TA SAN - Sentencia 68081-3333-002-2018-00130-01 (13-11-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL Reparación directa RADICADO 68081-3333-0022018-00130-01

DEMANDANTE

Orlando Rodríguez Caicedo luzdenyr@hotmail.com

DEMANDADO

Municipio de Barrancabermeja, hoy Distrito Especial de Barrancabermeja defensajudicial@barrancabermeja.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Responsabilidad del Estado por ocupación jurídica de un bien con ocasión de la restricción en el uso del suelo ante la declaratoria de área de conservación ambiental en el POT. Inexistencia de daño antijurídico como elemento de la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Orlando Rodríguez Caicedo Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja Radicado. 680813333002-2018-00130-01

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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en

Demandante: Orlando Rodríguez Caicedo Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja Radicado. 680813333002-2018-00130-01

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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra la sentencia del 5 de septiembre de 2025 , proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante la cual se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la parte demandada.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, el señor Orlando Rodríguez Caicedo formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso –administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de Barrancabermeja, hoy Distrito Especial de Barrancabermeja, por el daño antijurídico causado por la ocupación permanente con medida de afectación ambiental de los siguiente inmuebles: i) El Taral, identificado con matr ícula inmobiliaria 303-26938; ii) Las Palmeras, con matrícula inmobiliaria 303-35858 y iii) el reposo, con matr ícula inmobiliaria 303-38454, ubicado en Barrancabermeja.

En consecuencia, solicitó:

«“Primera. Que se DECLARE patrimonialmente responsable al municipio de Barrancabermeja por los perjuicios causados como consecuencia de la limitación del dominio| || por la ocupación jurídica permanente con medida de afectación ambiental impuesta sobre los inmuebles el Taral con Mat inmobiliaria No 303Barrancabermeja por los perjuicios causados como consecuencia de la limitación del dominio| || por la ocupación jurídica permanente con medida de afectación ambiental impuesta sobre los inmuebles el Taral con Mat inmobiliaria No 30326938, las Palmeras Mat inmobiliaria N ° 30335858 y el Reposo Mat inmobiliaria No 303 -38454, de propiedad del señor O RLANDO RODRIGUEZ CAICEDO, identificado con la C.C10.161.906.

Segunda: se condene al municipio de Barrancabermeja a pagar a favor del señor ORLANDO RODRIGUEZ CAICEDO, la desvalorización que sufrieron dichos predios con ocasión del a expedición del acuerdo municipal N 018 de 2002, mediante la cual fueron declarados de forma permanente como de conservación ambiental.

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, archivo 01, folios 3 a 13.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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Tercera: Como consecuencia de la anterior declaración, se condene al municipio de Barrancabermeja a pagar a favor del señor ORLANDO RODRIGUEZ CAICEDO por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de TRECIENTOS Millones de Pesos ($300.000.000) M/ CTE, por valor de cada hectárea, afectada con la limitación de dominio por ocupación ambiental, impuesta sobre los inmuebles denominados el Taral, las Palmeras y el Reposo.

cada hectárea, afectada con la limitación de dominio por ocupación ambiental, impuesta sobre los inmuebles denominados el Taral, las Palmeras y el Reposo.

Cuarta: A título de lucro cesante, el municipio de Barrancabermeja debe pagar al actor los intereses en mora causados desde la fecha de imposición de a medida jurídica de afectación de los inmuebles declarados como áreas de conservación ambiental.

Quinta: Condenar en costas y gastos del proceso a la parte demandada la parte demandada […]» (sic en todo el texto).

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, señaló los siguientes:

1. El señor Orlando Rodríguez Caicedo es propietario de los inmuebles El Taral, identificado con matrícula inmobiliaria 303 -26938; Las Palmeras, con matrícula inmobiliaria 303 -35858 y El Reposo, con matrícula inmobiliaria 30338454, ubicados en la vereda la Independencia en el municipio de

Barrancabermeja.

1. Durante el año 2016 el demandante recibió una oferta de compra de los predios en mención, con el propósito de construir vivienda a través de conjuntos residenciales campestres, por un valor de $300.000.000 por hectárea, razón por la cual el señor Orlando Rodríguez Caicedo solicitó a la Oficina de Planeación municipal de Barrancabermeja un certificado de uso de suelo.

1. La Oficina de Planeación Municipal de Barrancabermeja manifestó mediante conceptos de uso de suelo 0116 -16, 0117 -16 y 0118 -16 que de

municipal de Barrancabermeja un certificado de uso de suelo.

1. La Oficina de Planeación Municipal de Barrancabermeja manifestó mediante conceptos de uso de suelo 0116 -16, 0117 -16 y 0118 -16 que de conformidad con el Acuerdo 018 de 2022 —POT—: 1) el predio El Reposo se encontraba ubicado dentro de una zona estipulada como «área de conservación ambiental», razón por la cual la actividad residencial estaba prohibida; 2) los predios El Taral y Las Palmeras estaban ubicados parcialmente dentro de una zona determinada como área de conservación ambiental, de manera que únicamente se podría realizar actividad residencial sobre la porción establecida como «área de actividad residencial» con las limitaciones y condiciones establecidas para el caso.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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1. Los predios de propiedad del demandante fueron declarados por el Concejo Municipal como áreas de conservación ambiental con prohibición y condicionamiento del uso residencial, sin que se le notificara la referida limitación y restricción de la propiedad privada ni se le indemnizara por la desvalorización de los inmuebles.

1. Aunado a lo anterior, la limitación impuesta sobre los predios nunca fue registrada en los folios de matrícula inmobiliaria, razón por la cual el demandante conoció de la situación hasta el 20 de mayo de 2016 mediante la respuesta otorgada por el hoy Distrito de Barrancabermeja, respecto al uso de suelo de los predios. Consecuencia de lo expuesto, el señor Orlando Rodríguez Caicedo se

conoció de la situación hasta el 20 de mayo de 2016 mediante la respuesta otorgada por el hoy Distrito de Barrancabermeja, respecto al uso de suelo de los predios. Consecuencia de lo expuesto, el señor Orlando Rodríguez Caicedo se vio privado de concretar el negocio jurídico sobre sus predios, dado que la finalidad del comprador era implementar un proyecto de vivienda.

1. La ocupación jurídica permanente realizada por el municipio de Barrancabermeja afectó los inmuebles en los siguientes porcentajes: i) predio El reposo, en un 100%; ii) el predio El Taral, en un 90% y iii) el predio Las Palmeras, en un 90% y en el 10% restante se encuentra construida la vivienda del demandante. Por consiguiente, el señor Rodríguez Caicedo ha sufrido perjuicios por la desvalorización de sus inmuebles equivalentes a un valor de $300.000.000 por hectárea, máxime porque nadie estará interesado en adquirir los predios por la limitación que presentan.

1. Como consecuencia de lo anterior, el señor Orlando Rodríguez Caicedo presentó ante la alcaldía del municipio de Barrancabermeja y con copia al Concejo Municipal una petición mediante la cual solicitó se le informara sobre los motivos para la imposición de «la af ectación ambiental» sobre sus predios. En ese sentido, la entidad territorial, mediante oficio 1756 -17 del 10 de agosto de 2016 emitió respuesta mediante la cual refirió una serie de normas, sin dar contestación de fondo a la mencionada petición.

1.1.3 Fundamentos de derecho

El libelo se fundamenta en el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo

2016 emitió respuesta mediante la cual refirió una serie de normas, sin dar contestación de fondo a la mencionada petición.

1.1.3 Fundamentos de derecho

El libelo se fundamenta en el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 140 numeral 6 del CPACA y las normas concordantes respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables. De igual manera, el artículo 37 de la Ley 388 de 1997, dispone queReparación directa Sentencia de segunda instancia

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5 toda afectación impuesta sobre un bien por motivos de utilidad pública debe notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria; de no cumplirse tales exigencias, la medida carece de validez. Por su parte , sostiene el demandante que el municipio de Barrancabermeja, hoy Distrito Especial de Barrancabermeja, desconoció el artículo 37 ibidem al imponer una restricción ambiental sin notificar ni compensar al titular del derecho de dominio.

Por otro lado, según lo previsto en el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, la referida limitación al dominio tiene un carácter temporal, de tres a seis años y obliga a la entidad territorial a reconocer al propietario una compensación por los perjuicios sufridos, para lo cual, conforme al artículo 122 de la Ley 388 de 1997, debe existir una apropiación presupuestal destinada al pago de dicha indemnización.

1.2 Contestaciones de la demanda

sufridos, para lo cual, conforme al artículo 122 de la Ley 388 de 1997, debe existir una apropiación presupuestal destinada al pago de dicha indemnización.

1.2 Contestaciones de la demanda

1.2.1. Distrito Especial de Barrancabermeja2

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas: «litisconsorcio necesario intervención de un tercero» y excepciones innominadas: «inexistencia del daño antijuridico por ocupación permanente argumentada por la parte demandante» A su turno, la apoderada de la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló:

1. En el presente asunto debe vincular se a la Corporación Autónoma de Santander CAS, en consideración a que el Acuerdo 018 de 2002, POT, fue expedido con la aprobación del componente en el que se encuentran las zonas de conservación ambiental, el cual se oficializó mediante Resolución cas 00786 del 10 de abril de 2002 emitida por dicha entidad.

1. A partir del análisis integral de la normativa aplicable y de la situación particular de los predios El Reposo, El Taral y Las Palmeras, se concluye que no existe el daño antijurídico alegado por el demandante. Cada predio presenta restricciones derivadas de su ubicación en el humedal El Castillo o en su área

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, archivo 01, folios 101 a 121.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Orlando Rodríguez Caicedo

Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, archivo 01, folios 101 a 121.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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6 de amortiguamiento, circunstancia que determina su destinación como suelo de conservación ambiental o, de manera excepcional, como área de actividad residencial sujeta al cumplimiento estricto de requisitos técnicos y urbanísticos. Tales limitaciones provienen directamente del ordenamiento jurídico, no de actos arbitrarios de la administración.

1. La regulación ambiental, urbana y de ordenamiento territorial demuestra que los humedales, sus rondas hidráulicas y las franjas paralelas a los cauces permanentes constituyen bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles.

El Código Civil, el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1541 de 1978, la Ley 9 de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 reafirman que estos espacios están sujetos al control estatal y que las limitaciones a la propiedad operan por ministerio de la ley, sin requerir inscripción en el Registr o de Instrumentos Públicos . La Constitución Política, a su vez, consolidó la función social y ecológica de la propiedad, para lo cual limitó la legitima la imposición de restricciones razonables orientadas a la protección de ecosistemas estratégicos.

1. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han precisado que, mientras los humedales sean bienes de uso público, no pueden consolidarse derechos privados sobre ellos, ni procede la prescripción adquisitiva. De igual

1. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han precisado que, mientras los humedales sean bienes de uso público, no pueden consolidarse derechos privados sobre ellos, ni procede la prescripción adquisitiva. De igual forma, la simple calidad de ocupante no genera estatus jurídico de poseedor ni derecho a compensación. En este caso, los títulos que el demandante pretende oponer a la administración no desvirtúan la naturaleza pública del humedal ni acreditan derechos adquiridos antes de la entrada en vigen cia del Código de Recursos Naturales, razón por la cual carecen de la aptitud jurídica necesaria para extender el dominio sobre zonas excluidas de titulación.

1. Finalmente, la parte demandante no aportó prueba alguna que demuestre la existencia de un proyecto económico viable y permitido sobre los predios, ni que la administración hubiera producido una afectación adicional o sobreviniente que generara un perjuicio indemnizable. Las restricciones invocadas responden al orden jurídico imperativo y no a una actuación específica del municipio de Barrancabermeja. En consecuencia, no se configura una ocupación permanente ni un daño antijurídico imputable a la entidad pública.

1.3. La sentencia apeladaReparación directa Sentencia de segunda instancia

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7 El 5 de septiembre de 2025 ,3 el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, denegó las pretensiones de la demanda y, para el efecto, dispuso lo siguiente:

7 El 5 de septiembre de 2025 ,3 el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, denegó las pretensiones de la demanda y, para el efecto, dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DENIEGASE las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, conforme las razones previstas en la parte considerativa […]».

En lo correspondiente al fondo del asunto, adujo lo siguiente:

1. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado exige la acreditación de un daño antijurídico cierto y su imputación jurídica a la administración. Ahora bien, l a propiedad privada, según el artículo 58 de la Constitución Política , incorpora una función social y ecológica que limita su ejercicio absoluto , tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C -595 de 1999, al suprimir del artículo 669 del Código Civil la expresión «arbitrariamente», para lo cual ratificó que el dominio no es un derecho ilimitado sino uno sujeto a cargas jurídicas derivadas del ordenamiento. De manera que , aunque el propietario conserva las facultades esenciales de goce y disposición, estas deben armonizarse con los derechos colectivos y con los fines constitucionales de protección ambiental.

1. En concordancia con lo expuesto , la Constitución Política en sus artículos 79, 80 y 95 impone al Estado y a los particulares el deber de preservar el ambiente y de proteger áreas de especial importancia ecológica. La referida obligación

1. En concordancia con lo expuesto , la Constitución Política en sus artículos 79, 80 y 95 impone al Estado y a los particulares el deber de preservar el ambiente y de proteger áreas de especial importancia ecológica. La referida obligación se articula con las disposiciones del Código Civil, del Decreto Ley 2811 de 1974, del Decreto 1541 de 1978 y de las normas urbanísticas contenidas en la Ley 9 de 1989 y el Decreto 1504 de 1998, que reconocen que los humedales, sus rondas hídricas, los cauces naturales y las zonas ribereñas constituyen bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles. A su vez, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que, aun en los supuestos

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 07, índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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8 excepcionales donde el dominio privado se superpone a zonas de humedal, la autoridad puede imponer restricciones, servidumbres ecológicas o limitar el uso del suelo de acuerdo con las competencias ambientales vigentes.

1. En cuanto a la valoración probatoria, una vez verificados los certificados de tradición de los predios denominados El Taral, Las Palmeras y El Reposo, así como los conceptos de uso del suelo emitidos por la Oficina de Planeación Municipal, se constató que los tres inmuebles se encuentran dentro del área de amortiguación del humedal El Castillo, circunstancia reconocida también

como los conceptos de uso del suelo emitidos por la Oficina de Planeación Municipal, se constató que los tres inmuebles se encuentran dentro del área de amortiguación del humedal El Castillo, circunstancia reconocida también por el perito y por el propio demandante. Las declaraciones recaudadas dan cuenta de que los dictámenes técnicos se elaboraron sobre la base de la información oficial que identifica a los predios como áreas de conservación ambiental o con restricciones significativas de uso. Además, n o se aportó evidencia que desvirtuara la clasificación ambiental ni que indicara un error en la determinación de la ubicación de los predios respecto del humedal o de su ronda.

1. Por su parte , los predios fueron adquiridos con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 2811 de 1974, norma que definió las rondas hídricas y las áreas adyacentes a cuerpos de agua como bienes de utilidad pública sometidos a la función social y ecológica de la propiedad. En tal virtud, la inclusión del 90% de cada predio en zona de conservación ambiental mediante el Acuerdo 018 de 2002 no constituyó una afectación antijurídica, sino el desarrollo de un mandato constitucional y legal orientado a la protec ción de ecosistemas estratégicos. La limitación al aprovechamiento económico de los predios deriva de la naturaleza jurídica del humedal y de la función ecológica del dominio, no de una actuación irregular o desproporcionada del municipio.

Por consiguiente, no se acreditó daño antijurídico imputable a la administración, razón por la cual se deniegan las pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelaciónReparación directa

Por consiguiente, no se acreditó daño antijurídico imputable a la administración, razón por la cual se deniegan las pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelaciónReparación directa Sentencia de segunda instancia

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9 1.4.1. Parte demandante4

La apoderada del demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La sentencia de primera instancia incurrió en un error por omisión de una valoración probatoria, comoquiera que el juez se limitó a citar de manera general la normativa ambiental —en especial el Decreto Ley 2811 de 1974 — sin examinar las pruebas aportadas por la parte demandante. En ese sentido, la decisión no evaluó si las normas invocadas eran efectivamente aplicables a la totalidad de los predios ni si la entidad territorial estaba legitimada para imponer afectaciones del 90% y 100%, de manera que se desconoció el deber de motivar toda decisión con fundamento en lo probado.

1. Asimismo, la sentencia no analizó la relación de causalidad entre la actuación administrativa y la afectación concreta de los inmuebles, circunstancia que configura un defecto fáctico y vulnera el debido proceso.

1. Ahora bien, los certificados de tradición acreditan la propiedad privada del demandante sobre los bienes objeto del asunto y evidencian que las afectaciones ambientales no fueron registradas, requisito indispensable para la

1. Ahora bien, los certificados de tradición acreditan la propiedad privada del demandante sobre los bienes objeto del asunto y evidencian que las afectaciones ambientales no fueron registradas, requisito indispensable para la validez de cualquier limitación administrativa del dominio. De igual modo, los certificados de uso del suelo muestran que la administración impuso restricciones del 90% y 100% sobre los predios sin exposición clara de los motivos para hacerlo . A su turno, los avalúos periciales, no objet ados por la entidad demandada, acreditan el valor comercial y las características de los inmuebles, de tal forma que de su análisis se extrae que existe un perjuicio real derivado de una actuación administrativa carente de justificación. En consecuencia, en el sub lite se acreditó probatoriamente que la administración actuó con falsa motivación y ejerció la facultad ambiental de manera desproporcionada, es decir, excedió los límites legales, que solo permiten restringir hasta treinta metros en zona de ronda hídrica.

1. Finalmente, la sentencia debe revocarse por ausencia de motivación, toda vez que no contiene razones de hecho ni de derecho que permitan comprender

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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10 por qué el juez descartó las pruebas aportadas ni por qué avaló la actuación administrativa. Dicha falta de motivación vulnera las garantías de defensa y contradicción, impide ejercer control sobre la decisión y desconoce el derecho al debido proceso.

por qué el juez descartó las pruebas aportadas ni por qué avaló la actuación administrativa. Dicha falta de motivación vulnera las garantías de defensa y contradicción, impide ejercer control sobre la decisión y desconoce el derecho al debido proceso.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de l 29 de octubre de 2025 5 se admitió el recurso de apelación y se ordenó la notificación personal del agente del Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No se presentaron

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron

1.6.2. El agente del Ministerio Público

No rindió concepto.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal, sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas

5 Expediente digital, actuación 07, índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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11 en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en

Radicado. 680813333002-2018-00130-01

11 en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si en el presente asunto se encuentra acreditada la existencia de un daño antijurídico, como presupuesto inicial para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado, y, ii) en caso afirmativo, establecer si se encuentran reunidos los demás elementos estructurales de dicha responsabilidad en cabeza del municipio de Barrancabermeja, hoy Distrito Especial de Barrancabermeja, con ocasión de la presunta ocupación jurídica de los predios denominados El Taral, El Reposo y Las Palmeras, de propiedad del demandante, derivada de la clasificación de la zona donde se ubican dichos inmuebles como área de conservación ambiental en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De los elementos de la responsabilidad del Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado basado en la noción de daño antijurídico, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad6 y, a partir de esta norma los elementos para la declaratoria de responsabilidad son: a) la existencia de un daño antijurídico o lesión de naturaleza patrimonial o extra

consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad6 y, a partir de esta norma los elementos para la declaratoria de responsabilidad son: a) la existencia de un daño antijurídico o lesión de naturaleza patrimonial o extra patrimonial, cierta y determinada o determinable, que se inflige a uno o varios individuos y; ii) la imputación de este al Estado, acorde con el régimen de responsabilidad respectivo a cada caso concreto. De modo que, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnización plenamente, con la finalidad de hacer efectivo el principio neminem laedere, que no es otra cosa que el deber de no causar daño en nadie.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 30 de agosto de 2017, radicado 05001233100020010230001.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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12 En consonancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado, 7 el daño antijurídico tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

Sobre el particular, señaló esa Corporación:

«[…] para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no

«[…] para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de un daño cierto, que af ecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece». […]

De esta manera, sólo habrá daño antijurídico, cuando se encuentre una alteración negativa respecto a un derecho, bien o interés legítimo que sea personal y cierto frente a la persona que lo reclama —parte sustancial—, pero que, además, sea antijurídico, es decir, que no esté obligado a soportar, dado que la normativa no le impone tal carga —ingrediente formal—.

Por otra parte, en lo que respecta a la imputación, el Consejo de Estado 8 ha considerado que esta debe entenderse desde dos ámbitos, el factico y el jurídico, en los siguientes términos:

«4.1. Acreditada la ocurrencia de un daño antijurídico, se procede a evaluar si éste es atribuible a la entidad demanda, desde los planos de la imputación fáctica y jurídica.

Como se advierte, este segundo elemento tiene dos niveles, el ámbito fáctico

éste es atribuible a la entidad demanda, desde los planos de la imputación fáctica y jurídica.

Como se advierte, este segundo elemento tiene dos niveles, el ámbito fáctico y la órbita jurídica, con la primera se determina, identifica e individualiza quién es reputado como autor del daño, bien sea porque le es atribuible por su acción en sentido estricto (v.gr. un disparo, un atropell