TA SAN - Sentencia 680013333015-2025-00023-01 (24-02-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, marzo dieciocho (18) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Exp. No. 680013333015-2025-00023-01

ACCIÓN: TUTELA ACCIONANTE: ISRAEL ARIAS GAMBOA en nombre propio y en representación legal de la SOCIEDAD LA

ELSY LTDA

israarias2011@hotmail.com minlaelsy@hotmail.com

ACCIONADO: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE

procesosjudiciales@minambiente.gov.co LCMontenegroD@minambiente.gov.co grsierrab@minambiente.gov.co

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

notijudiciales@minenergia.gov.co dcsandovalr@minenergia.gov.co

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VETAS

personeria@vetas-santander.gov.co

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS

AMBIENTALES

PROCURADURIA 24 JUDICIAL II PARA

ASUNTOS AMBIENTALES MINERO

ENERGETICOS Y AGRARIOS DE

BUCARAMANGA

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co asuntosambientales@procuraduría.gov.co ariverab@procuraduria.gov.co

DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL

SANTANDER

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA

LA DEFENSA DE LA MESETA DE

BUCARAMANGA – CDMB

notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co seyca@cdmb.gov.co nelson.chang@cdmb.gov.co

SANTANDER

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA

LA DEFENSA DE LA MESETA DE

BUCARAMANGA – CDMB

notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co seyca@cdmb.gov.co nelson.chang@cdmb.gov.co

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co cgr@contraloria.gov.co ada.millares@contraloria.gov.co notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co

COADYUVANTE: MUNICIPIO DE VETAS

gobierno@vetas-santander.gov.co contactenos@vetas-santander.gov.co alcaldia@vetas-santander.gov.co

LINK EXPEDIENTE:

2025-00023-01

Se decide IMPUGNACIÓN interpuesta por la parte accionante, contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 24 de febrero de 2025, y radicada y repartida al Despacho PonenteSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333015-2025-00023-01

2 el 5 de marzo de 20251, previa la siguiente reseña:

La Demanda

Pretensiones:

El accionante las refiere de la siguiente manera:

“Con base en los argumentos y hechos expuestos en el presente escrito, se solicita respetuosamente al Honorable Juez Constitucional que ampare y garantice la protección de los siguientes derechos fundamentales:

1. Derecho de petición ii. Debido proceso iii. Igualdad iv. Participación
2. Seguridad jurídica vi. Libre desarrollo de la personalidad vi. Protección a la diversidad cultural

protección de los siguientes derechos fundamentales:

1. Derecho de petición ii. Debido proceso iii. Igualdad iv. Participación
2. Seguridad jurídica vi. Libre desarrollo de la personalidad vi. Protección a la diversidad cultural vii. Vida digna viii. Libertad de escoger profesión u oficio ix. Derechos adquiridos
3. Reconocimiento como sujeto de derechos

Por lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable Juez Constitucional:

1. La exclusión de los Títulos Mineros 13779 y 0089 -68 de las Zonas de Reserva Temporal y de la delimitación de páramo, en cumplimiento de los acuerdos establecidos en la concertación con las comunidades y en garantía de lo ordenado en la Sentencia T-361 de 2017.

Esta solicitud tiene como finalidad garantizar la continuidad de la actividad minera de pequeña escala, desarrollada por Israel Arias Gamboa y su familia, en un marco de sostenibilidad, con estricto cumplimiento de las normativas ambientales y mineras vigentes.

Asimismo, se solicita el reconocimiento del derecho al uso múltiple del suelo en dicha área, dado que los mencionados títulos mineros cuentan con los instrumentos ambientales y mineros que respaldan su legalidad y viabilidad ambiental.

2. Ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) que emita una respuesta de fondo a la solicitud presentada, con Radicado número

2024E1065970 el 17 de diciembre de 2024 abordando de manera clara y definitiva los argumentos sobre la delimita ción del área y la exclusión de los Títulos Mineros 13779 y 0089 -68 de cualquier afectación en los procesos de delimitación de

los argumentos sobre la delimita ción del área y la exclusión de los Títulos Mineros 13779 y 0089 -68 de cualquier afectación en los procesos de delimitación de determinantes ambientales, por Páramo y por áreas de reserva temporal.

Dicha pretensión se fundamenta en la vulneración del derecho fundamental de petición, dado que el Ministerio no ha emitido respuesta dentro de los términos legales al derecho de petición radicado mediante el número 2024E1065970 el 17 de diciembre de 2024.

3. Solicitamos el reconocimiento de los mineros tradicionales que operamos en los títulos mineros con Licencias de Explotación números 13779 y 0089 -68 como sujetos de derecho, con base en las características ambientales, socioculturales y económicas que, por siglos, han sustentado a generaciones con arraigo y tradición minera en el municipio de Vetas.

En coherencia con el trato dado a los procesos de formalización minera, donde los títulos destinados a tal fin han sido excluidos de las Zonas de Reserva Temporal,

1 Según la información reportada en el sistema gestión judicial SAMAISentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333015-2025-00023-01

3 solicitamos nuestra exclusión de dicha clasificación, garantizando así nuestro derecho a la igualdad, al recibir el mismo reconocimiento otorgado a otros mineros en circunstancias similares. Nuestra actividad es tradicional, ancestral y legalmente amparada, y su exclusión de esta restricción garantizaría la continuidad de una minería responsable, que ha eliminado el uso de mercurio y ha demostrado su compromiso con el desarrollo sostenible, así como con la preservación de los

amparada, y su exclusión de esta restricción garantizaría la continuidad de una minería responsable, que ha eliminado el uso de mercurio y ha demostrado su compromiso con el desarrollo sostenible, así como con la preservación de los recursos hídricos y naturales de la región.

Reafirmamos que este reconocimiento es esencial para proteger los derechos de las comunidades mineras tradicionales y evitar que las restricciones a nuestra actividad legal propicien el ingreso de minería ilegal, con sus conocidas consecuencias negativas para el medio ambiente y la sociedad.

4. Que se ordene al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible excluir dentro de la declaratoria de Zona de Reserva Temporal a los títulos mineros 13779 y 008968 con sus respectivas plantas de beneficio operativas, y se excluyan de cualquier afectación de páramo, en cumplimiento de la Sentencia T -361 de 2017 de la Corte Constitucional que cita los dos títulos mineros 13779 y 0089-68.

6. Con fundamento en la importancia de la protección de los derechos fundamentales involucrados en el presente asunto, y en atención al impacto que la nueva determinante de Zonificación de Reservas Temporales – ZRT genera sobre la actividad minera tradicio nal y ancestral, respetuosamente solicito la intervención de la Personería Municipal de Vetas, la Procuraduría delegada para asuntos ambientales, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, en el ámbito de sus competencias, a fin de garantizar que se respeten los principios de debido proceso, legalidad y concertación previamente acordada con la comunidad minera.”

Hechos.

General de la República, en el ámbito de sus competencias, a fin de garantizar que se respeten los principios de debido proceso, legalidad y concertación previamente acordada con la comunidad minera.”

Hechos.

Como sustento de su solicitud de amparo, refiere que, durante la última década, el Ministerio de Ambiente no ha logrado establecer una delimitación definitiva de los páramos en Colombia. Sin embargo, en 2024, esta entidad propuso una Resolución para declarar Zonas de Reserva Temporal (ZRT) sin contar con la participación de las comunidades afectadas. De acuerdo con la cartografía publicada por el Ministerio, la delimitación propuesta impactaría directamente los Títulos Mineros 13779 y 0089-68, generando preocupación en el sector minero.

Aunque el Ministerio afirmó que el proceso se encontraba en una etapa de observaciones, en la práctica, omitió garantizar una participación efectiva. La delimitación se basó en la Resolución 2090 de 2014, la cual había sido anulada por la Corte Constitucio nal mediante la Sentencia T -361 de 2017. La Corte había ordenado la realización de una nueva delimitación en un plazo de un año, con plena participación de las comunidades, lo cual no se cumplió. En lugar de acatar esta directriz, el Ministerio revivió la delimitación de 2014 y la utilizó para restringir aún más la actividad minera, sin considerar la normatividad vigente ni el derecho a la participación de los afectados.

En este contexto, el accionante presentó un Derecho de Petición en el que expuso la afectación directa sobre los Títulos Mineros 13779 y 0089 -68. Sin embargo, suSentencia de Segunda Instancia

participación de los afectados.

En este contexto, el accionante presentó un Derecho de Petición en el que expuso la afectación directa sobre los Títulos Mineros 13779 y 0089 -68. Sin embargo, suSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333015-2025-00023-01

4 solicitud no fue respondida, evidenciando la falta de garantías en el proceso de delimitación. A pesar de que la Resolución menciona que los titulares con instrumento ambiental vigente pueden continuar trabajando, la incertidumbre jurídica generada por la utilización de una delimitación anulada ha puesto en riesgo la estabilidad de la actividad minera en la región.

El 17 de diciembre de 2024, el accionante radicó un oficio ante el Ministerio solicitando que los Títulos Mineros 13779 y 0089 -68 fueran excluidos de la delimitación. Dicha solicitud fue sustentada con argumentos técnicos y documentales, pero tampoco obtuv o respuesta. Además, el formato de observaciones habilitado por el Ministerio no permitía exponer casos detallados, lo que convirtió el Derecho de Petición en el mecanismo idóneo para presentar su situación específica.

El 10 de febrero de 2025, se cerró el periodo de observaciones sin que el Ministerio respondiera la petición del accionante. Ante la inminente consolidación de la Resolución, se interpuso la acción de tutela con el fin de evitar que los efectos de la delimitación vulneraran los derechos fundamentales de los titulares mineros. La tutela busca corregir las irregularidades derivadas de la cartografía utilizada para las Zonas de Reserva Temporal, la cual reproduce los efectos de la Resolución 2090

delimitación vulneraran los derechos fundamentales de los titulares mineros. La tutela busca corregir las irregularidades derivadas de la cartografía utilizada para las Zonas de Reserva Temporal, la cual reproduce los efectos de la Resolución 2090 de 2014, a pesar de su anulación por la Corte Constitucional.

El impacto de esta delimitación es significativo, ya que restringe progresivamente las áreas disponibles para la minería. Según el análisis presentado, el Título Minero 13779 se reduciría de 16 hectáreas a solo 2 hectáreas, mientras que el Título 008968 pasaría de 8,9 hectáreas a aproximadamente 6 hectáreas. Esta reducción y la fragmentación de las áreas concesionadas afectarían la viabilidad técnica de la explotación minera, poniendo en riesgo su continuidad.

El accionante fundamenta su solicitud en el hecho de que la actividad minera en la zona tiene un carácter ancestral, legal y sostenible. Tanto la Sociedad La Elsy Ltda. como Minera Trompetero Ltda., titulares de los títulos en cuestión, cuentan con los permisos mineros y ambientales vigentes. Sin embargo, la imposición de ZRT sin una concertación real con los afectados vulnera el principio de confianza legítima, el debido proceso y el derecho a la estabilidad jurídica.

En términos constitucionales, esta medida desconoce el derecho a la propiedad y a la libertad de empresa, así como el principio de desarrollo sostenible. La falta de respuesta a las solicitudes del accionante y la imposición de restricciones sin concertación efectiva constituyen una vulneración de derechos fundamentales,Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333015-2025-00023-01

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respuesta a las solicitudes del accionante y la imposición de restricciones sin concertación efectiva constituyen una vulneración de derechos fundamentales,Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333015-2025-00023-01

5 generando una incertidumbre jurídica que afecta tanto la actividad minera como el sustento de numerosas familias en Vetas, Santander.

Por estas razones, a través de la acción de tutela, se solicita la intervención del juez constitucional para garantizar la protección de los derechos fundamentales afectados y la corrección de las irregularidades cometidas en el proceso de delimitación.

Contestación a la Demanda

La Procuraduría 24 Judicial II Ambiental y Agraria, informó que tras analizar lo expuesto por la parte accionante y las manifestaciones de la comunidad en diversas reuniones realizadas en los municipios donde se pretende declarar la Zona de Reserva Temporal en el costado occidental del Macizo de Santurbán, destaca que ejerció su función preventiva en la etapa de consulta del proyecto de resolución. En este contexto, acompañó las sesiones de diálogo y presentación del proyecto con el objetivo de garantizar el derecho a la participación ciudadana y facilitar que la comunidad expresara sus inquietudes, solicitudes, observaciones, inconformidades y acuerdos, promoviendo así un proceso participativo efectivo.

La Personería municipal de Vetas , manifiesta no tener conocimiento de la radicación del derecho de petición presentado por el accionante ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). En este sentido, solicita que se valore la prueba obrante dentro del proceso, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015, en especial lo dispuesto en su artículo

de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). En este sentido, solicita que se valore la prueba obrante dentro del proceso, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015, en especial lo dispuesto en su artículo

14. Respecto a la presunta vulneración de otros derechos fundamentales, considera que su afectación se origi na en la falta de garantía del derecho constitucional a la participación ambiental, protegido en el artículo 79 de la Constitución Política. En este marco, manifiesta su respaldo a las pretensiones del accionante.

La Contraloría General de la República , solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela, argumentando falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia de vulneración de derechos fundamentales. La entidad aclara que no tiene competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de la acción de tutela. Asimismo, sostiene que el accionante no ha presentado ninguna solicitud ante la Contraloría relacionada con el asunto en discusión. Finalmente, enfatiza que los hechos expuestos por el accionante buscan obtener respuestas y acciones por parte de una entidad que no tiene injerencia en la materia objeto de debate.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333015-2025-00023-01

6 El Ministerio de Minas y Energía ¸ manifiesta que no tiene conocimiento de los hechos planteados en la acción de tutela, ya que no es mencionado en los mismos. Señala que su función es la formulación de políticas macro y no la supervisión de actos administrativos de entidades autónomas. Des taca que ninguna de sus competencias incluye garantizar los derechos fundamentales en este caso en particular, conforme al artículo 121 de la Constitución, que prohíbe a las autoridades

actos administrativos de entidades autónomas. Des taca que ninguna de sus competencias incluye garantizar los derechos fundamentales en este caso en particular, conforme al artículo 121 de la Constitución, que prohíbe a las autoridades ejercer funciones distintas a las es tablecidas por la ley. En consecuencia, solicita desestimar las pretensiones del accionante, al no existir relación de causalidad entre su actuación y la presunta vulneración de derechos fundamentales.

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, declara no tener conocimiento del derecho de petición radicado por el accionante ante el MADS bajo el número 2024E1065970. Explica que los asuntos mencionados en dicha solicitud no están dentro de sus competencias, ya que se refieren a la delimitación de l Páramo de Santurbán y la declaración de Zonas de Reserva Temporal, aspectos regulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en virtud del Decreto 044 de 2024 y el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011. Por lo anterior, solicita su desvinculación del proceso de tutela, argumentando falta de legitimación en la causa por pasiva.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de su apoderada judicial, se opone a las pretensiones de la acción de tutela. Sostiene que la radicación mencionada por el accionante no constituye un derecho de petición, sino comentarios presentados en el marco de la consulta pública del proyect o de Resolución mediante la cual se declara una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el Macizo de Santurbán. En este sentido, aclara que no puede dar trámite a dicha radicación conforme a la Ley 1755

Resolución mediante la cual se declara una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el Macizo de Santurbán. En este sentido, aclara que no puede dar trámite a dicha radicación conforme a la Ley 1755 de 2015, ya que la respuesta de fondo solo podrá emitirse una vez finalizado el proceso de consulta pública, de acuerdo con el procedimiento establecido en la matriz "F -M-INA-25 Publicidad e Informe de Observaciones y Respues ta de los Proyectos Específicos de Regulación".

La entidad subraya que los comentarios recibidos en la consulta pública deben ser analizados integralmente para determinar su pertinencia en la modificación o ajuste del proyecto de resolución. En consecuencia, reitera que la radicación hecha por el accionante no constituye un derecho de petición, sino una observación dentro de la consulta pública, y que la respuesta de fondo se dará conforme al procedimiento administrativo correspondiente.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333015-2025-00023-01

7 Finalmente, el Ministerio invoca el Decreto 2591 de 1991, argumentando que la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario para la protección inmediata de derechos fundamentales, y en este caso, no se encuentra probada la vulneración de tales derechos, lo que hace improcedente la acción de tutela.

La Defensoría del Pueblo Regional Santander y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales. No contestaron la demanda

Sentencia de Primera Instancia

Fue proferida el 24 de febrero de 2025 por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, quien resolvió denegar la solicitud de amparo, la

Sentencia de Primera Instancia

Fue proferida el 24 de febrero de 2025 por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, quien resolvió denegar la solicitud de amparo, la A quo consideró que, al analizar los elementos probatorios, el despacho verificó la existencia del documento radicado por el accionante, contrastándolo con los registros del Ministerio de Ambiente, el cual lo categorizó como parte del proceso de consulta pública y no como un derecho de petición autónom o. Asimismo, se constató que la consulta pública se encontraba en curso y que su finalidad era permitir la recepción y evaluación de comentarios antes de la expedición del acto administrativo definitivo.

En este sentido, el A quo concluyó que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante. Se determinó que el trámite seguido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ajustó a la normativa aplicable en la elaboración de actos administrativos de carácter general, respetando los principios de publicidad, participación y debido proceso administrativo. En consecuencia, no se configuró una omisión por parte de la entidad demandada ni se evidenció la transgresión de los derechos fundamentales alegados.

La Impugnación

La Parte Accionante impugna la sentencia de tutela de primera instancia argumentando que el fallo desconoce la vulneración de los derechos fundamentales de petición y participación ambiental, al considerar que las solicitudes presentadas formaban parte de un trámite especial de formulación normativa y no podían ser resueltas mediante la acción de tutela.

En primer lugar, sostiene que la decisión judicial minimiza el alcance del derecho a

formaban parte de un trámite especial de formulación normativa y no podían ser resueltas mediante la acción de tutela.

En primer lugar, sostiene que la decisión judicial minimiza el alcance del derecho a la participación ambiental (artículo 79 de la Constitución Política), reduciéndolo a unSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333015-2025-00023-01

8 mecanismo meramente consultivo sin efectos vinculantes, lo que desvirtúa su esencia y deja a las comunidades mineras tradicionales sin garantías reales de incidencia en las decisiones que afectan su territorio y sustento.

Asimismo, la parte accionante resalta que varias entidades estatales, entre ellas la Personería Municipal de Vetas y la Alcaldía de Vetas, han reconocido la afectación de los derechos fundamentales de los mineros tradicionales, enfatizando que la consulta ambiental implementada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no cumplió con los estándares de participación efectiva. Pese a estos pronunciamientos, el juez de primera instancia se limitó a validar la existencia de un trámite administrativo sin evaluar si realmente garantizó la participación de la comunidad afectada.

Además, cuestiona que la Procuraduría, aunque acompañó las reuniones de consulta, no realizó un análisis sustantivo sobre si este proceso cumplió con las exigencias constitucionales y convencionales en materia de participación ciudadana. En este sentido, s e señala que la simple realización de reuniones no equivale al cumplimiento efectivo del derecho a la participación, especialmente cuando las opiniones de la comunidad no son vinculantes ni inciden en la toma de decisiones.

Por otro lado, la parte accionante enfatiza que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

equivale al cumplimiento efectivo del derecho a la participación, especialmente cuando las opiniones de la comunidad no son vinculantes ni inciden en la toma de decisiones.

Por otro lado, la parte accionante enfatiza que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible omitió dar respuesta de fondo a los derechos de petición presentados, lo que constituye una vulneración directa del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución y en la Ley 1755 de 2015. A pesar de la solicitud expresa de información sobre la afectación de los Títulos Mineros 13779 y 0089-68, la entidad se limitó a incluir las observaciones en la matriz de consulta sin pronunciarse de manera clara sobre las preocupaciones planteadas.

En consecuencia, la parte accionante solicita la revocatoria del fallo de primera instancia y que, en su lugar, se ordene al Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible:

1. Emitir una respuesta clara, de fondo y completa a los derechos de petición radicados, garantizando el acceso a la información solicitada.

2. Reconocer a los mineros tradicionales de los Títulos Mineros 13779 y 008968 como una comunidad con identidad cultural y laboral consolidada, cuyo ejercicio de la minería constituye un patrimonio socioeconómico y cultural del municipio de Vetas.Sentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 680013333015-2025-00023-01

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3. Abstenerse de declarar Zonas de Reserva Temporal hasta tanto se garantice una delimitación clara y precisa del páramo, sustentada en estudios técnicos, jurídicos y sociales concertados con las comunidades afectadas.

Finalmente, la impugnación subraya la necesidad de adoptar un enfoque garantista

una delimitación clara y precisa del páramo, sustentada en estudios técnicos, jurídicos y sociales concertados con las comunidades afectadas.

Finalmente, la impugnación subraya la necesidad de adoptar un enfoque garantista que proteja los derechos fundamentales de la comunidad minera, asegurando su efectiva participación en los procesos que inciden en su modo de vida y en la sostenibilidad de su actividad productiva.

En un escrito adicional, solicitó ante esta Corporación se suspendieran provisionalmente los efectos d e la Resolución No. 0221 de 2025, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

CONSIDERACIONES

Acerca de la Competencia

Esta Corporación es competente para decidir el recurso de impugnación objeto de esta providencia, en virtud del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Problema Jurídico

Atendiendo a los argumentos de impugnación expuestos por el accionante, la Sala de Decisión determinará si: ¿Vulneró el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los derechos fundamentales de petición y participación ciudadana de los mineros tradicionales y demás actores involucrados, al expedir la Resolución No. 0221 de 2025, sin garantizar un proceso de concertación efectivo y sin dar respuesta clara y de fondo a las solicitudes presentadas en el marco de la consulta pública?

Tesis: Si.

Solución a los Problemas Jurídicos Planteados

La acción de tutela ha sido concebida como un mecanismo preferente y sumario para la defensa inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, lo cual implica que su efectividad radica en la posibilidad de que el Juez, si encuentra que

La acción de tutela ha sido concebida como un mecanismo preferente y sumario para la defensa inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, lo cual implica que su efectividad radica en la posibilidad de que el Juez, si encuentra que en realidad existe la vulneración o la amenazada por quien pide protección, imparta una orden para que aquel contra quien se dirige la acción actúe o se abstenga de hacerlo.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333015-2025-00023-01

10 Como requisitos que deben cumplir las contestaciones de los derechos de peticiones elevados por los ciudadanos, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes parámetros2:

“(i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado; (iii) y, finalmente, tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de estos ingredientes conllevará a la vulneración del goce efectivo de la petición, lo que en términos de la jurisprudencia conlleva a una infracción seria al principio democrático.”

Conforme lo anterior , a través de la Sentencia 361 de 2017 el Máximo Tribunal Constitucional revocó parcialmente los fallos emitidos por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander, a la par que ordenó la nueva delimitación del Páramo de Santurbán por parte del Ministerio d e Ambiente y Desarrollo Social; en consecuencia, dejó sin efecto la Resolución 2090 de 2014 - “Por medio de la cual

Administrativo de Santander, a la par que ordenó la nueva delimitación del Páramo de Santurbán por parte del Ministerio d e Ambiente y Desarrollo Social; en consecuencia, dejó sin efecto la Resolución 2090 de 2014 - “Por medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones – Santurbán –Berlín y se adoptan otras determinaciones”, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al expedirse sin la participación de los accionantes y, en general, de los demás afectados con la decisión, donde sostuvo que:

“…La Sala Octava de Revisión es consciente que los habitantes de Vetas, California y Suratá tienen la calidad de mineros y de habitantes de la zona. Ello advierte una visión de territorialidad que debe ser expuesta en instancias de participación en el procedimiento de delimitación del páramo y en las determinaciones que los perturba, como podría suceder con la prohibición de realizar actividades mineras en los nichos paramunos. Se espera que con el diálogo se pueda llegar a una gestión concertada que maximice la eficacia de la gobernanza ambiental, al proteger el ecosistema y garantizar la satisfacción de necesidades básicas de los habitantes de la región…”

Entonces, aunque el accionante insiste en que se le ordene al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible excluir su s títulos mineros con placas números 13779 y 0089-68 de esa delimitación, realmente no resulta procedente por esta vía, pues en dicha providencia la Corte Constitucional dispuso que “Una vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elabore la decisión con base en los insumo s

pues en dicha providencia la Corte Constitucional dispuso que “Una vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elabore la decisión con base en los insumo s recogidos en las fases anteriores, esa entidad establecerá un plazo razonable para que la colectividad formule observaciones, directamente o por medio de sus representantes, contra el proyecto de Resolución que delimita el páramo en cuestión. La cartera ministerial analizará dichos juicios y emitirá una determinación final”, de tal forma que se brindó una oportunidad a los involucrados para formular las observaciones que consideren pertinentes, a fin de defender sus intereses.

2 Sentencia T-172-2013Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333015-2025-00023-01

11 En concreto, dadas las directrices de la H. Corte Constitucional para cumplir el deber de informar a la ciudadanía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo