TA SAN - Sentencia 680013333015-2022-00155-01 (20-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER DISCIPLINARIO

DEMANDANTES

- EDWIN ALEXANDER AVENDAÑO MÉNDEZ,

identificado C.C. No. 1.093.754.939 - INGRID DALLANA JEREZ PEÑALOZA, identificada con

C. C. No. 1.095.829.999 - DILAN ALFONSO AVENDAÑO JEREZ, identificado con

registro civil No.1.098.766.639 y DANNY ALEXANDER

AVENDAÑO JEREZ

oviedoabg@gmail.com; edwin2304_@hotmail.com;

DEMANDADO

NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA

NACIONAL

desan.notificacion@policia.gov.co; leidy.alvarado1128@correo.policia.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680013333015-2022-00155-01

TEMA Caducidad del medio de control. La negativa del interesado a firmar la notificación de los actos administrativos no implica que la notificación haya sido ineficaz y que le sea inoponibles los actos. Las decisiones tomadas en el proceso disciplinario verbal, incluido el fallo, se notifican en audiencia, incluso si la parte

administrativos no implica que la notificación haya sido ineficaz y que le sea inoponibles los actos. Las decisiones tomadas en el proceso disciplinario verbal, incluido el fallo, se notifican en audiencia, incluso si la parte disciplinada no está presente. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunament e por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2024 por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se declaró probada la caducidad del medio de control.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones Los demandantes pretenden que se declare la nulidad de: (i) la Resolución No. 0225 del 23 de marzo de 2017, mediante la cual se dispuso retirar del servicio activo al señor EDWIN ALEXANDER AVENDAÑO MÉNDEZ por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional; (ii) la Resolución No. 01462 del 5 de abril de 2017, que ordenó suspenderlo del ejercicio de sus funciones y atribuciones y retener el 50% de su salario;

(iii) la Resolución No. 2116 del 12 de mayo de 2017, por la cual se ejecutó una sanción disciplinaria; (iv) la respuesta No. 051974 del 30 de diciembre de 2021, por medio de la cual la demandada negó su reintegro; y (v) la Resolución No. 00236 del 9 de febrero de 2022, en la cual se ordenó la devolución de los haberes retenidos durante el período de suspensión en el ejercicio de sus funciones. A título de restablecimiento del derecho, solicita su reintegro al cargo que venía

2022, en la cual se ordenó la devolución de los haberes retenidos durante el período de suspensión en el ejercicio de sus funciones. A título de restablecimiento del derecho, solicita su reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría, así como el reconocimiento del ascenso correspondiente. Además, pide que se ordene a la demandada el pago de las

1 Gestión de otros despachos. Índice 12 de SAMAI. Documento 001. LINK EXPEDIENTE DIGITAL ONEDRIVE(.pdf) Archivo: 001. DEMANDARADICADO: 680013333015-2022-00155-01

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siguientes sumas: Demandante Concepto Monto indemnizatorio Edwin Alexander Avendaño Méndez Perjuicios morales 100 SMLMV Perjuicios materiales $144.401.167, suma que corresponde al valor de los salarios dejados de percibir. Ingrid Dallana Jerez Peñaloza (cónyuge) Perjuicios morales 100 SMLMV Dilan Alfonso Avendaño Jerez (hijo) Perjuicios morales 50 SMLMV Dany Alexander Avendaño Jerez (hijo) Perjuicios morales 50 SMLMV Por último, pide que se condene en costas a la demandada.

Jerez (hijo) Perjuicios morales 50 SMLMV Dany Alexander Avendaño Jerez (hijo) Perjuicios morales 50 SMLMV Por último, pide que se condene en costas a la demandada.

2. Hechos El señor Edwin Alexander Avendaño Méndez narra que el 23 de marzo de 2017 fue capturado en su domicilio junto con su esposa, Ingrid Dallana Jerez Peñaloza, en un operativo de la Policía Nacional , por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento.

Señala que ese mismo día la Policía Nacional inició indagación preliminar en su contra por la presunta comisión de la falta gravísima prevista en el artículo 34.10 del Código Disciplinario Único, consistente en ejecutar una conducta tipificada como delito mientras se encontraba en situación de franquicia. Indica que, posteriormente, e l 5 de abril de 2017, la Policía Nacional expidió la Resolución No. 01462, mediante la cual lo suspendió en el ejercicio de sus funciones y ordenó la retención del 50 % de su sueldo básico , por haber sido privado de la libertad. Informa que el 24 de abril de 2017 la demandada emitió el fallo disciplinario de primera instancia, en el cual lo sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años, decisión que fue ejecutada mediante la Resolución No. 2116 del 12 de mayo de 2017. Manifiesta que, de manera paralela, la Policía Nacional expidió la Resolución No. 0225 del 23 de marzo de 2017 , por medio de la cual lo retiró del servicio activo, por razones del servicio.

Manifiesta que, de manera paralela, la Policía Nacional expidió la Resolución No. 0225 del 23 de marzo de 2017 , por medio de la cual lo retiró del servicio activo, por razones del servicio. Menciona que el 10 de agosto de 2020 el Juzgado Doce Penal del Circuito con Funciones de conocimiento de Bucaramanga lo absolvió de los cargos imputados en su contra, decisión que fue confirmada el 27 de septiembre de 2021, al concluir que no se probó que estuviera almacenando la sustancia incautada. Sostiene que, tras su absolución, el 18 de noviembre de 2021 le solicitó a la Policía Nacional su reintegro y el pago de los haberes dejados de percibir, sin embargo, la entidad negó su petición mediante el Oficio No. 051974 del 30 de diciembre de 2021. Finalmente, destaca que, a través de la Resolución No. 00236 del 9 de febrero de 2022, la Policía Nacional ordenó la devolución de los haberes retenidos , pero únicamente por el período comprendido entre el 31 de marzo de 2017 y el 4 de mayo de 2017, sin reconocer el tiempo posterior .

3. Normas violadas y concepto de violación Los demandantes consideran que con la expedición de los actos demandados se violaron: el Decreto 1716 de 2009, los artículos 68, 138 y 161 del CPACA.

Señalan que los actos administrativos demandados son ineficaces e inoponibles por falta de notificación , pues esta constituye un requisito indispensable para que produzcanRADICADO: 680013333015-2022-00155-01

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de notificación , pues esta constituye un requisito indispensable para que produzcanRADICADO: 680013333015-2022-00155-01

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efectos, conforme al artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, por lo que su ausencia le impidió al señor Edwin Alexander ejercer su derecho de defensa y contradicción. Resaltan que la única medida debidamente notificada fue la suspensión del ejercicio de sus funciones, mientras que el acto de retiro del servicio nunca fue formalmente comunicado, lo que afecta la legalidad de la decisión adoptada en contra del señor Edwin Alexander. Afirman que los actos administrativos demandados se basaron en hechos que posteriormente fueron desvirtuados en el proceso penal, dado que fue absuelto de los delitos imputados. Asegura que la administración desconoció esta nueva prueba y mantuvo su desvinculación sin valorar adecuadamente la decisión judicial que lo exoneró de responsabilidad. Consideran que, al demostrarse su inocencia, la justificación del retiro pierde validez, lo que configura una nulidad por falsa motivación. Para respaldar su argumento, cita n jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que cuando los motivos de un acto administrativo no corresponden a la realidad, el acto pierde su legalidad.

que configura una nulidad por falsa motivación. Para respaldar su argumento, cita n jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que cuando los motivos de un acto administrativo no corresponden a la realidad, el acto pierde su legalidad. Alegan que el retiro del servicio fue producto de una desviación de poder, pues la Policía Nacional utilizó la facultad discrecional como un mecanismo sancionatorio encubierto , sin que la decisión obedeciera a razones del servicio. Transcriben doctrina y jurisprudencia sobre la desviación de poder cuando el acto administrativo se expide con un fin distinto al previsto en la norma que lo habilita. Destacan que su retiro del servicio se fundamentó en un proceso penal en curso , sin existir una condena en firme, lo que desconoce su presunción de inocencia. Argumentan que la decisión no estuvo debidamente motivada, ni se ajustó a las normas que regulan el régimen disciplinario.

B. Contestación de la demanda 2

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional se opone a las pretensiones. Sostiene que los actos administrativos impugnados fueron expedidos conforme a las normas vigentes y, en consecuencia, gozan de presunción de legalidad. Argumenta que la demanda se presentó fuera del término legal, dado que los actos administrativos fueron expedidos en 2017 y han transcurrido más de cinco años desde su notificación y ejecución. Afirma que las resoluciones impugnadas fueron debidamente notificadas al señor Edwin Alexander , pese a que este se negó a firmar los documentos de notificación. Indica que en el expediente reposan constancias de entrega y que, en todo caso, se realizaron notificaciones por aviso, en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 1437 de

Edwin Alexander , pese a que este se negó a firmar los documentos de notificación. Indica que en el expediente reposan constancias de entrega y que, en todo caso, se realizaron notificaciones por aviso, en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Refiere que el retiro del demandante se fundamentó en la facultad discrecional de la Policía Nacional, conforme al Decreto 1791 de 2000, y que dicha decisión no exige una motivación específica, ni está condicionada a la existencia de una sanción penal o disciplinaria previa. Manifiesta que el demandante fue objeto de un proceso disciplinario que concluyó con una sanción de destitución e inhabilidad por 15 años, la cual está registrada en la Procuraduría General de la Nación. Asevera que esta sanción refuerza la legalidad del retiro y que el demandante no impugnó oportunamente las decisiones disciplinarias.

2 Gestión de otros despachos. Índice 1 2 de SAMAI. Documento 001. LINK EXPEDIENTE DIGITAL ONEDRIVE(.pdf) Archivo: 009. 24 NOVIEMBRE 2022. POLICIA NACIONAL CONTESTA DEMANDARADICADO: 680013333015-2022-00155-01

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Precisa que la resolución que ordenó la devolución de los haberes retenidos durante la suspensión se adoptó conforme a la normativa vigente y que la absolución del demandante en el proceso penal no implica que tenga derecho al reintegro , dado que su retiro es producto de una decisión autónoma, razón por la cual tampoco hay lugar al reconocimiento de una indemnización por perjuicios materiales y morales.

C. La sentencia apelada3

Mediante sentencia del 28 de junio de 2024 el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga declara la caducidad del medio de control. El a quo sostiene que la demanda fue presentada el 16 de junio de 2022, cuando ya había transcurrido el plazo de cuatro meses previsto en la norma para impugnar las Resoluciones Nos. 0225 del 23 de marzo de 2017 y 02116 del 12 de mayo de 2017. Destaca que, conforme al artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el término para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debe contarse desde la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo. Afirma que las resoluciones demandadas fueron debidamente notificadas al actor, ya sea por aviso o por conducta concluyente. Asimismo, reprocha la estrategia de defensa utilizada para desconocer la public idad desplegada por la administración con el fin de hacerle conocer las decisiones adoptadas en su contra. Asegura que la parte demandante intentó revivir los términos de caducidad mediante la

utilizada para desconocer la public idad desplegada por la administración con el fin de hacerle conocer las decisiones adoptadas en su contra. Asegura que la parte demandante intentó revivir los términos de caducidad mediante la petición presentada el 30 de diciembre de 2021, con la cual buscaba que la administración emitiera un nuevo pronunciamiento sobre su retiro, la sanción disciplinaria y otros aspectos relacionados con su situación laboral.

D. La apelación4

Los demandantes solicitan que se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Sostienen que el a quo se limitó a estudiar un solo acto administrativo y su notificación, sin analizar en debida forma los demás. Argumentan que esto afecta la seguridad jurídica y el principio de decaimiento de los actos administrativos particulares y concretos. Consideran que el juzgado erró al declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , porque aún se encontraba n en el término legal para impugnar los actos administrativos. Refiere n que existen dos actos: uno que fue notificado y otro que no, lo que sustenta la oportunidad de su demanda. Insisten en que los actos administrativos que ordenaron el retiro del servicio del señor Edwin Alexander y la ejecución de la sanción disciplinaria no fueron debidamente notificados. Destaca que, conforme a la normatividad aplicable, la notificación personal es un requisito esencial para la validez y oponibilidad de dichos actos. Afirman que la demandada no podía adelantar el proceso disciplinario en contra del señor Edwin sin una sentencia penal condenatoria. Agregan, en concordancia con lo anterior, que, al haber sido absuelto en sede penal, todo el proceso disciplinario que derivó en su

Afirman que la demandada no podía adelantar el proceso disciplinario en contra del señor Edwin sin una sentencia penal condenatoria. Agregan, en concordancia con lo anterior, que, al haber sido absuelto en sede penal, todo el proceso disciplinario que derivó en su retiro del servicio está viciado de nulidad por falsa motivación. Denuncian que su desvinculación no obedeció a razones del buen servicio, sino a un uso arbitrario y erróneo de la facultad discrecional de la administración , que buscó encubrir una sanción con base en hechos inexistentes. Manifiestan que, por lo anterior, su desvinculación del servicio y la negativa de su reintegro constituyen una vulneración a sus derechos fundamentales, ya que se le impuso una sanción sin el debido proceso.

3 Gestión de otros despachos. Índice 19 de SAMAI. Documento: 9Sentencia de Pr_SENTENCIA_202200155SENTENCIAPR(.pdf) 4 Gestión de otros despachos. Índice 19 de SAMAI. Documento: 10_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACIONA(.pdf)RADICADO: 680013333015-2022-00155-01

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E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 20 de septiembre de 2024 5 se admitió el recurso de apelación

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E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 20 de septiembre de 2024 5 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia y se corrió traslado a las partes para alegar, y al Ministerio Público para que presentara su concepto, de conformidad con el numeral 4º del artículo 247 del CPACA. Durante la oportunidad procesal el Ministerio Público y la parte actora guardaron silencio.

La entidad demandada6 solicita que se confirme la sentencia de primera instancia. Se ratifica en los argumentos de la contestación y reitera que la demanda se presentó fuera del término de los cuatro meses previsto s por la ley, esto es, cinco años después de la notificación de los actos administrativos. Afirma que las resoluciones No. 0225 del 23 de marzo y No. 2116 del 12 de mayo de 2017 se notific aron en debida forma al demandante . Explica que el actor recibió las copias físicas de los actos administrativos en el centro penitenciario, pero se negó a firmar la constancia de recibido , lo cual acredita el conocimiento de las decisiones. Agrega que la negativa del actor de firmar los actos no los invalida ni impide que se configure la caducidad del medio de control . Argumenta que el demandante también quedó notificado por conducta concluyente , pues el 30 de mayo de 2017 solicitó copias del fallo de primera instancia del proceso disciplinario, lo que demuestra su conocimiento del acto administrativo. Sostiene que los actos se encuentran ajustados a derecho, que la facultad discrecional de retiro se ejerció conforme a la normativa vigente y que no hay lugar a declarar la

disciplinario, lo que demuestra su conocimiento del acto administrativo. Sostiene que los actos se encuentran ajustados a derecho, que la facultad discrecional de retiro se ejerció conforme a la normativa vigente y que no hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas por falsa motivación o desviación de poder .

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su tesis Teniendo en cuenta los antecedentes, en especial, la sentencia de primera instancia y los argumentos del recurso de apelación, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Existe una indebida notificación de los actos administrativos y disciplinarios demandados, lo que los hace inoponibles al demandante y, por ende, no se debe tener en cuenta el término de caducidad para impugnar su legalidad en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?

Tesis: No Fundamento jurídico: Los actos administrativos y disciplinarios fueron debidamente notificados, por lo que resultan oponibles al demandante. La Policía Nacional agotó la citación para la notificación personal del acto de retiro del servicio activo del demandante y, ante su negativa de notificarse, procedió con la notificación por aviso, conforme al artículo 69 del CPACA.

La renuencia del demandante a firmar el recibido de la resolución no invalida la notificación del acto administrativo, ya que la notificación se entiende surtida con la entrega del acto al interesado, tal como lo establece la jurisprudencia, lo que garantiza

La renuencia del demandante a firmar el recibido de la resolución no invalida la notificación del acto administrativo, ya que la notificación se entiende surtida con la entrega del acto al interesado, tal como lo establece la jurisprudencia, lo que garantiza su oponibilidad y eficacia.

5 Índice 5 de SAMAI. Documento: 3AutoAdmiteRec_20220015501NyRDAutoA(.pdf) 6 Índice 10 de SAMAI. Documento: 4_MemorialWeb_Otro-20220155NREDWINA(.pdf) NroActua 10.RADICADO: 680013333015-2022-00155-01

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La resolución No. 01462 de 5 de abril de 2017, que ordenó la suspensión del ejercicio de sus funciones y la retención del 50% de su salario, fue debidamente notificada el 8 de abril de 2017, y la demanda se debía presentar antes del 9 de agosto de 2017. En cuanto al fallo disciplinario, cuando la actuación disciplinaria se lleva a cabo bajo el procedimiento verbal, la notificación de las decisiones se realiza por estrados, incluyendo el fallo, aun cuando la parte investigada no se encuentre presente. En este caso, el proceso disciplinario culminó con el fallo de primera instancia, el cual fue notificado por

procedimiento verbal, la notificación de las decisiones se realiza por estrados, incluyendo el fallo, aun cuando la parte investigada no se encuentre presente. En este caso, el proceso disciplinario culminó con el fallo de primera instancia, el cual fue notificado por estrados el 24 de abril de 2017, conforme a lo dispuesto en los artículos 106 y 179 de la Ley 734 de 2002 , por ende, era innecesario que la Policía Nacional hiciera otro tipo de notificación debido a la no comparecencia del disciplinado, dado que es deber procesal de la parte acudir a las diligencias que le han sido previamente notificadas. Por lo tanto, dado que la sanción disciplinaria quedó ejecutoriada el 24 de abril, su legalidad debía ser impugnada antes del 25 de agosto de 2017, so pena de que operara la caducidad. Sin embargo, el demandante no presentó la demanda dentro del término legal ni solicitó la conciliación extrajudicial para suspender el término de caducidad. En su lugar, dejó transcurrir más de cinco años y luego intentó revivir los términos mediante la solicitud de reintegro del 18 de noviembre de 2021, argumentando su absol ución en el proceso penal. La absolución penal del demandante no revivió el término para impugnar su retiro del servicio activo y la sanción disciplinaria , ya que estas decisiones no dependían del resultado del proceso penal. En consecuencia, los actos se debían demandar dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación, lo que no ocurrió en este caso.

C. Marco jurídico

1. Facultad discrecional de la Policía Nacional para retirar del servicio activo a un uniformado El artículo 218 de la Constitución Política establece que la ley definirá el régimen de

C. Marco jurídico

1. Facultad discrecional de la Policía Nacional para retirar del servicio activo a un uniformado El artículo 218 de la Constitución Política establece que la ley definirá el régimen de

carrera, prestacional y disciplinario de la Policía Nacional. En desarrollo de esta disposición, mediante la Ley 578 de 2000, el Congreso otorgó facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para reglamentar el régimen especial de carrera de la Policía, lo que dio lugar a la expedición del Decreto 1791 de 2000. En lo que concierne al caso objeto de estudio, el artículo 54 ibidem7, modificado por la Ley 857 de 2003, dispone que el retiro es la situación por la cual cesa la obligación del personal uniformado de prestar servicio, y refiere que se hará por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el director general de la Policía Nacional. Por su parte, el artículo 55 8 ibidem regula las causales de retiro, entre las que se encuentran, por solicitud propia del uniformado , el llamamiento a calificar servicios, la destitución y el retiro por voluntad del ministro de Defensa Nacional o del director general de la Policía Nacional, cuando este último actúe por delegación, en el caso del nivel ejecutivo y los agentes.

7 ARTICULO 54. RETIRO. Es la situación por la cual el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio. El retiro de los oficiales se hará por decreto del Gobierno; y el del nivel ejecutivo, suboficiales y agentes, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Director General de la Policía Nacional.

El retiro de los oficiales se hará por decreto del Gobierno; y el del nivel ejecutivo, suboficiales y agentes, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Director General de la Policía Nacional. El retiro de los oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales y en los demás grados en los casos de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, no superar la escala de medición del Decreto de evaluación del desempeño o muerte. modificado por la Ley 857 de 2003: ARTÍCULO 1o. RETIRO. El retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, es la situación por la cual este personal, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio. El retiro de los Oficiales se efectuará a través de decreto expedido por el Gobierno Nacional. El ejercicio de esta facultad, podrá ser delegada en el Ministro de Defensa Nacional hasta el grado de Teniente Coronel. El retiro de los Suboficiales se efectuará a través de resolución expedida por el Director General de la Policía Nacional. El retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales. La excepción opera igualmente en los demás grados, en los eventos de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, cuando no supere la escala de medición del decreto de evaluación del desempeño y en caso de muerte. 8 modificado por la Ley 857 de 2003. ARTICULO 55. CAUSALES DE RETIRO. El retiro se produce por las siguientes causales:

1. Por solicitud propia.

evaluación del desempeño y en caso de muerte. 8 modificado por la Ley 857 de 2003. ARTICULO 55. CAUSALES DE RETIRO. El retiro se produce por las siguientes causales:

1. Por solicitud propia.

2. Por llamamiento a calificar servicios.

3. Por disminución de la capacidad sicofísica.

4. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.

5. Por destitución.

6. Por voluntad del Gobierno para oficiales y del Ministro de Defensa Nacional, o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación, para el nivel ejecutivo, los suboficiales y los agentes.

7. Por no superar la escala de medición del Decreto de Evaluación del Desempeño Policial.

8. Por incapacidad académica.

9. Por desaparecimiento.

10. Por muerte.RADICADO: 680013333015-2022-00155-01

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Respecto del retiro por voluntad del Gobierno o del director general de la Policía, la norma9 establece que este se fundamenta rá en razones del servicio y se ejerc erá de manera discrecional, en cualquier momento de la carrera del uniformado , previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, en el caso de los oficiales, o de la Junta de Evaluación y Clasificación

manera discrecional, en cualquier momento de la carrera del uniformado , previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, en el caso de los oficiales, o de la Junta de Evaluación y Clasificación correspondiente, para los suboficiales. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado 10, el retiro por voluntad del Gobierno usualmente se deriva de la pérdida de confianza de la institución en el uniformado debido a actuaciones contrarias a la constitución y la ley, razón por la cual, la decisión se puede adoptar en cualquier momento de la carrera del servidor policial. Sobre esta causal, esa corporación11 ha precisado que constituye un mecanismo legítimo para garantizar el adecuado funcionamiento de la fuerza pública y que el buen desempeño del cargo no otorga una estabilidad laboral absoluta que limite la aplicación de esta facultad. Asimismo, ha dicho que su ejercicio no tiene carácter sancionatorio, sino que responde a razones de interés general y al mejoramiento del servicio. Además, que es independiente de la potestad disciplinaria, por lo que su aplicación no está supeditada a la existencia de una investigación previa ni impide que ambas figuras operen de manera simultánea. Ahora bien, en Sentencia de Unificación del 7 de abril de 2022 12 el Consejo de Estado precisó que la facultad discrecional de retiro debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) La recomendación de retiro del servicio de la respectiva junta asesora o de evaluación y clasificación, que sirve de sustento al acto administrativo definitivo, deberá estar respaldada en razones objetivas (sin visos de arbitrariedad o capricho), dejand o plasmado el estudio pertinente y completo que fundamente la sugerencia de desvinculación, de acuerdo con los

en razones objetivas (sin visos de arbitrariedad o capricho), dejand o plasmado el estudio pertinente y completo que fundamente la sug