TA SAN - Sentencia 680813333001-2017-00382-01 (20-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DE CARÁCTER SANCIONATORIO DEMANDANTE TRANSPORTES JAIME BUENDÍA LTDA identificada con NIT. 830.509.871-6, representada legalmente por JAIME EDUARDO BUENDÍA BASTIDAS, identificado con C.C. No. 13.890.562 transjbuendialtda@hotmail.com Kameldejesus@gmail.com

DEMANDADO SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

notificajuridica@supertransporte.qov.co; atencionciudadano@supertransporte.qov.co; haivealejandrolopezlopez@yahoo.com

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK DE EXPEDIENTE 680813333001-2017-00382-01

TEMA Sanción por exceso de peso en vehículo de carga. Vulneración del principio de legalidad . La Supertransporte impuso la sanci ón con base en oficios internos y en una resolución que reproduce disposiciones anuladas. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte

oficios internos y en una resolución que reproduce disposiciones anuladas. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada contra la sentencia proferida el 6 de marzo de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja, que concedió las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La sociedad TRANSPORTES JAIME BUENDÍA LTDA pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 29909 del 29 de diciembre de 2015, No. 21798 del 16 de junio de 2016, No. 51713 del 30 de septiembre de 2016 y No. 26641 del 16 de junio de 2017 , mediante las cuales la Super intendencia de Transporte (en adelante Supertransporte) la sancionó con multa de 5 SMLMV equivalentes a

$2947.500.oo. A título de restablecimiento del derecho, solicita que «se dejen sin efectos» los actos enjuiciados y que se condene en costas a la demandada.

2. Hechos La parte demandante señala que en el 2013 se le impuso una infracción de transporte a su vehículo con placas SUF-398 por infringir presuntamente la Resolución No. 10800 de 2003, la cual establece los límites de peso en los vehículos de carga.

Refiere que, con ocasión de lo anterior, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución No. 29909 de 2015 en la que le abrió una investigación por la aparente violación a la Ley 336 de 1996 y le concedió el término de 10 días para presentar

la Resolución No. 29909 de 2015 en la que le abrió una investigación por la aparente violación a la Ley 336 de 1996 y le concedió el término de 10 días para presentar descargos. Agrega que se opuso a los cargos formulados dentro de los 15 días siguientes, en aplicación del término que prevé el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011. Menciona que mediante la Resolución No. 21798 de 2016 la Superintendencia la sancionó de manera arbitraria y desproporcionada con una multa de 5 SMLMV.

1 Expediente físico, folios: 4 a 15RADICADO: 680813333001-2017-00382-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: TRANSPORTES JAIME BUENDÍA LTDA.,

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Afirma que, como consecuencia de ello, el 26 de junio de ese mismo año interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra la resolución sancionatoria, los cuales fueron resueltos de manera desfavorable a través de las Resoluciones No. 57713 del 30 de septiembre de 2016 y No. 26641 del 16 de junio de 2017. Agrega que esta última fue notificada un año después de haberse interpuesto el recurso, el 12 de julio de 2017. Considera que la demandada violó el principio de reserva de ley al graduar la sanción y posteriormente modificarla con fundamento en unos montos

Agrega que esta última fue notificada un año después de haberse interpuesto el recurso, el 12 de julio de 2017. Considera que la demandada violó el principio de reserva de ley al graduar la sanción y posteriormente modificarla con fundamento en unos montos sancionatorios que no están en la ley, lo que contradice la sentencia C-066 de 1999. Argumenta que, para la época de los hechos, el régimen sancionatorio establecido en el Decreto 3366 de 2003 estaba suspendido con ocasión de los autos proferidos por el H. Consejo de Estado el 22 de mayo de 2008, 24 de julio de 2008 y 24 de septiembre de 2009. Sostiene que , como consecuencia de los efectos de dichas providencias, la administración no contaba con parámetros para graduar las sanciones. Dice, además, que la Supertransporte no tiene la facultad para graduar sanciones a su arbitrio, pues se trata de una competencia única y exclusiva del legislador y/o del ejecutivo.

3. Normas violadas y concepto de violación En la demanda se enlistan como normas violadas las siguientes: artículos 189.11 y 121 de la Constitución Política; artículo 4 y 10 del Decreto 3366 de 2003; Decreto 1554 de 1998, Decreto 176 de 2001, artículo 22 del Decreto 173 de 2001; artículo 96 de la Ley 1450 de 2011; y las Leyes 336 de 1996 y 1437 de 2011.

La sociedad demandante considera que también se desconocen (i) la sentencia T1161 de 2000 de la Corte Constitucional, que establece el principio de legalidad en el derecho sancionador, según el cual las conductas sancionables deben estar

La sociedad demandante considera que también se desconocen (i) la sentencia T1161 de 2000 de la Corte Constitucional, que establece el principio de legalidad en el derecho sancionador, según el cual las conductas sancionables deben estar descritas en una norma previa (tipicidad) y fundamentadas legalmente, sin que su definición pueda delegarse a una autoridad administrativa; y (ii) la sentencia C -066 de 1999, que analiza el artículo 89 de la Ley 336 de 1996, en el cual se ordena al Gobierno Nacional expedir las reglamentaciones para cada modo de transporte en un plazo de un año. Manifiesta que la Supertransporte impuso la sanción con base en el oficio interno No. 20168000002473, en lugar de aplicar normas con fuerza de ley, lo que contraviene el principio de legalidad. Indica que, según el artículo 189.11 de la Constitución Política y la sentencia C-66 de 1999, la facultad para definir y graduar las sanciones corresponde únicamente al Congreso. Añade que no le está dado al Gobierno Nacional, en ejercicio de su potestad reglamentaria, definir y graduar sanciones, pues dicha facultad está sometida al principio de reserva de ley. Argumenta que no existe una norma vigente que permita la dosificación de sanciones en casos de sobrepeso de carga, lo cual hace que la Supertransporte carezca de facultades para imponer sanciones. Sostiene que el Decreto 3366 de 2003, mediante el cual se r eglamentó el régimen sancionatorio de la Ley 336 de 1996, fue suspendido por el Consejo de Estado en autos del 22 de mayo de 2008, 24 de julio de 2008 y 24 de septiembre de 2009. Dice que, en virtud de lo anterior,

1996, fue suspendido por el Consejo de Estado en autos del 22 de mayo de 2008, 24 de julio de 2008 y 24 de septiembre de 2009. Dice que, en virtud de lo anterior, los artículos del Decreto que especificab an la graduación de sanciones dejaron de surtir efecto s, eliminando así cualquier base normativa para imponer sanciones relacionadas con el transporte de carga. Precisa que la Ley 336 de 1996, modificada por la Ley 1450 de 2011, no establece la sanción de acuerdo con la levedad o gravedad de la infracción y tampoco determina los sujetos de la multa, por lo que la demandada no puede adecuar las conductas discrecionalmente. Deduce, con fundamento en lo anterior, que si el Consejo de Estado determinó la improcedencia de tasar las multas con el Decreto reglamentario 3366 de 2003, por limitar las sanciones contenidas en la Ley 336 de 1996, la Supertransporte lesiona flagrantemente sus derechos al utilizar un oficio interno para imponer la sanción.RADICADO: 680813333001-2017-00382-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: TRANSPORTES JAIME BUENDÍA LTDA.,

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Destaca que la imposición de sanciones debe estar claramente regulada y no puede basarse en criterios internos que no tienen fuerza de ley, lo cual se enmarca en el principio de legalidad sancionadora, que establece que las sanciones deben estar

Destaca que la imposición de sanciones debe estar claramente regulada y no puede basarse en criterios internos que no tienen fuerza de ley, lo cual se enmarca en el principio de legalidad sancionadora, que establece que las sanciones deben estar claramente definidas en la ley y no en documentos administrativos internos. Subraya, por otra parte, que en el Decreto 3366 del 21 de noviembre de 2003 el Gobierno Nacional modificó las sanciones de 10 a 15 SMMLV. Señala que la Supertransporte se está arrogando funciones de graduación de sanciones al imponer una multa de 1 SMMLV por cada 5 kg de sobrepeso, las cuales están reservadas para el legislador y el ejecutivo. Explica también que no es el sujeto generador de la carga, por ende, la sindicalización hecha por la Superintendencia es una adecuación de la conducta que viola el debido proceso. Agrega que el vehículo sancionado operaba bajo la figura de la vinculación transitoria, por lo cual la demandada debía investigar al operador del vehículo y al generador de la carga, que es la empresa despachadora, para establecer su responsabilidad, pero, a pesar de esto, solo adelantó la investigación en su contra. También alega que la demandada le violó el debido proceso al conceder solo 10 días para rendir los descargos, cuando de acuerdo con el CPACA el término mínimo es de 15 días. Expone, finalmente, que operó el fenómeno de la caducidad, porque la administración dejó vencer el término de 6 meses para tomar una decisión dentro del procedimiento sancionatorio. Asimismo, considera que se configuró el silencio administrativo positivo, dado que la demandada no resolvió el recurso de apelación

administración dejó vencer el término de 6 meses para tomar una decisión dentro del procedimiento sancionatorio. Asimismo, considera que se configuró el silencio administrativo positivo, dado que la demandada no resolvió el recurso de apelación dentro del año siguiente a su interposición.

B. Contestación La Superintendencia de Transporte2 se opone a las pretensiones. Argumenta que las Resoluciones No. 29909 del 29 de diciembre de 2015, No. 21798 del 16 de junio de 2016, No. 51713 del 30 de septiembre de 2016 y No. 26641 del 16 de junio de 2017 se ajustan a lo dispuesto en el literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 1450 de 2011, en concordancia con el artículo 8 de la Resolución 4100 de 2004 , modificada por el artículo 1 código 560 de la Resolución 10800 de 2003, y el artículo 51 del Decreto 3366 de 2003.

Considera que la demanda no tiene sustento fáctico ni jurídico, dado que impuso la sanción de acuerdo con sus competencias y en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. Sostiene, e n cuanto a la supuesta vulneración del principio de legalidad, que la sanción fue impuesta conforme al marco jurídico que regula la materia. Añade que dicha sanción obedeció a que el vehículo afiliado o vinculado a la empresa transitó con sobrepeso en carg a sin los permisos necesarios para hacerlo, incurriendo así en la infracción prevista en el código 560 del artículo 1 de la Resolución 10800 del 12 de diciembre de 2003 , esto es, permitir, facilitar, estimular, autorizar o exigir

en la infracción prevista en el código 560 del artículo 1 de la Resolución 10800 del 12 de diciembre de 2003 , esto es, permitir, facilitar, estimular, autorizar o exigir transporte de m ercancías con peso superior al autorizado, sin portar el permiso correspondiente. Señala que, si bien el Decreto 3366 de 2003 estuvo suspendido provisionalmente en varias oportunidades por diferentes demandas de nulidad, estos procesos ya fueron resueltos de fondo y se declararon nulos los artículos 14.a, 15, 16, 20, 21, 22, 47 y 48.5., por ende, la sanción se impuso con base en una norma vigente. Insiste en que la apreciación de la demandante respecto de la inexistencia de norma que regule el procedimiento sancionatorio por infracción de las normas de transporte y las sanciones es errada, ya que el Decreto 3366 de 2003 se encuentra vigente y este en su artículo 51 establece el procedimiento para la imposición de sanciones. Explica, también, que el artículo 46 de la Ley 336 de 1996 establece los criterios de gradualidad de la sanción, los cuales se aplicaron en este caso.

2 Expediente físico, folios: 186 a 201RADICADO: 680813333001-2017-00382-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: TRANSPORTES JAIME BUENDÍA LTDA.,

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Señala que dio apertura a la investigación administrativa en contra de la sociedad

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Señala que dio apertura a la investigación administrativa en contra de la sociedad demandante con base en el Informe Único de Infracciones de Transporte (lUIT) No. 392246 y el tiquete de báscula No. 1159 del 11 de agosto de 2013, en los cuales se registró que el vehículo de placas SUF398 transitaba con sobrepeso de 255 kg. En cuanto a la vinculación de terceros en el procedimiento sancionatorio, repara en que la sociedad demandante no utilizó las herramientas jurídicas para que se vinculara a quien ella consideraba responsable. Advierte, en ese mismo sentido, que las empresas de transporte pueden repetir en contra de los propietarios de los vehículos afiliados cuando infringen las normas que rigen el sector. Dice que, además, la demandante tiene la obligación de controlar a sus vinculados, asociados y afiliados por ser la entidad habilitada por el Estado para prestar el servicio público de transporte de carga por vía terrestre , por ende, nace una responsabilidad individual. Enfatiza que la delegación genera deberes correlativos en las empresas frente a los usuarios del servicio, sus vinculados y/o afiliados, dado que, si no se hiciese así, carecería de sentido la conformación de estas y el Estado delegaría la prestación del servicio directamente a los propietarios de los vehículos. Resalta, por otra parte, que era obligación del demandante probar los argumentos planteados en su escrito de oposición, entre ellos, que cumplió con el límite permitido, sin embargo, no lo hizo. Advierte que no es cierto que se haya configurado el silencio administrativo positivo

planteados en su escrito de oposición, entre ellos, que cumplió con el límite permitido, sin embargo, no lo hizo. Advierte que no es cierto que se haya configurado el silencio administrativo positivo respecto del recurso de apelación, dado que se decidió dentro del año siguiente a su interposición.

C. La sentencia recurrida3

En sentencia del 6 de marzo de 2019 el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja resolvió: Primero. DECLARAR la nulidad de las resoluciones N.“ 21798 del 16 de junio de 2016, 51713 del 30 de septiembre de 2016 y 26641 del 16 de junio de 2017 proferidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. CONDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, a título de restablecimiento del derecho, a efectuar la devolución de la suma de dos millones ochocientos veintitrés mil quinientos doce pesos ($2.823.512) a favor de la empresa TRANSPORTES J AIME BUENDÍA LTDA, la cual fue cancelada por esta última el día 2 de noviembre de 2017 (folios 174 -177) en virtud de lo dispuesto en el artículo primero de la resolución N o. 21798 del 16 de junio de 2016. El anterior valor deberá ser actualizado teniendo e n cuenta la fórmula consignada en la parte considerativa de la presente providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada a favor de la parte demandante. LIQUÍDENSE de conformidad con el artículo 366 del CGP.

La juez de primera instancia indica que en el presente caso no operó el silencio

considerativa de la presente providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada a favor de la parte demandante. LIQUÍDENSE de conformidad con el artículo 366 del CGP.

La juez de primera instancia indica que en el presente caso no operó el silencio administrativo positivo, dado que el recu rso de apelación contra la Resolución No. 21798 del 16 de junio de 2016 se interpuso el 11 de julio de ese mismo año, por ende, la entidad tenía hasta el 11 de julio de 2017 para resolver el recurso. De este modo, concluye, la administración actuó dentro del término legal, al proferir la decisión el 16 de junio. Advierte que el Decreto 3366 de 2003 que reglamentaba la Ley 336 de 1996 fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia del 19 de mayo de 2016, por ende, la Supertransporte no podía reglamentar dicha ley ni graduar las sanciones a su arbitrio, pues, en virtud del principio de legalidad, estas deben estar escritas en norma previa y tener fundamento legal. Considera, asimismo, que la Superintendencia de Transporte se extralimitó al sancionar a la demandante con normas internas, el oficio No. 20168000006083 del 18 de enero de 2016, pues la facultad de establecer y modificar sanciones es

3 Expediente físico, folios: 255 a 261RADICADO: 680813333001-2017-00382-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: TRANSPORTES JAIME BUENDÍA LTDA.,

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura

DEMANDANTE: TRANSPORTES JAIME BUENDÍA LTDA.,

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander exclusiva del legislador, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 114 de la Constitución Política y la Ley 336 de 1996. Con fundamento en lo anterior, declara la nulidad de los actos administrativos demandados, mediante los cuales se impuso la sanción a la sociedad demandante.

D. La apelación La Superintendencia de Transporte 4 solicita que se revoque la sentencia , se declaren probadas las excepciones planteadas en la contestación y se condene en costas a la parte demandante.

Dice que el a quo erró al afirmar que la sanción se sustentó en el Oficio No. 20168000006083 del 18 de enero de 2016 , pues aplicó las normas d el régimen sancionatorio del sector transporte, entre ellas, la Ley 336 de 1996. Añade que, por ello, el análisis que elaboró el juez no afecta la legalidad de los actos demandados. Reitera que adelantó el procedimiento e impuso la sanción de acuerdo con sus funciones de inspección, vigilancia y control , respetando el debido proceso y el principio de legalidad . Manifiesta que, si bien gradúo la sanción de manera discrecional, lo hizo dentro de los montos fijados en la Ley 336, por ende, no se extralimitó en la aplicación de los topes. Señala que de acuerdo con el tiquete de báscula No. 1159 del 11 de agosto de 2013

discrecional, lo hizo dentro de los montos fijados en la Ley 336, por ende, no se extralimitó en la aplicación de los topes. Señala que de acuerdo con el tiquete de báscula No. 1159 del 11 de agosto de 2013 se probó que el vehículo SUF398 transitaba con sobrepeso de 255 kg, por lo que la demandante transgredió el código 560 del artículo 1 de la Resolución No. 10800 de 2003. Por último, pretende que se revoque la condena en costas, comoquiera que no existe prueba de su causación, además, porque actuó con buena fe y lealtad procesal.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 15 de julio de 20195 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia y el 19 de marzo de 2021 6 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo.

1. El demandante7 solicita que se confirme el fallo de primera instancia. Alega que la decisión del a quo es acertada porque quedó probado que la Supertran sporte trató de reglamentar la Ley 336 de 1996 con el oficio interno No. 20168000006083, arrogándose competencias propias del legislador. Añade que el Decreto 3366 de 2003, que reglamentaba la Ley 336 de 1996, en relación con las sanciones, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, lo que dejó un vacío normativo que la Superintendencia no podía llenar mediante actos administrativos internos y basada en criterios no autorizados.

2. La Superintendencia de Puertos y Transporte 8 pide que se revoque la

Superintendencia no podía llenar mediante actos administrativos internos y basada en criterios no autorizados.

2. La Superintendencia de Puertos y Transporte 8 pide que se revoque la sentencia. Reproduce en su totalidad los argumentos del recurso de apelación.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial , razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente

problema jurídico:

4 Expediente físico, folio 262 a 265 5 Expediente físico, folio 382 6 Expediente digital SAMAI. Índice 00006. Documento 2ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf) documento: 102AlegatosConclusion 7 Expediente digital SAMAI. Índice 00006. Documento 2ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf) documento: 002AlegatosConclusion 8 Expediente digital SAMAI. Índice 00006. Documento 2ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf) documento: 004AlegatosConclusiónRADICADO: 680813333001-2017-00382-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: TRANSPORTES JAIME BUENDÍA LTDA.,

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander ¿Son ilegales los actos administrativos demandados por imponer la sanción con fundamento en la Resolución 10800 de 2003 , la cual reproduce íntegramente las disposiciones sancionatorias del Decreto 3366 de 2003, declaradas nulas por el Consejo de Estado, y en oficios internos?

Tesis: sí.

Fundamento: El principio de no reproducción de actos suspendidos o anulados impide que las disposiciones de estos sirvan de base para actos posteriores .

Asimismo, de acuerdo con el principio de legalidad, la conducta reprochada o la falta endilgada debe estar descrita en la ley con anterioridad a su ocurrencia, de manera que no le está dado a la autoridad hacer interpretaciones e imponer sanciones por conductas que no están tipificadas como sancionables. En el presente caso, los actos administrativos demandados son ilegales porque se fundamentan en la Resolución 10800 de 2003, la cual reproduce íntegramente las disposiciones sancionatorias del Decreto 3366 de 2003, declarad as nulas por el Consejo de Estado. Al haberse declarado la nulidad parcial de este , las disposiciones sancionatorias replicadas en la resolución mencionada -la cual perdió su fuerza ejecutoria desde el año 2008carecen de fuerza ejecutoria, lo que afecta la validez de cualquier actuación administrativa sancionatoria sustentada en ellas. Los actos también son ilegales porque la Supertransporte graduó la sanción con

su fuerza ejecutoria desde el año 2008carecen de fuerza ejecutoria, lo que afecta la validez de cualquier actuación administrativa sancionatoria sustentada en ellas. Los actos también son ilegales porque la Supertransporte graduó la sanción con base en el Oficio No. 20168000002473 de 2016 y no en una norma de rango legal, con lo cual desconoció los principios de tipicidad y reserva de ley que rigen en materia sancionatoria. En consecuencia, con la expedición de los actos administrativos demandados la Supertransporte vulneró el debido proceso y el principio de legalidad. Para sustentar la tesis planteada, la Sala: (i) analizará el principio de legalidad en materia sancionatoria, desde sus dos componentes, tipicidad y reserva de ley; ( ii) expondrá el marco normativo aplicable para imponer sanciones en el sector del transporte público terrestre automotor por sobrepeso de carga y explicará los parámetros legales para su dosificación; y, por último, (iii) valorará las pruebas practicadas en el proceso para concluir que se configura la nulidad de los actos demandados por violación del principio de legalidad en materia sancionatoria y del derecho al debido proceso.

C. Marco jurídico

1. Principio de legalidad en materia sancionatoria El artículo 29 de la Constitución Política 9 consagra la potestad sancionatoria del Estado y establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, por la autoridad competente y con pleno respeto de las garantías procesales.

Como parte de estas garantías, el sancionado tiene derecho a que la conducta reprochada sea estructurada bajo los principios de legalidad ,10 tipicidad,11

respeto de las garantías procesales. Como parte de estas garantías, el sancionado tiene derecho a que la conducta reprochada sea estructurada bajo los principios de legalidad ,10 tipicidad,11 antijuridicidad12 y culpabilidad13. El principio de legalidad14 exige que la conducta reprochada o la falta endilgada esté descrita en la ley con anterioridad a su ocurrencia, de manera que no le está dado a la autoridad hacer interpretaciones e imponer sanciones por conductas que no

9 ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investig ación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impug nar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 10 La legalidad se refiere al conocimiento previo de la conducta reprochable y su consecuencia. Corte Constitucional. Sentencia C -713/12, Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo; y, Sentencia C -107 de 2013, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.

Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo; y, Sentencia C -107 de 2013, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa. 11 La tipicidad, íntimamente relacionada con la legalidad, es la descripción clara, expresa y precisa, que la norma hace de la c onducta, permitiendo su enjuiciamiento ante el incumplimiento. Corte Constitucional. Sentencia C-412-15, M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional.

Sentencia C-219-17. 12 La antijuridicidad por la que debe determinarse la lesión del interés jurídicamente tutelado. 13 La culpabilidad, en tanto debe realizarse una valoración de la actuación subjetiva del agente, evaluándose las circunstancias de la realización del comportamiento y estableciéndose la presunta culpabilidad con la que ha actuado el investigado para que dic ho aspecto sea objeto del debate probatorio. 14 Corte constitucional C-228 de 2010RADICADO: 680813333001-2017-00382-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: TRANSPORTES JAIME BUENDÍA LTDA.,

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander están tipificadas como sancionables. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional15, este principio se desarrolla en dos dimensiones; tipicidad y reserva de ley. 1.1. Principio de tipicidad El principio de tipicidad16, como componente del principio de legalidad, implica que tanto la infracción como la sanción deben estar previamente establecidas por el

de ley. 1.1. Principio de tipicidad El principio de tipicidad16, como componente del principio de legalidad, implica que tanto la infracción como la sanción deben estar previamente establecidas por el legislador, salvo las faltas que por su carácter técnico requieran de una remisión normativa. La doctrina autorizada 17, refiriéndose al alcance de los principios de legalidad y tipicidad en el contexto del proceso administrativo sancionatorio, señala: b. LEGALIDAD Y TIPICIDAD. Constituye presupuesto básico de las estructuras garantísticas del Estado de Derecho, el de la legal