TA SAN - Sentencia 680813333001-2020-00019-01 (06-11-2025)

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SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, seis (06) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia del 16 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1 Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes :

RADICADO: 680813333001-2020-00019-01

MEDIO CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: Adriana Astrid Torres Suarez

adrianaastrid_t@hotmail.com carlua2@hotmail.com lherova@hotmail.com

DEMANDADO: Unidad Administrativa Especial de Gestión de

Restitución de Tierras Despojadas notificacionesjudiciales@urt.gov.co hdtellezr@gmail.com heider.tellez@restituciondetierras.gov.co

LINK DEL EXPEDIENTE https: //samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Cas os/list_procesos.aspx?guid=68081333300120200

0019016800123 TEMA Contrato Realidad

heider.tellez@restituciondetierras.gov.co

LINK DEL EXPEDIENTE https: //samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Cas os/list_procesos.aspx?guid=68081333300120200

0019016800123 TEMA Contrato Realidad MAG. PONENTE Francy del Pilar Pinilla PedrazaNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680813333001-2020-00019-01

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1.1. 1 . La señora Adriana Astrid Torres Suarez prestó sus servicios a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras – Dirección Territorial Magdalena Medio de manera personal y durante las jornadas laborales, desde el día 2 de agosto de 2013 y finalizando el 23 de agosto de 2017.

1.1.2. La prestación de los servicios se realizó de manera personal, directa e ininterrumpida, relacionadas con atención al público, actividades propias de la etapa administrativa y judicial.

1.1.3. Celebró los siguientes contratos de prestación de servicios:

1. 804 que inició el 02/08/2013 y finalizo el 15/10/2013;

(ii) 1157 el cual inició el 25/10/2013 y finalizó el 31/12/2013; (iii) 463 iniciando labores el 23/01/2014 al 31/12/2014; (iv) 691 dando inicio el 21/01/2015 hasta el 15/03/2015; (v) 899 con inicio el 17/03/2015 y finalización el 21/12/2015;

(iv) 691 dando inicio el 21/01/2015 hasta el 15/03/2015; (v) 899 con inicio el 17/03/2015 y finalización el 21/12/2015; (vi) 791 iniciando el 14/01/2016 y terminando el 30/09/2016; (vii) 1879 el cual inició el 05/10/2016 y finalizó el 31/12/2016; (viii) 1152 dando inicio el 24/01/2017 terminando el 30/06/2017 y; (ix) 725 el cual inició el 12/07/2017 hasta el 23/08/2017.

1.1.4. El 26 de junio de 2016 la parte actora solicitó a la entidad el reconocimiento de una relación laboral, así como el pago de las prestaciones a que hubiere lugar, petición que fue resuelta de manera desfavorable mediante el oficio URT-OAMB02273 del 11 de julio de 2019.

2. Pretensiones

Se sintetizan de la siguiente manera:

2.1. Que se declare la nulidad del Oficio URT -OAMB-02273 de fecha julio 11 del 2019, mediante el cual la entidad demandada negó la existencia de una relación laboral, así como el pago de los derechos salariales y prestacionales en igualdad de condiciones a los demás, del mismo cargo durante todo el tiempo en que duró dicha relación laboral con la Sra. Adriana Astrid Torres Suarez.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680813333001-2020-00019-01

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2.2. Se declare la existencia de una relación laboral de hecho entre la demandante y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras - Dirección Territorial Magdalena Medio, Santander desde el momento de su vinculación y sin solución de continuidad desde el 2 de agosto de 2013.

2.3. Que se cancelen los salarios y prestaciones sociales a los cuales tiene derecho Adriana Astrid Torres Suarez en el cargo desempeñado desde el 2 de agosto de 2013 y sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones sociales y convencionales dejados de percibir hasta la fecha en que efectivamente se produzca el reintegro incluidas las cesantías, los intereses sobre las cesantías, el auxilio de transporte, la prima legal de navidad, la prima legal de servicios, las vacaciones, las primas de vacaciones, las dotaciones, el auxilio de alimentación, los aportes al sistema se seguridad social, integral y todos los demás beneficios convencionales; sumas que deberán ser debidamente indexadas desde la fecha de su causación hasta que sean efectivamente canceladas.

2.4. En consecuencia de lo anterior sean canceladas las siguientes acreencias laborales: i) s alarios desde el hasta que se efectué el reintegro , ii) cesantías definitivas, iii) primas de servicios, iv) vacaciones, v) intereses sobre las cesantías, vi) subsidio de transporte, vii) dotación de calzado, vestido labor, viii) bonificaciones.

definitivas, iii) primas de servicios, iv) vacaciones, v) intereses sobre las cesantías, vi) subsidio de transporte, vii) dotación de calzado, vestido labor, viii) bonificaciones. ix) horas extras y dominicales, x) sanción por en no depósito de las cesantías a un fondo, xi) sanción por la no afiliación a salud y pensiones, xii) sanción moratoria por el no pago oportuno de todas sus acreencias laborales dentro de los términos señalados por la Ley.

2.5. Se condene a la Entidad demandada a cancelar los dineros correspondientes a las retenciones en la fuente efectuadas de parte de la Entidad por concepto de honorarios

2.6. Se condene a la Entidad demandada a afiliar a la parte actora al fondo de Pensiones y cancelar lo correspondiente a la reserva pensional durante el tiempo de duración de la relación laboral, o en su defecto se obligue al demandado a asumir el pago de las cuotas partes pensionales y/o calculo salarial correspondiente al tiempo laborado por la demandante.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680813333001-2020-00019-01

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3. Normas violadas y concepto de violación

Se alegan como vulneradas las siguientes: - Artículos 13, 53 y 209 de la Constitución Política. - Artículo 22 del CST. - Ley 72 de 1931.

Como concepto de violación se aduce que el ente accionado desconoció las normas

• Artículos 13, 53 y 209 de la Constitución Política. - Artículo 22 del CST. - Ley 72 de 1931.

Como concepto de violación se aduce que el ente accionado desconoció las normas constitucionales y legales, al pretender esconder una verdadera relación de trabajo con la entidad, a través de las simuladas órdenes y/o contratos de prestación de servicios, en el que devengaba el equivalente a un salario sin el debido pago de las prestaciones sociales legales, a las cuales tenía pleno derecho en virtud de la supremacía de la realida d sobre las formalidades; máxime, cuando desarrolló funciones permanentes de la entidad, y la misma autoridad administrativa impartía órdenes directas, señalando horarios exclusivos de ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes, originando con ello la depe ndencia o subordinación, a la que no deben estar sometidas el personal vinculado por órdenes de prestación de servicios o contratos de prestación de servicios, por ser una actividad liberal sin sometimiento sólo a las propias supervisiones y a la coordinac ión de las obligaciones encomendada tal como lo establece la Ley 80 de 1993.

4. Contestación de la demanda

La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. La relación entre la señora Adriana Astrid Torres Suárez y la entidad así como la forma en que se cumplieron las obligaciones que emanaron del contrato fueron las propias del contrato de prestación de servicios suscrito y no reunió los elementos de una relación laboral.

1. Si bien, la demandante prestó sus servicios profesionales como abogada de

la forma en que se cumplieron las obligaciones que emanaron del contrato fueron las propias del contrato de prestación de servicios suscrito y no reunió los elementos de una relación laboral.

1. Si bien, la demandante prestó sus servicios profesionales como abogada de la UAEGRTD, según las fechas de vigencia de los contratos existió interrupción del servicio en algunos casos por periodos de 4 ó 6 meses, entre el 2 de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2014.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680813333001-2020-00019-01

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Propuso como excepciones las que denominó «actos administrativos expedidos con el lleno de los requisitos legales»

5. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante sentencia del 16 de junio de 2025, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción, de conformidad con lo expuesto en el presente proveído.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acto Administrativo URT -OAMB02273 del 11 de julio de 2022, proferido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras DespojadasUAEGRTD, por medio de la cual dicha entidad negó el reconocimiento de una relación laboral y consecuencialmente la liquidación y pago de las prestaciones sociales derivadas de la misma en favor de la señora

Restitución de Tierras DespojadasUAEGRTD, por medio de la cual dicha entidad negó el reconocimiento de una relación laboral y consecuencialmente la liquidación y pago de las prestaciones sociales derivadas de la misma en favor de la señora Adriana Astrid Torres Suárez, identificada con cédula de ciudadanía No.1.098.644.562; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre Adriana Astrid Torres Suárez y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras DespojadasUAEGRTD, en el lapso comprendido entre el 02 de agosto de 2013 y el 23 de agosto de 2017.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras DespojadasUAEGRTD, reconocer y pagar a la señora Adriana Astrid Torres Suárez, identificada

con cédula de ciudadanía No.1.098.644.562, las prestaciones sociales causadas al haber laborado como profesional del derecho en el periodo comprendido entre el 02 de agosto de 2013 y el 23 de agosto de 2017, conforme a las percibidas por el personal de igual cargo de planta de la entidad en ese mismo periodo, tomando como base para el efecto, el valor de los honorarios mensuales pactados en el contrato de prestación de servicios suscrito con la demandante. La Unidad asumirá el pago de aportes que por pensiones y cesantías corresponde a la trabajadora, en el porcentaje que legalmente le asiste. Dichas sumas deberán ser indexadas conforme fue razonado en la parte motiva de esta providencia.

Así mismo, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema

que legalmente le asiste. Dichas sumas deberán ser indexadas conforme fue razonado en la parte motiva de esta providencia.

Así mismo, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones formuladas por la parte actora, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SEXTO: SIN CONDENA EN COSTAS, de acuerdo con lo expuesto en la presente

providencia»NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680813333001-2020-00019-01

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Como sustento de la decisión, consideró que la demandante logró acreditar la prestación personal del servicio, a través de la declaracion por ella rendida y las manifestaciones de los testigos, recaudadas por este Despacho, en los cuales consistentemente manifestaron que la señora Torres Suárez, personalmente ejecutó las actividades asignadas en el periodo en el cual laboró para la entidad accionada, sin delegar estas a tercera persona.

Adicional a lo anterior, encontró probada dicha prestación personal, con la naturaleza de las labores pactadas en los contratos de prestación de servicios que celebró la demandante con la parte accionada, dado que en los estudios previos de

Adicional a lo anterior, encontró probada dicha prestación personal, con la naturaleza de las labores pactadas en los contratos de prestación de servicios que celebró la demandante con la parte accionada, dado que en los estudios previos de estos, se expone, de manera reiterada y concurren te, la necesidad de atender las funciones delegadas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD, en el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, encontrándose entre ellas: (i) el acopio de pruebas necesarias para la desarrollar las etapas administrativas y judiciales de los procesos de restitución de tierras; (ii) la articulación institucional y de organizaciones públicas y privadas, para la formulación de planes y programas que impacten en el proceso de restitución de tierras, además; (iii) la alimentación y mantener actualizados los programas ofimáticos correspondiente al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente, así como aquellas que dispongan las autoridades judiciales de la jurisdicción de la Dirección Territorial correspondiente; todas ellas relacionadas directamente con los fines de la entidad; imposibilitando que la demandante pudiera delegar la ejecución del contrato en un tercero, es decir, estas funciones eran actividades personales o intuito personae y, por lo tanto, exclusivas de la contratista.

Aunado a lo anterior, se probó también que para el control de las actividades desarrolladas se contaba con un coordinador que fungía como jefe inmediato, con quien se concertaba las actividades a realizar, precisándose que, conforme a las declaraciones pra cticadas, los testigos expusieron que no era posible realizar la cesión del contrato de forma libre y voluntaria.

quien se concertaba las actividades a realizar, precisándose que, conforme a las declaraciones pra cticadas, los testigos expusieron que no era posible realizar la cesión del contrato de forma libre y voluntaria.

Frente a la remuneración lo consideró acreditado teniendo en cuenta que en los contratos de prestación de servicios suscritos se acordó y pagó a la señora Adriana Astrid Torres Suárez, remuneración a título de honorarios de forma mensual.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680813333001-2020-00019-01

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Sobre el elemento de la subordinación, propia de la relación laboral que pretende acreditar la demandante, dentro del proceso se probó a través de los testimonios de las señoras Carmenza Rincón Valencia, Dora Luisa Joya Jiménez, Diana María Jacome Carreño, Sandra Milena Villaruel, profesionales del derecho, que estuvieron vinculadas a la entidad demandada mediante relación legal y reglamentaria o contrato de prestación de servicios, que estas y la demandante desarrollaban actividades similares y/o con identidad entre sí, circunstancias que exponen en sus declaraciones armónicas y coherentes.

En este orden de ideas, se tiene que la demandante cumplió con su carga probatoria, pues además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, se corroboró la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las q ue el Director Territorial de la entidad contratante y el coordinador jurídico, ostentaron la facultad de exigirle el cumplimiento de funciones

remuneración, se corroboró la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las q ue el Director Territorial de la entidad contratante y el coordinador jurídico, ostentaron la facultad de exigirle el cumplimiento de funciones contractuales y otras asignadas que no correspondían al objeto contractual, pero que sí eran idénticas a las asignadas a los profesionales vinculados mediante una relación legal y reglamentaria, las cua les resultaban de obligatoria observancia, tal y como expusieron los distintos testimonios y las pruebas documentales. Además, quedó demostrada la permanencia de sus servicios, y que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad accionada.

Finalmente, sobre la prescripción de los derechos laborales manifestó que no se configura dicho fenómeno por haber transcurrido entre la celebración de los contratos de prestación de servicios , un plazo inferior a 30 días hábiles, que es el término unificado por la jurisprudencia para la configuración de la solución de continuidad; de manera que, para efectos del reconocimiento prestacional invocado por la parte demandante no se presentó interrupción de la relación laboral simulada.

Teniendo en cuenta que en el presente caso se predica la existencia de una única relación laboral entre la demandante y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras DespojadasUAEGRTD, corresponde realizar el cómputo del término prescriptivo a partir de la fecha en la que ocurrió la terminación de su vínculo con aquella, esto es, desde el día 23 de agosto de 2017.

7. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓNNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680813333001-2020-00019-01

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La entidad demandada interpone oportunamente el recurso de apelación para señalar como motivos de inconformidad los siguientes:

1. Ante el carácter de suprema reserva de la información de la entidad, tenía el deber de implementar infraestructura física, administrativa y digital para cumplir tal cometido, so pena de generar una posible revictimización en contra de los solicitantes de restitución de tierras, y la demandante siempre fue conocedora de los alcances y la importancia de acatar los protocolos de seguridad y confidencialidad de la información.

1. La exigencia de presencia física de la demandante en las instalaciones de la entidad pública no responde a un ánimo de subordinación laboral, sino a la salvaguarda de información altamente sensible que concierne a las víctimas del conflicto armado interno, por lo que se incluyen controles de acceso basados en la «necesidad de saber» restricciones al uso de dispositivos extraíbles y prohibición de sacar copias físicas o digitales fuera de la entidad , el cumplimiento efectivo de los controles exige la pre sencia del contratista en la sede institucional, donde los sistemas de autenticación, la vigilancia y los respaldos cifrados pueden supervisarse en tiempo real.

1. No existió uniformidad en la ejecución e identidad de actividades contractuales a cargo de la demandante.

sistemas de autenticación, la vigilancia y los respaldos cifrados pueden supervisarse en tiempo real.

1. No existió uniformidad en la ejecución e identidad de actividades contractuales a cargo de la demandante.

1. La gestión de los servicios se desplegó en un marco de autonomía técnica, limitado únicamente por la obligación de entregar los productos contratados y respetar los protocolos de seguridad de la información, requisitos que según la jurisprudencia caracteriza una mera coordinación de actividades.

1. No es cierto que la ex contratista estuviera sometida al irrestricto cumplimiento de horario para el ejercicio de sus actividades contractuales, y menos que tuviere la obligación de extender su actividad hasta días no hábiles, pues solo estaba en la obligación contractual de entregar a la supervisión designada los productos derivados de sus obligaciones, para posteriormente presentar su cuenta de cobro y demás documentos que justificara el pago de los honorarios pactados.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680813333001-2020-00019-01

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1. El uso de biométricos no tiene otro fin distinto que garantizar la seguridad institucional en los términos ya descritos mas no para controlar el horario de los contratistas.

1. Si bien la entrega de algunos productos requería la concurrencia de otros equipos, la organización de su agenda, la priorización de expedientes y la elaboración de las decisiones permanecieron bajo su total control, por lo que solo existió una mera coordinación de actividades propias de la contratación estatal y no

equipos, la organización de su agenda, la priorización de expedientes y la elaboración de las decisiones permanecieron bajo su total control, por lo que solo existió una mera coordinación de actividades propias de la contratación estatal y no una relación de subordinación que permita equiparar el vínculo a un contrato de trabajo.

8. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro de la oportunidad procesal de que trata el numeral 4° del art. 247 de la Ley 1437 de 2011, ninguna de las partes concurrió. La señora Agente del Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

9. CONSIDERACIONES DE LA SALA

9.1 Problema jurídico

¿Se encuentra acreditado el elemento de la subordinación dentro de la relación contractual sostenida entre la señora Adriana Astrid Torres Suarez y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de tierras despojadas , a fin de declarar la existencia de una verdadera relación laboral?

En caso afirmativo, existió interrupción superior a 30 días que configure el fenómeno prescriptivo.

9.2. Tesis de la Sala

Si, se acredita el elemento de la subordinación, y no existió interrupción superior a 30 días por lo que no ha operado el fenómeno prescriptivo.

9.3. Marco normativo y jurisprudencial

9.3.1. Contrato de prestación de servicios vs. Contrato realidadNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680813333001-2020-00019-01

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La vinculación a las entidades del Estado por contrato de prestación de servicios se rige por el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual tiene como propósito suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar labores especializadas que no puedan ser asumidas por el personal de planta y cuyas características principales se pueden concretar en que: i) se prohíbe el elemento de subordinación continuada del servicio por parte del contratista, en tanto que éste debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual1; ii) las funciones que cumple, no pueden versar sobre el ejercicio de actividades de carácter permanente2, y iii) la vinculación es de carácter excepcional, razón por la cual no pueden realizarse con respecto a funciones que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público, con el fin de evitar el abuso de dicha figura 3 y como medida de protección de la relación laboral4.

Pero, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se demuestra la concurrencia de los tres elementos constitutivos de la relación laboral, es decir, cuando: i) la prestación de servicio es personal; ii) remunerada, y iii) continuada remuneración. En dicho caso, el derecho al pago de las prestaciones sociales surge a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades contenido en el artículo 53 superior, lo que se ha denominado

remuneración. En dicho caso, el derecho al pago de las prestaciones sociales surge a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades contenido en el artículo 53 superior, lo que se ha denominado contrato realidad.

En ese orden de ideas, la figura del contrato realidad, sostiene la jurisprudencia, se aplica cuando se constata la continua prestación del servicio personal remunerado, propio de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlo en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación continuada propia de las relaciones laborales5.

1 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Rad. 23001233300020130026001 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. 2 Corte Constitucional. Sentencia C -614 del 2 de septiembre de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Exp. D-7615. 3 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 10 de julio de 2014. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Rad 05001233100020040039101 (0151-13). 4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de marzo de 2019. C.P William Hernández Gómez. Rad. 52001-23-33-000-2013-00084-01 (1415-2014). 5 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia del 25 de agosto de 2016. C.P.

William Hernández Gómez. Rad. 52001-23-33-000-2013-00084-01 (1415-2014). 5 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia del 25 de agosto de 2016. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-UJ2-005-16.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680813333001-2020-00019-01

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9.3.2. Subordinación continuada

De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.

La reiterada jurisprudencia de esta Corporación –que aquí se consolida - ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

1. El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el

determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

1. El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, es necesario matizar esta ci rcunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

1. El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada.

Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

1. La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo deNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680813333001-2020-00019-01

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las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación.

En ese sentido, lo que debe probar el demandante