TA SAN - Sentencia 680013333015-2024-00079-01 (03-09-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, tres (03) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos promovido por el señor Jaime Orlando Martínez García contra el Municipio de Floridablanca y la Propiedad Horizontal Valterra.

I. Antecedentes.

1. La demanda.

El ciudadano Jaime Orlando Martínez García presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra el Municipio de Floridablanca y la Propiedad Horizontal Valterra para que se acceda a las siguientes:

1.1. Pretensiones.

Se solicita en la demanda:

«1-Se decrete mediante sentencia que tanto el ente territorial, los propietarios de la piscina o el que corresponda, tiene de forma individual o en conjunto responsabilidad en los hechos de la demanda, se encuentran vulnerando los derechos colectivos de la s personas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas ortopédicos) al estar probado que al interior de la piscina (Técnicamente llamado “VASO”), inmersas en las leyes y normas a las personas adul tas, la piscina -vaso no permite que sea disfrutada por estas personas, no posee rampa peatonal con pasamanos para su acceso y para su salida, no posee algún sistema moderno eléctrico-mecánico, no posee ningún sistema idóneo o similar para permitir su acceso como para su salida de manera digna cumpliendo los principios

su salida, no posee algún sistema moderno eléctrico-mecánico, no posee ningún sistema idóneo o similar para permitir su acceso como para su salida de manera digna cumpliendo los principios Constitucionales a la IGUALDAD y AUTONOMÍA.

2-Se ordene mediante sentencia tanto al ente territorial o los propietarios de la piscina -vaso o al que corresponda, que en término no mayor a un (01) meses, se realicen todas las obras civiles idóneas para la restitución de los derechos colectivos vulnera dos de las personas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas ortopédicos), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, adecuando, instalando, Expediente: 680013333015-2024-00079-01

Medio de control: Protección de los Derechos e Intereses Colectivos

Demandante: Jaime Orlando Martínez García

derechoshumanosycolectivos@gmail.com derechoshumanosycolectivos@hotmail.com

Demandado: Municipio de Floridablanca

notificaciones@floridablanca.gov.co

Vinculado: Propiedad Horizontal Valterra

valterra2012@hotmail.com notificaciones@acevedosabogados.com

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos

nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Zona común - piscinas en propiedades horizontales no existe norma legal que disponga la instalación de rampas de acceso o algún sistema eléctrico -mecánico o similar al interior de las mismas.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333015-2024-00079-01

interior de las mismas.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333015-2024-00079-01

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construyendo los mecanismos técnicos, arquitectónicos para permitir el acceso y salida de estas personas en condiciones dignas para restituirles y facilitarles el uso y disfrute de la piscina-vaso, restituyéndoles sus derechos a la RECREACIÓN, al ESPARCIMI ENTO de forma individual autónoma o en familia, cumpliendo la Ley No.361 de 1997, el Decreto Nacional No.1538 de 2005, Ley No.1209 de julio 14 de 2008, Ley No.1346 de 2009, las Normas Técnicas Colombianas, la Convención Interamericana sobre la Protección d e los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015 y demás normas concordantes.

3-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda, el operador judicial dé un término prudencial no mayor a dos (02) mes al que corresponda, para que rinda informe escrito al despacho judicial manifestando el cumplimiento de la sentenc ia al terminar las obras, de no haberse presentado al final de este término el informe dando cumplimiento de la sentencia, tomar la presente pretensión como el trámite de incumplimiento previo a la posible apertura del incidente de desacato, vencido el termino de tiempo dado sin cumplir las órdenes de hacer iniciar de oficio como juez Constitucional el incidente de desacato, también expedir y trasladar con destino a la Fiscalía General de la Nación las piezas procesales idóneas para que se inicie el

de oficio como juez Constitucional el incidente de desacato, también expedir y trasladar con destino a la Fiscalía General de la Nación las piezas procesales idóneas para que se inicie el trámite por un posible FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL.

4-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda total o parcialmente, el operador judicial de un término prudencial no mayor a quince (15) días calendarios al que corresponda, para que constituya una POLIZA DE CUMPLIMIENTO por el val or de $15.000.000,oo (Quince millones de pesos), suma de dinero concordante y proporcional de acuerdo al valor de las obras a realizarcen por concepto de posible demolición, construcción, adecuación, de la piscina-vaso, póliza para garantizar la efectiva realización de las obras dentro del término de tiempo dado y evitando un eventual INCIDENTE DE DESACATO, petición anterior al observarse que en centenares sentencias de acciones populares que el accionado o responsable de las obras civiles no cumplen por lo general dentro del término dado y pasan años y años sin que cumplan, esperando el inicio y tramite de un posible incidente de desacato que dura en promedio uno (01) a (02) dos años o más años después del Fallo, donde finalmente el despacho judicial desest ima el desacato y no plica ninguna sanción por el incumplimiento. (Artículo 42 de la Ley No.472 de 1998 y demás normas concordantes al ser la demanda de índole Constitucional)

5-Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma individual a cada una de los numerales de las pretensiones y no en bloque.»

1.2. Hechos.

Constitucional)

5-Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma individual a cada una de los numerales de las pretensiones y no en bloque.»

1.2. Hechos.

El actor popular manifiesta los siguientes hechos:

1. Los propietarios de la piscina -vaso perteneciente al conjunto residencial

Valterra P.H. ubicado en la calle 36 # 22ª -108 en el Municipio de Floridablanca, no han realizado obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas, de infraestructura, para que las personas en situación de discapacidad motriz, física puedan disfrutar el interior de la piscina de referencia.

2. Precisa que incluso desde la fecha de la radicación de la petición mediante la el cual se solicitó la adecuación del vaso al interior de la piscina, a la fecha de radicación de la demanda, han transcurrido 17 meses sin que la piscina cuente con acceso diferente a las escaleras de acero inoxidable verticales 100% adherida a la pared, que garantice el acceso de las personas , familiares y amigos de los residentes sin mayor esfuerzo. Situación que en su sentir vulnera los derechos como la dignidad, integración familiar, integración social, igualdad y la salud.

2. Trámite procesal de primera instancia.

Realizado el reparto del medio de control el día 07 de mayo de 20241 correspondió al Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga quien

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mediante auto de fecha 16 de septiembre de 20242 admitió la demanda se ordena vincular a la propiedad horizontal Valterra y se concede el amparo de pobreza.

Efectuada la publicación del aviso en el micro sitio asignado al despacho en la página web de la Rama Judicial y con certificación expedida por el Secretario3. En audiencia del 27 de noviembre del 20244 se declara fallido el pacto de cumplimiento , se decretaron pruebas y corre trasladado a las partes y al Ministerio Público para alegar y rendir concepto de fondo respectivamente5.

De este trámite se destaca:

2.1. Contestación a la demanda.

2.1.1. Municipio de Floridablanca.

No presentó escrito de contestación de demanda.

2.1.2 Conjunto Residencial Valterra P.H.6

Concurre al trámite mediante apoderado judicial para estructurar su defensa sobre la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144 del CPACA, pues afirma que el actor no formuló requerimiento previo alguno dirigido a la copropiedad ni justificó la excepción por peligro inminente. Por lo anterior, solicita que se rechacen las pretensiones por improcedencia y, en subsidio, que se nieguen por ausencia de fundamento fáctico y jurídico.

Frente a los hechos, niega que la piscina del conjunto vulnere derechos colectivos o imponga barreras a personas con discapacidad. Expone que el acceso a la zona

ausencia de fundamento fáctico y jurídico.

Frente a los hechos, niega que la piscina del conjunto vulnere derechos colectivos o imponga barreras a personas con discapacidad. Expone que el acceso a la zona húmeda es en un solo nivel, cuenta con “zona de playa” y escaleras con pasamanos que permitirí an un ingreso cómodo y seguro; sostiene, además, que varias afirmaciones del actor son apreciaciones subjetivas o materias propias del control del Municipio (inspección y vigilancia urbanística).

Agrega que el proyecto cumplió las normas urbanísticas vigentes al momento de su construcción y que, de existir falencias, serían atribuibles al constructor o a las autoridades que aprobaron el licenciamiento; así rechaza la aplicación del artículo 52 de la Ley 361 de 1997 por tratarse de un bien de propiedad privada no abierto al público.

En oposición a las pretensiones, afirma que no hay prueba siquiera sumaria de una afectación real a la colectividad; además c uestiona la viabilidad de los plazos solicitados (uno o dos meses) y de exigencias como la constitución de pólizas, pues resalta que, cualquier intervención en una propiedad horizontal requiere decisión de la asamblea, disponibilidad presupuestal y, de ser el caso, cuotas extraordinarias.

2 Samai índice 00002 Primera Instancia 3 Samai índice 00024 Primera Instancia 4 Samai índice 00040 Primera Instancia 5 Samai índice 00032 Primera Instancia 6 Samai índice 00008 Primera InstanciaTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333015-2024-00079-01

6 Samai índice 00008 Primera InstanciaTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333015-2024-00079-01

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Propone, como excepciones de mérito, la inexistencia de vulneración a derechos colectivos por falta de daño, peligro o amenaza y por ausencia de nexo causal entre la conducta del conjunto y el supuesto menoscabo; la ineptitud argumentativa por incumplimiento de la carga de la prueba del artículo 30 de la Ley 472 de 1998; la improcedencia de la acción popular por versar realmente sobre intereses o derechos de un grupo determinado de copropietarios o usuarios; la falta de legitimación por activa del actor; y la sujeción de la copropiedad al régimen de la Ley 675 de 2001, que exige decisión de asamblea para cualquier obra. Alega, además, mala fe del demandante por uso abusivo del mecanismo, y falta de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto la eventual irregularidad provendría de las actuaciones del Municipio en ejercicio de sus funciones de control.

2.2. Ministerio Público.

No presentó concepto.

3. Providencia apelada7.

Mediante sentencia de fecha 19 de diciembre de 2024 el Juzgado Quince Oral Administrativo de Bucaramanga declara no probadas las excepciones presentadas por la propiedad horizontal Valterra y deniega las pretensiones planteadas por el actor popular.

Sin embargo, en el trámite procesal advirtió la vulneración de derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas, a partir de lo manifestado por el Jefe de la Oficina de

popular.

Sin embargo, en el trámite procesal advirtió la vulneración de derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas, a partir de lo manifestado por el Jefe de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo del municipio de Floridablanca en oficio 1101 del 07 de octubre de 2024 por medio del cual informa que «el Conjunto Residencial Valterra no cuenta con el certificado de cumplimiento de las normas de seguridad en piscinas», así como en los hallazgos realizados por la Secretaria de Salud del muni cipio de Floridablanca en visita de inspección sanitaria realizada el 24 de septiembre de 2024.

«TERCERO: DECLARAR que la PROPIEDAD HORIZONTAL VALTERRA y el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA vulneraron de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas al no cumplir con las normas mínimas de seguridad en piscinas -previstas en la Ley 1209 de 2008 y sus decretos reglamentarios - tendientes a brindar seguridad y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes, problemas de salud y proteger la vida de los usuarios en lo que respecta a las conclusiones, recomendaciones y comprom isos previstos en Acta de Inspección Sanitaria.

CUARTO: AMPARAR los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, de conformidad con las razones expuestas en precedencia.

QUINTO: ORDENAR a la PROPIEDAD HORIZONTAL VALTERRA a los residentes de su copropiedad la implementación de las medidas y dispositivos de seguridad en piscinas en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1209 de 2008, sus decretos reglamentarios y las Normas

copropiedad la implementación de las medidas y dispositivos de seguridad en piscinas en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1209 de 2008, sus decretos reglamentarios y las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, REALIZANDO las gestiones necesarias e integrales para: a. cargar resultados de laboratorio desde enero hasta la fecha y en adelante cada mes para llevar a cabo el control respectivo; b. Contar con instructivo para tratamiento de agua de piscina, c. implementar la ficha técnica de los productos de limpieza de la piscina; d. realizar en forma periódica el análisis microbiológico del agua de la piscina, e. crear un punto ecológico para la adecuada separación de los residuo s, Lo anterior en un plazo máximo de SEIS (06) MESES siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. En consideración de las conclusiones, recomendaciones y compromisos previstos en Acta de Inspección Sanitaria, a fin de obtener el certificado de cumplimiento.

7 Samai índice 00047 primera instanciaTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333015-2024-00079-01

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SEXTO: ORDENAR AL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA para que dentro de los SEIS (06) MESES siguientes a la expiración del término referido en los numerales anteriores y a través del equipo técnico idóneo conformado por LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y LA SECRETARÍA DE SALUD ejerzan y acrediten las actividades de inspección,

equipo técnico idóneo conformado por LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y LA SECRETARÍA DE SALUD ejerzan y acrediten las actividades de inspección, vigilancia y control dispuestos en la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005, Ley 1209 de 2008, la Ley 1618 de 2013 y sus decretos reglamentarios, conform e sus compet encias y procedimientos. Finalizado el término concedido, el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA allegará informe con la respectiva constancia de cumplimiento, so pena de incurrir en desacato con la imposición de las sanciones previstas en la Ley.

SEPTIMO: SIN CONDENA en costas conforme lo previsto en la parte considerativa.

OCTAVO: CONFÓRMESE un Comité de Verificación que será presidido por la PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA y estará conformado por el ACCIONANTE, el ALCALDE DE FLORIDABLANCA y LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y LA SECRETARÍA DE SALUD, que deberá vigilar el estricto cumplimiento de la presente orden judicial, ADVIRTIENDO a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA que deberá rendir un primer informe al finalizar el SEXTO (6) MES siguiente a la ejecutoria de la sentencia y de forma sucesiva un informe de seguimiento SEMESTRAL hasta lograr el cabal cumplimiento de la orden judicial. ADVIÉRTASE que el incumplimiento de la orden judicial impartida en esta sentencia, los hace acreedores de multas que se podrán imponer hasta por 50 salarios mínimos mensuales, conmutables en arresto hasta de 6 meses, o de conformidad a lo dispuesto por el

sentencia, los hace acreedores de multas que se podrán imponer hasta por 50 salarios mínimos mensuales, conmutables en arresto hasta de 6 meses, o de conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la ley 472 de 1998.

NOVENO: La PROPIEDAD HORIZONTAL VALTERRA allegara la respectiva constancia de cumplimiento dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la ejecutoria de la sentencia, so pena de incurrir en desacato con la imposición de las sanciones previstas en la Ley.»

En cuanto agencias y costas en derecho explica que conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 en concordancia con el artículo 365.8 del C.G.P. sólo habrá lugar a costas, cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

Expresó además que debe examinarse la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses. Que en el caso concreto no se advirtió mala fe, temeridad, ni uso indebido o arbitrario de los instrumentos procesales atribuible a la entidad, así como tampoco su causación más aún cuando al actor le fue concedido amparo de pobreza.

4. Recurso de apelación8.

Inconforme con la decisión de primera instancia el actor popular expresa que está no garantizó de manera práctica y económica la accesibilidad al “vaso” de la piscina para personas con movilidad reducida. Sostiene que el juez debió priorizar una medida sencilla y eficaz que materializara la igualdad y la inclusión en el uso de la piscina por

personas con movilidad reducida. Sostiene que el juez debió priorizar una medida sencilla y eficaz que materializara la igualdad y la inclusión en el uso de la piscina por lo que, en su sentir, debió ordenar la instalación de “peldaños” dentro del estanque como medida principal de accesibilidad, y solo de forma complementaria otras escaleras, resaltando que esa solución es intrínsecamente incluyente y de fácil ejecución.

Como soporte técnico, afirma haber identificado la Norma Técnica Colombiana NTC5760, que, según expone, exige escalones dentro del agua para asegurar ingreso y salida con seguridad y comodidad. Narra que esta norma no fue considerada porque se aportó una certificación de ICONTEC que habría negado la existencia de estándares

8 Samai índice 0049 primera instanciaTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333015-2024-00079-01

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aplicables; por ello tilda ese documento de “fraude procesal” y pide su nulidad, aportando incluso la factura de compra de la NTC como respaldo.

Desde el prisma de la accesibilidad, sostiene que la medida de peldaños concreta los principios de progresividad e inclusión y constituye una “acción afirmativa” al amparo de la Ley 1618 de 2013. Subraya que no requiere demoler lo existente sino adicionar elementos al interior del estanque, lo que haría más seguro y digno el acceso para los grupos protegidos por la demanda.

En el plano económico, insiste en que la solución es de bajo costo financiable bien sea

elementos al interior del estanque, lo que haría más seguro y digno el acceso para los grupos protegidos por la demanda.

En el plano económico, insiste en que la solución es de bajo costo financiable bien sea con una cuota extraordinaria mínima prorrateada entre copropietarios o, para evitar ese trámite, con cargo parcial al “fondo de imprevistos” previsto en el artículo 35 de la Ley 675 de 2001. Incluso sugiere donaciones o actividades comunales como alternativas de recaudo.

Critica la razón por la cual no se otorga protección reforzada a las personas con discapacidad tal y como se dispone en los artículos 13 y 47 de la Constitución Nacional tal y como lo expresa la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del año 2010 y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado del año 2013 sobre el deber del juez de identificar los derechos colectivos comprometidos, respetar la congruencia e impulsar la eficacia de los principios constitucionales iura novit curia.

El impugnante solicita que en segunda instancia se reconozcan y liquiden costas y agencias en derecho a su favor. Aporta como soporte de gastos una factura por la NTC-5760 ($118.500) y funda su pretensión en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en armonía con el artículo 361 del CGP y la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2019. Sostiene que en acciones populares la condena en costas comprende expensas, gastos y agencias, incluso si litiga en causa propia y sin abogado, y que las agencias deben fijarse con base en las tarifas del Consejo Superior

costas comprende expensas, gastos y agencias, incluso si litiga en causa propia y sin abogado, y que las agencias deben fijarse con base en las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, ponderando la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada.

Como sustento fáctico, afirma que no renunció a costas y destaca su actuación proactiva: presentó derecho de petición, demanda, asistió a la audiencia de pacto de cumplimiento y formuló alegatos de conclusión. Frente al amparo de pobreza otorgado en el auto admisorio, argumenta que no excluye el derecho a agencias en derecho, por cuanto dicho auto no lo restringió; que contrario a ello, negar su reconocimiento vulneraría sus derechos.

En consecuencia, pide que en alzada se condene en costas con agencias, e invoca un precedente del Juzgado 15 de fecha 19 de diciembre de 2019 donde, por iura novit curia, se decretaron de oficio agencias en un caso similar, solicitando igual tratamiento.

5. Trámite en segunda instancia

Por auto de fecha 25 de febrero de 202 59 fue admitido el recurso de apelación interpuesto por el actor popular, posteriormente mediante proveído de fecha 08 de abril de 202510 se niega la práctica de pruebas en segunda instancia y se ordena correr

9 Samai índice 00004 10 Samai índice 0015Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333015-2024-00079-01

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traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emita concepto de fondo.

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traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emita concepto de fondo.

Destacándose lo siguiente:

5.1. Actor Popular11 .

Solicita confirmar las órdenes de hacer impartidas en primera instancia y adicionarlas para que se cumpla expresamente la NTC -5760 como referente técnic o de accesibilidad en piscinas -vaso-, al considerar que las acciones populares, por su naturaleza constitucional, habilitan decisiones ultra y extra petita cuando se acreditan vulneraciones a derechos colectivos.

Afirma que, a partir de los elementos técnicos allegados, se evidencian anomalías que afectan a personas con discapacidad, temporal o permanente y a adultos mayores, por lo que corresponde imponer medidas incluyentes y progresivas tal y como se indica en la Ley 1618 de 2013. Sostiene que sí existen estándares aplicables conforme a la NTC5760 y la Resolución 1510 de 2011 del Ministerio de Salud y Protección Social, además de apoyarse en un informe de Curaduría Urbana en caso análogo, para afirmar que las reglas de accesibilidad son exigibles también en copropiedades privadas señaladas en la Ley 1209 de 2008 en su artículo 17.

Como prueba sobreviniente, el actor relata gestiones ante ICONTEC que habrían permitido identificar y adquirir la NTC -5760 y sostiene que la primera instancia fue inducida en error al otorgar validez decisiva a certificaciones que negaban la existencia de normas técnicas aplicables; por ello, solicita desestimar o tener por inexistentes tales certificaciones.

inducida en error al otorgar validez decisiva a certificaciones que negaban la existencia de normas técnicas aplicables; por ello, solicita desestimar o tener por inexistentes tales certificaciones.

Finalmente, pide condena en costas y agencias en derecho a su favor, con fundamento en el art. 38 de la Ley 472 de 1998, en armonía con el art. 361 del CGP y la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado de 6 de agosto de 2019, destacando su actuación diligente durante el proceso.

5.2. Municipio de Floridablanca.

No presentó alegatos de conclusión.

5.3 Conjunto Residencial Valterra P.H.12

Solicita confirmar el segundo numeral de la sentencia proferida en primera instancia, mediante el cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Solicita se confirme la negativa de las pretensiones por improcedencia de la acción popular y ausencia de vulneración probada de derechos colectivos. Reitera las excepciones propuestas en la contestación de la demando calificando de mala fe la conducta del actor por demandas genéricas y soporte probatorio insuficiente al recurrir imágenes satelitales borrosas . Con base en ello, solicita confirmar la sentencia y denegar las pretensiones, puntualizando que no existe obligación técnico -legal de

11 Samai índice 0021 12 Samai índice 00020Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333015-2024-00079-01

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rampas o sistemas electromecánicos en piscinas de uso privado ni evidencia de

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rampas o sistemas electromecánicos en piscinas de uso privado ni evidencia de afectación colectiva.

De acuerdo a lo anterior solicita confirmar el segundo punto de la sentencia en primera instancia, la cual deniega las pretensiones invocadas en la demanda.

5.4. Ministerio Público.

No presentó concepto.

II. Consideraciones de la Sala.

Surtidas a cabalidad las etapas legales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado y como quiera que los presupuestos procesales se encuentren satisfechos, procede la Sala a dictar la sentencia de segunda instancia.

Aspecto previo. Manifestación de Impedimento.

Enconándose el asunto de la referencia para efectuar pronunciamiento de fondo se allega manifestación de impedimento efectuada por la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, quien considera estar incursa en la causal de impedimento contemplada en el numeral 3º del art. 130 de la Ley 1437 de 2011, en el sentido de advertir que hermano se desempeña en la actualidad como Secretario del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Floridablanca, cargo de nivel directivo y de libre nombramiento y remoción, situación que considera puede afectar la percepción de imparcialidad que se espera de la Magistrada.

Así, atendiendo a las manifestaciones efectuadas por la H. Magistrada, considera la Sala que para el caso bajo estudio se configura la causal de impedimento aludida atendiendo a que dentro del extremo pasivo se demanda al Municipio de Floridablanca;

Así, atendiendo a las manifestaciones efectuadas por la H. Magistrada, considera la Sala que para el caso bajo estudio se configura la causal de impedimento aludida atendiendo a que dentro del extremo pasivo se demanda al Municipio de Floridablanca; razón por la cual la Sala estima procedentes los motivos invocados por la doctora Claudia Ximena Ardila Pérez , por lo que se aceptará el impedimento manifestado, al configurarse la causal 3ª del artículo 130 del CPACA.

Así las cosas, se hace preciso apartar a la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez del conocimiento de la presente acción, en aras de preservar la imparcialidad en la función judicial.

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer de los recursos interpuestos, dada la naturaleza de la providencia impugnada, conforme lo dispone el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problemas jurídicos.

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por el actor popular y lo expuesto en la sentencia de primera instancia, considera la Sala que en el presente asunto se plantean dos problemas jurídicos:Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333015-2024-00079-01

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El primero consiste en establecer su ¿Debe modificarse la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda al encontrarse acreditado que la piscina del conjunto r esidencial Valterra ubicado en la calle 36 No. 22ª-108 del

El primero consiste en establecer su ¿Debe modificarse la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda al encontrarse acreditado que la piscina del conjunto r esidencial Valterra ubicado en la calle 36 No. 22ª-108 del Municipio de Floridablanca no cuenta con un elemento arquitectónico o mecánic