TA SAN - Sentencia 68081-33-33-003-2024-00044-01 (30-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68081333300320240004401

MEDIO DE CONTROL: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

DEMANDANTE: Rita Acosta Duarte

racosta@telus.net jramirez30@unab.edu.co

DEMANDADOS: Departamento de Santander

notificaciones@santander.gov.co frangel590@unab.edu.co

Nación - Ministerio De Educación – Fomag notjudicial@fiduprevisora.com.co procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co notificacionesjudiciales@minieducacion.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: Eddy Alexandra Villamizar

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 300

TEMA: Reliquidación Cesantías Definitivas – Laboral

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTE

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que la señora Rita Acosta Duarte fue nombrada en propiedad como docente del Colegio Integrado Madre de

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que la señora Rita Acosta Duarte fue nombrada en propiedad como docente del Colegio Integrado Madre de la Esperanza, ubicado en el municipio de Sabana de Torres, Santander, tomando

1 Expediente digital , gestión en otras corporaciones, índice 00002 de SAMAI, archivo 4_PROCESOABONAD_02DEMANDAPDF_20240415150308 folio 1 al 4Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

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posesión de su cargo mediante el Acta No. 1004 del 16 de enero de 1991. Desde su incorporación, adquirió el derecho a percibir las prestaciones económicas reconocidas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Posteriormente, mediante la Resolución No. 2756 del 14 de noviembre de 1997, fue ascendida en el escalafón nacional docente al Grado 12.

El 15 de febrero de 2000, la señora Acosta Duarte y su núcleo familiar se vieron obligados a abandonar el territorio nacional, debido a las graves amenazas contra su vida, integridad, seguridad y libertad, derivadas del conflicto armado interno que atravesaba el país en aquella época. En consecuencia, el Gobierno Nacional de Canadá les otorgó protección y amparo a partir del 24 de enero de 2001, dentro del programa de refugio y ayuda humanitaria de dicha nación.

atravesaba el país en aquella época. En consecuencia, el Gobierno Nacional de Canadá les otorgó protección y amparo a partir del 24 de enero de 2001, dentro del programa de refugio y ayuda humanitaria de dicha nación.

Años más tarde, mediante radicación No. SANTA20230531DN5049951112 del 31 de mayo de 2023, la señora Rita Acosta Duarte presentó ante la Secretaría de Educación una solicitud para que se reconocieran y liquidaran las cesantías definitivas a las que consider a tener derecho. Sin embargo, dicha petición fue resuelta de manera desfavorable mediante la Resolución No. SANTAD2023000146 de 2023. Contra esta decisión, la interesada interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 18332 del 11 de septiembre de 2023, que confirmó la decisión inicialmente adoptada.

1.1.2 Las pretensiones2

Con la demanda se pretende en síntesis lo siguiente:

«PRIMERA: ANULAR la Resolución Nro. SANTAD2023000146 de 2023, expedida por el Secretario de Educación de Santander, que resolvió negar la solicitud de cesantía definitiva radicada bajo No. SANTA20230531DN5049951112 de fecha 31 de mayo de 2023 por la docente ACOSTA DUARTE RITA, identificada con cédula de ciudadanía número 63.293.611 y la Resolución número 18332 de fecha 11 de septiembre de 2023, expedida por el Secretario de Educación de Santander, media nte la cual se resuelve el recurso de reposición inte rpuesto por la docente RITA ACOSTA DUARTE en contra de la Resolución Nro. SANTAD2023000146

septiembre de 2023, expedida por el Secretario de Educación de Santander, media nte la cual se resuelve el recurso de reposición inte rpuesto por la docente RITA ACOSTA DUARTE en contra de la Resolución Nro. SANTAD2023000146 expedida por el Secretario de Educación de Santander, a través de la cual se resolvió no recurrir el acto administrativo cuestionado, porque estos actos fueron expedidos en contra de la Constitución Política, la Ley y los decretos

2Expediente digital , gestión en otras corporaciones, índice 00002 de SAMAI, archivo 4_PROCESOABONAD_02DEMANDAPDF_20240415150308 folio 4 al 5Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

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reglamentarios y/o complementarios y, además, mediante falsa motivación, puesto que sus consideraciones no son ciertas, ni pertinentes, ni tienen el mérito suficiente para justificar la decisión asumida, esto es, porque sus argumentos son contrarios a la realidad fáctica y jurídica debatida.

SEGUNDA: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho al DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, reconocer y liquidar las cesantías definitivas a que tiene derecho la docente RITA ACOSTA DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía número 63.293.611, las cuales deben ser pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con lo previsto

derecho la docente RITA ACOSTA DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía número 63.293.611, las cuales deben ser pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 2.4.4.2.3.2.2. del Decreto 942 de 2022 y demás normas jurídicas concordantes».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Invocó como normas vulneradas, las siguientes : los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 29, 83, 84, 89, 93, 94, 124, 209, 356 y 357 de la Constitución Política, la Ley 91 de 1989, la Ley 60 de 1993, el Decreto 196 de 1995, el Decreto 1272 de 2018, la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 942 de 2022.

Como concepto de violación, se argumentó que, dado que la demandante se vinculó como docente con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, le resulta aplicable el régimen de cesantías vigente para los empleados públicos del orden naciona l. En consecuencia, el reconocimiento de dicha prestación debe efectuarse conforme a un sistema anualizado de cesantías, caracterizado por su falta de retroactividad y por estar sujeto al pago de intereses sobre los saldos acumulados anualmente.

1.2 Contestación de la demanda

1.2.1 La parte demanda da, Nación – Ministerio de Educación NacionalFomag4, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, como

acumulados anualmente.

1.2 Contestación de la demanda

1.2.1 La parte demanda da, Nación – Ministerio de Educación NacionalFomag4, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, como fundamento de su posición hace un recuento normativo de la naturaleza jurídica de la entidad, de la normativa aplicable a los docentes y el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00002 de SAMAI, archivo 4_PROCESOABONAD_02DEMANDAPDF_20240415150308 folio 5 al 18 4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00008 de SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

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Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) Inepta demanda; ii) Prescripción y iii) Cobro de lo no debido.

1.2.2. La parte demanda da, Departamento de Santander 5, se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones formuladas en la demanda, al considerar que estas carecen de sustento fáctico y jurídico. En su criterio, dicha entidad no es la responsable de elaborar ni remitir el acto administrativo de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas a la Fiduprevisora S.A. para su correspondiente aprobación y cancelación, puesto que tal competencia recae en el Fomag.

Asimismo, destacó que no obra en el expediente prueba alguna que demuestre la

de las cesantías definitivas a la Fiduprevisora S.A. para su correspondiente aprobación y cancelación, puesto que tal competencia recae en el Fomag.

Asimismo, destacó que no obra en el expediente prueba alguna que demuestre la presentación oportuna de la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, antes de que operara el fenómeno de la prescripción.

Respecto a la condición de especial protección constitucional derivada del desplazamiento forzado, la entidad manifestó que no se acreditó el cumplimiento del trámite requerido para determinar su estatus de persona amenazada. Además, precisó que los hechos alegado s ocurrieron durante el periodo en que la docente prestaba sus servicios al Municipio de Sabana de Torres, y que dicho municipio tampoco aportó evidencia que demostrara la existencia de la situación de desplazamiento mencionada.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) Falta de legitimación en la causa material por pasiva; ii) Inexistencia de vulneración o amenaza de los derechos o intereses invocados por parte del Departamento de Santander; iii) Inexistencia de la obligación; iv) Cobro de lo no debido; v) Prescripción trienal de las cesantías; y vi) Genérica.

1.3. La sentencia apelada6

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja, en providencia de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), resolvió:

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00009 de SAMAI 6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00020 de SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho

resolvió:

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00009 de SAMAI 6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00020 de SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

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«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. SANTAD2023000146 de 2023 y, Resolución No. 18332 del 11 de septiembre de 2023, suscritas por el Departamento de Santander, que negaron el reconocimiento del derecho a cesantías definitivas a favor de la demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la prescripción extintiva del derecho, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, NEGAR las pretensiones de restablecimiento del derecho, que en ejercicio del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERERCHO interpuso la señora RITA ACOSTA DUARTE en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCI ALES DEL MAGISTERIO y, el

DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia».

Como fundamento de la decisión anterior, el a quo consideró probado que la demandante se desempeñó como docente vinculada al Municipio de Sabana de Torres desde el 16 de enero de 1991, en virtud del Decreto No. 002 de 1991, y que

demandante se desempeñó como docente vinculada al Municipio de Sabana de Torres desde el 16 de enero de 1991, en virtud del Decreto No. 002 de 1991, y que fue retirada del servicio mediante el Decreto No. 012 del 12 de enero de 20 23, fijándose como fecha efectiva de desvinculación el 29 de febrero de 2000. Hasta dicha fecha —según lo constatado en el proceso— la demandante percibió el salario correspondiente a los servicios prestados. Además, se demostró que se encontraba afiliada al Fomag, en virtud del convenio interadministrativo suscrito el 1 de octubre de 1999.

En atención a lo anterior, el Juez de Primera Instancia concluyó que la demandante tenía derecho al reconocimiento de las cesantías definitivas causadas al momento de su retiro, como consecuencia de los servicios prestados en el periodo comprendido entre el 16 de enero de 1991 y el 29 de febrero de 2000.

Por otra parte, en relación con la prescripción del derecho reclamado, el despacho precisó que el término para solicitar el reconocimiento de las cesantías definitivas es de tres (3) años contados a partir del momento en que se causa el derecho, es decir, desde la fecha de retiro del servicio. No obstante, observó que en este caso la condición de víctima de desplazamiento forzado se encontraba acreditada, lo cual otorgaba a la demandante un tratamiento especial orientado a garantizar la protección de sus derechos fundamentales.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

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Bajo ese entendido, el juez señaló que la señora Rita Acosta Duarte se reubicó en Canadá desde el año 2001, donde le fueron reconocidas garantías en su condición de refugiada, y que regularizó su situación laboral hacia el año 2005, fecha en la que inició un nuevo vínculo como docente de educación primaria en dicho país. Por ello, el despacho tomó el año 2005 como punto de partida para el cómputo del término de prescripción, estimando que el derecho prescribió en 2008. En consecuencia, al haber presentado l a reclamación administrativa en 2019, se concluyó que operó el fenómeno de la prescripción.

Si bien el juzgador reconoció que es procedente aplicar una flexibilización del término de prescripción en casos de desplazamiento forzado, aclaró que dicha flexibilización no puede ser indefinida en el tiempo, pues resultaría incompatible con los principi os de seguridad jurídica y estabilidad administrativa. Así, consideró inadmisible que hubiesen transcurrido 14 años desde la regularización socioeconómica de la demandante sin que esta ejerciera las gestiones necesarias para reclamar su derecho, máxime cua ndo no se demostró la existencia de impedimentos materiales que obstaculizaran la presentación oportuna de la solicitud ante las autoridades competentes.

Por último, con fundamento en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, el juez determinó que no había lugar a la imposición de costas

ante las autoridades competentes.

Por último, con fundamento en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, el juez determinó que no había lugar a la imposición de costas procesales.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demand ante, Rita Acosta Duarte 7, solicitó que se revoque el numeral segundo y tercero de la sentencia de primera instancia.

En su argumentación, sostuvo que las cesantías anualizadas no están sujetas al fenómeno de la prescripción, de conformidad con lo establecido en la Sentencia de Unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016, en la cual el Consejo de Estado determinó que d ichas prestaciones son imprescriptibles. En consecuencia, afirmó que la señora Rita Acosta Duarte tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías generadas a su favor como resultado de la liquidación anual con corte al 31 de diciembre de los años 1 991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y

7 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00023 de SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

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1999, conforme a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, la Ley 60 de 1993 y el Decreto 196 de 1995.

De igual forma, señaló que el Fomag es la entidad responsable del pago de la prestación reclamada, toda vez que le correspondía adelantar las gestiones

196 de 1995.

De igual forma, señaló que el Fomag es la entidad responsable del pago de la prestación reclamada, toda vez que le correspondía adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivo el cobro del pasivo a cargo de la entidad territorial, en cumplimiento de sus obligaciones legales.

Finalmente, invocó nuevamente la Sentencia de Unificación CE -SUJ004 de 2016, resaltando que en ella se fijó jurisprudencia en materia de reconocimiento de cesantías, sanción moratoria y otros aspectos relacionados con su liquidación y pago. Bajo ese marco, enfatizó que la docente Rita Acosta Duarte, actuando de buena fe, con confianza legítima y amparada en el principio de seguridad jurídica, tiene la certeza y convicción de que le asiste el derecho a reclamar las cesantías acumuladas, en tanto estas constituyen un ahorro individual que puede ser exigido en cualquier tiempo, sin que resulte procedente predicar la prescripción respecto de las sumas que las integran.

1.5. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto el veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticinco (2025) al Despacho 09 del Tribunal Administrativo de Santander.

Acto seguido, mediante auto de fecha once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025) se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en el que se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciar sobre el recurso de apelación.

1.5.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

instancia, en el que se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciar sobre el recurso de apelación.

1.5.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.2. La parte demandada, Nación – Ministerio de Educación – Fomag, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.3. La parte demandada, Departamento de Santander, no hizo uso de esta etapa procesal.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

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1.5.4. La representante del Ministerio Público no emitió conceto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Es de resaltar que en el presente caso apeló el apoderado de la parte demandante,

razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Es de resaltar que en el presente caso apeló el apoderado de la parte demandante, por lo que es necesario precisar que el ámbito de conocimiento del recurso de apelación interpuesto se limitará al estudio del contenido y alcance de la inconformidad planteada en el mismo.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación8, el cual consiste en establecer si:

P.J.: ¿Operó la prescripción de las cesantías definitivas reclamadas por la

señora Rita Acosta Duarte?

8 Artículo 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

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Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará régimen de las cesantías de los empleados públicos , y (ii) se analizarán las pruebas de cara al planteamiento aquí señalado.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Régimen anualizado de cesantías

Las cesantías son una prestación social a favor del trabajador que debe pagar el empleador como contraprestación por las actividades que realiza, con la finalidad de que las utilice para satisfacer sus necesidades en el evento en que cese su vinculación laboral.

Las cesantías son una prestación social a favor del trabajador que debe pagar el empleador como contraprestación por las actividades que realiza, con la finalidad de que las utilice para satisfacer sus necesidades en el evento en que cese su vinculación laboral.

La Ley 91 de 1989 creó al Fomag como una cuenta especial de la nación con el fin de atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales en el momento de su promulgación, así:

«Artículo 2. (…) Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.

[…]

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normasNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

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vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

[…]

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestacion es Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,

respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestacion es Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional». [Se resalta]

De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fomag pagará un auxilio equivalente a 1 mes de salario por cada año de servicio o propo rcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1° de enero 1990, a quienes el fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen anualizado.

2.5. De las pruebas obrantes al expediente

estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen anualizado.

2.5. De las pruebas obrantes al expediente

Dentro del proceso se encuentra probado lo que siguiente:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

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• Mediante Resolución No. 0355 del 13 de agosto de 1996 se le concedió una licencia no remunerada a la señora Rita Acosta Duarte, por el término de 90 días contados a partir del 14 de agosto al 11 de noviembre de 19989.

• El 01 de abril de 2019 el Municipio de Sabana de Torres dio respuesta al derecho de petición de pagos a seguridad social de la docente Rita Acosta Duarte, en donde se expone que el ente territorial firmó un convenio con la Nación para la afiliación de los docentes al Fomag, y que, en virtud de ello, el responsable de las prestaciones de la docente10.

• Convenio celebrado entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Municipio de Sabana de Torres del Departamento de Santander11.

• Certificado del RUV de fecha 19 de febrero de 2021 donde se señala que la señora Rita Acosta Duarte fue víctima de desplazamiento forzado, y como fecha de hecho victimizante se señaló el 15 de febrero de 202012.

• Certificado del RUV de fecha 19 de febrero de 2021 donde se señala que la señora Rita Acosta Duarte fue víctima de desplazamiento forzado, y como fecha de hecho victimizante se señaló el 15 de febrero de 202012.

• Certificado expedido por el Fondo de Cesantías de Santander – Foncesan, de fecha 15 de julio de 2022 donde se señaló que «NO SE HALLO» constancia de reconocimiento de cesantías por servicios prestados al Departamento de Santander a favor de la señora Rita Acosta Duarte13.

• Mediante Decreto No. 0002 del 16 de enero de 1991 se nombró a la señora Rita Acosta Duarte como docente en el Colegio Integrado Madre de la Esperanza, tomando posesión a través de a cta de posesión No. 1004 de enero de 16 de 199114.

9 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00002 de SAMAI, archivo 3_PROCESOABONAD_03ANEXOSPDF_20240415150308 Folio 5 10 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00002 de SAMAI, archivo 3_PROCESOABONAD_03ANEXOSPDF_20240415150308 Folio 7 al 8 11 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00002 de SAMAI, archivo 3_PROCESOABONAD_03ANEXOSPDF_20240415150308 Folio 9 al 12 12 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00002 de SAMAI, archivo 3_PROCESOABONAD_03ANEXOSPDF_20240415150308 Folio 13 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00002 de SAMAI, archivo

12 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00002 de SAMAI, archivo 3_PROCESOABONAD_03ANEXOSPDF_20240415150308 Folio 13 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00002 de SAMAI, archivo 3_PROCESOABONAD_03ANEXOSPDF_20240415150308 Folio 24 14 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00002 de SAMAI, archivo 3_PROCESOABONAD_03ANEXOSPDF_20240415150308 Folio 27Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Rita Acosta Duarte Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fomag y otro Radicado:68081333300320240004401

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• Mediante Decreto No. 012 del 12 de enero de 2023 expedida por el Municipio de Sabana de Torres en donde se declaró que la señora Rita Acosta Duarte laboró al servicio del Municipio de Sabana de Torres hasta el 29 de febrero de 200015.

• Certificación de fecha 22 de febrero de 2023 expedida por la Secretaría de Despacho de la Secretaria General y de Hacienda del Municipio de Sabana de Torres, donde señala que la señora Rita Acosta Duarte prestó sus servicios al ente territorial como docente en propiedad desde el 16 de enero de 1991 al 29 de febrero de 200016.

• Certificación de fecha 22 de febrero de 2023 expedida por la Secretaría de Desp