TA SAN - Sentencia 680013333015-2020-00194-02 (03-04-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, Tres (03) de abril del dos mil veinticinco (2025) RADICADO: 680013333015-2020-00194-02

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026800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: HUGO ALBERTO HERRERA SARMIENTO

fabian7borja@hotmail.com hugo.herrera@fiscalia.gov.co

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN.

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia - Confirma

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 033

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

la sentencia de primera instancia de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTESNulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Herrera Sarmiento

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333015-2020-00194-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

A. Posición de la parte demandante1

Solicita declarar la nulidad del oficio número 31200-20610-411 del 18 de diciembre de 2019 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación y la Resolución número 2-0659 del 19 de mayo de 2020, proferida por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, mediante las cuales se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales del demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos, oficio 3120020610-411 del 18 de diciembre de 2019 de la subdirección regional de apoyo nororiental y contra la resolución número 2-0659 del 19 de mayo de 2020 del subdirector de talento humano, mediante los cuales se les negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores que, por concepto de

nororiental y contra la resolución número 2-0659 del 19 de mayo de 2020 del subdirector de talento humano, mediante los cuales se les negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores que, por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías y demás, adeuda a mis poderdantes.

SEGUNDA: Se declare como factor salarial para mi poderdante la bonificación judicial desde el año 2013 en los periodos en que se desempeñó o desempeñe como empleado de la fiscalía.

TERCERA: Como restablecimiento del derecho ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con la inclusión de la bonificación judicial del decreto 0382 de 2013 como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el año 2013 para mi poderdante de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, viáticos, cesantías, intereses a las cesantías y cualquier otra prestación en los periodos en que se desempeñó o desempeñe como empleado de la fiscalía desde el día primero (01) de enero de 2013 en los periodos en que se desempeñó o desempeñe como empleado de la fiscalía hasta la fecha de la bonificación judicial,, adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $ 24.979.515.oo Cesantías aproximadas: Bonificación judicial desde el año 2013: $ 13.609.006.oo.oo

CUARTA: Ordenar que en adelante se sigan liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con la inclusión de la bonificación judicial en los periodos en que sea designado como empleado de la fiscalía.

poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con la inclusión de la bonificación judicial en los periodos en que sea designado como empleado de la fiscalía.

QUINTA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

SEXTA: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados d e acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera, ordenar que la demandada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 178 del C.C.A. (…)»

1 Expediente digital de OneDrive, 001. DEMANDA.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Herrera Sarmiento

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333015-2020-00194-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

El demandante es servidor de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Profesional Especializado II y devenga mensualmente la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013.

El demandante radicó petición el 8 de julio de 2019 ante la entidad demandada, solicitando la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

solicitando la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada profirió el oficio número 31200-20610-411 del 18 de diciembre de 2019, en la que negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el 10 de febrero de 2020.

Mediante resolución número 2-0659 del 19 de mayo de 2020 , la demandada confirmó lo resuelto en el oficio número 31200 -20610-411 del 18 de diciembre de 2019.

Como fundamento de derecho invocó los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53, 93, 116, 150, numeral 19, literal e, y 215, inciso 9 de la Constitución Política de Colombia, Ley 4 de 1992, Ley 270 de 1996 , Ley 482 de 1998, Ley 1437 de 2011, los artículos 14 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 717 de 1978, artículo 42 del Decreto Ley 1042 de 1976 , Decreto 0382 de 2013 , los convenios 095 y 100 de la OIT, y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

La Nación – Fiscalía General de la Nación 2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

2 Expediente digital de OneDrive, 004_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Herrera Sarmiento

pretensiones en los siguientes términos:

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Demandante: Hugo Herrera Sarmiento

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333015-2020-00194-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Sostuvo que las pretensiones carecen de sustento fáctico y jurídico, ya que los actos demandados se limitaron a cumplir el deber legal impuesto por el Decreto 0382 de 2013, el cual es plenamente válido y ajustado a la Constitución y la ley.

La entidad indicó que liquidó y pagó los salarios y prestaciones de sus funcionarios conforme a los decretos expedidos por el Gobierno nacional, los cuales prohíben modificar el régimen salarial o prestacional, en estricto cumplimiento de la Ley 4 de 1992.

Manifestó que otorgar un alcance superior a dichas disposiciones implicaría destinar recursos adicionales para cubrir necesidades no previstas, excediendo el presupuesto asignado y vulnerando el principio de sostenibilidad fiscal.

Precisó que el Decreto 0382 de 2013 tuvo su origen en un acuerdo de voluntades, fruto de las negociaciones del Gobierno Nacional con las asociaciones sindicales de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales fueron integral y ampliamente debatidas por las distintas partes.

C. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, mediante

de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales fueron integral y ampliamente debatidas por las distintas partes.

C. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 8 de julio de 2016, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor sal arial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024, por las razones expuestas.

TERCERO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: -Oficio 31200 -20610-411 del 18 de diciembre de 2019 profe rido por la Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la

Nación.

3Expediente digital de OneDrive, 027SentenciadePr_10SENTENCIABONIFICAC.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Herrera Sarmiento

Demandado: Fiscalía General de la Nación

3Expediente digital de OneDrive, 027SentenciadePr_10SENTENCIABONIFICAC.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Herrera Sarmiento

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333015-2020-00194-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander -Resolución 2-0659 del 19 de mayo de 2020 proferida por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor de HUGO ALBERTO HERRERA SARMIENTO, todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 8 de julio de 2016 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 0382 de 2013 hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento. Igualmente, deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado

CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado relacionadas con la constitucionalidad de la restricción del car ácter salarial, aplicación del mandato normativo, legalidad, cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debido y buena fe, por las razones expuestas

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO. –

SÉPTIMO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por los artículos 192 y 195 del CPACA».

Indicó que el Decreto 0382 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios consagrados en la Ley 4 de 1992, en la medida en qu e desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Manifestó que inaplicará la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de segurida d social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014

general de segurida d social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 202 4”, que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones,Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Herrera Sarmiento

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333015-2020-00194-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que el demandante presentó la reclamación administrativa el 8 de julio de 2019; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 8 de julio de 2016 se encuentran prescritas.

D. Recurso de apelación

La Nación – Fiscalía General de la Nación 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Fiscalía General de

instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0382 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El decreto que se pretende inaplicar se encuentra amparado por el principio de legalidad, al no haber sido derogado, ni declarado inconstitucional.

1. No existe aparte normativo alguno a niv el nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales que el mismo reciba.

1. La bonificación judicial surgió de un acuerdo negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales de los funcionarios judiciales, dentro de un marco de recursos previamente delimitado. En dicho acuerdo, se estableció que la bonificación tendr ía carácter salarial únicamente para efectos de cotización a los sistemas generales de

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander pensiones y salud, sin afectar otros factores salariales. Por lo tanto,

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander pensiones y salud, sin afectar otros factores salariales. Por lo tanto, ampliar su alcance contravendría los términos negociados.

1. La decisión vulneró el mandato de sos tenibilidad fiscal, toda vez que la sentencia objeto de controversia ordena otorgarle a dicha bonificación plena naturaleza salarial, lo que impactaría directamente la liquidación de prestaciones sociales y otros pagos laborales, generando un gasto adicional no contemplado en el presupuesto del Estado.

E. Pronunciamiento en segunda instancia

El Ministerio Público 5 sostuvo que debe confirmarse la sentencia de primera instancia, al considerar que la bonificación judicial establecida en el Decreto 0382 de 2013 constituye salario , al ser percibida de manera habitual y periódica por el demandante, como contraprestación directa por los servicios prestados a la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, señaló que, aunque el artículo 1° del Decreto 0382 de 2013 no ha sido derogado, existe jurisprudencia del Consejo de Estado que ha condenado a la demandada al reconocimiento y pago de dicha bonificación como factor salarial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problema jurídico

Para decidir si se debe confirmar o revocar la sentencia de primera instancia, se resolverá el siguiente interrogante que surge de los argumentos de impugnación de la parte demandada: ¿Hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia por qué; i) La Fiscalía General de la Nación, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y

resolverá el siguiente interrogante que surge de los argumentos de impugnación de la parte demandada: ¿Hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia por qué; i) La Fiscalía General de la Nación, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en el Decreto 0382 de 2013: ii) La inaplicación por inconstitucionalidad del decreto mencionado no resulta procedente en este caso particular, dado que no se estableció una contradicción directa con la Constitución, la norma sigue vigente y no ha sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional; iii) La ampliación del carácter salarial de la bonificación judicial

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander contraviene los términos del acuerdo negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales; y iv) O torgar plena naturaleza salarial a la bonificación judicial impactaría negativamente la sostenibilidad fiscal?

G. Tesis de la Sala

No, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos. La inaplicación del artículo 1 del Decreto 038 2 de 2013 no

para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos. La inaplicación del artículo 1 del Decreto 038 2 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio «in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, gara ntizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma q ue la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.

Además, la ampliación del carácter salarial de la bonificación no vulnera el acuerdo sindical, pues los derechos laborales son irrenunciables. La sostenibilidad fiscal no justifica la limitación de la contraprestación de los servidores públicos, conforme al artículo 334 de la Constitución.

H. Metodología de la decisión.

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 038 2 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; y v) La excepción de inconstitucionalidad.

liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; y v) La excepción de inconstitucionalidad.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico. Además, se llevará a cabo el estudio oficioso de la prescripción.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Herrera Sarmiento

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1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional , en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0382 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros efectos legales.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros efectos legales.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase (sic) para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla:

[…]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE ),Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Herrera Sarmiento

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.

Para el año 2019 y en adelante, el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sust ituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artícul os 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló:

"Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad." Del análisis de estas normas se llega a las siguientes conclusiones relevantes: ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

1. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen del Decreto 53 de

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

1. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen del Decreto 53 de 1993, Decreto 839 de 2012 y normas complementarias, el tope de la bonificación judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen.Nulidad y Restablecimiento del derecho

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Demandado: Fiscalía General de la Nación

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander ii. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su c arácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

1. Naturaleza salarial de la bonificación judicial Se enfatiza que la bonificación judicial, al ser pagada de forma periódica y permanente, constituye factor salarial para todos los e fectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito del Constituyente y del Legislador de "nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial". 1) Extralimitación del Gobierno nacional

El Gobierno nacional, al crear mediante el Decreto 0382 de 2013 una bonificación sin carácter salarial (excepto para cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones), se apartó del marco establecido por la Ley 4 de

El Gobierno nacional, al crear mediante el Decreto 0382 de 2013 una bonificación sin carácter salarial (excepto para cotizaciones