TA SAN - Sentencia 680813333001-2014-00380-01 (02-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Sentencia de Segunda Instancia Bucaramanga, dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Medio de Control Reparación Directa Demandantes Daniel Ardila Tarazona y otros Jeiss-mas@hotmail.com Jeiss_mau@hotmail.com danielardila450@gmail.com mitzy_g@hotmail.com

Demandado - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC notificaciones@inpec.gov.co; demanda.oriente@inpec.gov.co

Llamada en garantía - La Caja de Previsión Social de ComunicacionesCAPRECOM EPS con NIT 899999026-0 notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co; Radicado y link del expediente 680813333001-2014-00380-01 Temas Se confirma la sentencia de primera instancia, que concedió parcialmente a las pretensiones, al haberse demostrado la responsabilidad del Estado bajo el título de imputación de daño especial. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente1 por la parte demandada contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por el Juzgado

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente1 por la parte demandada contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de B arrancabermeja, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. Posición de la parte demandante2

Los demandantes pretenden que se declare al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC responsable por los perjuicios materiales, morales y por el daño a la vida de relación ocasionados como consecuencia de una falla en el servicio atribuible a la entidad demandada, la cual tenía la obligación de velar, custodiar y garantizar la seguridad del señor Daniel Ardila Tarazona, quien sufrió lesiones personales mientras permanecía privado de la libertad.

En consecuencia, a favor del señor Daniel Ardila Tarazona, piden que se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de: (i) $192.192.000 por concepto de lucro cesante, (ii) 50 smlmv por concepto de perjuicios morales y (iii) 50 smlmv por daño a la vida de relación. A favor de sus padres, los señores Anselmo Ardila

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 3 de marzo de 2025 en estados y el recurso fue interpuesto el 17 de marzo del mismo año, esto es, dentro de los 10 días siguientes conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 2 Expediente digital SAMAI. Índice 00027. Link OneDrive. 002aFolio360.pdf. Folios 1 – 14.Radicado: 680813333-001-2014-00380-01

2 Expediente digital SAMAI. Índice 00027. Link OneDrive. 002aFolio360.pdf. Folios 1 – 14.Radicado: 680813333-001-2014-00380-01

Medio de control: Reparación directa Parte demandante: Daniel Ardila Tarazona y otros

Parte demandada: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

Mesa y María Adela Tarazona de Ardila , solicitan el pago de 25 smlmv para cada uno por concepto de perjuicios morales.

Finalmente, piden que el valor de las condenas señaladas sea actualizado a la fecha de ejecutoria de la sentencia con base en la variación porcentual del IPC para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de conformidad con los arts. 192, 298 y 299 del CPACA.

Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expone que el 12 de julio de 2012 el señor Daniel Ardila Tarazona, mientras se hallaba recluido en el patio No. 1 de la cárcel de Barrancabermeja, fue agredido con un arma cortopunzante por otro interno, que le causó una perforación en el pulmón izquierdo. Señala que el ataque quedó registrado en las minutas del pabellón y de la guardia del patio.

Indica que, posteriormente, fue trasladado a urgencias del Hospital Regional de Barrancabermeja, donde se le diagnosticó un trauma penetrante de tórax que le provocó un hemoneumotórax (acumulación de sangre y aire en la cavidad torácica). Añade que, según lo establecido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias

Barrancabermeja, donde se le diagnosticó un trauma penetrante de tórax que le provocó un hemoneumotórax (acumulación de sangre y aire en la cavidad torácica). Añade que, según lo establecido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el Informe Técnico Médico Legal de Lesiones No Fatales, sufrió de una deformidad física permanente.

Sostiene que, a la fecha, presenta constantes episodios de ahogo, movimientos respiratorios rápidos, tos seca y persistente, así como dolor torácico agudo de carácter punzante que se intensifica con la respiración y la tos, como secuelas de las lesiones sufridas.

Afirma que existió una falla en el servicio por parte de la entidad demandada, dado que tenía la obligación de velar, custodiar y garantizar la seguridad personal de los internos a su cargo, e impedir el ingreso de objetos que pudieran ser utilizados para fabricar armas cortopunzantes.

Asegura que durante el tiempo que permaneció recluido no recibió el tratamiento médico posquirúrgico adecuado por parte de la entidad accionada, lo que le ocasionó secuelas en su salud, especialmente en los pulmones y el sistema respiratorio.

Manifiesta que ha experimentado congoja y depresión al verse disminuido en su capacidad laboral, además de no poder practicar deporte como antes, debido a su deteriorado estado de salud.

Advierte que, en atención a la disminución de su capacidad laboral, debe reconocérsele una indemnización por concepto de lucro cesante, la cual debe calcularse conforme al salario mínimo mensual vigente y su expectativa de vida.

Advierte que, en atención a la disminución de su capacidad laboral, debe reconocérsele una indemnización por concepto de lucro cesante, la cual debe calcularse conforme al salario mínimo mensual vigente y su expectativa de vida.

En cuanto a los padres del señor Daniel Ardila Tarazona, expone que han tenido que ayudarlo económicamente pues le ha costado ubicarse laboralmente como consecuencia de sus padecimientos. Agrega que estos debieron soportar la congoja que les produjo presen ciar su sufrimiento, quien no volvió a ser el mismo como consecuencia de la agresión.

1.2. Posición de la parte demandada 1.2.1 El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC3 se opone a las pretensiones de la demanda y solicita ser absuelto de cualquier condena. Reconoce que el 12 de julio de 2012, alrededor de las 5:50 a. m., se presentó una disputa en el patio número 1 entre los internos Daniel Ardila Tarazona y Carlos Andrés Zapata Cubides, conforme al informe de guardia. Sin embargo, niega que

3 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00027. Link OneDrive. 002aFolio360.pdf. folios 281 – 284.Radicado: 680813333-001-2014-00380-01

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Parte demandada: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

se hubiera omitido la prestación de atención médica adecuada frente a las lesiones sufridas por el demandante. Asegura que, en todos los casos en que ocurren altercados de esta naturaleza se

se hubiera omitido la prestación de atención médica adecuada frente a las lesiones sufridas por el demandante. Asegura que, en todos los casos en que ocurren altercados de esta naturaleza se brinda atención médica prioritaria a las personas lesionadas, que incluye consultas, medicamentos y seguimientos necesarios para garantizar su recuperación, tal como sucedió en este caso. Afirma que el interno recibió todo lo necesario hasta alcanzar una evolución satisfactoria en el postoperatorio. Advierte que, antes de las lesiones ocasionadas por la agresión, el demandante había sido diagnosticado con tuberculosis pulmonar, condición que, sumada a su hábito de fumar y a su adicción a sustancias psicoactivas, afectó sus pulmones y su proceso de recuperación. Concluye que, por lo tanto, los síntomas que manifiesta no son secuelas de las lesiones, sino consecuencia de dichas patologías preexistentes. Indica que está plenamente acreditada la actuación oportuna y eficaz de las unidades de guardia, quienes controlaron la situación e impidieron que se convirtiera en una revuelta al interior del penal. Señala que el altercado se originó de manera espontánea por una discusión entre los implicados y no obedeció a rencillas previas conocidas por la institución. Argumenta que, en caso de existir alguna responsabilidad en la atención médica del actor, esta correspondería a la EPS Caprecom. Finalmente plantea la inexistencia de falla en el servicio, pues, a pesar de haber informado al actor sobre las reglas de convivencia, este participó en una riña con agresiones recíprocas, lo que configura una causal de exoneración por culpa exclusiva de la víctima.

de falla en el servicio, pues, a pesar de haber informado al actor sobre las reglas de convivencia, este participó en una riña con agresiones recíprocas, lo que configura una causal de exoneración por culpa exclusiva de la víctima. 1.2.2 La Caja de Previsión Social de ComunicacionesCAPRECOM EPS 4 se opone a las pretensiones formuladas. Manifiesta que las funciones administrativas bajo su competencia se cumplieron adecuadamente, y que, en atención a la solicitud del departamento de sanidad del centro de reclusión, se garantizó la prestación del servicio de salud al actor, sin que se evidenciara falla alguna en el servicio, ya fuera por acción u omisión. Afirma que las pretensiones expuestas en la demanda, orientadas a obtener la reparación de los daños alegados, guardan una relación directa con la responsabilidad del INPEC, derivada de las labores de vigilancia, control y cuidado de los internos. Advierte que, según la historia clínica del demandante, este fue diagnosticado con tuberculosis (TBC), enfermedad que constituye la causa real de todos los daños que pretende acreditar en el presente proceso. 1.3. La sentencia recurrida5 Mediante sentencia del 28 de febrero de 2025, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja resuelve: PRIMERO: DECLARAR que la entidad Caja de Previsión Social de las ComunicacionesCAPRECOM EICE en liquidación hoy Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRECOM LIQUIDADO, no está llamada a responder por los perjuicios pretendidos por la parte actora, en nombre propio y/o de l a entidad demandada, como se expuso en este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial del demandado Instituto

pretendidos por la parte actora, en nombre propio y/o de l a entidad demandada, como se expuso en este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial del demandado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, por las lesiones padecidas por el señor Daniel Ardila Tarazona, identificado con cédula de ciudadanía número 91.443.825 de Barrancabermeja, en la Establecim iento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Barrancabermeja, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

4 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00027. Link OneDrive. 004aFolio593.pdf.. 5 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00031. Documento: 29Sentencia_2014380SentenciaLesi(.pdf)Radicado: 680813333-001-2014-00380-01

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Parte demandada: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

TERCERO: CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, a pagar a favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales: A favor de Daniel Ardila Tarazona (víctima directa), el equivalente en pesos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A favor de María Adela Tarazona de Ardila y Anselmo Ardila Mesa (progenitores) la suma equivalente en pesos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. (…)

suma equivalente en pesos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. (…) Para llegar a la anterior decisión, el juzgado considera que, conforme al material probatorio obrante en el expediente, se encuentra acreditado el daño alegado por la parte actora, consistente en la lesión sufrida por el señor Daniel Ardila Tarazona el 12 de julio de 2012, específicamente por una herida en el tercio medial de la región infraclavicular izquierda, causada por arma cortopunzante.

Sostiene que, tratándose de daños ocasionados a personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios oficiales, la responsabilidad del Estado debe analizarse bajo un régimen objetivo, concretamente el de daño especial, en virtud de la relación de sujeción que surge con la privación de la libertad. Advierte que la entidad demandada solo puede ser exonerada si demuestra la existencia de una causa extraña, como lo sería la culpa exclusiva de la víctima. Precisa que, en este caso, se alegó dicha causal con base en dos circunstancias: primero, que la lesión fue consecuencia de la participación del señor Ardila Tarazona en una riña con otro interno; y segundo, que sus afecciones de salud derivan de una enfermedad p reexistente, tuberculosis pulmonar, diagnosticada desde su ingreso al establecimiento penitenciario. Descarta que la primera circunstancia se configure como una causal de exoneración, al no poder establecerse que la conducta del señor Ardila Tarazona haya sido determinante en la producción del daño. Argumenta que, por el contrario,

Descarta que la primera circunstancia se configure como una causal de exoneración, al no poder establecerse que la conducta del señor Ardila Tarazona haya sido determinante en la producción del daño. Argumenta que, por el contrario, las causas de la agresión al actor son imputables a la entidad demandada en razón al incumplimiento de sus obligaciones legales de custodia y vigilancia. Según el a quo, incluso si se admitiera que el actor contribuyó a la situación que dio lugar a la agresión, lo cierto es que la lesión fue causada con un arma cortopunzante, lo cual evidencia una omisión en el cumplimiento del deber de vigilancia, al permitir que los internos portaran elementos capaces de causar daño. Reconoce que la enfermedad de tuberculosis pulmonar que padecía el actor fue atendida adecuadamente por la entidad demandada y la llamada en garantía, mediante la aplicación del tratamiento farmacológico prescrito y el protocolo médico correspondiente, y añade que el presente proceso se orienta a demostrar la responsabilidad del Estado por las lesiones sufridas por el demandante cuando se encontraba privado de la libertad en el EPMSC de Barrancabermeja y por la atención médica posoperatoria brindada, por lo que resulta irrelevante la patología de base que padecía el actor en la medida en que dicha condición no incide en la imputación del daño objeto del proceso. Con base en lo anterior, e xonera de responsabilidad a la llamada en garantía CAPRECOM EICE en liquidación, hoy Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRECOM LIQUIDADO. Para el juzgado, la atención médica que recibió el señor Ardila Tarazona fue adecuada y permitió su recuperación conforme lo establece el

CAPRECOM EICE en liquidación, hoy Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRECOM LIQUIDADO. Para el juzgado, la atención médica que recibió el señor Ardila Tarazona fue adecuada y permitió su recuperación conforme lo establece el dictamen pericial rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, la cual determinó que no existe pérdida de la capacidad del demandante porque no se advierte afectación alguna en su sistema respiratorio deriva da de la agresión sufrida dentro del establecimiento penitenciario ni por la enfermedad de tuberculosis pulmonar. En cuanto a los perjuicios reclamados, afirma que, pese a que el dictamen pericial arrojó un porcentaje de pérdida de capacidad equivalente al 0%, resulta procedenteRadicado: 680813333-001-2014-00380-01

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Parte demandada: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

aplicar las reglas de la experiencia para inferir que la lesión sufrida por el señor Ardila Tarazona generó congoja y aflicción tanto en él como en su núcleo familiar, máxime si se considera que, aunque la herida con arma cortopunzante no ocasionó una afec tación funcional grave en el órgano comprometido, el hecho ocurrió mientras el actor se encontraba en tratamiento por tuberculosis pulmonar, enfermedad que compromete el sistema respiratorio , según lo expuesto por la perito en la audiencia de pruebas. Dispone que, en virtud del arbitrio iuris y a efectos de establecer la tasación de los daños morales sufridos por la parte demandante, acoge el criterio expuesto por el

perito en la audiencia de pruebas. Dispone que, en virtud del arbitrio iuris y a efectos de establecer la tasación de los daños morales sufridos por la parte demandante, acoge el criterio expuesto por el Consejo de Estado respecto a los topes indemnizatorios en casos de daño moral por lesiones y, por lo tanto , cuantificó para el actor y para sus progenitores, el equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. Se abstiene de reconocer suma alguna por concepto de daño a la salud, al no haberse allegado prueba que permita analizar los elementos estructurales de dicho perjuicio, tales como deficiencia o anomalía anatómica, razón por la cual no se acredita el criterio objetivo requerido para su reconocimiento. Finalmente, concluye que, al no haberse acreditado que el señor Daniel Ardila Tarazona haya sufrido pérdida de capacidad laboral conforme lo indica el dictamen pericial, y al no existir prueba alguna que permita verificar la existencia de los perjuicios materiales reclamados, no hay lugar a declarar indemnización por dicho concepto.

1.4. La apelación

La parte demandada6 solicita que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones. Aduce que el juez de primera instancia asumió, como si se tratara de una presunción de pleno derecho, que el régimen de responsabilidad aplicable a los hechos ocurridos al interior de los establecimientos carcelarios debía ser inexorablemente el de daño especia l, sin considerar que el Consejo de Estado ha sostenido en diversos pronunciamientos que el título de imputación debe definirse a partir del análisis del caso concreto, en atención a sus circunstancias particulares.

inexorablemente el de daño especia l, sin considerar que el Consejo de Estado ha sostenido en diversos pronunciamientos que el título de imputación debe definirse a partir del análisis del caso concreto, en atención a sus circunstancias particulares. Sostiene que, para el sub examine, el régimen de responsabilidad subjetiva por falla del servicio se ajusta de manera más adecuada a las circunstancias fácticas y jurídicas planteadas en la demanda, toda vez que el asunto gira en torno a establecer si se incurrió en omisiones frente a los deberes de custodia, vigilancia y conservación de las personas privadas de la libertad, por lo que resulta indispensable tener en cuenta las condiciones modales, temporales y espaciales en las que se desarrollaron los hech os, así como el contexto institucional en el que ocurrieron. Señala que optar por el régimen objetivo de daño especial como título de imputación limita injustificadamente el análisis judicial, al reducirlo a la mera constatación de un hecho dañoso, sin permitir el examen de aspectos relevantes como la diligencia institucional frente a la atención del evento, las omisiones atribuibles al lesionado o la activación de protocolos de respuesta ante situaciones de riesgo, lo que impide una valoración integral del comportamiento administrativo. Afirma que, si el a quo hubiese valorado la actuación administrativa desplegada, habría advertido que se activaron de manera inmediata los protocolos de sanidad ante la ocurrencia de lesiones dentro del establecimiento de reclusión, como se desprende del contenido del expediente, en el que también consta que se realizaron registros de requisa en los diferentes Erones del orden nacional, y que el personal de guardia actuó conforme a los procedimientos establecidos para preservar la

desprende del contenido del expediente, en el que también consta que se realizaron registros de requisa en los diferentes Erones del orden nacional, y que el personal de guardia actuó conforme a los procedimientos establecidos para preservar la integridad física del actor.

6 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00034. RECURSODEAPELACION(.pdf)Radicado: 680813333-001-2014-00380-01

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Argumenta que resulta desproporcionado exigir la presencia permanente de un guardián por cada persona privada de la libertad, toda vez que su misión se limita a garantizar el cumplimiento de la pena privativa de la libertad impuesta por la autoridad judicial, sin que le sea exigible transformar de manera inmediata las conductas o pensamientos de quienes han estado inmersos en dinámicas delictivas desde su niñez o adolescencia. Aduce que, por la naturaleza de la población reclusa, caracterizada por comportamientos violentos, vengativos y belicosos, resulta imposible evitar en todo momento los actos delictivos que se presentan entre los internos. Señala que estos, con frecuencia, emplean elementos de aseo personal, prendas de vestir, objetos de la infraestructura e incluso restos de alimentos para causar daño, valiéndose de prácticas como ahorcar con cordones o sábanas, afilar cepillos de dientes o cualquier objeto disponible, e incluso utilizar huesos como armas. Además, advierte que las riñas son concertadas de manera anticipada en horarios

prácticas como ahorcar con cordones o sábanas, afilar cepillos de dientes o cualquier objeto disponible, e incluso utilizar huesos como armas. Además, advierte que las riñas son concertadas de manera anticipada en horarios y lugares estratégicos que dificultan el acceso oportuno de la guardia con el propósito deliberado de evadir la vigilancia institucional, circunstancia que se evidencia en los hechos objeto de debate, los cuales ocurrieron instantes previos al inicio de la jornada ordinaria dentro del establecimiento, aproximadamente a las 05:50 horas, antes de la «contada general», momento en el cual los internos gozan de un espacio de intimidad y descanso que hace inviable la presencia permanente del personal de guardia en las instalaciones donde pernoctan los reclusos. Refiere que, en algunos casos, los internos incurren en conductas como incendios provocados, intentos de fuga y alteraciones del orden, con el propósito de generar caos y, posteriormente, presentar demandas en busca de beneficios económicos, incluso cuando no existe prueba alguna que demuestre la afectación aparentemente sufrida. Sostiene que la presencia de elementos cortopunzantes al interior del establecimiento de reclusión corresponde a una circunstancia anterior a la comisión de los hechos, que en su momento el demandante omitió poner en conocimiento de las autoridades. Reconoce que el porte de armas cortopunzantes puede escapar a la vigilancia y control institucional, especialmente cuando las personas privadas de la libertad fabrican o esconden herramientas con las que pueden amenazar o agredir la integridad de terceros o de sí mismo s, a pesar de los esfuerzos del cuerpo de custodia y vigilancia que realiza las requisas conforme a los protocolos establecidos.

fabrican o esconden herramientas con las que pueden amenazar o agredir la integridad de terceros o de sí mismo s, a pesar de los esfuerzos del cuerpo de custodia y vigilancia que realiza las requisas conforme a los protocolos establecidos. Destaca que la parte demandante no aportó al plenario medio probatorio alguno que permitiera demostrar que el deber de requisa fue omitido o ejecutado de manera insuficiente, lo que impide declarar una falla por omisión o incumplimiento de las normas que regulan la seguridad y protección al interior de los establecimientos penitenciarios. Agrega que no existe claridad respecto del arma cortopunzante utilizada para causar las heridas al demandante, por lo que no se pudo determinar si se trató de un elemento de fabricación interna o si fue ingresado al establecimiento, lo que imposibilita establecer un reproche concreto sobre los controles de ingreso y vigilancia ejercidos por el personal penitenciario. Respecto de los perjuicios reclamados, precisa que el Consejo de Estado ha sostenido que no basta con acreditar un vínculo formal entre el directamente perjudicado y el grupo de familiares, pues los sentimientos de aflicción y dolor no surgen automáticamente por el solo hecho de existir vínculos de consang uinidad, sino que deben ser acreditados mediante los elementos de prueba que ofrece el ordenamiento jurídico. Considera que en el presente caso no se allegaron elementos probatorios que permitan concluir que entre los familiares y el directamente perjudicado existían vínculos afectivos, de solidaridad o apoyo mutuo que justifiquen una afectaciónRadicado: 680813333-001-2014-00380-01

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vínculos afectivos, de solidaridad o apoyo mutuo que justifiquen una afectaciónRadicado: 680813333-001-2014-00380-01

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emocional derivada de la lesión sufrida, y añade que, aun si se admitiera que los familiares del actor se vieron afectados en su esfera emocional o en sus proyectos de vida como consecuencia de este suceso, resultaría forzoso concluir que dicha afectación les generó perjuicios morales dada la levedad de las consecuencias de las lesiones y, por ende, no se tendría que reconocer perjuicios inmateriales por dicho concepto. Concluye que, conforme a las pruebas practicadas, el señor Ardila Tarazona nunca estuvo hospitalizado, presentó mejoría desde el momento en que fue atendido profesionalmente, y no fue necesaria una intervención quirúrgica, lo que demuestra la levedad de sus lesion es, tanto así que la Junta Regional de Calificación de Invalidez determinó un 0 % de pérdida de capacidad laboral. Además, insiste en que el actor participó activamente en la riña que dio origen a los hechos. Finalmente, cita algunos casos análogos resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por varios juzgados administrativos de Bogotá en sentido favorable a sus excepciones, con el propósito de que se adopte el mismo criterio en el presente proceso. 1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 13 de mayo de 202 57 se admitió el recurso de apelación

a sus excepciones, con el propósito de que se adopte el mismo criterio en el presente proceso. 1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 13 de mayo de 202 57 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Durante su ejecutoria, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

2. Consideraciones

2.1. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial. 2.2. El problema jurídico y su resolución

Con base en la reseña que antecede, la Sala lo plantea y resuelve así:

¿Debe declararse la responsabilidad del Estado, bajo el título de imputación de daño especial, por las lesiones personales sufridas por el señor Daniel Ardila Tarazona como consecuencia de una riña con arma blanca, ocurrida mientras se encontraba privado de la libertad en el Establecimiento Carcelario de Barrancabermeja?

Tesis: Sí.

Fundamento: Se configura la responsabilidad del Estado bajo el título de daño especial, toda vez que el señor Daniel Ardila Tarazona sufrió una lesión anormal y desproporcionada dentro del establecimiento penitenciario, en el marco de una relación de especial sujeción que lo obli gaba a soportar únicamente la restricción de su libertad, mas no la exposición a riesgos que comprometieran su vida o su integridad personal.

Aunque la entidad alegó que activó protocolos de atención y que practicó requisas, tales actuaciones posteriores no desvirtúan la imputación, pues el daño radica en la

integridad personal.

Aunque la entidad alegó que activó protocolos de atención y que practicó requisas, tales actuaciones posteriores no desvirtúan la imputación, pues el daño radica en la agresión sufrida por el interno bajo custodia estatal. La ausencia de prueba sobre el arma cortopunzante utilizada tampoco exonera al Estado, ya que, tratándose de un objeto hechizo o ingresado desde el exterior, el riesgo corresponde a las condiciones propias del sistema penitenciario que la administración está llamada a asumir, no el ciudadano privado de su libertad. De igual manera, la tesis de la culpa exclusiva de la víctima carece de sustento, pues se demostró que el actor actuó en

7 Expediente digital SAMAI. Índice 00005. 3Autoadmiterec_AUTO_201438001AUTOADMITEA(.pdf).Radicado: 680813333-001-2014-00380-01

Medio de control: Reparación directa Parte demandante: Daniel Ardila Tarazona y otros Parte dem