cometió la conducta por la que se le imputó. - Existencia de daño antijurídico bajo el título de im putación falla del servicio en el régimen de responsabilidad subjetiva: El juzgador de primera instancia hace referencia a que el daño no es antijurídico porque hasta la etapa de debate probatorio pudo comprender que las pruebas no siguieron los protocolos establecidos para su recaudo. Sobre este punto, hace ver que se absolvió a Sergio Alexander Contreras Caballero por el hecho de que las pruebas no cumplían requisitos formales, lo cual no es cierto. La privación de la libertad del señor Sergio Alexander Contreras Caballero se fundamentó en supuestos probatorios insostenibles, carentes de rigurosidad técnica y que, lejos de evidenciar su participación en la conducta punible, demuestran una grave omisión en el deber de investigar con objetividad e imparcialidad. Durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, el único soporte presentado por la Fiscalía fue un informe de investigador de campo basado en tres elementos: un número telefónico, una dirección IP y un correo electrónico; datos a partir de los cuales se pretendió inferir que Sergio Alexander Contreras Caballero era el titular de un perfil de Facebook desde el cual se habría cometido la conducta investigada; afirmación que resulta abiertamente insostenible, tanto en lo jurídico como en lo técnico. El número telefónico utilizado como supuesto vínculo había sido dado de baja por el señor Sergio Alexander Contreras Caballero en fecha anterior a la ocurrencia de los hechos, eliminando el nexo lógico entre el perfil de Facebook identificado e n la

como en lo técnico. El número telefónico utilizado como supuesto vínculo había sido dado de baja por el señor Sergio Alexander Contreras Caballero en fecha anterior a la ocurrencia de los hechos, eliminando el nexo lógico entre el perfil de Facebook identificado e n la investigación y el procesado . Además, la búsqueda del número telefónico en la plataforma Facebook arrojó un perfil con el nombre «Sergio Alexander Contreras», sin que se acreditara en momento alguno que ese perfil correspondiera a Sergio Alexander Contreras Caballero; por el contrario, la búsqueda selectiva en bases de datos, aportada al proceso por la misma Fiscalía, demuestra que el perfil no estaba vinculado al procesado al momento de la investigación. Se trató, entonces, de una asociación arbitraria, sin fundamento probatorio alguno. Respecto al correo electrónico mencionado en el informe presentado por la Fiscalía, no se realizó ninguna diligencia investigativa tendiente a establecer que dicho correo fuera de propiedad o uso habitual del señor Co ntreras Caballero; simplemente se indicó su relación con una cuenta de Facebook, lo que no constituye prueba suficiente, ni idónea, ni mucho menos concluyente.Reparación Directa 680013333014-2022-00245-01

Por último, la dirección IP identificada en el informe solo permitía establecer que el dispositivo accedió desde la ciudad de Bucaramanga; información a partir de la cual se pretende individualizar a una persona específica como autor de una conducta punible, lo que resulta totalmente desproporcionado. Es e dato geográfico es genérico, impreciso y carece de cualquier valor incriminatorio concreto , y u tilizarlo para justificar una medida tan gravosa como la privación de la libertad contradice los

punible, lo que resulta totalmente desproporcionado. Es e dato geográfico es genérico, impreciso y carece de cualquier valor incriminatorio concreto , y u tilizarlo para justificar una medida tan gravosa como la privación de la libertad contradice los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad que deben regir toda actuación en el proceso penal. Se advierte finalmente que, el apelante plantea que la competencia para conocer de esta clase de procesos recae en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, conforme el artículo 73 de la L ey 270 de 1996 , asegurando que el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga carece de competencia funcional, y es el Tribunal quien, en su calidad de juez natural del proceso, debe dictar la respectiva sentencia de mérito.

4. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro del término de que trata el numeral 4° del art. 247 de la Ley 1437 de 2011, concurrió la entidad demandada , quien solicita la confirmación de la sentencia apelada y la no condena en costas en esta instancia , asegurando que esa entidad para el momento en que debió solicitar la imposición de la medida de aseguramiento sí contaba con los elemen tos probatorios suficientes para sustentar la petición, la que fue avalada por el juez natural, reuniéndose los requisitos establecidos en el artículo 308 del C.P.P vigente para la época y, pese a que posteriormente haya sido revocada, no evidencian una falla de la Fiscalía , configurándose además, la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad.

artículo 308 del C.P.P vigente para la época y, pese a que posteriormente haya sido revocada, no evidencian una falla de la Fiscalía , configurándose además, la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad.

La señora Agente del Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Cuestiones previas

5.1.1 De la manifestación de impedimento

El H. Magistrado Iván Fernando Prada Macías, integrante de esta Sala de Decisión, manifestó1 su impedimento para conocer del presente asunto, al hallarse incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 2 del artículo 141 del C.G.P, toda vez que su cónyuge profirió la sentencia apelada en condición de Juez Catorce Administrativa del Circuito Judicial de Bucaramanga.

1 Mediante anotación realizada en la plataforma tecnológica TEAMSReparación Directa 680013333014-2022-00245-01

Al respecto, teniendo en cuenta el tenor literal de la referida norma, según la cual, son causales de recusación, entre otras, «2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente» , encuentra la Sala que, en el caso concreto se estructura la causal así alegada, al haberse proferido la sentencia de primera instancia, dentro del asunto de la referencia, por la cónyuge del H. Magistrado Iván Fernando Prada Macías, razón por la que se aceptará su manifestación de impedimento y se le separará del conocimiento del presente asunto.

referencia, por la cónyuge del H. Magistrado Iván Fernando Prada Macías, razón por la que se aceptará su manifestación de impedimento y se le separará del conocimiento del presente asunto.

5.1.2 De la competencia

La parte demanda nte plantea en el escrito contentivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en lo pertinente, que la competencia para conocer de un proceso como el de la referencia, recae en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996, razón por la que estima, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga carece de competencia funcional, competencia que , alude, recae en e sta Corporación.

Sea lo primero advertir por la Sala que, la oportunidad procesal para formular excepciones tiene lugar durante el traslado de la demanda, cuya decisión ha de adoptarse en los términos del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, razón por la que, en principio, se trata de una etapa precluida. No obstante, por virtud del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, la Sala desatará el argumento así planteado por la apelante con miras a establecer si predicable resulta la configuración del medio excep tivo planteado -falta de competenciacuya declaratoria se imponga en esta oportunidad.

Al respecto se considera que, según lo disponía el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, de las acciones de reparación directa y de repetición conocería de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de

Al respecto se considera que, según lo disponía el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, de las acciones de reparación directa y de repetición conocería de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos.

No obstante lo anterior, se advierte por la Sala que, dicha disposición fue expresamente derogada por el art. 309 2 de la Ley 1437 de 2011, norma cuya expresión «el artículo 73 de la Ley 270 de 1996», en ella contenida, fue declarada exequible por la H. Corte Constitucional en sentencia C-818 de 20113.

Así, las reglas de competencia que en el sub lite estaban llamadas a ser observadas para efectos de asumir el conocimiento del presente asunto correspondían a las

2 «ARTÍCULO 309. DEROGACIONES. Deróganse a partir de la vigencia dispuesta en el artículo anterior todas las disposiciones que sean contrarias a este Código, en especial, el Decreto 01 de 1984, el Decreto 2304 de 1989, los artículos 30 a 63 y 164 de la Ley 446 de 1998, la Ley 809 de 2003, la Ley 954 de 2005, la Ley 1107 de 2006, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, el artículo 9o de la Ley 962 de 2005, y los artículos 57 a 72 del Capítulo V, 102 a 112 del Capítulo VIII y 114 de la Ley 1395 de 2010». 3 Sostuvo que la determinación de competencias en cabeza de funcionarios judiciales era una materia propia de una ley

la Ley 1395 de 2010». 3 Sostuvo que la determinación de competencias en cabeza de funcionarios judiciales era una materia propia de una ley ordinaria, y por ello, su modificación podía tramitarse mediante el procedimiento legislativo generalReparación Directa 680013333014-2022-00245-01

contenidas en el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, tal y como aconteció al momento de disponerse la admisión de la demanda, lo que torna evidente la carencia de fundamento legal del reproche efectuado por la parte actora en torno a la competencia funcional del a-quo.

5.1.3 De la legitimación en la causa por pasiva

Incongruente con lo decidido en primera instancia resulta el reproche de apelación formulado por la parte actora, relacionado con la invocada legitimación en la causa por pasiva de la Nación, Fiscalía General de la Nación, si en cuenta se tiene que el a-quo en forma expresa declaró no probada la excepción así propuesta por dicha entidad (numeral primero), no correspondiendo por tanto a un aspecto decidido en forma desfavorable a los demandantes, que viabilice un pronunciamiento de fondo en esta instancia en los términos invocados.

Lo anterior, sin perjuicio del análisis de los argumentos en los que la apelante fundamenta la responsabilidad de la entidad demandada frente al presunto daño irrogado, los que serán abordados al momento de dar respuesta a lo s problemas jurídicos que pasan a plantearse.

5.2 Problemas Jurídicos

PJ 1 ¿La Nación, Fiscalía General de la Nación es administrativa y patrimonial responsable por la privación de la libertad del señor Sergio Alexander Contreras

jurídicos que pasan a plantearse.

5.2 Problemas Jurídicos

PJ 1 ¿La Nación, Fiscalía General de la Nación es administrativa y patrimonial responsable por la privación de la libertad del señor Sergio Alexander Contreras Caballero, con ocasión de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario impuesta en su contra por el delito consagrado en el artículo 2184 del Código Penal, frente al que fue posteriormente absuelto?

PJ 1.1 De predicarse la responsabilidad de la administración, ¿hay lu gar a reconocer y pagar los perjuicios de orden material y moral reclamados por los demandantes?

5.3Tesis

Al Pj 1. No. La sentencia de primera instancia denegatoria de las pretensiones será confirmada, conforme las razones que pasan a exponerse. Se releva la Sala de pronunciarse frente al problema jurídico 1.1, dada la respuesta negativa al primero de ellos planteado.

4 «ARTÍCULO 218. PORNOGRAFÍA CON PERSONAS M ENORES DE 18 AÑOS. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de Internet, con o sin fines de lucro.

de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de Internet, con o sin fines de lucro. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima.»Reparación Directa 680013333014-2022-00245-01

5.4 Argumentos de la Decisión

5.4.1 De la privación injusta de la libertad (régimen aplicable)

El H. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A5, en reciente sentencia del 30 de mayo de 2025 , refiriéndose a los antecedentes en torno al régimen de responsabilidad aplicable en los eventos de privación injusta de la libertad, precisó que la H. Corte Constitucional mediante sentencia C -037 de 1996 analizó la constitucionalidad, entre otros, del ar tículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y manifestó que no era dable la reparación automática de los perjuicios y que el juez debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.

Advirtió además que, aunque a través de sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la Sección Tercera de esa Corporación6, con fundamento en los supuestos consagrados en e