TA SAN - Sentencia 680013333015-2023-00035-01 (27-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente: Dra. FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE: 680013333015-2023-00035-01

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos /list_procesos.aspx?guid=68001333301520230003 5016800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO

rafaelantoniogarciacacua@hotmail.com albarracincadenaabogados@gmail.com

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

notificaciones@santander.gov.co ca.gflorez@santander.gov.co cesarandrescarrillo14@gmail.com ln.vcalderon@santander.gov.co

TEMA: DERECHOS LABORALE S POR

DESVINCULACIÓN CON OCASIÓN DE

CONCURSO DE MÉRITOS – ACTO

SUSCEPTIBLE DE CONTROL - CADUCIDAD

MINISTERIO PÚBLICO nmgonzgalez@procuraduria.gov.co

Procede la Sala a proferir sentencia de segunda instancia dentro del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ejercido por el señor MIGUEL

JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO en contra del DEPARTAMENTO DE

SANTANDER.

I. ANTECEDENTES

A. Fundamentos fácticos

1. El señor MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO mediante Resolución

SANTANDER.

I. ANTECEDENTES

A. Fundamentos fácticos

1. El señor MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO mediante Resolución 024109 del 14 de diciembre de 2015 fue nombrado de manera provisional en el cargo de Secretario nivel asistencial, código 440 grado 1 en la subdirección de la planta de cargos administrativos para la prestación del servicio educativo en el Departamento2

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de Santander con cargo al sistema general de participaciones ; cargo en el que cumplió sus funciones de conformidad con el Decreto 111 del 30 de mayo de 2018.

2. Mediante Convocatoria 505 de 2017, la Gobernación de Santander convocó , a concurso de méritos , los empleos en vacancia definitiva provistos mediante nombramiento provisional o encargo.

3. Cumplidas con las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resol ución 4700 de fecha 13 de marzo del 2020 por medio del cual se conforman las listas de elegibles para proveer una vacante definitiva del empleo denominado secretario nivel asistencial código 440 grado 1 de la planta de cargos administrativos para la prestación del servicio educativo en el Departamento de Santander con cargo al sistema general de participaciones, proceso de selección No 505 de 2017.

4. La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante correo de fecha 26 de junio del 2020, comunicó la firmeza de la lista de elegibles, indicando que en los lugares de esta lista y para el cargo ocupado por el señor MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO lo ocuparía el elegible de dicha lista.

del 2020, comunicó la firmeza de la lista de elegibles, indicando que en los lugares de esta lista y para el cargo ocupado por el señor MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO lo ocuparía el elegible de dicha lista.

5. Mediante Decreto 0322 del 102 junio del 2020, el Gobernador de Santander dio p or terminado el nombramiento provisional de MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO del cargo de secretario nivel asistencial código 440 grado 01 de la planta de empleos de la Secretaria de Educación Departamental.

6. Mediante Sentencia del 10 de marzo de 2022 profe rida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección segunda – Subsección A , siendo Consejero Ponente el Honorable Magistrado Gabriel Valbuena Hernández, se declaró la nulidad del Decreto Departamental 111 de 2018 «Por medio del cua l se expide el manual de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la administración departamental y se dictan otras disposiciones».

7. Se presentó reclamación administrativa ante el Departamento de Santander, la cual fue negada a través del acto acusado.

B. Pretensiones

«1.- Que se declare la nulidad del Oficio de fecha 11 de noviembre del 2022 mediante la cual el DEPARTAMENTO DE SANTANDER dio respuesta desfavorable a la reclamación administrativa elevada donde se solicitó el pago de salarios, primas de servicios junto con su respectiva indexación desde el día 02 de junio del año 2020 hasta la presente fecha.

2.- Que se declare que el Departamento de Santander debe cancelar al señor

servicios junto con su respectiva indexación desde el día 02 de junio del año 2020 hasta la presente fecha.

2.- Que se declare que el Departamento de Santander debe cancelar al señor

MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO suma de CUARENTA MILLONES

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL N OVECIENTOS SETENTA Y TRES3

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PESOS ($40.255.973) por concepto de salarios y primas de servicios desde el 02 de junio del año 2020 hasta la fecha de presentación de la presente demanda.

3.- Que se declare que al momento del reconocimiento y pago de las sumas adeudadas, esta sean indexadas.

4.- Se ordene a Gobernación de Santander – Secretaria de Salud el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 187, 188 y 189 del CPACA. 5. - Se condene en costas y agencias en derecho si la parte demandada se opusiere a las pretensiones de la demanda».

C. Normas violadas y concepto de violación

Se invoca en la demanda que , con el actuar de la entidad demandada se han quebrantado derechos de rango legal y constitucional, tales como, el debido proceso administrativo, confianza legítima y desviación de poder consagrados en la Constitución Política de 1991.

Frente al principio de confianza legitima, predica su quebrantamiento, alegando que con la expedición del Decreto 111 de 2018 se vulneró los derechos y principios constitucionales a la buena fe, buscándose únicamente un interés que lleva a modificar las condiciones establecidas para los cargos de provisionalidad que

con la expedición del Decreto 111 de 2018 se vulneró los derechos y principios constitucionales a la buena fe, buscándose únicamente un interés que lleva a modificar las condiciones establecidas para los cargos de provisionalidad que actualmente ocupan varios de los funcionarios de la secretaria de salud del departamento de Santander. Que el Dep artamento de Santander varió algunas de las condiciones y/o requisitos exigidos para entrar al proceso de selección No 505 que convoca a concurso de méritos para cargos de naturaleza administrativa dentro de la secretaria de salud del Departamento de Santander.

Asegura que la administración en todo el procedimiento administrativo pasó por alto no solo el principio de la confianza legítima sino también los derechos constitucionales a la igualdad, estabilidad laboral reforzada y debido proceso administrativo, ya que dentro de los cargos sometidos a concurso se encuentran varios funcionarios que gozan de algunas discapacidades las cuales le da una protección especial y que hacen que su cargos no puedan ser sometidos a dicho concurso; sin embargo, afirma que e l Departamento de Santander obvio dichas situaciones, desconociendo estos derechos de protección especial y que están dentro de los mismos principio de la función administrativa y su procedimiento.

Invoca el vicio de desviación de poder, asegurando que, el Gobernador de Santander al emitir el Decreto 111 de 2018, por medio del cual se expide el Manual de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Administración Departamental de Santander, Secretar ia de Salud y se dictan otras disposiciones, unifica en un solo acto administrativo los decretos -sic-, lo que asegura, conlleva a una eminente desviación de poder en el entendido que dichas

Administración Departamental de Santander, Secretar ia de Salud y se dictan otras disposiciones, unifica en un solo acto administrativo los decretos -sic-, lo que asegura, conlleva a una eminente desviación de poder en el entendido que dichas disposiciones no son actos de compilación ni tiene como fin el me joramiento del servicio ni de las pantas de personal , puesto que es un acto donde únicamente se tomaron los decretos existentes y se pegaron sus consideraciones en este último,4

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mas no es un acto administrativo que reúne todos los requisitos que debe tener este tales como la voluntad administrativa, la cual es una condición sine qua non del acto, su razón de ser y que los elementos que lo materializan le atribuyen condiciones de existencia, validez y eficacia, de los que asegura carece el acto, lo que a su j uicio, configura la desviación de poder. Que, para el caso particular, los mismos elementos estructurales del acto administrativo carecen de validez por falta de uno de estos tales como son: sujeto, consentimiento, objeto y causa.

Asegura que todo lo anterior sirvió como fundamento para que el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 10 de marzo de 2022 declarara la nulidad del Decreto Departamental 111 de 2018, predicando así que, cuando la administración departamental expidió el acto administrativo de desvinculación del demandante, lo hizo con fundamento en el Decreto 111 de 2018, que fue la columna vertebral del concurso de méritos que realizó el Departamento de Santander, y a su juicio, al estar viciado este nace una nueva oportunidad por la existe ncia de un nuevo hecho para

hizo con fundamento en el Decreto 111 de 2018, que fue la columna vertebral del concurso de méritos que realizó el Departamento de Santander, y a su juicio, al estar viciado este nace una nueva oportunidad por la existe ncia de un nuevo hecho para que el demandante reclame la indemnización que se solicita a través del presente medio de control.

D. Contestación

La entidad demandada se opone a las pretensiones de la demanda, afirmando que, el acto administrativo proferido por el DEPARTAMENTO DE SANTANDER se ajusta a la legalidad de las normas en que se funda ; que no hay una sola norma que haya sido desconocida con la expedición del acto administrativo y que, mal podría pretender la parte demandante que se declare la nulid ad de un acto administrativo que no negó sus solicitudes, en primer lugar, por carecer de competencia esa entidad para efectuar de manera unilateral el concurso de méritos; y, en segundo lugar, porque la entidad que resolvió acorde con el lleno de los requisitos legales y por ende no se puede inaplicar.

Que las sentencias a las que hace alusión el apoderado de la parte demandante no se refieren al concurso abierto de méritos – Proceso de Selección No 505 de 2017 , sumado a que, el Departamento de Santander no conformó la lista de elegibles ni llevó a cabo el Proceso de Selección No. 505 de 2017, solamente cumplió con el deber legal de respetar lo s derechos adquiridos por los elegibles en firme ; lista de elegibles que invoca, dio como resultado el nombramiento en periodo de prueba de los elegibles y la terminación de unos nombramientos en provisionalidad, entre estos el de MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CA AMAÑO motivo por el cual, predica inviable

elegibles que invoca, dio como resultado el nombramiento en periodo de prueba de los elegibles y la terminación de unos nombramientos en provisionalidad, entre estos el de MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CA AMAÑO motivo por el cual, predica inviable la solicitud del actor, teniendo en cuenta la legalidad que conservan los Acuerdos de la Convocatoria de la CNSC, Proceso de Proceso de Selección No. 505 de 2017 – Santander.

Asegura que, la terminación del nombramiento provisional del actor se da por medio del Decreto 0322 del 02 de junio de 2020, « Por medio de la cual se realiza un nombramiento en periodo de prueba, y se da por terminado un nombramiento en provisionalidad» dentro de los cuales se encuentra la terminación del nombramiento provisional del señor MIGUEL JOAQUÍN CASTAÑO CAAMAÑO, en cumplimiento a lo ordenado por la CNSC, en razón al concurso de méritos adelantado por dicha5

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entidad en la Convocatoria 505 de 2017 -Santander, etapa qu e se dio terminada cancelando todos los pagos que se podían cobrar.

Con fundamento en lo anterior, invocó su falta de legitimación en la causa por pasiva, fundada en que no realizó el concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de la planta de personal de la Gobernación de Santander, Proceso de selección No. 505 de 2017; así como la caducidad del medio de control, predicando la presentación de la demanda por fuera del término legalmente previsto.

II. LA SENTENCIA APELADA

de 2017; así como la caducidad del medio de control, predicando la presentación de la demanda por fuera del término legalmente previsto.

II. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de primera instancia el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga declaró probada la excepción de caducidad formulada por el Departamento de San tander (numeral primero); declaró terminado el proceso (numeral segundo) y se abstuvo de condenar en costas (numeral tercero).

Como sustento de su decisión predicó que, para el demandante surgió una oportunidad de demandar su desvinculación del ente terri torial (contenida en el Decreto 0322 del 02 de junio de 2020) cuando el Consejo de Estado nulificó el Decreto 111 de 2018, ya que previo tal decisión, el acto administrativo mantenía incólume su presunción de legalidad, de modo que no le era posible discutir su retiro del servicio, dado que esto había ocurrido por haberse previsto por mérito el cargo que ocupaba en la planta global de empleos con ocasión de la Convocatoria 505 de 2017, y dentro de la cual se expidió el Decreto Departamental 111 de 2018.

Que al ser desvirtuada dicha presunción y a que la decisión judicial adoptó fuerza de cosa juzgada erga omnes, el interés jurídico para el señor MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO para solicitar de la Administración de Justicia el control de legalidad al Decreto 0322 del 02 de junio de 2020, surgió una vez quedó debidamente ejecutoriada la providencia en comento, iniciando así el término de caducidad del

legalidad al Decreto 0322 del 02 de junio de 2020, surgió una vez quedó debidamente ejecutoriada la providencia en comento, iniciando así el término de caducidad del medio de control de los cuatro (4) meses siguientes a tal actuación, conforme al literal d) del numeral 2° del artículo 164 del C.P.AC.A.

Que, conforme el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, la Sentencia del 10 de marzo de 2022 quedó debidamente ejecutoriada el día 07 de abril de 2022, por lo que, todas las personas que llegaran a considerar que sus derechos subjetivos fueron afectados por el Decreto 111 de 2018 y que fue declarado nulo con posterioridad a su expedición, tenían entre el 08 de abril de 2022 y el 08 de agosto de 2022 , para demandar ante esta Jurisdicción los actos administrativos de desvinculación; no obstante, el señor MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO sólo hasta el 15 de diciembre de 2022 inició el trámite conciliatorio ante el Ministerio Público y sólo hasta el 20 de febrero de 2023 interpuso la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, esto es, por fuera de la oportunidad legal para acudir en sede judicial para reclamar la nulidad y el restablecimiento del derecho.6

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Pese a lo anteriormente expuesto, consider ó posteriormente que, el acto administrativo a demandar, tal y como lo señaló la parte demandada, era el Decreto No. 0322 del 02 de junio de 2020 que desvinculó al actor, y no el Oficio del 11 de

administrativo a demandar, tal y como lo señaló la parte demandada, era el Decreto No. 0322 del 02 de junio de 2020 que desvinculó al actor, y no el Oficio del 11 de noviembre de 2022, ya que con el primero sí se extinguió la situación jurídico laboral de aquel para con el departamento de Santander, razón por la cual su contenido era pasible de control de legalidad; mientras que el segundo fue solo un intento del apoderado de la parte actora de revivir términos y así poder ener var el término de caducidad, actuación que el a-quo invocó, no permitiría, declarando en consecuencia, probado el medio exceptivo de caducidad propuesto por la parte demandada.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

El accionante invoca como tales los siguientes:

• El acto a demandar es el oficio de fecha 11 de noviembre del 2022, emitido en respuesta a reclamación administrativa interpuesta, como consecuencia del fallo del

H. Consejo de Estado del 10 de marzo del 2022, en el que declara nulo total el manual de funciones de la gobernación de Santander, Decreto 111 del 30 de mayo de 2018, lo que constituye un hecho nuevo emanado de una decisión judicial que tiene efectos jurídicos y afecta los derechos del actor, quien a la fecha de desvinculación no podía ejercer ninguna acción constitucional por su desvinculación, ya que no se encontraba dentro de las causales de estabilidad laboral reforzada y mucho menos el Decreto 111 del 30 de mayo de 2018 se encontraba nulo.

• Insiste en señalar que sí hubo mala fe admin istrativa de la administración departamental, afirmando además que, actualmente el concurso de méritos del

111 del 30 de mayo de 2018 se encontraba nulo.

• Insiste en señalar que sí hubo mala fe admin istrativa de la administración departamental, afirmando además que, actualmente el concurso de méritos del departamento de Santander, convocatoria 505, se encuentra demandada ante el H.

Consejo de Estado a espera de sentencia definitiva que permitiría refo rzar las pretensiones de la presente demanda.

• Se demanda un acto expreso que niega una solicitud administrativa, por lo cual no puede aplicarse la caducidad de cuatro (4) meses, más aún cuando la demanda fue presentada dentro del término concedido por la norma.

• El carácter de imprescriptibilidad se fundamenta en los principios de solidaridad, de igualdad material y de vida digna, agregando al respecto que, resulta injusto que se permita a la Administración enriquecerse con los recursos que deben cancelarse al empleado, máxime aun cuando, afirma, su desvinculación se dio bajo efectos de actos nulos de pleno derecho, los cuales constituyen un verdadero sustento en el momento en que se ve afectada su capacidad laboral.

• Predica que el derecho sustancial a obtener una suma a título de indemnización, no puede ser objeto del mencionado fenómeno de prescripción. Que al «rechazarse la demanda haciendo alusión el fenómeno de la caducidad», habría que concluirse entonces que, eventualmente tendrí a desde el punto de vista sustancial derecho a obtener una indemnización, pero que no podría hacerlo efectivo desde el punto de vista procesal, pues operó el fenómeno de la caducidad. Que hipotéticamente se podría declarar que operó el mencionado fenómeno pero que ello no implica que el actor haya perdido el derecho.7

vista procesal, pues operó el fenómeno de la caducidad. Que hipotéticamente se podría declarar que operó el mencionado fenómeno pero que ello no implica que el actor haya perdido el derecho.7

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• Una decisión en tal sentido , asegura, desconocería los principios de eficacia, economía y celeridad consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, además de desconocer los derechos fundamentales del trabajador, más aún cuando se encuentra en especiales condiciones de vulnerabilidad, toda vez que se pondría en peligro el mínimo vital, el derecho a la seguridad social y la vida digna, sumado a que sus derechos laborales constituye n un ahorro del trabajador y por lo tanto, el privársele de los mismos en beneficio de la administración, resulta injusto y puede constituir un enriquecimiento sin causa de esta.

• Finalmente, afirma que, de llegarse a aplicar de manera estricta el fenóm eno de la caducidad del Código Contencioso Administrativo, se haría nugatorio el derecho sustancial de una persona que requiere de una especial protección, a partir de una aplicación rigurosa de la normativa procesal, lo que , invoca, constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Sostiene que, en el artículo 228 de la Constitución Política se encuentra el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, el cual guarda concordancia con en el artículo 4 de la misma donde se encuentra el principio de prevalencia de la Constitución , solicitando tener en cuenta el fallo del Honorable Consejo de Estado de fecha catorce (14) de agosto de

sobre las formas, el cual guarda concordancia con en el artículo 4 de la misma donde se encuentra el principio de prevalencia de la Constitución , solicitando tener en cuenta el fallo del Honorable Consejo de Estado de fecha catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés (2023) , que asegura, persigue un caso idéntico y amplio respecto de los actos administrativos que afectaron los derechos individuales y que dan lugar a «admitir la demanda».

IV. INTERVENCIÓN SEGUNDA INSTANCIA

El término de que trata el numeral 4° del art. 247 de la Ley 1437 de 2011 venció en silencio. La señora Agente del Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema Jurídico

PJ 1 ¿Se configuró dentro del presente asunto la excepción de caducidad del medio de control, declarada por el a-quo?

En caso negativo, acometerá la Sala el estudio de fondo del asunto, estableciendo si:

PJ 2 ¿Los actos acusados se encuentran viciados de nulidad por desconocimiento de las normas en que debieron fundarse y/o desviación de poder, conforme lo alegado en la demanda?

PJ 3 ¿Procede el reconocimiento y pago, a favor del señor MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO de salarios y primas de servicios desde el 02 de junio del año 2020, en forma indexada?8

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2. Tesis de la Sala.

2020, en forma indexada?8

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2. Tesis de la Sala.

Al PJ 1: Sí, se configura la excepción de caducidad, razón por la que, la sentencia de primera instancia será confirmada , pero bajo las r azones que pasan a considerarse, relevándose la Sala de acometer el estudio de los demás problemas jurídicos planteados.

3. Argumentos de Sala de Decisión.

En orden a desatar el primer problema jurídico planteado, se referirá la Sala a la oportunidad para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento y a continuación, definirá el acto susceptible de control judicial dentro del presente asunto, para posteriormente, acometer el estudio del fenómeno de la caducidad, considerando al efecto los reproches de apelación formulados por el actor contra la sentencia de primera instancia que declaró probado dicho medio exceptivo.

3.1 De la oportunidad para el ejercicio del medio de control - caducidad

El H. Consejo de Estado en su reiterada jurisprudencia ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales se ejercen dentro de un término específico. Ha sostenido que dicho fenómeno ha de ser entendido como un límite y a la vez como una garantía, puntualizando que es «de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso,

certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar»1.

Así entonces, a los interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la Ley y, por ello, si esto no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho2. Por su parte, al juzgador le asiste el deber observar con apremiante cumplimiento su estructuración en todas las etapas del proceso, inclusive de oficio3.

1 Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Nicolás Yepes Corrales, cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), Referencia: Reparación Directa, Radicación: 13001333100420110027501 (53446), Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y Otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto).

Murillo y Otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto).

Reiterado en: i) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014 y ii) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435). 30 de agosto de 2017. 3 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Rad. 76001-23-31-000-2011-01595-01 (51078).9

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Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio.

En cuanto a la oportunidad para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA disp one que la demanda debe interponerse dentro de los 4 meses a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.

del derecho, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA disp one que la demanda debe interponerse dentro de los 4 meses a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.

En casos de retiro del servicio, la caducidad se contabiliza a partir de la ejecución del acto administrativo que desvincula, esto es, a partir de la fecha en que efectivamente fue retirado del servicio, porque es en este moment o en que el acto administrativo empieza a producir efectos4.

3.2 Del acto demandable y el ejercicio del medio de control -caso concreto

Las pretensiones de la demanda están dirigidas a obtener la nulidad del Oficio de fecha 11 de noviembre del 2022 expedido por la Directora Administrativa de Talento Humano del Departamento de Santander (PDF 002 pág. 9-16), por medio del cual se negó la sol icitud (PDF 002 pág. 5 -8) de reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales, con ocasión de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento que en provisionalidad desempeñaba el señor MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO , en el cargo de Secretario, Nivel Asistencial, Código 440, Graco 01 de la Planta de cargos administrativos para la prestación del servicio educativo en el Departamento de Santander , ordenada a través del Decreto 0322 del 2 de junio de 2020 (PDF 008 pág. 150-151).

Así, y en lo que respecta al acto demandable, esta Sala de Decisión establece que el acto administrativo a demandar no es el Oficio de fecha 11 de noviembre del 2022, a través del cual se dio respuesta a la reclamación administrativa presentada por el

Así, y en lo que respecta al acto demandable, esta Sala de Decisión establece que el acto administrativo a demandar no es el Oficio de fecha 11 de noviembre del 2022, a través del cual se dio respuesta a la reclamación administrativa presentada por el accionante; ello, por cuanto dicha decisión no creó, modificó o extinguió situación jurídica alguna para el señor MIGUEL JOAQUIN CASTAÑO CAAMAÑO , pues esta fue resuelta por medio del Decreto 0322 del 2 de junio de 2020 a través del cual se dispuso la terminación del vínculo legal y/o reglamentario que en provisionalidad desempeñaba, con miras a proveer en carrera administrativa la vacante definitiva del cargo que ocupaba - Secretario, Nivel Asistencial, Código 440, Graco 01-, en atención al Proceso de Sección 505 de 2017 – OPEC N° 25729 del Sistema General de Carrera Administrativa en la planta de personal de la Gobernación de Santander-.

En este punto conviene precisa r que , la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de carácter general no afecta situaciones consolidadas, ni los derechos reconocidos mediante acto administrativo de carácter particular y concreto bajo el amparo de la disposición general anula da, advirtiéndose sobre el particular

4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Providencia del 21 de octubre de 202 1. C.P. César Palomino Cortés. Rad. 20001-23-33-000-2019-00405-01 (1453-21).10

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que, el H. Consejo de Estado ha referido los efectos que produce la nulidad de los

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que, el H. Consejo de Estado ha referido los efectos que produce la nulidad de los actos administrativos generales, expresando lo siguiente5:

«El fallo de nulidad de un acto de carácter general no afecta situaciones consolidadas, esto quiere decir, que sus efectos ex nunc, pero s