TA SAN - Sentencia 680813333001-2018-00063-03 (17-07-2025)

Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo

Demandado: Distrito de Barrancabermeja Rad. 680813333001-2018-00063-03

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Bucaramanga, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680813333001-2018-00063-03

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MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: LEONILDA GUTIERREZ LOBO

leonildagutierrez8@gmail.com leonilda.gutierrez@icbf.gov.co

DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE

BARRANCABERMEJA

defensajudicial@barrancabermeja.gov.co abogadooaj20@gmail.com coordinador.defensajudicial@gmail.com defensajudicialgmconsultores@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No. 094

TEMA Nulidad de acto administrativo que dio por terminado el encargo.

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia de 10 de septiembre de 2024, por medio de la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda. El Tribunal Administrativo de Santander es competente para decidir en segunda instancia este proceso, con fundamento en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

I. ANTECEDENTESNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo

Demandado: Distrito de Barrancabermeja Rad. 680813333001-2018-00063-03

A. Posición de la parte demandante

La parte demandante solicitó las siguientes pretensiones:

«1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 2230 de fecha 18 de agosto de 2017 donde se dio por terminado el encargo de COMISARIO DE FAMILIA CODIGO 202 GRADO 03 NIVEL PROFESIONAL a la señora LEONILDA

GUTIERREZ LOBO.

2.- Que como consecuencia de la an terior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene al MU NICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SECRETARÍA GENERAL reintegrar a la señora LEONILDA GUTIERREZ LOBO al cargo de COMISARIO DE FAMILIA CÓDIGO 202 GRADO 03 NIVEL PROFESIONAL que venía ejerciendo de acuerdo al nombramiento dado mediante resolución No 2400 y acta de posesión 0188 de fecha 096 de septiembre de 2013.

CÓDIGO 202 GRADO 03 NIVEL PROFESIONAL que venía ejerciendo de acuerdo al nombramiento dado mediante resolución No 2400 y acta de posesión 0188 de fecha 096 de septiembre de 2013.

3.- Se ordene al MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SECRETARIA GENERAL cancelar todos los salarios dejados de percibir por parte de la señora LEONILDA GUTIERREZ LOBO desde el momento de su desvinculación del cargo como COMISARIO DE FAMILIA CODIGO 202 GRADO 03 NIVEL PROFESIONAL Público que venía ejerciendo hasta el momento que se produzca su reintegro al cargo.»

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

Indicó que se vinculó al distrito de Barrancabermeja mediante nombramiento en carrera administrativa desde el 22 de marzo de 1994 en el cargo de nivel asistencial de Secretaria I, que luego pasó a llamarse Secretaria Ejecutiva Grado 05.

Manifestó que obtuvo el título de aboga da y , en razón de ello , se le dio la oportunidad de ser encargada como inspectora de policía en el área rural. Luego, en el año 2013 , mediante la Resolución 2400 y acta de posesión 0188 , fue encargada como Comisaria de Familia Código 202 Grado 03 en el nivel de profesional especializado.

Afirma que en el año 2016 fue trasladada del Centro de Convivencia Ciudadana a la Comisaría del CAPIV.

La Secretaría de Gobierno estuvo acéfala desde el 29 de abril de 2016 hasta el 07 de julio de 2016, fecha en la cual llegó la nueva titular, quien le asignó como

la Comisaría del CAPIV.

La Secretaría de Gobierno estuvo acéfala desde el 29 de abril de 2016 hasta el 07 de julio de 2016, fecha en la cual llegó la nueva titular, quien le asignó como puntaje en la evaluación de desempeño parcial correspondiente al primer semestre de 2016, un 23% sobre un 50% posible, teniendo en cuenta para elloNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo Demandado: Distrito de Barrancabermeja Rad. 680813333001-2018-00063-03 solo los 24 días que habían transcurrido desde su posesión hasta la fecha de culminación de dicho periodo.

Sostuvo que, a pesar del reclamo efectuado a la evaluadora, esta le mantuvo la calificación en un 23% sobre el 50%, mientras que en la segunda calificación le dio un total de 68% sobre el 100%, lo cual no le permitía continuar en el encargo.

Afirma que contra estas c alificaciones interpuso los recursos correspondientes y, además, que le solicitó a su jefe que se declarara impedida para emitir la segunda evaluación semestral.

El 22 de agosto de 2017 se le notificó la Resolución 2230 , mediante la cual se le dio por ter minado el nombramiento en encargo como Comisaria de Familia, entre otras razones, por la baja calificación obtenida.

Como normas violadas citó los artículos 53 y 125 de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 4968 de 2007.

Como concepto de violación, afirmó que el acto administrativo mediante el cual se le dio por terminado el encargo es contrario al ordenamiento jurídico , toda vez que

909 de 2004 y el Decreto 4968 de 2007.

Como concepto de violación, afirmó que el acto administrativo mediante el cual se le dio por terminado el encargo es contrario al ordenamiento jurídico , toda vez que para el retiro de empleados de carrera o que se encuentran en provisionalidad en un empleo que no sea de libre nombramiento y remoción, debe estar motivado.

B. Posición de la parte demandada

El ente territorial afirmó que el acto administrativo se basó en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y que corresponde a la demandante probar la desviación de poder.

C. Sentencia apelada

El juzgado de primera instancia declaró la nulidad del acto administrativo demandado, al considerar que fue expedido de manera irregular. En consecuencia, sostuvo que la evaluación de desempeño correspondiente al periodo 2016-2017 no tuvo en cuenta la recusación presentada por la demandante contra la Secretaria de Gobierno, fundamentada en la causal prevista en el numeral 5º del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo

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Según la consideración del juez, la falta de resolución a la solicitud de recusación presentada por la parte demandante implicó el desconocimiento de los principios de legalidad e imparcialidad, así como de los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y la contradicción en favor de la parte actora. Como restablecimiento del derecho, el juez condenó a la demandada a pagar lo siguiente:

de legalidad e imparcialidad, así como de los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y la contradicción en favor de la parte actora. Como restablecimiento del derecho, el juez condenó a la demandada a pagar lo siguiente: «SEGUNDO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONDENAR al DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA a: a. Pagar a la señora Leonilde Gutiérrez Lobo identificada con cédula de ciudadanía número 37.928.736 de Barrancabermeja, las diferencias salariales y prestacionales causadas entre lo devengado por la accionante una vez cumplido su retiro del empleo en el que se encontraba encargada (Comisario de Familia grado 03 código 202), y el que desempeñó en la planta de personal del ente accionado hasta la fecha en que se había provisto inicialmente el encargo, esto es, hasta el 8 de septiembre de 2017.»

El juez negó el reintegro al cargo, por considerar que la prórroga del encargo como comisaria de familia era even tual, dado que para acceder a este se deben cumplir diferentes requisitos legales, como obtener una calificación sobresaliente en la evaluación de desempeño en el periodo que antecede al encargo y ser servidora pública que ocupa el cargo inmediatamente inf erior al de comisario de familia.

D. Recurso de apelación

La parte demandante solicitó la revocatoria parcial del numeral segundo de la sentencia y, en su reemplazo, que se disponga lo siguiente:

«A) Pagar a la señora LEONILDA GUTIÉRREZ LOBO identificada con la

La parte demandante solicitó la revocatoria parcial del numeral segundo de la sentencia y, en su reemplazo, que se disponga lo siguiente:

«A) Pagar a la señora LEONILDA GUTIÉRREZ LOBO identificada con la cédula de ciudadanía número 37.928.736 de Barrancabermeja, pagar las diferencias salariales y prestaciones dejados de percibir entre el cargo de COMISARIO DE FAMILIA CODIGO 202 GRADO 03 NIVEL PROFESIONAL Público que venía ejerciendo hasta la terminación ilegal del mismo y el cargo de SECRETARIO EJECUTIVO GRADO 05, , esto es, desde el 18 de agosto de 2017 hasta el 1o. De septiembre de 2019 desde el momento de su desvinculación del cargo hasta e l momento el día que se produzca la consecuente liquidación debidamente indexada.

B) Pagar a la señora LEONILDA GUTIÉRREZ LOBO, las diferencias salariales y prestacionales causadas entre lo devengado por la Accionante en calidad de COMISARIA DE FAMILIA G RADO 03 CÓDIGO 202 y lo devengado en el cargo de DEFENSOR DE FAMILIA DEL ICBF Código 2125 Grado 17 de la Planta Global de Personal del ICBF, Regional Antioquia, desde el 02 de septiembre de 2019 hasta su retiro, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2021.»Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo

Demandado: Distrito de Barrancabermeja Rad. 680813333001-2018-00063-03

La recurrente manifestó que su caso se hace imposible ordenar un reintegro, por cuanto ese retiró

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo

Demandado: Distrito de Barrancabermeja Rad. 680813333001-2018-00063-03

La recurrente manifestó que su caso se hace imposible ordenar un reintegro, por cuanto ese retiró en el año 2021 del servicio, por cumplir con los requisitos para la pensión de vejez, de tal modo que lo único procedente sería el reconocimiento de una indemnización. Se opuso al argumento esbozado por el juez de considerar como un hecho incierto la prórroga del encargo, pues, en su caso implicaría desconocer la secuencia de actos administrativos mediante los cuales fue encargado en diversos cargos, los cuales a su vez fueron prorrogados en el tiempo. Con respecto al último cargo desempeñado en calidad de encargo, indicó que existieron ocho actos administrativos mediante los cuales se prorrogó esta situación administrativa. Esto demuestra de manera clara que siempre se cumplieron los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 para desempeñar dicho cargo desde el 9 de septiembre de 2013 hasta el 18 de agosto de 2017, fecha en la cual la Administr ación Distrital, a través de sus funcionarios, llevó a cabo los procedimientos necesarios para dar por terminado el nombramiento. La entidad demandada se opuso a la decisión de primera instancia, con fundamento en las siguientes razones:

Reiteró que los actos administrativos fueron expedidos con total apego a las normas que regulan el sistema de calificación de los empleados de carrera administrativa.

Se constató que la demandante se negó a suscribir los acuerdos establecidos con su superior inmediato. En consecuencia, la Administración , por conducto de la

normas que regulan el sistema de calificación de los empleados de carrera administrativa.

Se constató que la demandante se negó a suscribir los acuerdos establecidos con su superior inmediato. En consecuencia, la Administración , por conducto de la Secretaría General , procedió a la aplicación de las normas pertinentes y concordantes para los fines previstos. Esto evidencia que los elementos considerados por la parte actora no difieren sustancialmente de los fundamentos legales o legítimos al momento de valorar y, posteriormente, determinar mediante acto administrativo debidamente motivado la decisión de dar por terminado el encargo en función de la calificación obtenida.

La calificación se realizó conforme a los parámetros legales . La Administración garantizó el debido proceso y derecho de defensa a la demandante, permitiéndole interponer recursos contra las resoluciones relacionadas con su evaluación de desempeño. La Secretaría de Gobierno cumplió el procedimiento del artículo 4 delNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo

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Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC, incluyendo metas institucionales, compromisos laborales, evidencias y componentes comportamentales.

E. Pronunciamiento en segunda instancia

Las partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problemas jurídicos

Respecto a los argumentos de oposición presentados por la parte demandada se estima que para determinar si corresponde revocar la sentencia de primera instancia que concedió las pretensiones de la demanda, se debe resolver el siguiente planteamiento:

Respecto a los argumentos de oposición presentados por la parte demandada se estima que para determinar si corresponde revocar la sentencia de primera instancia que concedió las pretensiones de la demanda, se debe resolver el siguiente planteamiento:

PJ.1 ¿ La omisión en el trámite de la recusación presentada por la demandante, con el objetivo de que su jefe inmediato no realizara la calificación, constituye un defecto o vicio que afecta la validez de la Resolución 2230 del 18 de agosto de 2017, mediante la cual se dio por terminado el encargo de Comisario de familia Código 202 Grado 03 Nivel Profesional?

En caso de que se confirme la ilegalidad del acto administrativo impugnado y en atención a los argumentos presentados por la parte demandante, será necesario determinar si corresponde el pago de prestaciones y salarios desde la terminación anticipada del encargo hasta el retiro del servicio sin solución de continuidad, o si, por el contrario, como lo hizo el juez, debía tenerse como referencia para el restablecimiento del derecho , que la última prórroga del encargo concluía el 8 de septiembre de 2017, conforme a lo establecido en la Resolución No. 0676 del 7 de marzo de 2017.

H. Tesis

PJ.1 La omisión de tramitar la recusación que presentó la demandante contra su superior jerárquica, sí constituyó un vicio o defecto que afectó la legalidad del acto administrativo demandado, en la medida que las disposiciones referentes a laNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo

Demandado: Distrito de Barrancabermeja

administrativo demandado, en la medida que las disposiciones referentes a laNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo Demandado: Distrito de Barrancabermeja Rad. 680813333001-2018-00063-03 evaluación de desempeño exigen que dicha solicitud se resuelva antes de emitirse un pronunciamiento de fondo frente a la calificación del empleado.

PJ.2 Se determinará que la parte demandante no tenía derecho al pago de salarios y prestaciones sin solución de continuidad, po rque, aunque se declaró la nulidad del acto administrativo que dispuso la terminación anticipada del encargo, la Resolución No. 0676 del 7 de marzo de 2017, que prorrogó los efectos del encargo hasta el 8 de septiembre de 2017, continúa vigente. Por tanto, al vencerse dicho plazo, la prórroga del encargo quedaba sujeta a la discrecionalidad del nominador, no constituyendo así un derecho adquirido para la demandante.

I. Fundamentos jurídicos

(i) La figura del encargo en la función pública

Dentro de las formas de provisión de empleos públicos se encuentra el encargo, consistente en designar a un empleado de carrera administrativa en un cargo superior al que está inscrito en el escalafón, siempre que cumpla los requisitos, mientras es provisto con una persona que supere el concurso de méritos adelantado para ocupar dicha vacante de manera definitiva. Esta situación administrativa no podrá ser superior a seis (6) meses, tal como lo prevé el artículo 24 de la Ley 909 de 20041.

Dicho lo anterior, el enc argo es un derecho preferencial de los servidores de carrera administrativa a ser designados temporalmente en un cargo superior,

24 de la Ley 909 de 20041.

Dicho lo anterior, el enc argo es un derecho preferencial de los servidores de carrera administrativa a ser designados temporalmente en un cargo superior, motivo por el cual gozan de estabilidad laboral relativa, pues se termina « hasta que la administración pueda proveer de forma d efinitiva la vacancia de un empleo público» 2.

No obstante, la sección segunda del Consejo de Estado 3 ha precisado que en los eventos en que se termine el encargo por aspectos diferentes al nombramiento de una persona que supere el procedimiento de selección, la entidad debe « expresar las razones del servicio que la llevaron a tomar esa determinación». (ii) De los Impedimentos y las recusaciones.

1 «[…] El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses […]». 2 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 11 de agosto de 2011, M. P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente: 05001-23-31-000-2002-03329-01(0078-10). 3 Ibídem.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo

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Sobre el régimen de impedimentos y las recusaciones, debe observase que estas figuras procesales tienen la posibilidad de preservar la integridad moral de los funcionarios públicos que atienden los procedimient os administrativos y judiciales, los cuales pueden verse afectados por el criterio subjetivo del servidor que al momento de tomar una decisión comprometa los principios de imparcialidad 4 y transparencia que irrigan todas las actuaciones administrativas y/o judiciales en que

los cuales pueden verse afectados por el criterio subjetivo del servidor que al momento de tomar una decisión comprometa los principios de imparcialidad 4 y transparencia que irrigan todas las actuaciones administrativas y/o judiciales en que intervienen. En ese sentido, el Consejo de Estado en sentencia del 13 de septiembre de 2021 señaló, que: El régimen de impedimentos y recusaciones se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad moral del funcionario, bajo e l entendido que existen situaciones de hecho que pueden comprometer su criterio en la decisión que, en principio, le corresponde adoptar. En ese sentido, dicho régimen constituye una garantía de imparcialidad y transparencia de la justicia. En criterio de esta Corporación, «[…] Se estima necesario resaltar que las causales de recusación, son taxativas y de aplicación restrictiva, comportan una excepción al cumplimiento de la función que le corresponde al Juez, y como tal, están debidamente delimitadas por e l legislador y no pueden extenderse o ampliarse a criterio del juez o de las partes. […]»5.

De acuerdo con ello, cuando se acuda a la recusación es necesario que (i) se invoque la causal que se estima configurada y que, además, (ii) se expresen las razones por las cuales se considera que el operador judicial se encuentra en el supuesto de hecho descrito en ella, con indicación de su alcance y contenido a fin de demostrar que dicha situación es capaz de alterar la capacidad objetiva y subjetiva de decisión de dicho funcionario6.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que para que opere la causal de impedimento o de recusación no es suficiente la sola afirmación del funcionario

subjetiva de decisión de dicho funcionario6.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que para que opere la causal de impedimento o de recusación no es suficiente la sola afirmación del funcionario que se declara impedido o del proponente que le recusa para apartar le del conocimiento del asunto 7, se requerirá además que se demuestre que las circunstancias que la configuran son reales y existen.8»

Destaca la Sala de la anterior cita jurisprudencial, que los impedimentos y las recusaciones son herramientas subjetivas que buscan garantizar la imparcialidad de los funcionarios públicos. Dichas causales, valga decir son taxativas y deben ser

4 Artículo 3. Principios. “(…) 3. En virtud del principio de imparcialidad, l as autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas la personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva (…) 8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración salvo reserva legal (…)” 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 20/05/2013, Rad.: 68001-23-31-000-2005-01647-01 (1605-11). 6 Sobre la necesidad de expresar las razones por las que se configura la causal invocada véase Con sejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Sexta Especial de Decisión. Providencia del 3/04/2018,

6 Sobre la necesidad de expresar las razones por las que se configura la causal invocada véase Con sejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Sexta Especial de Decisión. Providencia del 3/04/2018, Rad.: 11001-03-15-000-2017-02115-00(A), UGPP contra Luis Avelino Cortés. 7 Corte Constitucional. Auto 022 del 22/07/1997. 8 Consejo de Estado, sentencia del 13 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04152-00Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo Demandado: Distrito de Barrancabermeja Rad. 680813333001-2018-00063-03 invocadas bajo el supuesto que las gobierna, esto es, sin perder de vista que la sola mención no es suficiente para que operen, sino que debe demostrarse que las circunstancias que las originan son reales y fácilmente constatables.

2.2.1. De los impedimentos y las recusaciones en los procesos administrativos de evaluación de los empleados de carrera administrativa. Los impedimentos y las recusaciones dentro de los procedimientos administrativos se encuentran reglados en las normas especiales dispuestas para cada uno de ellos; no obstante, esas disposiciones específicas puede que no sean absolutas, razón suficiente para pensar que los vacíos que se puedan generar en la aplicación de las mismas deben ser llenados por la norma general 9, es decir, por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que sobre este aspecto dispuso en el inciso 3º d el artículo 2º, que “ (…) Las autoridades sujetarán

mismas deben ser llenados por la norma general 9, es decir, por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que sobre este aspecto dispuso en el inciso 3º d el artículo 2º, que “ (…) Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se adelanten en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código”. El régimen de impedimentos y recusaciones en los procesos administrativos de evaluación de los empleados de carrera administrativa, se encuentra reglado en los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Decreto 760 de 2005 “ Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones”.

Dichas disposiciones señalan: «ARTÍCULO 38. Los responsables de evaluar el desempeño laboral de los

empleados de carrera o en período de prueba deberán declararse impedidos cuando se encuentren vinculados con estos por matrimonio o por unión permanente o tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o exista enemistad grave con el empleado a evaluar o cuando exista cualquier causal de impedimento o hecho que afecte su objetividad. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0760_2005.html ARTÍCULO 39. El evaluador al advertir alguna de las causales de impedimento, inmediatamente la manifestará por escrito motivado al Jefe de la entidad, quien mediante acto administrativo motivado, decidirá sobre el impedimento, dentro de los cinco (5) días siguientes. De aceptarlo designará otro evaluador y en el

inmediatamente la manifestará por escrito motivado al Jefe de la entidad, quien mediante acto administrativo motivado, decidirá sobre el impedimento, dentro de los cinco (5) días siguientes. De aceptarlo designará otro evaluador y en el

9 Sentencia del 22 de agosto de 2018. Exp. 11001 -03-06-000-2018-00011-00. CP. Oscar Darío Amaya Navas. “(…) Nótese que en el asunto consultado a la Sala en esa oportunidad se evidencia que los impedimentos y las recusaciones están regulados en normas especiales, que forman parte de procedimientos administrativos de la misma clase. Sin embargo, como tales disposiciones no son exhaustivas y dejan algunos vacíos (grandes o pequeños), es necesario integrarlas o complementarlas con las normas que conforman el procedimiento administrativo general contenido en la Ley 1437 de 2011 y, particularmente, con el artículo 12 ibídem.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo Demandado: Distrito de Barrancabermeja Rad. 680813333001-2018-00063-03 mismo acto ordenará la entrega de los documentos que hasta la fecha obren sobre el desempeño laboral del empleado a evaluar.

El empleado a ser evaluado podrá recusar al evaluador ante el Jefe de la entidad cuando advierta alguna de las causales de impedimento, para lo cual allegará las pruebas que pretenda hacer valer. En tal caso se aplicará el procedimiento descrito en el inciso anterior en lo que sea pertinente.

En todo caso la recusación o el impedimento deberán formularse y decidirse antes de iniciarse el proceso de evaluación.

ARTÍCULO 40. Para todos los efectos, a los miem bros de las Comisiones de

En todo caso la recusación o el impedimento deberán formularse y decidirse antes de iniciarse el proceso de evaluación.

ARTÍCULO 40. Para todos los efectos, a los miem bros de las Comisiones de Personal se les aplicará las causales de impedimento y recusación previstas en el presente decreto. Los representantes del nominador en la Comisión de Personal al advertir una causal que le impida conocer del asunto objeto de decisión, deberán comunicarla inmediatamente por escrito motivado al jefe de la entidad, quien decidirá dentro de los dos (2) días siguientes, mediante acto administrativo motivado y designará al empleado que lo ha de reemplazar si fuere el caso. Cuando el imp edimento recaiga sobre alguno de los representantes de los empleados así lo manifestará a los demás miembros de la Comisión de Personal, quienes en la misma sesión decidirán si el impedimento es o no fundado. En caso afirmativo, lo declararán separado del conocimiento del asunto y designarán al suplente. Si fuere negativa, podrá participar en la decisión del asunto. ARTÍCULO 41. Cuando exista una causal de impedimento en un miembro de la Comisión de Personal y no fuere manifestada por él, podrá ser recusado por el interesado en el asunto a decidir, caso en el cual allegará las pruebas que fundamentan sus afirmaciones.

ARTÍCULO 42. Cuando la recusación se refiera a alguno de los representantes del nominador en la Comisión de Personal, el escrito contentivo de ella se dirigirá al Jefe de la entidad.

Cuando la recusación afecte a alguno de los representantes de los empleados en la Comisión de Personal, se propondrá ante los demás miembros a través del secretario de la misma.

al Jefe de la entidad.

Cuando la recusación afecte a alguno de los representantes de los empleados en la Comisión de Personal, se propondrá ante los demás miembros a través del secretario de la misma.

Las recusaciones de que trata esta disposición se decidirán de conformidad con el procedimiento del presente decreto.

ARTÍCULO 43. Contra las decisiones que resuelven el impedimento o la recusación no procederá recurso alguno.»Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo

Demandado: Distrito de Barrancabermeja Rad. 680813333001-2018-00063-03

De las normas citadas, la Sala concluye que dentro del procedimiento administrativo de evaluación de desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa (i) existe un régimen de impedimentos y recusaciones que sirve de mecanismo para garantizar l os principios de imparcialidad y transparencia; (ii) que existe unas causales de impedimentos y recusaciones taxativas en la norma para los responsables de evaluar a los empleados en periodo de prueba entre las que se encuentra cualquier causal de impedimento que afecte la objetividad“10; (iii) que el evaluador debe advertir la causal de impedimento mediante escrito motivado y dirigido al jefe inmediato, el cual se decidirá dentro de los 5 días siguientes; (iv) que el empleado a evaluar puede recusar al evaluador a través de escrito motivado ante el jefe de la entidad cuando advierta alguna de las causales de impedimento para lo cual allegará las pruebas; y (v) que los impedimentos y las recusaciones deberán formularse y decidirse antes de iniciarse el periodo de evaluación.

J. Caso concret