TA SAN - Sentencia 68081-33-33-001-2022-00240-01 (05-06-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, cinco (05) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68081333300120220024001

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN

DEMANDANTE: NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL

notiifcacionesjudiciales@mineducacion.gov.co ministerioeducacionballesteros@gmail.com

DEMANDADO: OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ

osenjaji@hotmail.com agualimipia21@gmail.com

MINISTERIO PUBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No. 127

TEMA: PAGO DE SANCIÓN MORATORIA – ACUERDO

TRANSACCIONAL – ELEMENTOS DE LA

REPETICIÓN – CONFIRMA SENTENCIA – Otros

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2024 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

1.1.1. Hechos1 La entidad demandante señaló que uno de los objetivos del Fondo Nacional de

reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

1.1.1. Hechos1 La entidad demandante señaló que uno de los objetivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es el de garantizar el control de los recursos,

1 Documento al No. 01 del índice de SAMAIPrimera instanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

2

con el fin de cumplir con sus obligaciones en materia prestacional. Es así como la Ley 962 de 2005, estableció el procedimient o de reconocimiento y pago de estas prestaciones sociales.

Precisó que, tanto los funcionarios de la Fiduprevisora S.A. como vocera y representante del Fondo Nacional d e Prestaciones Sociales del Magisterio, y la Secretaría de Educación del Municipio de Barrancabermeja, tramitaron y pagaron las cesantías de los siguientes docentes: Mariela Rincón de Amaris, María Deogracia Campo Cantillo, María Cristina Andrade Nino, Vlad imir Navarro Atencia, Elizabeth Morano Páez y José Francisco Saavedra Arrieta.

Asimismo, señaló que el demandado, en su condición de secretario de educación del Municipio de Barrancabermeja2, incumplió con sus deberes constitucionales y legales, generándose así una mora en el trámite y con ello, la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, a favor de los docentes ; por ende, se generó un detrimento patrimonial y un daño injustificado a la entidad demandada.

generándose así una mora en el trámite y con ello, la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, a favor de los docentes ; por ende, se generó un detrimento patrimonial y un daño injustificado a la entidad demandada.

1.1.2. Pretensiones3

Con la demanda se solicitó:

«PRIMERA: Que se declare civilmente responsables a los funcionarios de FIDUPREVISORA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN doctora SANDRA VIVIANA CADENA MARTINEZ, quien se identifica con la c.c. No. 63.546.217, en su calidad de Gerente Operativa y Directora de Prestaciones Económicas; y al SECRETARIO DE

EDUCACIÓN DEL ENTE TERRITORIAL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, Dr.

OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ, quien se identifica con la c.c. No. 91.248.463, quienes se encontraban en ejercicio de los cargos para la fecha de los hechos, de los perjuicios ocasionados a LA NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO FOMAG, quien asumió mediante el Contrato de Transacción el pago de la sanción moratoria de las cesantías de los siguientes docentes:

2 Con auto del 25 de julio de 2024, se aceptó el desistimiento parcial de la demandada, respecto de la señora Sandra Viviana Cadena Martínez. 3 Documento al No. 01 del índice de SAMAIPrimera instanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

3

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

3

TIPO_DOCUMENTO_DOCENTE NUMERO_DOCUMENTO_

DOCENTE

NOMBRE_DOCENTE APELLIDO_DOCENTE

CC 37916152 MARIELA RINCON DE AMARIS

CC 40009988 MARIA DEOGRACIA CAMPO CANTILLO

CC 37932395 MARIA CRISTINA ANDRADE NIÑO

CC 13885449 VLADIMIR NAVARRO ATENCIA

CC 37939516 ELIZABETH MORENO PAEZ

CC 91425143 JOSE FRANCISCO SAAVEDRA ARRIETA

SEGUNDO: A consecuencia, se condene a los a los funcionarios de FIDUPREVISORA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SANDRA VIVIANA CADENA MARTINEZ, quien se identifica con la c.c. No. 63.546.217, en su calidad de Gerente

Operativa y Directora de Prestaciones Económicas; y al SECRETARIO DE

EDUCACIÓN DEL ENTE TERRITORIAL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, Dr.

OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ, quien se identifica con la c.c. No. 91.248.463, a pagar el 100%, solidariamente a cada uno el porcentaje en partes iguales de cada Contrato de T ransacción en el cual se canceló la sanción moratoria, por las siguientes sumas:

NUMER O DOCUM ENTO DOCEN TE

NOMBRE_D

OCENTE

APELLIDO_

DOCENTE

NUMER O RESOL UCIÓN FECHA RESOL UCIÓN

FEC_RADI

CACION

VALOR_P

AGADO

ACTO_ADVO_OR

ENTO DOCEN TE

NOMBRE_D

OCENTE

APELLIDO_

DOCENTE

NUMER O RESOL UCIÓN FECHA RESOL UCIÓN

FEC_RADI

CACION

VALOR_P

AGADO

ACTO_ADVO_OR

DENA_PAGO

NUME RO CONT RATO 379161 52

MARIELA RINCON DE

AMARIS

1714 8/10/201 8 21/07/2018 $7.320.27 3,27

TRANSACCION C0002

72-FID 400099 88 MARIA

DEOGRACI

A CAMPO

CANTILLO

1728 11/10/20 18 22/08/2018 $6.992.49 9,84

TRANSACCION C0001

78-FID 379323 95 MARIA

CRISTINA

ANDRADE

NIÑO 1783 18/10/20 18 28/08/2018 $6.076.59 5,70

TRANSACCION C0001

78-FID 138854 49

VLADIMIR NAVARRO

ATENCIA

1872 30/10/20 18 30/08/2018 $7.429.53 1,08

TRANSACCION C0002

33-FID 379395 16

ELIZABETH MORENO

PAEZ 2061 27/11/20 18 4/09/2018 $7.101.75 7,65

TRANSACCION C0000

69-FID 914251 43 JOSE

FRANCISC

O

SAAVEDRA

ARRIETA

1999 15/11/20 18 11/09/2018 $6.118.43 7,36

TRANSACCION C0001

78-FID

914251 43 JOSE

FRANCISC

O

SAAVEDRA

ARRIETA

1999 15/11/20 18 11/09/2018 $6.118.43 7,36

TRANSACCION C0001

78-FID

El valor neto cancelado con el contrato de transacción por la sanción moratoria a los docentes enunciados asciende a CUARENTA Y UN MILLONES TREINTA Y NUEVE

MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($41.039.094,90).

TERCERA: Que se ordene a los Deman dados, a pagar cada uno solidariamente, la suma equivalente a la respectiva indexación y los intereses comerciales o moratorios que correspondan, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta la fecha efectiva de pago a la Entidad.Repetición

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

4

CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho al demandado».

1.1.3. Fundamentos de la demanda

Citó la Ley 678 de 2001, modificada por la Ley 1474 de 2011 y los artículos 6 y 90 de la Constitución Política. Señaló que, en el presente caso, se configuran los elementos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: i. la existencia de una condena judicial, acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier forma de terminación de conflicto que imponga a la entidad estatal el pago de la suma de dinero, ii. que el pago se haya realizado, iii. calidad del demandado como agente o ex agente, y iv. que la

judicial, acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier forma de terminación de conflicto que imponga a la entidad estatal el pago de la suma de dinero, ii. que el pago se haya realizado, iii. calidad del demandado como agente o ex agente, y iv. que la conducta se haya cometido a título de culpa o dolo.

Para el caso, señaló que, con los docentes arriba señalados, se firmaron contratos de transacción respecto del reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, con el fin de evitar un detrimento patrimonial mayor. Reiteró que se configuraron todos los elementos para la procedencia de este medio de control.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1. Contestación de la demanda

1.2.1.1. La parte demandada, señor Oscar Enrique Jaramillo Jiménez, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.2.2. La sentencia apelada4.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, después de dejar en claro que la entidad demandante desistió parcialmente de las pretensiones en contra de la señora Sandra Viviana Cadena Martínez, denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Para sustentar su decisión, consideró que de la valoración probatoria no pudo acreditarse en el proceso si la mora fue producto de las actuaciones que debía adelantar el ente territorial o si recayó en las acciones que tenía que ejecutar la entidad fiduciaria.

4 Documento al No. 057 del índice de SAMAIPrimera instanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez

4 Documento al No. 057 del índice de SAMAIPrimera instanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

5

Así las cosas, sostuvo que la entidad demandante no acreditó la culpa grave o el dolo, seño señor Oscar Enrique Jaramillo Jiménez, conforme se exige en este tipo de medio de control . Agregó que, no fue posible obtener certeza de la responsabilidad del demandante en la ocurrencia del hecho dañoso, toda vez que no se acredit ó que, dentro de sus funciones y competencia s, se encontraran las reprochadas dentro del proceso.

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandante5, indicó que los siguientes reparos respecto de la sentencia de primera instancia: i. indebida valoración probatoria y, ii. indebida interpretación y aplicación de la noma aplicable al caso. Adujo que el demandante fue quien suscribió los actos administrativos de reconocimiento de las cesantías de los docentes. En relación con los demás requisitos del medio de control de repetición señaló que, tanto la calidad del agente del estado como la existencia de la condena, y el pago de la condena judicial, fueron debidamente valorados por el a quo.

No obstante, en relación con la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa, puso de presente que el legislador estableció el en artículo 6 de la Ley 678 de 2001, unos eventos en los que esta se presume. Por tal motivo, el demandado al suscribir las resoluciones estructuró la presunción legal en mención, por lo que era su

de 2001, unos eventos en los que esta se presume. Por tal motivo, el demandado al suscribir las resoluciones estructuró la presunción legal en mención, por lo que era su deber desvirtuarla.

Aunado a lo anterior, señaló que dicho extremo procesal al no contestar la demanda configuró lo dispuesto en el art. 97 del CGP, relativo a la presunción de ciertos hechos susceptibles de confesión. Por lo anterior, concluyó que el demandado incumplió sus deberes legales frente al trámite del reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes, con lo cual se configuró una conducta gravemente culposa.

1.2.4. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante, Nación - Ministerio de Educación Nacional, no hizo uso de esta etapa procesal.

5 Documento al No. 060 del índice de SAMAIPrimera instanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

6

La parte demandada, no hizo uso de esta etapa procesal.

El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 28 de abril de 2025 , se admitió el recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011 y, posteriormente, el 12 de mayo de 2025, ingresó al Despacho para proferir sentencia.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia en segunda instancia

de 2025, ingresó al Despacho para proferir sentencia.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, e n aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación6, el cual consiste en establecer si:

6 Art. 328 del CGP. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. SinRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

7

¿Hay lugar a declarar responsabilidad patrimonial del señor Oscar Enrique Jaramillo Jiménez con ocasión del desembolso de $41.039.094 efectuado en

7

¿Hay lugar a declarar responsabilidad patrimonial del señor Oscar Enrique Jaramillo Jiménez con ocasión del desembolso de $41.039.094 efectuado en virtud de la suscripción del contrato de transacción núm. CTJ -0069-FID, celebrado el 11 de noviembre de 2020 entre el Ministerio de Educación Nacional y varios docentes7, con el cual se puso fin a los procesos judiciales promovidos por estos últimos para obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada de la cancelación tardía de sus cesantías?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará la responsabilidad de los servidores públicos, la naturaleza del medio de control de repetición, los requisitos para la prosperidad del medio de control de repetición y la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado dolosa o gravemente culposa, y (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política «el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causado s por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este».

A su turno, el artículo 142 del CPACA dispone que el ejercicio del medio de control

la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este».

A su turno, el artículo 142 del CPACA dispone que el ejercicio del medio de control repetición por parte de la entidad pública por lo pagado, se origina por la obligación de realizar un «reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas». (Negrillas de la Sala).

embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. 7 y los docentes Mariela Rincón de Amaris, María Deogracia Campo Cantillo, María Cristina Andrade Nino, Vladimir Navarro Atencia, Elizabeth Morano Páez y José Francisco Saavedra Arrieta.Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

8

Ahora bien, el H. Consejo de Estado 8 se ha referido en los siguientes términos a la procedencia del medio de control bajo escrutinio:

«La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de

«La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico».

Ha señalado además que, l os tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, mientras que los dos últimos de tales requisitos referidos a la acreditación de la culpa grave o el dolo de la conducta, son de carácter subjetivo y están sometidos a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición.

A su turno, el H. Consejo de Estado 9 al referirse a los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, precisó:

«[…] la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en señalar que, a fin d e garantizar el derecho al debido proceso -artículo 29 de la C.P.-, la Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial a los actos y hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia -4 de agosto de 2001, de modo que, si las actuaciones que dieron lug ar a la demanda y posterior condena contra la entidad pública fueron

se aplica en lo sustancial a los actos y hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia -4 de agosto de 2001, de modo que, si las actuaciones que dieron lug ar a la demanda y posterior condena contra la entidad pública fueron anteriores a la expedición de la citada ley, las normas aplicables para dilucidar si el servidor público enjuiciado actuó con dolo o con culpa grave serán las vigentes al tiempo de la com isión de la conducta, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado (artículos 63 del C.C., 6, 83, 90, 121, 122 y 124 de la Constitución Política), además de las funciones previstas en los reglamentos o manuales respectivos». (Subrayado de la Sala).

Con fundamento en lo anterior y comoquiera que los hechos que dieron lugar al pago de la condena judicial efectuada por la Administración y por el que ahora se repite

8 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de febrero de 2020. C.P. María Adriana Marín. Rad. 11001-03-26-000-2014-00126-00 (52053). 9 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de enero de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Marín. Rad. 25000-23-26-000-2009-00955-01 (49591).Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

9

datan del año 2018, esto es, con posterioridad a la expedición de la Ley 678 de 200110,

Radicado: 680813333001-2022-00240-01

9

datan del año 2018, esto es, con posterioridad a la expedición de la Ley 678 de 200110, se aplicarán en los aspectos de orden sustancial y procesal, las disposiciones en la norma en comento.

Así, se advierte que, en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 se consagraron unas causas que hacen presumir la existencia del dolo y de la culpa grave en el Agente Público, respectivamente, así:

En relación con el DOLO:

«Artículo 5. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial».

En relación con la CULPA GRAVE:

«Artículo 6. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la

a derecho en un proceso judicial».

En relación con la CULPA GRAVE:

«Artículo 6. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

10 «Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición».Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

10

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar manifiesta e inexcusablemente 5 el debido proceso en lo ref erente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal».

Ahora bien, sobre las presunciones en sede del medio de control de Repetición, el H. Consejo de Estado11 ha precisado que:

«Las presunciones estipuladas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 tienen

Ahora bien, sobre las presunciones en sede del medio de control de Repetición, el H. Consejo de Estado11 ha precisado que:

«Las presunciones estipuladas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 tienen naturaleza de legales y, por tanto, la administración demandante tiene la carga de probar únicamente los supuestos de hecho a los que aluden dichas normas, puesto que la parte que niegue el hecho presumido está sujeta a la carga de probar el hecho contrario” y que, “por tratarse de una presunción legal, esto es, que admite prueba en contrario, la parte demandada tiene abierta la posibilidad para oponerse y acreditar, en esta sede judicial, o bien la inexistencia del hecho que le da base a la presunción o de las circunstancias en las que se configuró aquel, ya que la presunción ‘no impide que la parte adversaria lleve al proceso otras pruebas con la finalidad de desvirtuar aquella y demostrar que en realidad esos hechos no han ocurrido’. Si se consigue este objetivo o, por lo menos, que el juez estime inciertos aquellos hechos, no podrá aplicar la presunción». (Destacado de la Sala).

Advirtió igualmente que:

«su previsión legal no constituye una imputación automática de culpabilidad en cabeza del agente contra el cual se dirige la acción de repetición, ya que, si este puede aducir medios de convicción en contrario, ello supone que, para efectos de la acción de repetición, el juez -en estos casos - está en el deber de realizar una nueva evaluación de la conducta del agente . Por esta razón, el simple hecho de que el legislador suponga en estos eventos la responsabilidad civil del agente o ex

acción de repetición, el juez -en estos casos - está en el deber de realizar una nueva evaluación de la conducta del agente . Por esta razón, el simple hecho de que el legislador suponga en estos eventos la responsabilidad civil del agente o ex funcionario estatal, no impide que esta presu nción pueda ser destruida con la presentación de pruebas de descargo”, además que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si no obstante configurarse alguna de las ‘presunciones’, el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa»12. (Destacado de la Sala).

11 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de diciembre de 2020. C.P. María Adriana Marín. Rad. 50001-23-33-000-2015-00292-01(65086). 12 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de abril de 2019. C.P. Guillermo Sánchez Luque. Rad. 20001-23-31-000-2011-00513-01 (50695).Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

11

Por lo anterior, no basta con alegar la configuración de las presunciones contenidas en la ley. Le corresponde a la parte demandante allegar los insumos probatorios para que el juez pueda determinar su estructuración, en conjunto con la acreditación de la conducta dolosa y gravemente culposa.

2.4. De las pruebas obrantes en el expediente

que el juez pueda determinar su estructuración, en conjunto con la acreditación de la conducta dolosa y gravemente culposa.

2.4. De las pruebas obrantes en el expediente

Obran en el proceso los siguientes elementos de juicio:

• Mediante Acuerdo No. 002 del 3 de diciembre de 2020, el Ministerio de Educación Nacional fijó los lineamientos para el estudio de la procedencia de la acción de repetición de las condenas.

• De la docente Elizabeth Moreno Páez:

o Mediante Resolución No. 2061 del 27 de noviembre de 2018, la secretaria de educación del municipio de Barrancabermeja reconoció a la referida docente, la suma de $44.105.533 por concepto de liquidación de cesantía parcial. Asimismo, autorizó el valor de $24.013.000, como anticipo de cesantías con destino a reparación de vivienda.

o Según certificado de fecha 9 de octubre de 2020, el pago de las cesantías a favor de la docente, quedó a disposición el 18 de febrero de 2019.

o Mediante contrato de transacción CTJ -0069-FID, de fecha 11 de noviembre de 2020, se trans igieron las obligaciones de los procesos judiciales que pretendían el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías.

o Según certificado del FOMAG, realizó la cancelación por concepto de sanción por mora, por el pago tardío de las cesantías reconocidas mediante Resolución No. 2061 del 27 de noviembre de 2020 por valor de $7.101.758, a partir del 17 de noviembre de 2020.Repetición Sentencia de Segunda Instancia

mediante Resolución No. 2061 del 27 de noviembre de 2020 por valor de $7.101.758, a partir del 17 de noviembre de 2020.Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

12

• Del docente José Francisco Saavedra Arrieta:

o Mediante Resolución No. 1999 del 15 de noviembre de 2018, la secretaria de educación del municipio de Barrancabermeja reconoció al referido docente, la suma de $ 31.700.011 por concepto de liquidación de cesantía parcial.

o Según certificado de fecha 19 de marzo de 2019 , el pago de las cesantías a favor del docente, qued ó a disposición el 18 de febrero de 2019.

o Mediante otro sí al contrato de transacción CTJ-00178-FID, de fecha 28 de julio de 2021 , se trans igieron las obligaciones de los procesos judiciales que pretendían el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías.

o Según certificado del FOMAG, realizó el pago por concepto de sanción por mora, por el pago tardío de las cesant ías reconocidas mediante Resolución No. 1999 del 15 de noviembre de 2018 por valor de $6.118.437, a partir del 18 de marzo de 2021.

• Del docente María Cristina Andrade Niño:

o Mediante Resolución No. 1783 del 18 de octubre de 2018, la secretaria de educación del municipio de Barrancabermeja reconoció a la referida

• Del docente María Cristina Andrade Niño:

o Mediante Resolución No. 1783 del 18 de octubre de 2018, la secretaria de educación del municipio de Barrancabermeja reconoció a la referida docente, la suma de $ 19.347.142 por concepto de liquidación de cesantía parcial. Autorizándose el valor de $ 5.898.000, como anticipo de cesantías con destino a reparación de vivienda.

o Según certificado de fecha 15 de marzo de 2019 , el pago de las cesantías a favor de la docente, quedó a disposición el 18 de febrero de 2019.Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Educación

Demandado: Oscar Enrique Jaramillo Jiménez Radicado: 680813333001-2022-00240-01

13

o Mediante otro sí al contrato de transacción CTJ-00178-FID, de fecha 28 de julio de 2021, se trans igieron las obligac iones de los procesos judiciales que pretendían el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pag