TA SAN - Sentencia 680813333001-2018-00211-01 (28-08-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680813333001-2018-00211-01 Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante Alejandro Manrique Ríos y otros. Iau911103@gmail.com javama69@hotmail.com manrique623@gmail.com Demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. desan.asjud@policia.gov.co

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos

nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Sanción disciplinaria / se confirma sentencia que niega pretensiones / se modifica condena en costas de primera instancia.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida el 23 de marzo de 2023 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja.

I. Antecedentes.

1. La demanda.1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., acuden ante esta jurisdicción los señores Alejandro Manrique Ríos, John Fredy Manrique Ríos, Alba Mirian Ríos Sánchez, John Fredy Manrique Ríos, Edilson Manrique Isaza y Paola Katherine Guiza Suarez en contra la Nación – Ministerio de Defens a – Policía Nacional, formulando las siguientes pretensiones:

Buscan los demandantes se declare la nulidad de los actos administrativos

Guiza Suarez en contra la Nación – Ministerio de Defens a – Policía Nacional, formulando las siguientes pretensiones:

Buscan los demandantes se declare la nulidad de los actos administrativos correspondientes a las decisiones de primera y segunda instancia proferidas por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Magdalena Medio y, el Inspector Delegado Región Cinco de Policía respectivamente, mediante las cuales se impone sanción disciplinaria al señor Alejandro Manrique Ríos correspondiente a destitución e inhabilidad general por el término de ocho años, dentro del proceso disciplinario c on radicado DEMAM -2015-53, por los hechos acaecidos el 16 de abril de 2015 en el municipio de Barrancabermeja.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro inmediato del señor Alejandro Manrique Ríos al cargo y grado que venía ocupando previo a la materialización de la sanción y se le reconozcan y paguen los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento en que fue retirado del servicio activo y hasta cuando se efectué el reintegro. Así como también, solicita el reconocimiento y pago de los perjuicios morales causados, los que tasa en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

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Como fundamento de sus pretensiones, los demandantes reseñan los siguientes hechos relevantes:

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Como fundamento de sus pretensiones, los demandantes reseñan los siguientes hechos relevantes:

1.1 El señor Alejandro Manrique Ríos convive en unión marital de hecho con la señora Paola Katherine Guiza Suárez; es hijo de Edilson Manrique y Alba Mirian Ríos Sánchez y hermano de John Fredy Manrique Ríos.

1.2 Ingresó a la Policía Nacional como alumno del nivel ejecutivo el 4 de mayo de 2006 y fue dado de alta como patrullero el 10 de noviembre de 2006, mediante la Resolución 05580 de la misma fecha.

1.3 Mediante informe de novedad del 31 de mayo de 2015 No. S-2015-014544-SIJINSEJIN-29, suscrito por el Capitán Nelson Hernando Pérez Mejía, se inició proceso disciplinario en contra del señor Alejandro Manrique Ríos por hechos ocurridos el 16 de abril de 2015, relacionados con el presunto hurto de dieciocho millones de pesos ($18.000.000) y objetos personales del ciudadano Franklin Torrejano Gutiérrez.

1.4 Con fundamento en dicho informe, el 01 de septiembre de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Magdalena Medio dio apertura a la indagación preliminar No. P-DEMAM-2015-52 en su contra. En el mismo auto se ordenó, entre otras cosas, comisionar al funcionario de dicha oficina, señor Sergio Andrés López Vera, para que practicara pruebas durante un término de seis (6) meses.

auto se ordenó, entre otras cosas, comisionar al funcionario de dicha oficina, señor Sergio Andrés López Vera, para que practicara pruebas durante un término de seis (6) meses.

1.5 En cumplimiento de lo anterior, el Señor Sergio Andrés López Vera, realizó las siguientes gestiones:

a. Recaudó los testimonios de Nelson Hernando Pérez Mejía y Franklin Torrejano Gutiérrez, los días 6 y 16 de septiembre de 2015, respectivamente. b. El 17 de septiembre del mismo año el operador disciplinario ordenó de oficio recepcionar los testimonios de los señores Julio Alcides Sosa Larota, Luis Gabriel Joya Chía , Ricardo Alfonso Estévez Padilla, Mauricio Mantilla Sandoval, Néstor Iván Sanabria Parra y Carlos Iván Mogollón Reyes. c. Recibió las anteriores declaraciones bajo comisión, sin cumplir con lo establecido en el numeral 4 de la Circular N.º 021 de 2004, proferida por la Procuraduría General de la Nación, que ordena al funcionario comitente entregar al comisionado un cuestionario con las preguntas y puntos a evacuar.

1.6 Mediante auto del 20 de diciembre de 2015 se le citó a audiencia pública en la cual se le enrostró la conducta disciplinaria descrita en la ley 1015 de 2006 artículo 34 numeral 09 con la adecuación normativa de «Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón de la función » refiriéndose a la conducta punible del artículo 239 de la Ley 599 de 2000, con base en el siguiente cargo:

«(...) Este despacho lo cita a audiencia pública, como quiera que usted siendo

refiriéndose a la conducta punible del artículo 239 de la Ley 599 de 2000, con base en el siguiente cargo:

«(...) Este despacho lo cita a audiencia pública, como quiera que usted siendo integrante del Grupo Investigativo Delitos contra la vida DH y DIH de la Seccional de Investigación Criminal Magdalena Medio como Investigador Criminal; para el día 16 -04-2015 en tre las 17:00 y las 20:00 horas aproximadamente, conoció un caso en el que realizó requisa a los señores Franklin Torrejano Gutiérrez, Carlos Iván Mogollón Gutiérrez, y Luis Alfredo Espinel Ortiz, quienes se encontraban el vehículo Chevrolet Aveo color rojo deTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho. Expediente 680813333001-2018-00-211-01

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placas RAU 782 en un sector de la comuna tres del municipio de Barrancabermeja, derivado de este procedimiento usted presuntamente se apoderó de unos bienes muebles(dinero) pertenecientes a las personas objeto del procedimiento. Con tal comportamiento, se presume la comisión de una conducta descrita en la Ley como delito, como bien lo señalan los medios de prueba obrantes al plenario»

En el numeral tercero del referido auto se ordenó la siguiente prueba «Oficiar a la Central de radios CAD DENAM - Jefatura de la Seccional SIJIN DEMAN, alleguen a este despacho, todos los antecedentes que se tengan al respecto de los hechos hoy investigados tales como: copias de los libros de anotaciones, grabaciones magnetofónicas, videos, informes, y demás elementos probatorios.»

este despacho, todos los antecedentes que se tengan al respecto de los hechos hoy investigados tales como: copias de los libros de anotaciones, grabaciones magnetofónicas, videos, informes, y demás elementos probatorios.»

1.7 En cumplimiento de dicha orden, el señor Eduardo Peñaranda Arévalo, jefe del CAD, respondió mediante oficio No. S-2015-024127-SUBCOCAD-29, solicitando que se informara la dirección donde ocurrieron los hechos a efectos de verificar los videos registrados en la base de datos del CCTV. Así mismo, indicó que las grabaciones de los reportes de radio debían solicitarse ante el área de telemática de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Sin embargo, no se dio trámite a dicha solicitud.

1.8 El 13 de enero de 2016 se celebró audiencia pública, en la cual el aquí demandante solicitó como pruebas, la ampliación de la declaración del señor Franklin Torrejano y el testimonio del fiscal Diego Ramírez, asignado a la investigación penal adelantada por los mismos hechos. Dichas pruebas fueron practicadas el 25 de enero de 2016, es decir, 15 días después de finalizada la audiencia pública, cuando ya había expirado el término previsto en el artículo 58 de la Ley 1474 de 2011.

1.9 Por decisión unilateral de la Oficina de Control Interno Disciplinario, los días 6 de octubre de 2015, 22 y 25 de enero de 2016, se llevaron a cabo diligencias de ratificación de los señores Carlos Iván Mogollón, Nelson Hernando Pérez Mejía y Franklin Torrejano, pese a que sus declaraciones ya habían sido rendidas dentro del proceso sancionatorio y los sancionados, parte contra la que se dirigían, nunca

ratificación de los señores Carlos Iván Mogollón, Nelson Hernando Pérez Mejía y Franklin Torrejano, pese a que sus declaraciones ya habían sido rendidas dentro del proceso sancionatorio y los sancionados, parte contra la que se dirigían, nunca solicitaron su ratificación.

1.10 Así mismo, señala que en la declaración rendida por Franklin Torrejano el 25 de enero de 2016 se le preguntó si los policiales que presuntamente cometieron el ilícito se encontraban en la sala. Posteriormente, se realizó una toma de video de todas las personas presentes, y aunque el testigo no identificó al señor Alejandro Manrique Ríos, quien se encontraba allí, se le enfocó con la cámara y se le preguntó al testigo qué participación había tenido en los hechos.

1.11 El 20 de noviembre de 2015, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Magdalena Medio declaró disciplinariamente responsable al señor Alejandro Manrique Ríos por incurrir en la conducta descrita en el numera l 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, a título de dolo, y como consecuencia, le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

1.12 Como consecuencia de la interposición del recurso de alzada, el 8 de abril de 2016, se profirió el fallo de segunda instancia, en el cual se confirmó la decisión de primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho. Expediente 680813333001-2018-00-211-01

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1.13 El 14 de junio de 2016, es notificado al señor Alejandro Manrique Ríos del contenido de la resolución No 03533 del 10 de junio del 2016, mediante la cual el director general de la Policía Nacional ejecutó los fallos sancionatorios de primera y segunda instancia, ordenando el retiro del servicio activo de la policía nacional.

Como concepto de violación, explica el demandante que, los actos administrativos acusados son nulos con ocasión a los siguientes vicios:

• «Vulneración de los artículos 128 y 140 de la ley 734 de 2002 / Irregularidad de orden sustancial» Señala que se configura una irregularidad sustancial debido a que el señor Sergio Andrés López Vera, en ejercicio de la comisión que le fue asignada, recaudó los testimonios de los señores Alcides Sosa Larota, Luis Gabriel Joya Chía, Ricardo Alfonso Estév ez Padilla, Mauricio Mantilla Sandoval, Néstor Iván Sanabria Parra y Carlos Iván Mogollón Reyes, sin que se diera cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4 de la Circular N.º 021 de 2004, proferida por la Procuraduría General de la Nación. Esta norma est ablece que el comitente debe remitir al comisionado un cuestionario con las preguntas o puntos a evacuar. La omisión en el cumplimiento de esta exigencia, según la parte actora, configura una vulneración flagrante del derecho fundamental al debido proceso y conlleva, por sí sola, la ilegalidad de los medios de

cuestionario con las preguntas o puntos a evacuar. La omisión en el cumplimiento de esta exigencia, según la parte actora, configura una vulneración flagrante del derecho fundamental al debido proceso y conlleva, por sí sola, la ilegalidad de los medios de prueba recaudados. Afirma que ello genera la nulidad de los actos por cuanto el fallo se sustentó en pruebas inexistentes, conforme a lo previsto en los artículos 128, 140 y 143 de la Ley 734 de 2002.

• «Vulneración del debido proceso consagrado en el artículo 29 superior y el principio de la investigación integral, por pruebas decretadas y no practicadas » Alega que en el proceso disciplinario adelantado no se agotaron las etapas de práctica y contradicción de la prueba. Particularmente, indica que mediante auto de indagación preliminar se ordenó oficiar a la Central de Radios CAD -DEMAM para allegar grabaciones magnetofónicas y videos relacionados con los hechos. No obstante, dicha prueba no fue recaudada. El oficio del 10 de septiembre de 2015, suscrito por el señor John Jairo Ramírez Palacio, precisó que las grabaciones debían solicitarse ante la dependencia de telemática de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, pero no se dio respuesta a ese requeri miento. Considera que la omisión en el recaudo vulneró el derecho de defensa del disciplinado.

• «Indebida valoración probatoria » Sostiene que el testimonio del señor Franklin Torrejano presenta inconsistencias respecto al relato del supuesto hurto, especialmente en la forma como presuntamente se entregó el dinero. También indica que existen contradicciones entre la declaración de dicho testigo y la del señor Carlos

Torrejano presenta inconsistencias respecto al relato del supuesto hurto, especialmente en la forma como presuntamente se entregó el dinero. También indica que existen contradicciones entre la declaración de dicho testigo y la del señor Carlos Iván Mogollón. Cuestiona que se otorgara valor probatorio a los testimonios de Nelson Hernando Pérez Mejía, Ricardo Estévez Padilla y Néstor Iván Sanabria Parra, dado que estos no presenc iaron los hechos y basaron su versión únicamente en lo manifestado por el señor Torrejano, convirtiéndolos en testigos de oídas.

• Vulneración del principio de legalidad por insuficiencia jurídica del proceso de subsunción típica de la conducta del señor Alejandro Manrique Ríos bajo las normas disciplinarias invocadas: Afirma que se imputó al señor Alejandro Manrique Ríos la conducta descrita en el artículo 34, numeral 9 de la Ley 1015 de 2006 y en el artículo 239 del Código Penal (hurto), sin que se explicara de forma suficiente la adecuación normativa entre los hechos y las normas aplicadas. Indica que no se precisó cuál de las funciones del investigado fue vulnerada, ni se probó que, al momento de los hechos, este se encontraba ejerciendo funciones propias de su cargo. Además, considera que en materia penal se omitió analizar de forma expresa los elementosTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

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del tipo penal como el concepto de cosa mueble ajena, la existencia de provecho personal o para terceros, el dolo y el deber funcional vulnerado.

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del tipo penal como el concepto de cosa mueble ajena, la existencia de provecho personal o para terceros, el dolo y el deber funcional vulnerado.

• «Incompatibilidad de la ley 1015 de 2006, artículo 34 numeral 9 con el artículo 27 de la ley 734 de 2002 » Alega la parte actora que existe una incompatibilidad entre el artículo 34, numeral 9 de la Ley 1015 de 2006 y el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, ya que mientras el primero permite sancionar comportamientos cometidos «como consecuencia de la función», el segundo exige que la acción u omisión se realice «en cumplimiento de los deberes propios del cargo o con ocasión de ellos, o por extralimitación de funciones». En este sentido, sostiene que el operador disciplinario incurrió en una indebida adecuación típica, pues imputó al señor Alejandro Manrique Ríos una conducta que, según la motivación del fallo, habría sido cometida como «consecuencia de la función», forma de realización que no se encuentra prevista en la ley 734 de 2002 como constitutiva de una falta disciplinaria cuando el comportamiento es por acción. Concluye que esta incompatibilidad normativa vulnera el principio de legalidad y el debido proceso, al sancionarse al disciplinado con fundamento en una forma de comportamiento no prevista legalmente como típica, afectando con ello su derecho a conocer con claridad las conductas sancionables y el contenido del reproche disciplinario que se le endilga.

• «Indebido análisis de culpabildad» Expone que, si bien se imputó responsabilidad a título de dolo, en las decisiones sancionatorias también se mencionan juicios de

el contenido del reproche disciplinario que se le endilga.

• «Indebido análisis de culpabildad» Expone que, si bien se imputó responsabilidad a título de dolo, en las decisiones sancionatorias también se mencionan juicios de reproche propios de la culpa, como la negligencia o el incumplimiento de deberes.

Mezcla de categorías que, en su sentir, genera una argumentación ambigua e incoherente que desconoce los principios básicos del derecho sancionador.

• «Violación del artículo 4 de la ley 1015 de 2006 y artículo 5 de la ley 734 de 2002 y falsa motivación » Afirma que no se acreditó que la conducta atribuida al señor Alejandro Manrique Ríos haya desconocido sus deberes funcionales, máxime si los hechos fueron conocidos por la justicia penal ordinaria y no por la penal militar. Esto sugiere que la conducta no tuvo relación directa con el servicio policial y, por tanto, no debía ser considerada como cometida en razón de la función.

• «Nulidad por falsa motivación – indebida valoración probatoria – vía de hecho :» Aduce que la conducta atribuida no fue debidamente probada y que los fallos sancionatorios se construyeron sobre una valoración sesgada y tergiversada del material probatorio. Sostiene que no se acreditaron aspectos esenciales como la presencia del procesado en el lugar de los hechos, la forma como obtuvo los bienes hurtados ni su intención de beneficiarse.

• «Vulneración del derecho fundamental al debido proceso» Reitera que la audiencia pública para el decreto de pruebas se realizó el 13 de enero de 2016, pero las pruebas

hurtados ni su intención de beneficiarse.

• «Vulneración del derecho fundamental al debido proceso» Reitera que la audiencia pública para el decreto de pruebas se realizó el 13 de enero de 2016, pero las pruebas se practicaron el 25 de enero siguiente, excediendo el plazo de tres (3) días previsto en el artículo 58 de la Ley 1474 de 2011. Alega, además, que en otro proceso disciplinario similar (DEMAM -2013-24), la misma entidad declaró la nulidad por vulneración del debido proceso, por lo que reclama aplicación del principio de igualdad.

• «Vulneración del artículo 222 de la Ley 1465 de 2012 Código General del proceso» Argumenta que se practicaron diligencias de ratificación de testigos sin que se cumplieran los requisitos legales: las declaraciones no fueron rendidas en otro proceso ni de forma anticipada, y la ratificación no fue solicitada por la parte contra la cual se aducían. Además, en la audiencia del 25 de enero de 2016 se permitió alTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

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testigo leer su testimonio anterior, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 222 del CGP.

• «Violación del artículo 220 de la ley 1465 de 201 Código general del Proceso» Denuncia que durante la declaración rendida el 25 de enero de 2016, se formuló al testigo Franklin Torrejano un interrogatorio sugestivo en el que se realizaron señalamientos sin identificación clara de los presuntos responsables. Sostiene que se vulneraron los estándares de legalidad aplicables al reconocimiento de personas

testigo Franklin Torrejano un interrogatorio sugestivo en el que se realizaron señalamientos sin identificación clara de los presuntos responsables. Sostiene que se vulneraron los estándares de legalidad aplicables al reconocimiento de personas y la neutralidad del interrogatorio.

• «Vulneración del principio de publicidad de la prueba, derecho de defensa y derecho de intervenir en la práctica de la prueba :» Sostiene que la autoridad disciplinaria cambió de manera arbitraria y sin previo aviso el lugar de recaudo de los testimonios, los cuales fueron finalmente practicados en el municipio de Bucaramanga sin indicar dirección alguna, frustrando la posibilidad del procesado de intervenir efectivamente.

Agrega que esta situación afectó de manera directa el ejercicio del derecho de defensa y que, pese a haber solicitado la nulidad de dichas pruebas en audiencia, esta fue negada sin justificación suficiente.

2. La contestación a la demanda2.

La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional se opone a las pretensiones por considerar que, los actos acusados se realizaron con total sujeción a lo contenido en la Ley 1015 de 2006 y 734 de 2002, el pleno respeto de los derechos del investigado y atendiendo lo demostrado en el desarrollo de la investigación mediante las pruebas legal y oportunamente decretadas y practicadas.

Como argumentos de defensa, expone los siguientes:

• «La investigación disciplinaria se ajustó plenamente a lo establecido en la ley 734 de 2002» Con respecto al argumento de que el señor Sergio Andrés López Vera en el marco de la comisión debió cumplir con la Circular No. 021 de 2004 respecto a que la autoridad que comisiona elabore un cuestionario con preguntas y puntos a evacuar,

de 2002» Con respecto al argumento de que el señor Sergio Andrés López Vera en el marco de la comisión debió cumplir con la Circular No. 021 de 2004 respecto a que la autoridad que comisiona elabore un cuestionario con preguntas y puntos a evacuar, señaló que, tal aspecto aplica en el evento en el que el comisionado no pertenezca a la dependencia en la cual se adelanta la investigación disciplinaria. Sin embargo, el comisionado es funcionario de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Magdalena Medio, por lo que conoce la situación que dio origen a la investigación. Así mismo resalta el artículo 133 del C.D.U para recalcar la facultad que tie nen los funcionarios para comisionar a los servidores de su dependencia para practicar las pruebas que ordene n, de donde manifiesta que, la práctica probatoria no vulnera en manera alguna las disposiciones de la ley 734 de 2002, ni el debido proceso o la legalidad.

• «Se garantizó el debido proceso al señor Alejandro Manrique Ríos:» Manifiesta que, la prueba de oficiar al Centro Automático de Despacho del DEMAM, para que remitiera los antecedentes que pudieran obrar en dicha dependencia respecto a los hechos sucedidos el 16 de abril de 2015 relacionados con un supuesto hurto del que fue víctima el señor Franklin Torrejano Gutiérrez , si fue debidamente decretada y practicada.

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Lo anterior debido a que, mediante oficio No. S - 2015-024087/DEMAM-CODIN 29, del 10 de septiembre de 2015, la oficina de disciplina realizó la respectiva solicitud al jefe del Centro Automático de Despacho DEMAM. En respuesta al requerimiento, bajo oficio No. S2015-024127/SUBCO-CAD-2 se dijo que frente a los hechos objeto de la solicitud, no obra incidente alguno en el Sistema de Seguimiento y Control de Casos SECAD, ni anotaciones generales ni de seguimientos a casos, por lo que, para el operador disciplinario, con esta respuesta quedó satisfecha su solicitud. Por lo tanto, la prueba se practicó debidamente.

Expone que no existió vulneración a la presunción de inocencia, derecho de defensa y debido proceso, pues el fallo de primera instancia fue proferido con pleno respecto de los derechos y garantías del investigado. Por lo cual el Sr. Alejandro Manrique pudo ejercer su contradicción y defensa en cada etapa procesal, las cuales se llevaron a cabo con sujeción a lo contemplado en la Ley 1015 de 2006 y 734 de 2002. Resaltó que, en la investigación se recepcionaron las pruebas testimoniales y documentales que permiten concluir que el demandado violó la disciplina policial. Afirmó que, no son actos falsamente motivados, sino que se suscriben a la consecuencia jurídica de haber transgredido con su actuar la disciplina policial. Por ende, el debido proceso se respectó en la actuación disciplinaria se contempló lo establecido en la Ley 734 de

actos falsamente motivados, sino que se suscriben a la consecuencia jurídica de haber transgredido con su actuar la disciplina policial. Por ende, el debido proceso se respectó en la actuación disciplinaria se contempló lo establecido en la Ley 734 de 2002 en las formas propias del proceso disciplinario y la investigación se realizó bajo el amparo del procedimiento verbal, de conformidad con el artículo 162 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011.

• «La valoración probatoria realizada por el operador disciplinario se ajustó a la sana crítica y reglas de la experiencia» Sostiene la entidad que las pruebas testimoniales y documentales fueron valoradas conforme a los principios de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Los testimonios fueron confrontados con el resto del acervo probatorio y permitieron concluir, con grado suficiente de certeza, la comisión de la falta disciplinaria. Así mismo, precisa que los testimonios indirectos fueron considerados dentro del contexto de la prueba indiciaria, sin atribuirles valor concluyente de forma aislada.

• «Se garantizó el principio de legalidad » Indica la demandada que las conductas atribuidas al señor Alejandro Manrique Ríos están expresamente descritas como falta disciplinaria en el artículo 34, numeral 9 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia con el artículo 239 del Código Penal. Añade que, conforme al artículo 4º de la Ley 734 de 2002, el operador disciplinario realizó una descripción minuciosa de los elementos de la falta y fundamentó debidamente la adecuación típica. Por tanto, no se vulneró el principio de legalidad ni se sancionó al disciplinado por hechos atípicos.

la falta y fundamentó debidamente la adecuación típica. Por tanto, no se vulneró el principio de legalidad ni se sancionó al disciplinado por hechos atípicos.

• «Complementariedad de la ley 1015 de 2006 y la ley 734 de 2002 » Manifiesta que no existe incompatibilidad entre ambas normas, puesto que la Ley 1015 de 2006, aplicable a los miembros de la Policía Nacional, prevé expresamente que el procedimiento aplicable es el contenido en la Ley 734 de 2002. Aduce que el artículo 34 numeral 9 de la ley 1015 de 2006 es una norma especial que consagra un tipo disciplinario concreto, mientras que la ley 734 de 2002 artículo 27 es una norma general no susceptible de adecuación típica. En ese sentido, las disposiciones de una y otra deben interpretarse de manera complementaria, pues de acuerdo con el artículo 27 de la ley 734 de 2002, la conducta atentatoria la cometió por acción y en razón a las funciones generales asignadas a los miembros de la policía nacional.

• «Correcto análisis de culpabilidad » Argumenta que en los fallos disciplinarios se desarrolló de manera clara y suficiente el análisis de culpabilidad, precisando que laTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

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conducta desplegada por el señor Alejandro Manrique Ríos fue cometida a título de dolo. En tal sentido, rechaza que exista confusión conceptual alguna entre dolo y culpa, como lo sugiere la apoderada de la parte actora. Explica que las referencias

conducta desplegada por el señor Alejandro Manrique Ríos fue cometida a título de dolo. En tal sentido, rechaza que exista confusión conceptual alguna entre dolo y culpa, como lo sugiere la apoderada de la parte actora. Explica que las referencias realizadas en los fallos al deber de «cumplir con diligencia el servicio que le sea encomendado» no deben interpretarse como imputaciones a título de culpa, sino como una contextualización de los deberes funcionales asignados al investigado. Estas referencias tienen como finalidad evidenciar que el señor Alejandro Manrique Ríos conocía sus obligaciones y que su conducta constituyó una vulneración consciente y voluntaria de dichas funciones, lo cual permite atribuirle responsabilidad disciplinaria a título de dolo.

Agrega que el cuestionamiento relacionado con la jurisdicción competente en el proceso penal no es un asunto que corresponda resolver en el marco de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ni es relevante para efectos de establecer la responsabilidad disciplinaria. Precisa que el hecho de que la investigación penal por el presunto hurto se esté tramitando ante la jurisdicción ordinaria y no la penal militar, no incide en la le galidad del fallo disciplinario, dado que ambas jurisdicciones son autónomas e independientes.

Sostiene que, dentro del proceso disciplinario, se acreditó que el señor Alejandro Manrique Ríos aprovechó las funciones propias de su carg o, específicamente aquellas relacionadas con la realización de requisas y verificación de