TA SAN - Sentencia 680813333001-2016-00348-01 (23-10-2025)

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Sentencia de segunda instancia Radicado 680813333001-2016-00348-01

Enlace del expediente https: //samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_ procesos.aspx?guid=68081333300120160034801

6800123 Medio de control Reparación directa Parte demandante Wilson Hernández Montt, Myriam Castro Ospina, y los menores Wilson Andrés y Sofía Isabel Hernández Castro olivellaguarin@hotmail.com olivellaguarin_8@hotmail.com olibvellaguarin@hotmail.com Parte demandada Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN notificacionesjudiciales@dian.gov.co Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co Tema: Responsabilidad del Estado por falla en el servicio. Se revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. Vinculación indebida del representante legal como deudor solidario en el proceso de cobro coactivo adelantado por la DIAN. La entidad no vinculó al demandante en el proceso de determinación de la obligación. Aun así, adelantó en su contra el cobro coactivo y dispuso la inmovilización de su vehículo. Se probó el daño antijurídico alegado, consistente en los gastos de parqueadero y honorarios de abogado. No se probó el lucro cesante ni lo s perjuicios morales.

Se probó el daño antijurídico alegado, consistente en los gastos de parqueadero y honorarios de abogado. No se probó el lucro cesante ni lo s perjuicios morales. Una vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia1, l a Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 10 de marzo de 2018 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja , que negó las pretensiones.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante La parte demandante pide que se declare administrativa y patrimonial mente responsable a la DIAN por los daños causados por la vinculación indebida del señor Wilson Hernández Montt como deudor subsidiario de la empresa CH Limitada en el proceso de cobro coactivo No. 2011-00795. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la demandada al pago de $ 5.900.000 pesos por concepto

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.Radicado: 680813333001-2016-00348-01

Medio de control: Reparación directa Parte demandante: Wilson Hernández Montt y otros

Parte demandada: DIAN

2 de daño emergente ; 50 SMLMV por perjuicios morales, y $17.600.000 pesos por concepto de lucro cesante. Sostiene que la DIAN le impuso una sanción a la empresa CH Limitada por no suministrar información y que posteriormente inició el proceso de cobro coactivo por

concepto de lucro cesante. Sostiene que la DIAN le impuso una sanción a la empresa CH Limitada por no suministrar información y que posteriormente inició el proceso de cobro coactivo por la suma de $50.292.000. Informa que e l señor Wilson Hernández Montt, representante legal de la empresa, fue vinculado en dicho proceso como deudor subsidiario sin que se cumpliera el procedimiento legal previsto en el Estatuto Tributario para su vinculación. Agrega que en el curso del proceso la DIAN ordenó el embargo de los vehículos de placas BXM 483 y BXN 403. Advierte que el primero , que estaba alquilado a la empresa ISMOCOL S.A. y generaba $ 110.000 pesos diarios de ingresos para la familia, fue retenido por la Policía Nacional y posteriormente secuestrado por orden de la DIAN, por lo que permaneció inmovilizado durante más de cinco meses. Dice que la actuación administrativa de la DIAN violó el debido proceso, ya que Hernández Montt no fue vinculado al proceso de determinación de la obligación, ni se le notificó previamente su vinculación como deudor subsidiario. Asegura que no existía un acto administrativo previo que declarara la imposibilidad de cobrar al deudor principal, requisito indispensable para que opere la responsabilidad solidaria. Narra que para la defensa en el proceso de cobro coactivo contrató los servicios de un profesional del derecho, gasto que no le correspondía asumir. Destaca que su apoderado presentó la excepción de inexistencia de l título ejecutivo, la cual fue inicialmente rechazada por la DIAN, pero posteriormente aceptada, porque no se cumplieron los formalismos legales y porque el señor Hernández Montt no tuvo conocimiento oportuno de la actuación.

inicialmente rechazada por la DIAN, pero posteriormente aceptada, porque no se cumplieron los formalismos legales y porque el señor Hernández Montt no tuvo conocimiento oportuno de la actuación. Concluye que el embargo y secuestro del vehículo le causó perjuicios materiales y morales a la familia, comoquiera que dejaron de percibir ingresos por el alquiler del vehículo. 1.2. Posición de la parte demandada La DIAN se opone a las pretensiones. A lega la excepción de ineptitud de la demanda por indebida escogencia del medio de control. Argumenta que la fuente del daño es un acto administrativo, por ende, la parte actora debió demandar lo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Afirma que sí existía un título ejecutivo válido, la resolución sanción por no enviar información que expidió en contra de la empresa CH Ltda.; que el mandamiento de pago se expidió conforme a derecho , y que el proceso de cobro coactivo se surtió con sujeción al Estatuto Tributario. Añade que la deuda subsiste y no ha sido cancelada ni objeto de acuerdo de pago. Indica que comunicó la actuación a los terceros potencialmente afectados con base en la Circular 140 de 2004 y la Sentencia C‑1201 de 2003. Recalca que, tratándose de una sociedad familiar en la que el representante legal y la suplente eran los mismos socios, la comunicación de los actos en contra CH Ltda. implicaba conocimiento por parte de los deudores solidarios. Cita los arts. 563, 565 y 568 del ET y la jurisprudencia del Consejo de Estado que

mismos socios, la comunicación de los actos en contra CH Ltda. implicaba conocimiento por parte de los deudores solidarios. Cita los arts. 563, 565 y 568 del ET y la jurisprudencia del Consejo de Estado que establece que la notificación al ejecutado se hará a la última dirección del RUT , laRadicado: 680813333001-2016-00348-01

Medio de control: Reparación directa Parte demandante: Wilson Hernández Montt y otros

Parte demandada: DIAN

3 que el señor Wilson Hernández Montt no actualizó, de manera que no puede alegar su propia culpa. Asegura que la responsabilidad solidaria o subsidiaria del representante legal deriva del incumplimiento de los deberes formales, y que su vinculación se perfecciona con la notificación del mandamiento de pago. Aduce que los demandantes omitieron ejercer los medios de defensa disponibles contra las medidas cautelares impuestas, entre ellos, la oposición al secuestro y el incidente de desembargo, por ende, no se le puede imputar el daño causado. Considera que no vulneró el debido proceso del señor Wilson , qu ien tuvo la oportunidad de proponer excepciones y recursos, y que cualquier afectación derivada del cobro coactivo corresponde a las cargas públicas que deben soportar los ciudadanos cuando hay títulos por ejecutar. Según la entidad, no se acreditó la causación de perjuicios materiales, porque no se probó la existencia del contrato alegado con ISMOCOL S.A. y los gastos de abogado era n facultativos en el proceso de cobro coactivo . Tampoco los daños morales, dado que no se allegó prueba pericial o concepto medico sobre la

se probó la existencia del contrato alegado con ISMOCOL S.A. y los gastos de abogado era n facultativos en el proceso de cobro coactivo . Tampoco los daños morales, dado que no se allegó prueba pericial o concepto medico sobre la afectación, además, porque los testimonios practicados son insuficientes. Señala que levantó de manera diligente las medidas cautelares y desistió de cobrar al deudor subsidiario la sanción impuesta, dejando la obligación como «natural» por razones de índole formal y no sustancial. 1.3. La sentencia recurrida El juzgado de primera instancia niega las pretensiones. Como fundamento de su decisión, sostiene que no se acreditó un daño antijurídico imputable a la administración, ya que, aunque la DIAN incurrió en una irregularidad al vincular al señor Wilson Hernández Montt como deudor subsidiario sin acto administrativo previo, dicha irregularidad fue subsanada dentro del mismo pro ceso de cobro coactivo. Advierte que la administración declaró probada la excepción de inexistencia de l título ejecutivo y dio por terminado el proceso, con lo cual se restablecieron los derechos afectados al demandante. Respecto al embargo y secuestro del vehículo, precisa que estas medidas fueron decretadas dentro de un proceso administrativo de cobro coactivo que se desarrolló conforme al Título VIII del Estatuto Tributario (arts. 823 y ss.), y que el propio demandante podía haber evitado tales medidas presentando la caución prevista en el artículo 602 del Código General del Proceso. Dice que el perjuicio derivado de la inmovilización no es atribuible a la administración, sino a la omisión del propio interesado. Argumenta que los honorarios del abogado contratado por el señor Wilson para

el artículo 602 del Código General del Proceso. Dice que el perjuicio derivado de la inmovilización no es atribuible a la administración, sino a la omisión del propio interesado. Argumenta que los honorarios del abogado contratado por el señor Wilson para ejercer su defensa no es un daño indemnizable, puesto que la intervención con abogado no es obligatoria conforme al parágrafo 4° del artículo 24 del CGP, es decir, su contratación fue una decisión voluntaria. 1.4. La apelación La parte demandante insiste en que la DIAN actuó de manera irregular al vincular al señor Wilson Hernández Montt como responsable subsidiario de las obligaciones de la sociedad CH Ltda., sin haberlo notificado debidamente. Aduce que esa irregularidad fue reconocida por la misma administraci ón cuando declaró probada la excepción de inexistencia de l título ejecutivo y dio por terminado el proceso deRadicado: 680813333001-2016-00348-01

Medio de control: Reparación directa Parte demandante: Wilson Hernández Montt y otros

Parte demandada: DIAN

4 cobro coactivo. A su juicio, el daño se configuró antes de la corrección administrativa. Alega también que el juez erró al afirmar que podía evitar el daño prestando la caución prevista en el artículo 602 del CGP, porque tal obligación no le correspondía. En su criterio, ese razonamiento implica aceptar que hubo un daño, pero trasladarle injustificadamente la carga de evitarlo, exonerando así a la administración de su responsabilidad. Refiere que el secuestro del vehículo de placas BXM 483 fue una consecuencia directa de una actuación irregular de la DIAN y que, por tanto, el daño

injustificadamente la carga de evitarlo, exonerando así a la administración de su responsabilidad. Refiere que el secuestro del vehículo de placas BXM 483 fue una consecuencia directa de una actuación irregular de la DIAN y que, por tanto, el daño antijurídico y el nexo causal se encuentran plenamente demostrados. Destaca que el daño patrimonial ca usado comprende: (i) l a pérdida de ingresos durante los 160 días en que el vehículo estuvo inmovilizado, calculada en $17.600.000; (ii) el pago del parqueadero donde estuvo el automóvil, por $900.000; (iii) los honorarios del abogado que ejerció la defensa ante la DIAN, por $5.000.000, y (iv) la existencia de un daño moral derivado de la afectación al sustento familiar. Estructura su argumentación bajo el título de imputación de la falla del servicio. Cita la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014. Según su tesis, la DIAN incumplió sus deberes legales de notificación y respeto al debido proceso, lo que generó el daño antijurídico que pide reparar.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico y su tesis 2.1.1. ¿La orden de inmovilización y secuestro impartida por la DIAN sobre uno de los vehículos del señor Wilson Hernández le causó a los demandantes un daño antijurídico, consistente en la pérdida de los ingresos diarios que este generaría durante el tiempo en que permaneció retenido por el proceso de cobro coactivo adelantado en su contra?

Tesis: No Fundamento: No se probó el daño alegado por la inmovilización del vehículo de

este generaría durante el tiempo en que permaneció retenido por el proceso de cobro coactivo adelantado en su contra?

Tesis: No Fundamento: No se probó el daño alegado por la inmovilización del vehículo de placas BXM-483, pues no existe certeza de que dicha medida que decretó la DIAN haya sido la causa de la pérdida de los ingresos que generaba el vehículo. Aunque este se encontraba arrendado a la empresa Ismocol S.A. el día de su inmovilización, la empresa no prorrogó el contrato de prestación de servicios, no por la retención del automotor, sino porque ya no lo necesitaba. En consecuencia, l a supuesta pérdida de ingresos se basa únicamente en una hipótesis, sin sustento probatorio que demuestre que la inmovilización le impidió volver a suscribir el contrato , es decir, que ello causó el daño. 2.1.2. ¿Los gastos de parqueadero y los honorarios del abogado configuran un daño antijurídico imputable a la DIAN por la vinculación del señor Wilson Hernández Montt al proceso de cobro coactivo como deudor subsidiario?

Tesis: Sí.

Fundamento: La DIAN vinculó indebidamente al señor Wilson Hernández Montt al proceso de cobro coactivo, al no haberlo vinculado previamente al procedimiento de determinación de la obligación tributaria, conforme a lo establecido en la normativa vigente y en la jurispr udencia de la Corte Constitucional. Esta irregularidad, reconocida por la propia entidad a través de la Resolución No. 000315 de 2015, vulneró su derecho al debido proceso y generó un perjuicio que la parte

normativa vigente y en la jurispr udencia de la Corte Constitucional. Esta irregularidad, reconocida por la propia entidad a través de la Resolución No. 000315 de 2015, vulneró su derecho al debido proceso y generó un perjuicio que la parte actora no estaba obligada a soportar. El señor Wilson Hernández tuvo que asumirRadicado: 680813333001-2016-00348-01

Medio de control: Reparación directa Parte demandante: Wilson Hernández Montt y otros

Parte demandada: DIAN

5 el costo del parqueadero donde permaneció el vehículo de placas BXM -483, así como los honorarios del abogado que contrató para su defensa. Por lo tanto, el daño es antijurídico y le es imputable a la DIAN. 2.2. Marco jurídico 2.2.1. Generalidades sobre la responsabilidad del Estado De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política 2, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. De esta norma se derivan dos elementos esenciales de la responsabilidad estatal: el daño antijurídico y la imputación3. El primero consiste en el menoscabo de un interés legítimo, personal, cierto y actual4, que la víctima no está jurídicamente obligada a soportar 5. Para que sea indemnizable, debe estar debidamente estructurado. L a jurisprudencia 6 ha identificado los siguientes elementos del daño antijurídico: (i) Certeza, esto es, que la lesión «se pueda apreciar material y jurídicamente», de manera que no se trate de una «mera conjetura, hipótesis o eventualidad»7;

identificado los siguientes elementos del daño antijurídico: (i) Certeza, esto es, que la lesión «se pueda apreciar material y jurídicamente», de manera que no se trate de una «mera conjetura, hipótesis o eventualidad»7; (ii) Subjetividad, es decir, que el daño recaiga sobre un derecho o interés subjetivo de quien lo alega, en tanto hace parte de su patrimonio material o inmaterial, por vía directa o hereditaria; (iii) Licitud, dado que se lesiona un bien jurídicamente protegido o, en términos negativos, que no recaiga sobre un bien o cosa no amparada por el ordenamiento jurídico; y (iv) Persistencia, en cuanto no ha sido previamente reparado por otras vías (v.gr. el seguro de daños)8. El segundo elemento de la responsabilidad estatal, la imputación, hace referencia a la atribución fáctica y jurídica del daño a la entidad demandada, con fundamento en alguno de los títulos de imputación previstos en la citada norma constitucional, como lo son la falla en el servicio, el riesgo excepcional o el daño especial9. 2.2.2. La falla del servicio La falla del servicio es el título de imputación subjetiva a partir del cual se atribuye responsabilidad al Estado10 por los daños antijurídicos derivados de una inadecuada prestación de la función o el servicio público. Para la imputación de responsabilidad11 bajo este régimen, es necesario definir el contenido y alcance

2 Constitución Política de Colombia. Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

2 Constitución Política de Colombia. Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, C.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 50001-23-31-000-200110478-01 (37498) 4 MORAND-DEVILLER, Jacqueline, Curso de Derecho Administrativo, traducción de Zoraida Rincón Ardila y Juan Carlos Peláez Gutiérrez, Universidad Externado de Colombia, Décima Edición, Bogotá, 2010, Págs. 861 a 863. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2000, C.P . María Elena Giraldo Gómez, Exp. 11.945. 8 de 2013. C.P . Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 70 001 23 31 000 2000 00252 01 (26111). También: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSE CCIÓN A. Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN. Sentencia del

nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 13001 -23-31-000-2012-00342-01 (51485) 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicación número: 25000232600020050037 0 01 (37304). 7 Original de la cita: “Lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnizac ión que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de su indemniz ación…’ CHAPUS, René ‘Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial’, LDGJ, 2ª edición, Paris, 1957, pág. 403”. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2021, C.P. María Adriana Marín, rad. 44001-23-33-000-2012-0004201(50146) 9Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932; Sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622 10 La responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación -desde el ámbito fáctico y jurídico-. 11 Corte Constitucional, Sentencia C -254 de 2003. El otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De

conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado cuando exista título jurídico de atribu ción, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados.Radicado: 680813333001-2016-00348-01

Medio de control: Reparación directa Parte demandante: Wilson Hernández Montt y otros

Parte demandada: DIAN

6 de las obligaciones que se dicen incumplidas o cumplidas de manera deficiente, a fin de establecer si la conducta de la autoridad efectivamente fue inadecuada y, por tanto, constitutiva de una falla de donde surge la antijuridicidad del daño12.

Determinar el contenido obligacional a cargo del Estado exige que se identifiquen las leyes o reglamentos que gobiernan la actividad pública que se alega como causa del daño. La falla del servicio surge, entonces, a partir de la comparación entre los deberes del Estado frente a una función determinada: «marco normativo» y la conducta omisiva asumida por la Administración13. Al respecto, el Consejo de Estado 14 ha señalado que la falla del servicio puede configurarse por una irregularidad que ocurre cuando el servicio se presta de manera diferente a lo que corresponde en condiciones normales, contraviniendo las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan. Para que la falla de la administración sea considerada como causa del daño alegado y comprometa su responsabilidad, debe tratarse de una irregularidad de tal magnitud que, dadas las circunstancias concretas en las que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda calificarse como «anormalmente deficiente».

debe tratarse de una irregularidad de tal magnitud que, dadas las circunstancias concretas en las que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda calificarse como «anormalmente deficiente». Según esa corporación, cuando la irregularidad alegada se presenta en un procedimiento que, tras agotarse la vía administrativa o cualquier otro mecanismo de control, culmina a favor del demandante, se debe demostrar que la acción de iniciar, cursar o tramitar el proceso careció de fundamento jurídico. En tal caso, se configuraría una vía de hecho que comprometería la responsabilidad de las entidades que lo adelantaron. En cambio, si el trámite y las medidas adoptadas para su desarrollo se realizan dentro d e un margen razonable y en cumplimiento de l marco normativo que lo regula, los ciudadanos deben soportar esas cargas hasta que se agoten las instancias. En el caso que nos ocupa, la falla del servicio se puede configurar, por ejemplo, cuando un proceso de cobro coactivo concluye con una decisión favorable a los intereses del ejecutado, debido a que se evidencia una actuación irregular por el desconocimiento de los procedimientos establecidos en la ley, como la falta de vinculación, la notificación inadecuada o la inexistencia del título. Esta irregularidad constituye una vulneración del debido proceso y, en caso de que cause daños, la entidad deberá repararlos bajo el título de falla del servicio. Determinada la falla del servicio debe probarse su nexo causal con el daño para que este le sea imputable al Estado15, es decir, que esa irregularidad en la actuación administrativa fue la causa directa del perjuicio que el ejecutado experimentó. 2.2.3. Proceso de cobro coactivo ante la DIAN y el decreto de medidas

que este le sea imputable al Estado15, es decir, que esa irregularidad en la actuación administrativa fue la causa directa del perjuicio que el ejecutado experimentó. 2.2.3. Proceso de cobro coactivo ante la DIAN y el decreto de medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de la obligación La Dirección de Impuesto s y Aduanas Nacionales -DIAN, en ejercicio de sus facultades de cobro coactivo , puede adelantar el proceso correspondiente para

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2008, CP: Miriam Guerrero De Escobar, rad: 152.63 (R-0736). En términos del Consejo de Estado, «Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le correspond e, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha condu cta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una falla en el servicio» 13 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección C, sentencia del 13 de abril de 2023. CP: Guillermo Sánchez Luque, dad. 13001-23-31000-2011-00541-01(54158) 14 Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección A, sentencia del 5 de mayo de 2025, CP: José Roberto Sáchica Méndez, rad: 05001 -2333-000-2015-01674-02 (70.864) 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de enero de 2013. CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, rad: 7300123-31-000-2000-00870-01 (24879)Radicado: 680813333001-2016-00348-01

Medio de control: Reparación directa Parte demandante: Wilson Hernández Montt y otros

Parte demandada: DIAN

7 obtener el pago de las obligaciones que tenga a su favor16. Para ello, deberá librar mandamiento de pago por la suma que el contribuyente adeude más los respectivos intereses. De acuerdo con el art. 826 del Estatuto Tributario, la autoridad deberá notificarle al deudor, de manera personal, el auto que libra mandamiento de pago , previo aviso para su comparecencia. Si no comparece dentro del plazo establecido, la notificación se realizará por correo. En la misma forma se notificará a los deudores solidarios. Según el art. 828 del ET17, los documentos que fijen una suma de dinero a favor del fisco nacional y que estén debidamente ejecutoriados constituyen título ejecutivo. Para ello, bastará la certificación expedida por el funcionario competente sobre la existencia del título. Contra el mandamiento, el ejecutado puede proponer, entre otras, la excepción de falta de l título ejecutivo 18. En caso de encontrarse probada, la autoridad deberá declararla, ordenar la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas preventivas que haya decretado19. Ahora, de acuerdo con el art. 837 del ET 20, para garantizar el cumplimiento de la obligación la administración podrá decretar medidas preventivas de embargo y secuestro contra los bienes del deudor, que pueden ser previas o simultánea s al mandamiento de pago. El afectado solo podrá oponerse al secuestro del bien21.

obligación la administración podrá decretar medidas preventivas de embargo y secuestro contra los bienes del deudor, que pueden ser previas o simultánea s al mandamiento de pago. El afectado solo podrá oponerse al secuestro del bien21.

16 ARTICULO 826. MANDAMIENTO DE PAGO. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará persona lmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamien to ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios. Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada. 17 ARTICULO 828. TITULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimien to de la fecha para su cancelación.

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dine ro a favor del fisco nacional.

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir d e la ejecutoria del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

fisco nacional.

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir d e la ejecutoria del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación c on los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales<1>.

PARAGRAFO. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará con la certificación del Administrador de Impue stos o su delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales. Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente. 18 ARTICULO 831. EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

1. El pago efectivo.

2. La existencia de acuerdo de pago.

3. La de falta de ejecutoria del título.

4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad c ompetente.

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción d e lo contencioso administrativo.

6. La prescripción de la acción de cobro, y

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

PARAGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 84 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> Contra el mandamien to de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones :

1. La calidad de deudor solidario.

que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones :

1. La calidad de deudor solidario.

2. La indebida tasación del monto de la deuda. 19 ARTICULO 833. EXCEPCIONES PROBADAS. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado.

En igual for