TA SAN - Sentencia 680813333001-2014-00342-01 (07-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 680813333001-2014-00342-01

Medio de control: Repetición

Demandante: Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ

notificacionesjudiciales@unipaz.edu.co apoyojuridico4@unipaz.edu.co Demandado Carlos Augusto Vásquez Rojas giovannywww@hotmail.com

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos

Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema: Sentencia de reemplazo en cumplimiento de acción de tutela – Se confirma decisión de primera instancia que negó pretensiones de la demanda. Determinación de la conducta cualificada no puede hacerse sólo a partir de las consideraciones de las sentencias que dan origen a la condena judicial.

Decide nuevamente1 la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2015, proferida por el Juzgado Único Administrativo Oral del Circuito de Judicial de Barrancabermeja 2, mediante la cual se negaron las pretensiones de repetición , en razón a que en fallo del 11 de junio de 2020 , la Sección Primera de la S ala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al amparar los derechos fundamentales al “debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Carlos Augusto Vásquez Rojas”, ordenó que se profiriera “la providencia de reemplazo dentro del

Administrativo del Consejo de Estado, al amparar los derechos fundamentales al “debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Carlos Augusto Vásquez Rojas”, ordenó que se profiriera “la providencia de reemplazo dentro del medio de control de repetición identificado con número único de radicación 68081 33 33 001 2014 00342 01, en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en esta decisión”3.

1 Mediante sentencia de fecha 28 de noviembre de 2019, esta Corporación puso fin al proceso de la referencia al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Universitario de La Paz – UNIPAZ, en contra de la sentencia de primera instancia de fecha 10 de diciembre de 2015 (ver folios 82 a 96 del documento “005aFolio307” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia). 2 Hoy Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga. 3 Si bien se aprecia que existió, de manera objetiva, una mora jud icial traducida en el retardo del cumplimiento de la orden de tutela, lo cierto es, que el proceso nunca fue ingresado al despacho del Magistrado Ponente por parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander para proferir la sentencia de reemplazo. De igual manera, debe aclararse, que el Magistrado Ponente de esta decisión, a través de Acuerdo No. 069 del 4 de mayo de 2021, fue elegido “en propiedad” por la Sala Plena del Consejo de Estado, como Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander Despacho 01, en reemplazo del doctor Rafael Gutiérrez Solano (q.e.p.d.),

mayo de 2021, fue elegido “en propiedad” por la Sala Plena del Consejo de Estado, como Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander Despacho 01, en reemplazo del doctor Rafael Gutiérrez Solano (q.e.p.d.), tomando posesión del cargo el día 1 de junio de 2021 , sin que para esa fecha se le hubiera informado de la existencia de la orden de tutela; tan es así, que el proceso de la referencia fue regresado al Juzgado de Origen por parte de la Secretaría de esta Corporación el día 11 de diciembre de 2019 (ver índice 25 de SAMAI) y en el aplicativo de gestión judicial se encontraba en estado “Vigente: NO” . Señálese, además, que el Magistrado Ponente sólo hasta el día 5 de marzo de 2025, con ocasión del Oficio No. S.J.-05925BYCC de la Comisión de Nacional de Disciplina Judicial por el cual se requirió información de las actuaciones del proceso de la referencia,Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2014-00342-01 Página 2 de 21

I. ANTECEDENTES

1. La demanda4.

La demanda fue interpuesta a través de apoderado judicial por el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, en ejercicio del medio de control de repetición en contra del señor Carlos Augusto Vásquez Rojas ; para lo cual, adujo como pretensiones:

“1. Que se declare responsable a CARLOS AUGUSTO VASQUEZ ROJAS de los perjuicios ocasionados al Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ por el pago de

la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SENTENTA Y CUATRO MIL

“1. Que se declare responsable a CARLOS AUGUSTO VASQUEZ ROJAS de los perjuicios ocasionados al Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ por el pago de la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SENTENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($210.074.333,63) por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha en que fue retirado del servicio el señor TIRADO SANTAMARIA hasta la fecha en que se produjo el reintegro.

2. Que se condene al señor CARLOS AUGUSTO VASQUEZ ROJAS a cancelar la

suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SENTENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($210.074.333,63) a favor del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ suma de dinero que pago este Instituto para hacer efectivo la sentencia proferida por el juzgado administrativo de Barrancabermeja de fecha 13 de diciembre de 2010 y confirmada por el tribunal superior de Santander con fallo de fecha 19 de octubre de 2012.

3. Que se condene al señor CARLOS AUGUSTO VASQUEZ ROJAS a cancelar interés (sic) comerciales a favor del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso.

4. Que se indexe el valor de la condena tomando como base el índice de precios del consumidor.

5. Que se condene a CARLOS AUGUSTO VASQUEZ ROJAS a cancelar las costas procesales y las agencias en derecho que se causen dentro del proceso.”

consumidor.

5. Que se condene a CARLOS AUGUSTO VASQUEZ ROJAS a cancelar las costas procesales y las agencias en derecho que se causen dentro del proceso.”

Como hechos fundamentos de las pretensiones, expuso la parte demandante, que el señor Carlos Augusto Vásquez Rojas, en su calidad de rector del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, expidió la Resolución No. 446 de fecha 12 de diciembre de 2002, por medio de la cual declaró la “vacancia del empleo de docente de medio tiempo desempeñado por (…) Francisco Tirado Santamaria (…) por abandono del cargo por no concurrir a su sitio de trabajo por tres días consecutivos”; aseveró, que dicho acto administrativo fue declarado nulo a través de sentencia de fecha 13 de diciembre de 2010 por el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander – Sala de Descongestión mediante providencia de fecha 19 de octubre de 2012.

tuvo conocimiento de la orden de tutela y, en razón de ello, requirió que el proceso se ingresara al despacho para preparar la ponencia de la sentencia de reemplazo. Todo lo anterior, puede ser contrastado en el aplicativo de gestión judicial para la Ju risdicción Contencioso Administrativo a través del siguiente link https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680813333001201400342016800123. 4 Ver documento “003DemandaaFolio69” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2014-00342-01

en otros despachos, actuaciones de la primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2014-00342-01 Página 3 de 21

De esta manera, se afirmó en la demanda, que el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, en cumplimiento de la declaratoria de nulidad, reconoció el pago por la suma de “DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SENTENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CEN TAVOS MCTE ($210.074.333,63)” a favor del señor “FRANCISCO TIRADO SANTAMARIA (…); por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir (…) desde el 17 de febrero de 2003 hasta el 06 de junio de 2013 incluyendo interés moratorios”.

Frente a la responsabilidad del señor Carlos Augusto Vásquez Rojas, afirmó el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, que aquel, en su calidad de rector, actuó con “dolo por desviación de poder determinada en el artículo 5 de la ley 678 de 2001”; para ello indicó, que en la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho que declaró la nulidad de la Resolución No. 446 de fecha 12 de diciembre de 2002 se determinó, que el demandado se limitó a declarar la vacancia del empleo sin garantizar, previamente, un procedimiento en el que se le concediera la oportunidad al señor Francisco Tirado Martínez la oportunidad de controvertir la decisión.

2. Contestación de la demanda5.

Por intermedio de apoderado debidamente constituido, el señor Carlos Augusto

al señor Francisco Tirado Martínez la oportunidad de controvertir la decisión.

2. Contestación de la demanda5.

Por intermedio de apoderado debidamente constituido, el señor Carlos Augusto Vásquez Rojas dio contestación de la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda. Para lo cual, indicó en términos generales, que la Resolución No. 446 de fecha 12 de diciembre de 2002 fue suscrita ante la inasistencia del señor Francisco Tirado Martínez a su lugar de trabajo durante más de 3 días, sin que mediara justificación; lo cual, no constituye un actuar doloso. Precisó, que en s u calidad de rector del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, tenía la competencia para emitir el acto administrativo y, de acuerdo con la motivación del acto administrativo, al señor Francisco Tirado Martínez se le garantizó la oportunidad de pronun ciarse, en la medida que fue requerido en 2 oportunidades por el Director de la Escuela de Medicina Veterinaria, sin que emitiera un pronunciamiento serio y razonable. Advirtió, que para la fecha en que fue expedido el acto administrativo ni la ley, ni la jurisprudencia, exigían llevar a cabo un procedimiento especial para declarar la vacancia del cargo, pues sólo bastaba con demostrar el abandono del cargo sin justa causa; luego, en su sentir, no se estructuró una desviación de poder, más aún cuando el demandado es de profesión veterinario y, no contaba con un abogado en la Secretaría General de la entidad como apoyo para la proyección de los actos administrativos.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Único Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, a

Secretaría General de la entidad como apoyo para la proyección de los actos administrativos.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Único Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, a través de sentencia de fecha diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015)6, negó las pretensiones de la demanda.

5 Ver folios 1 a 16 del documento “005aFolio307” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia. 6 Ver folios 11 a 24 del documento “004aFolio187” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2014-00342-01 Página 4 de 21

Como fundamento de la decisión, expuso el a quo , después de encontrar acreditados los elementos para la procedencia del medio de control de “condena judicial u obligación de pagar una suma de dinero” y “pago de la obligación”, que no se acreditó “la conducta dolosa o gravemente culposa” en la medida que, señaló el a quo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado “no cualquier error de juicio, o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir la responsabilidad” pues resulta necesario demostrar la gravedad de la “falla en la conducta”; así las cosas, determinó, que las pruebas permiten aseverar que el “motivo de la declaratoria de la vacancia del cargo fue una denuncia que efectuó el

responsabilidad” pues resulta necesario demostrar la gravedad de la “falla en la conducta”; así las cosas, determinó, que las pruebas permiten aseverar que el “motivo de la declaratoria de la vacancia del cargo fue una denuncia que efectuó el Director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia el 12 de diciembre de 2002 ante el Rector de la Institución, quien afirmó que el docente retirado dejó de asistir a su lugar de trabajo los días 24, 25, 26 y 31 de octubre y el 11, 23 de noviembre de 2012” a pesar de haberse requerido al señor “Francisco Tirado Santamaría” para que presentara la justificación. Los anteriores aspectos, a criterio del a quo, fueron corroborados por la prueba testimonial rendida por los señores Julio Cesar Rod ríguez Galvis y Jorge Humberto Contreras Castro , de las cuales concluyó, que la expedición del acto administrativo que fue declarado nulo, “no se trató de un montaje realizado” por el demandado “para declarar la vacancia al docente”, pues “lo hizo movido por circunstancia y hechos que realmente existieron, que justificarían que se declare la vacancia del docente, como lo es la ausencia en el sitio de trabajo”.

III. DEL RECURSO DE APELACIÓN

Frente a la sentencia de primera instancia, el Instituto Universitario de la PazUNIPAZ, interpuso recurso de apelación 7; para cual argument ó, que la condena que fue impuesta con ocasión de la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 446 de fecha 12 de diciembre de 2002 , se dio por “falta de medios probatorios que demostraran el incumplimiento de las funciones del docente y el procedimiento

que fue impuesta con ocasión de la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 446 de fecha 12 de diciembre de 2002 , se dio por “falta de medios probatorios que demostraran el incumplimiento de las funciones del docente y el procedimiento realizado al mismo para la desvinculación”, con lo cual, en criterio del recurrente, se “configuró una desviación de poder” en la expedición del acto administrativo. Insistió, que el señor Carlos Augusto Vásquez Rojas , al expedir el acto administrativo desconoció el debido proceso, aspecto que, contrario a lo sostenido en el fallo de primera instancia, no es circunstancial, sino que, por el contrario, en atención a las calidades que debe tener un cargo directivo, se trataba de una exigencia mayor.

Por otra parte, adujo, que el Jue z de instancia erró al afirmar que los hechos que dieron origen a la Resolución No. 446 de fecha 12 de diciembre de 2002 se encontraban probados, pues contrario a ello, dicha situación ni siquiera fue demostrada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, en dicho proceso no quedó demostrado que en efecto el docente Francisco Tirado Santamaría “hubiese faltado al trabajo”, más aún cuando la prueba testimonial pract icada en el proceso con es coincidente.

7 Ver folios 20 a 26 del documen to “004aFolio187” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2014-00342-01 Página 5 de 21

SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2014-00342-01 Página 5 de 21

Por lo tanto, argumentó, que en el proceso quedó demostrada la causal contenida en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por cuanto el demandado actuó, en la expedición del acto administrativo que dio o rigen a la condena judicial, con desviación de poder; así, en sentir del recurrente, la actuación dolosa se encuentra soportada probatoriamente a partir de la sentencia de primera instancia que declara la nulidad de la Resolución No. 446 de fecha 12 de diciembre de 2002 por no haberse llevado a cabo un procedimiento legal y, en el testimonio rendido por el señor Carlos Augusto Jaimes Bohórquez quien fue enfático en precisar que no se observó un conducto regular.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto de fecha cinco (5) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se admitió el recurso de apelación 8, ordenándose la notificación personal del Ministerio Público y, a través de providencia de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)9, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión y para que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

En esta etapa procesal, el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ10, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Por su parte, el señor Carlos

Público emitiera concepto de fondo.

En esta etapa procesal, el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ10, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Por su parte, el señor Carlos Augusto Vásquez Rojas11, por conducto de su apoderado, solicitó se mantuviera incólume la decisión de primera instancia.

Así mismo, la delegada del Ministerio Público con funciones de intervención ante el Despacho del Magistrado Ponente, presentó concepto de fondo 12, en el cual solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, por cuanto “En el caso de estudio se advierte que para el año 2002, fecha en que fue proferido el acto administrativo que retiró del servicio al docente Francisco Tirado Santamaría, no existía suficiente claridad en el campo jurídico sobre la procedencia del procedimiento adminsitrativo para producir el acto de retiro de un servidor público o si dicha facultad podía ejercerse de forma autónoma o seguida de un proceso disciplinario. Desde esta perspectiva histórica, no podría enmarcarse el comportamiento del accionado como abusivo o dirigido a causar un daño, al docente afectado con la decisión de retiro del servicio. Tal como lo refiere la providencia impugnada, el aquí accionado produjo la decisión administrativa, ante la novedad que le fue comunicada por uno de los directores de Escuela de la Universidad y con el fin único de solucionar una situación administrativa de personal”.

8 Ver folio 34 del documento “004aFolio187” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia.

el fin único de solucionar una situación administrativa de personal”.

8 Ver folio 34 del documento “004aFolio187” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia. 9 Ver folio 42 del documento “004aFolio187” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia. 10 Ver folios 4 9 a 55 del documento “004aFolio187” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia. 11 Ver folios 57 a 62 del documento “004aFolio187” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia. 12 Ver folios 70 a 76 del documento “004aFolio187” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2014-00342-01 Página 6 de 21

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Cuestión preliminar.

Al comienzo de esta providencia ya se advirtió que se desataría nuevamente el

razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Cuestión preliminar.

Al comienzo de esta providencia ya se advirtió que se desataría nuevamente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2015, proferida por el Juzgado Único Administrativo Oral del Circuito de Judicial de Barrancabermeja, en razón a que en fallo de tutela del 11 de junio de 2020 13, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al amparar los derechos fundamentales al “debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Carlos Augusto Vásquez Rojas”, ordenó que se profiriera “la providencia de reemplazo dentro del medio de control de repetición identificado con número único de radicación 68081 33 33 001 2014 00342 01, en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en esta decisión”.

La sentencia primigenia de segunda instancia, que fuera dejada sin efectos por el fallo de tutela, fue proferida el día 28 de noviembre de 201914 y, a través de ella, se había resuelto:

“…PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015) proferida por el Juzgado Único Administrativo de Barrancabermeja, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad personal a título de culpa grave del señor CARLOS AUGUSTO VASQUEZ ROJAS quien con su conducta causó la condena a UNIPAZimpuesta mediante sentencia del 13 de diciembre de 2010 proferida por el

SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad personal a título de culpa grave del señor CARLOS AUGUSTO VASQUEZ ROJAS quien con su conducta causó la condena a UNIPAZimpuesta mediante sentencia del 13 de diciembre de 2010 proferida por el Juzgado Único Administrativo de Barrancabermeja, y modificada por el Tribunal Administrativo de Santander en descongestión mediante providencia de fecha 19 de octubre de 2012 dentro del radicado 2003-01350-00, por lo expuesto en precedencia.

TERCERO: En consecuencia, CONDENAR al señor CARLOS AUGUSTO VÁSQUEZ ROJAS, identificado con la C.C. 14.990.022 de Cali, a pagar a favor de

UNIPAZ la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE

(158.584.154)…”

Como argumentó de la decisión, se había indicado, en el análisis de la “cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa” , a partir de las consideraciones expuestas en las decisiones de primera y segunda instancia proferidas al interior del medio de control de

13 Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2020 01856 00. 14 Ver folios 82 a 94 del documento “004aFolio187” en el expediente digital de OneDrive – índice 00013 de SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2014-00342-01 Página 7 de 21

SAMAI Gestión en otros despachos, actuaciones de la primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2014-00342-01 Página 7 de 21

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 68081 33 31 012 2003 01350 01, mediante las cuales el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Barrancabermeja y el Tribunal Administrativo de Santander, condenaron al Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ, a reintegrar al señor Francisco Tirado Santamaría al cargo que venía desempeñando de profesor auxiliar en ese instituto, así como al pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir; a partir de lo anterior, se concluyó que:

“…Así las cosas, esta Sala considera que se logró probar que en los fallos judiciales de forma expresa se indicó que la declaratoria de nulidad fue provocada por la expedición de actos administrativos con desviación de poder, es decir, porque el servidor público utilizó sus funciones para fines distintos a los contemplados por el ordenamiento jurídico y con violación del derecho al debido proceso del señor Francisco Tirado Santamaría, consistente en que no se verificó por parte del señor CARLOS AUGUSTO VASQUE Z ROJAS, en su condición de rector de UNIPAZ, la manifestación hecha por el Director de Escuela y se profirió la Resolución N° 446 de 2002 sin recolectar pruebas, sin otorgarle al afectado la posibilidad de controvertirlas y dar su propia versión de los he chos, en evidente infracción a lo dispuesto en el artículo 127 del Decreto 1950 de 1973 y al artículo 29 de la Constitución Política.

y dar su propia versión de los he chos, en evidente infracción a lo dispuesto en el artículo 127 del Decreto 1950 de 1973 y al artículo 29 de la Constitución Política.

De lo anterior se deduce que al momento de proferir la Resolución N° 446 del 12 de diciembre de 2002, el señor CARLOS AUGUSTO VÁSQUEZ ROJAS omitió respetar el derecho al debido proceso del que era titular el docente Francisco Tirado Santamaría y expidió el acto en desarrollo de un interés público, pero empleando sus competencias con una finalidad abusiva de las mismas, pese a que sus argumentos de defensa se centran en exponer que no actuó de manera consciente con la intención de producir las consecuencias nocivas porque lo que pretendía era velar por los derechos de la institución y la continuidad de la prestación del servic io de educación, lo cierto es que su expedición obedeció a razones totalmente ajenas a ese fin.

En efecto, la conducta del demandado no encuentra justificación porque se trataba de una persona que ejercía el más alto cargo directivo en la Universidad y el hecho que no hubiese un profesional del derecho en la planta de la institución para asesorarlo no es óbice para que desconozca ue su deber como funcionario público de cumplir y defender la Constitución Política a través de la garantía oportuna de los derechos fundamentales allí consagrados.

De este modo, el resultado lesivo por el que fue condenado el Estado al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo la partida 200301350-00, es imputable al proceder del señor CARLOS AUGUSTO VÁSQUEZ ROJAS a título de culpa grave y por tal razón, se procederá a REVOCAR la providencia impugnada…”

01350-00, es imputable al proceder del señor CARLOS AUGUSTO VÁSQUEZ ROJAS a título de culpa grave y por tal razón, se procederá a REVOCAR la providencia impugnada…”

El fallo de tutela ordena proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia, al considerar que esta Corporación incurrió en un defecto fáctico por omitir la valoración probatoria de “los testimonios de i) Julio César Rodríguez, ii) Jorge Humberto Contreras, iii) Carlos Augusto Jaimes Bohórquez, iv) Liliana León Salom, las que fueron decretadas en audiencia inicial celebrada 22 de septiembre de 2015 y, practicadas en la audiencia de pruebas celebrada el 15 de octubre de 2015”; pruebas que, según se asevera en la sentencia de tutela, le permitirían “al juez del proceso de repetición, advertir que la decisión adoptada por el entonces rector de la institución educativa, fue una decisión informada en tanto que acudió al jefe inmediato del docente y a otros empleados que le permitieron llegar a la conclusión que lo que correspondía era proferir el acto administrativo en el que se declarara el abandono del cargo”; de ahíTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2014-00342-01 Página 8 de 21

que, para el Juez de tutela, los “testimonios dejados de valorar, permitían a la autoridad judicial demandada establecer con certeza cuál era la calificación que debía otorgársele al señor Carlos Augusto Vásquez Rojas, en tanto que, con lo manifestado por los testigos se podía concluir que el actor buscó asesoría y procuró la práctica de

judicial demandada establecer con certeza cuál era la calificación que debía otorgársele al señor Carlos Augusto Vásquez Rojas, en tanto que, con lo manifestado por los testigos se podía concluir que el actor buscó asesoría y procuró la práctica de pruebas que le permitieran adoptar una decisión frente a las denuncias presentadas contra el docente”.

En consecuencia, se pasa a otras consideraciones que permiten decidir otra vez la alzada para darle cumplimiento a la tutela con el entendimiento que este fallo impuso.

3. Delimitación del problema jurídico.

De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política, “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, previsión constitucional a partir de la cual se desarrolló el principio de la non reformartio un pejus, el cual se ha establecido, junto con el principio de la congruencia (artículo 281 del C.G.P.), en el marco fundamental de competencia para el Juez de segunda instancia, al imponerle como límite de la decisión las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia; de manera clara, el artículo 328 del CGP prescribe, que el Juez de segunda instancia deberá pronunciarse “solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante”; de donde los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los aspectos que se puede analizar de oficio, como son los que tienen que ver con los presupuestos procesales de la acción (competencia, caducidad o legitimación de l as partes) o, en aquellos eventos en los cuales se hace exigible del Juez superior evitar la consolidación de situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico y de los

de la acción (competencia, caducidad o legitimación de l as partes) o, en aquellos eventos en los cuales se hace exigible del Juez su