TA SAN - Sentencia 680013333015-2019-00371-01 (20-03-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333015-2019-00371-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: MARTHA ISABEL SÁNCHEZ ROJAS

FRANCISCO ROJAS DELGADO

abogadasoniacaro@hotmail.com

DEMANDADO: ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

notificaciones.judiciales@amb.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No 059

TEMA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 30 de septiembre 2022, proferida por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

En síntesis, indicó la demandante que fue nombrada en provisionalidad mediante la Resolución núm. 001731 del 17 de septiembre de 2014, con acta de posesión núm.

1 One Drive. 001. CUADERNO 1 – PRINCIPAL. 001. Fol. 1-152 DEMANDA Y ANEXOS.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Demandante: Martha Isabel Sánchez Rojas y otros Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga Radicado: 680013333015-2019-00371-01

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251 de 18 de septiembre de 2014, en el cargo de Profesional Universitario. Código 219, Grado 15, de planta de personal del Área Metropolitana de Bucaramanga2.

Refirió que, desde la fecha de su vinculación hasta la fecha de terminación de su provisionalidad, la demandante ejecutó y desarrolló de manera ininterrumpida las funciones propias de su cargo desde la Subdirección Ambiental, en los Procesos Sancionatorios Ambientales y demás actividades relacionadas con el cargo que desempeñaba.

Sostuvo que, durante t odo este tiempo nunca fue objeto de investigaciones disciplinarias, de ningún llamado de atención o reporte de inconvenientes en el desarrollo de su cargo por parte de sus superiores.

Manifestó que, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2018, la oficina de Control Interno Administrativo realizó una auditoría en las instalaciones de la Subdirección Ambiental del AMB, frente a los diferentes procesos, tales como sancionatorio ambiental, seguimiento PGIRS hospitalarios similares, seguimiento y control a empresas forestales o industrias forestales, certificados ambientales para CDA, entre otros.

La auditoría concluyó por parte de l equipo auditor , con la presencia de varios hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria en contra de la señora Martha

certificados ambientales para CDA, entre otros.

La auditoría concluyó por parte de l equipo auditor , con la presencia de varios hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria en contra de la señora Martha Isabel Sánchez Rojas.

El día 15 de marzo de 2019, mediante la Resolución núm. 152 del 15 de marzo de 2019, el AMB resolvió terminar el nombramien to que en provisionalidad desempeñaba la señora Martha Isabel Sánchez Rojas, en el cargo Profesional Universitario, Código 219 , Grado 15 de la planta global de personal de dicha entidad.

Asimismo, la entidad decidió que la insubsistencia de la prenombrada estaría condicionada al levantamiento del fuero sindical mediante sentencia ejecutoriada emitida por la jurisdicción laboral, toda vez que , al momento de su desvinculación , ostentaba la calidad de revisora fiscal del sindicato SINTRAMUNICIPALES seccional Bucaramanga.

2 En adelante, AMB.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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La demandante interpuso recurso de reposición, fincado en que no se indicaron las razones expresas atinentes al servicio que dieron lugar a la insubsistencia de su nombramiento y en que no existía una sanción disciplinaria en su contra . El medio recursivo fue resuelto desfavorablemente a través de la Resolución núm. 357 del 6 de mayo de 2019.

nombramiento y en que no existía una sanción disciplinaria en su contra . El medio recursivo fue resuelto desfavorablemente a través de la Resolución núm. 357 del 6 de mayo de 2019.

Finalmente, al culminar el proceso laboral de levantamiento de fuero, la señora Martha Isabel Sánchez Rojas fue desvinculada de la entidad demandada el día 6 de noviembre de 2019, mediante el oficio CD 9650.

1.1.2. Pretensiones

En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: Que se declare la nulidad de la Resolución 152 de fecha 15 de marzo de 2019 y de la Resolución 357 de fecha 06 de mayo de 2019; expedidas por el Área metropolitana de Bucaramanga “A.M.B”; por medio de los cuales se decidió no prorrogar el nombramiento en p rovisionalidad de la Doctora MARTHA ISABEL SÁNCHEZ ROJAS, quien ocupaba el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 15 de la planta global de personal del ÁREA

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA- “A.M.B”.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la declara ción anterior y a título de Restablecimiento del Derecho, ordénese el reintegro de mi representada MARTHA ISABEL SÁNCHEZ ROJAS en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 15 de la Planta global de personal del Área Metropolitana de Bucaramanga –“”A.M.B”, adscrito a la Subdirección Ambiental, con efectividad a la fecha de desvinculación del servicio, al grado y cargo que venía desempeñando o a

Bucaramanga –“”A.M.B”, adscrito a la Subdirección Ambiental, con efectividad a la fecha de desvinculación del servicio, al grado y cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría, pero de funciones afines a las que tenía al momento de producirse su desvinculación, sin solución de continuidad desde su desvinculación, esto es, desde el día 06 de noviembre de 2019 hasta que se haga efectivo su reintegro.

TERCERO: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, el Área Metropolitana de Bucara manga – “A.M.B”, reconozca y pague al actor o a quien represente sus derechos, todos los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos de asignación básica correspondiente al cargo que venía ocupando es decir PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 15 deNulidad y Restablecimiento del Derecho

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la Planta global de personal del Área Metropolitana de Bucaramanga-“A.M.B”, junto con los incrementos legales desde cuando se produjo su desvinculación, hasta cuando efectivamente sea reintegrada su empleo o reubicada en uno de igual o mejor condición coma sin solución de continuidad.

CUARTO: Que se condene al Área Metropolitana – “A.M.B” al pago de salarios junto con los todos los emolumentos, incluida la bonificación anual dejada de percibir por mi representada desde el momento de su retiro hasta su reintegro efectivo.

CUARTO: Que se condene al Área Metropolitana – “A.M.B” al pago de salarios junto con los todos los emolumentos, incluida la bonificación anual dejada de percibir por mi representada desde el momento de su retiro hasta su reintegro efectivo.

QUINTO: Que se tenga al Área Metropolitana de Bucaramanga, como administrativa y patrón patrimonialmente responsable de la totalidad de daños y perjuicios morales, psicológicos y materiales causados a los demandantes MARTHA ISABEL SÁNCHEZ ROJAS y a su compañero permanente FRANCISCO ROJAS DELGADO, por la desvinculación laboral de mi representada en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 15 de la Planta de personal del Área Metropolitana de Bucaramanga- “A.M.B.

SEXTO: Se indemnicen los perjuicios Morales causados a mi representada Doctora MARTHA ISABEL SÁNCHEZ ROJAS y a su compañero permanente FRANCISCO ROJAS DELGADO. Lo anterior por la antijurídica desvinculación de la entidad de mi poderdante, con lo que se causó pena moral, dolor, sufrimiento, fracaso, tristeza y congoja no solo a mi representada sino también a su compañero permanente por la desvinculación repito, antijurídica, perjuicios que se estiman al equivalente a 350

S.M.L.M.V al momento del pago, discriminados de la siguiente manera: […]»

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se invocaron los artículos 29 y 125 de la Constitución Política, el artículo 40 de la Ley 909 de 2004 y los criterios jurisprudenciales de las

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se invocaron los artículos 29 y 125 de la Constitución Política, el artículo 40 de la Ley 909 de 2004 y los criterios jurisprudenciales de las sentencias SU-917 de 2010 y T-007 de 2008 de la H. Corte Constitucional.

Seguidamente, indicó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación, porque los supuestos de hecho esgrimidos son contrarios a la realidad, pues se pretendió estructurar de manera engañosa y simulada una causal reconocida por la jurisprudencia para desvincular a la parte actora.

Además, planteó que no se le podía endilgar la presunta responsabilidad por los hallazgos de tipo administrativo en el procedimiento de gestión ambiental, porque elNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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responsable de dicho trámite, como se evidencia en la caracterización , era el subdirector ambiental.

Sumado a ello, puso de presente que no existi eron pruebas para soportar de manera objetiva la causal alegada por el AMB, por lo que se acudió a criterios subjetivos, olvidando la estabilidad laboral intermedia reconocida por la Corte a la demandante. Insistió en que la demandante no afectó el servicio de la entidad o su normal desarrollo, de modo que la motivación de los actos administrativos de desvinculación son el ejemplo de una mera arbitrariedad del nominador.

demandante. Insistió en que la demandante no afectó el servicio de la entidad o su normal desarrollo, de modo que la motivación de los actos administrativos de desvinculación son el ejemplo de una mera arbitrariedad del nominador.

Argumentó que, para el momento de la expedición de los actos acusados y de la presentación de la demanda , no existían formatos para calificar a los funcionarios en provisionalidad del AMB, por lo que no hubo un concepto de mala calificación por parte del superior jerárquico

Adicionalmente, manifestó que los actos administrativos vulneraron su derecho al debido proceso y contradicción, por cuanto se le privó de obtener un juicio adecuado en el que se analizara su responsabilidad clara y específica . Aunado a ello, anotó que la entidad no ofreció certeza de los daños y afectaciones que sufrió, por lo que una presunción no podía dar lugar a la declaratoria de insubsistencia.

Finalmente, acotó que la entidad demandada no valoró la réplica elaborada frente a los hallazgos administrativos advertidos y que , sin valorarlos, dispuso iniciar una indagación disciplinaria preliminar para, tres días después, desvincularla del servicio, sin la existencia de un fallo disciplinario.

1.2. Contestación de la demanda

La parte demandada, AMB3, se opuso a las pretensiones de la demanda , porque en su consideración, sí existieron razones suficientes para expedir los actos administrativos demandados, de conformidad con el precedente constitucional.

Acto seguido, r efirió que la desvinculación de la demandada obedeció a los hallazgos administrativos advertidos en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno Administrativo a la subdirección ambiental, en los que se atribuyó a

Acto seguido, r efirió que la desvinculación de la demandada obedeció a los hallazgos administrativos advertidos en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno Administrativo a la subdirección ambiental, en los que se atribuyó a

3 One Drive. 001. CUADERNO 1 – PRINCIPAL. 009. 21 JULIO 2020. CONTESTA DEMANDA AMB.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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la demandante una presunta dilación injustificada en el desarrollo de sus actividades que afectó el servicio de la entidad.

Recalcó que la razón para desvincular a la señora Sánchez Rojas fue la deficiencia del servicio por ella prestado, es decir, se ofrecieron motivos inherentes al servicio. De este modo, desestimó los argumentos de la demanda y la falsa motivación alegada por la parte actora.

Por último, aseveró que no existían p ruebas que permitieran inferir la responsabilidad de la Administración frente al presunto daño sufrido por la demandante.

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Al efecto, después de referirse a las pruebas -en especial al informe de auditoría - consideró que la entidad demandada motivó con suficiencia la decisión cuestionada.

De este modo, recordó la presunción de legalidad que cobija a los actos

después de referirse a las pruebas -en especial al informe de auditoría - consideró que la entidad demandada motivó con suficiencia la decisión cuestionada.

De este modo, recordó la presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos y no acogió los argumentos de la parte demandante tendientes a señalar que no era la responsable directa del proceso de gestión ambiental. Sobre este aspecto, explicó que, pese a existir un subdirector ambie ntal, la señora Sánchez Rojas en su condición de empleada pública adscrita a esta dependencia, también tenía responsabilidad en la inactividad en el trámite procedimental.

Así las cosas, consideró que la declaratoria de insubsistencia no se basó en criterios subjetivos, sino en un informe de auditoría interna, conocido plenamente por la demandante, el cual «concluyó que dentro del proceso de gestión ambiental y el manejo de los procesos ambientales sancionatorios no se estaban atendiendo con la celeridad debida».

De igual forma, el a quo puso de relieve que el informe de auditoría «indicó de manera clara y expresa que la hoy demandante mantenía inactivos los expedientes a su cargo, en algunos casos hasta por caso 2 años ». Asimismo, desestimó el

4 One Drive. 001. CUADERNO 1 – PRINCIPAL. 046. 30 SEPTIEMBRE 2022. SENTENCIA PRIMERA

INSTANCIANulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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planteamiento de la caducidad de 20 años de la acción sancionatoria ambiental, como argumento para incumplir con los términos en el trámite procedimental a su cargo.

Por otro lado, destacó que la inexistencia del formato de calificación para los servidores públicos provisionales, no «enerva un hecho objetivo, cierto y empíricamente comprobado, de que el servicio público para el que fue nombrada no estaba siendo prestado en los estándares que se espera de todo (sic) persona que preste sus labores para el Estado».

Por contera, explicó que «para la desvinculación de un servidor público en provisionalidad, no se hace necesario que se falle de fondo el trámite disciplinario iniciado en su contra» y citó al órgano de cierre de esta jurisdicción, que en su jurisprudencia ha establecido que no es necesario finalizar la investigación disciplinaria para retirar al funcionario en provisionalidad.

1.4. Fundamentos de la apelación

La parte demandante5, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Para ello, precisó que en la demandada se invocaron como causales de retiro «razones atinentes al servicio»; pero estimó que el análisis crítico respectivo no fue realizado. Por ende, elaboró varios cuestionamientos en relación con la afectación de la función pública y en torno a la vulneración del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009 6, pues desde su

pero estimó que el análisis crítico respectivo no fue realizado. Por ende, elaboró varios cuestionamientos en relación con la afectación de la función pública y en torno a la vulneración del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009 6, pues desde su perspectiva, no se causó ninguna afectación al servicio por la presunta mora.

Insistió en que el a quo se limitó a transcribir las pruebas documentales y testimoniales con sus folios, sin valorarlas. Refirió que el análisis probatorio quedó enunciado en los títulos de cada acápite en la providencia, pero que no fue efectivamente desarrollado.

5 One Drive. 001. CUADERNO 1 – PRINCIPAL. 049. 18 OCTUBRE 2022. RECURSO APELACION DEMANDANTE 6 «ARTÍCULO 10. Caducidad de la acción. La acción sancionatoria ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción. Si se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el término empezará a correr desde el último día en que se haya generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier tiempo […]».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Aceptó como ciertos los hechos consignados en el informe de la auditoría y aceptó que los procesos a cargo de la señora Martha Isabel Sánchez Rojas presentaron

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Aceptó como ciertos los hechos consignados en el informe de la auditoría y aceptó que los procesos a cargo de la señora Martha Isabel Sánchez Rojas presentaron inactividad, al punto que se ejerció la facultad disciplinaria en su contra.

De igual manera, reiteró los argumentos que propuso en la demanda y en los alegatos de conclusión, con fundamento en los elementos de juicio obrantes en el expediente, a saber:

1. Los testigos no conocieron de quejas, denuncias o demandas que cursaran en contra del AMB por las actuaciones de la demandante, así como tampoco de llamados de atención o procesos disciplinarios adelantados en contra de la actora por el mal desempeño de sus funciones.

2. Del testimonio de la doctora Aura Carolina Parra Mora puede extraerse, desde su perspectiva, que la caducidad de la acción sancionatoria ambiental es de 20 años y que la etapa de investigación no tiene un término determinado en la Ley 1333 de 2019 , lo cual , debido al proceso de recaudo probatorio , podría extenderse por varios años.

3. No podría determinarse, bajo su óptica, la afectación al servicio público de dicha servidora, por cuanto los procesos a su cargo se encontraban en etapa de investigación. Además, porque la Subdirección Ambiental del AMB no tenía establecido ningún plan interno de trabajo o procedimiento administrativo en el que se definieran de manera clara y precisa los tiempos en que los funcionarios sustanciadores de los procesos debieran llev ar a cabo las actuaciones propias de cada una de estas investigaciones.

Iteró que la desvinculación estaba viciada de falsedad por motivos engañosos, dado

sustanciadores de los procesos debieran llev ar a cabo las actuaciones propias de cada una de estas investigaciones.

Iteró que la desvinculación estaba viciada de falsedad por motivos engañosos, dado que no existió prueba objetiva que permitiera determinar la afectación del servicio público y en atención a que el AMB no estableció un régimen de calificación del desempeño de los funcionarios nombrados en provisionalidad.

A su turno, no controvirtió los resultados del informe de auditoría, porque participó en el desarrollo del proceso. Lo que cuestionó fue la presunta afectación del servicio por los hallazgos obtenidos. En tal sentido, aclaró que sus argumentos se dirigieron a sostener que «no existió ni existe prueba con el (sic) cual pueda inferirse que la demandante afectó el servicio de alguna manera».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Por último, adujo que la norma aplicable no estableció un término procesal para emitir las decisiones dentro del trámite. En cuanto a ello, recordó que el término de caducidad de la acción sancionatoria ambiental es de 20 años, por lo que l a demandante no incurrió en incumplimiento alguno, ya que los procesos a su cargo se encontraban en la etapa de investigación, es decir, la entidad no había perdido el ejercicio de la potestad sancionatoria por razón del tiempo.

1.5. Trámite de segunda instancia

El expediente fue redistribuido por parte del Despacho 002 al Despacho 009 a cargo

el ejercicio de la potestad sancionatoria por razón del tiempo.

1.5. Trámite de segunda instancia

El expediente fue redistribuido por parte del Despacho 002 al Despacho 009 a cargo de la Magistrada ponente, conforme el Acuerdo PCSJA22.12026 del 15 de diciembre de 20227.

Con providencia del 7 de julio de 2022, se admitió el recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011 y, en la misma providencia, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

1.5.1. La parte demandante, no se pronunció.

1.5.2. La parte demandada, AMB8, aseguró que los reparos contra la sentencia de primera instancia no tienen asidero fáctico o jurídico . Asimismo, sostuvo que el apelante pretendía que el a quo compartiera y adhiriera a sus razonamientos.

Sin embargo, enfatizó en el hecho de que se podía apreciar que el juez realizó una minuciosa labor de e nlistar cada uno de los elementos probatorios y el sentido en que fueron utilizados como sustento de su decisión. En consecuencia, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

1.5.3. El Ministerio Público, guardó silencio.

7 «Por el cual se crean cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados administrativos del territorio nacional y se dictan otras disposiciones». 8 SAMAI. Índice 00012Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Martha Isabel Sánchez Rojas y otros

Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga

nacional y se dictan otras disposiciones». 8 SAMAI. Índice 00012Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala , en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia a los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual consiste en establecer si:

¿Son nulas las Resoluciones núm. 000152 del 15 de marzo de 2019 y 000357 del 06 de mayo de 2019 respectivamente, mediante las cuales se dispuso la terminación del nombramiento que en provisionalidad desempeñaba la señora MARTHA ISABEL SÁNCHEZ ROJAS , en el cargo de Profesional Universitario Código 219, Grado 15, de la planta de personal del AMB?

terminación del nombramiento que en provisionalidad desempeñaba la señora MARTHA ISABEL SÁNCHEZ ROJAS , en el cargo de Profesional Universitario Código 219, Grado 15, de la planta de personal del AMB?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado , la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial de

9 Art. 328 del CGP . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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la insubsistencia de los empleados en provisionalidad , (ii) la obligatoriedad del precedente y, (iii) valoración de las pruebas obrantes en el expediente.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De la insubsistencia de los provisionales

El artículo 125 de la Constitución Política 10 dispone que los empleos estatales son de carrera administrativa, exceptuando los de elección popular, libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que la Ley determine.

El artículo 125 de la Constitución Política 10 dispone que los empleos estatales son de carrera administrativa, exceptuando los de elección popular, libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que la Ley determine.

No obstante, ante la ausencia de personal en carrera administrativa que ocupe los cargos públicos en vacancia temporal o definitiva, se torna procedente el nombramiento en provisionalidad para proveerlos en los eventos que, se insiste, no sea posible hacerlo por el sistema de concurso, o por encargo con otro empleado de carrera.

Conviene entonces señalar, en cuanto al retiro de los provisionales, que durante la vigencia de la Ley 443 de 1998 fue pacífica la posición del H. Consejo de Estado11, en el sentido de que no resultaba necesario motivar el acto de desvinculación de los empleados nombrados bajo tal situación administrativa.

Sin embargo, dicha situación cambió con la expedición de la Ley 909 de 2004, normativa que, además de re stringir en forma drástica los nombramientos provisionales, otorgando prevalencia al encargo para proveer los empleos de carrera “mientras se surte el proceso de selección […] una vez convocado el respectivo concurso” , impuso el deber al nominador de motiv ar los actos administrativos de retiro de los provisionales.

10 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. // Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. // El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se

la ley. // Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. // El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. // El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. // En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción […]». 11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 13 de marzo de 2003. C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Rad. 4972-01. Posición reiterada en la sentencia del 4 de agosto de 2010. Rad. 0319-08.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Al respecto, la Sala Plena de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado 12, en consonancia con lo arriba señalado, reiteró que, si la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en provisionalidad se daba en vigencia la Ley 909 de 2004, tal resolución debía efectuarse a través de acto administrativo motivado, por medio del cual la Administración expresara las razones que llevaron a la toma de la decisión, aun cuando el nombramiento se hubiera efectuado en vigencia de la Ley 443 de 1998.

cual la Administración expresara las razones que llevaron a la toma de la decisión, aun cuando el nombramiento se hubiera efectuado en vigencia de la Ley 443 de 1998.

Lo anterior también se acompasa al precedente de la H. Corte Constitucional 13, el cual ha sido reiterativo en señalar que los empleados en pro visionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa , de tal suerte que, cuando carece de motivación el acto administrativo por medio del cual se declara la insubsistencia de su nombramiento, se desconocen y conculcan los principios constitucionales de igualdad, del mérito en el acceso a la función pública y