TA SAN - Sentencia 680813333001-2020-00249-03 (06-08-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, seis (06) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE LEONELA AGÜILAR VILLALOBOS

aguilarmela47@gmail.com licampucp@hotmail.com

DEMANDADOS E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA

MEDIO notificacionesjudiciales@esehrmm.gov.co juridica@esehospitalrmm.gov.co angelicavecino347@hotmail.com angelicavecino347@gmail.com

AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR – LUIS TORRES

CASTRO

luchotorresalud@gmail.com

NUEVA EPS

luiscatom@gmail.com secretaria.general@nuevaeps.com.co

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE 680813333001 – 2020 – 00249 – 03

ASUNTO FALLA EN EL SERVICIO / AUSENCIA MATERIAL

PROBATORIO / CONFIRMA

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARIA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

Se decide el recurso de APELACIÓN interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barrancabermeja, el día 19 de diciembre de 2024.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES.

Solicita1 la parte demandante:

2.2.1 Que se declaren a la I.P.S E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO la y la NUEVA E.P.S S.A. solidaria, patrimonial y administrativamente responsables.

Solicita1 la parte demandante:

2.2.1 Que se declaren a la I.P.S E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO la y la NUEVA E.P.S S.A. solidaria, patrimonial y administrativamente responsables. 2.2.2.Que se condene a la I.P.S E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO Y A LA NUEVA E.P.S S.A a cancelar a mi mandante los valores propuestos tendientes a cubrir el costo de la cirugía plástica reconstructiva de la vagina, por el valor q ue ello amerite, por no haber realizado controles médicos encaminados a realizar el parto de una persona joven primeriza, como es la señora LEONELA AGUILAR VILLALOBOS, persona esta de escasos 19 años de edad y que el día 1º de noviembre del 2019, entró al establecimiento Hospital Regional del Magdalena Medio, remitida por la NUEVA E.P.S S.A, para el alumbramiento de su hijo, el cual los médicos del establecimiento no pudieron determinar pronto que tal vez podían realizar una cesárea y no un alumbramiento n ormal por los riesgos de una joven

1 Expediente SAMAI ítem 001 DEMANDA Y ANEXOS PDF Fls, 1-2Sentencia de segunda instancia. Radicado 680813333001 – 2020 – 00249 - 03

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primeriza, ya que venía teniendo dificultades en horas anteriores y que en la misma historia clínica los mismos médicos preparaban además que tenía de embarazo 40 semanas y cinco días, pero bajo la vigilancia de la Dra. Milena Patricia Cabrera, que permitió que una de sus enfermeras montaran sobre el vientre de la paciente

historia clínica los mismos médicos preparaban además que tenía de embarazo 40 semanas y cinco días, pero bajo la vigilancia de la Dra. Milena Patricia Cabrera, que permitió que una de sus enfermeras montaran sobre el vientre de la paciente LEONELA AGUILAR VILLALOBOS, que permitió que una de sus enfermeras montara sobre el vientre de la paciente, para con su cuerpo y peso hacer presión para el alumbramiento, provocando desgarros de la vagina tanto internos como externos, pero el Dr. DANIEL ALEJANDRO OMAÑA CARREÑO, al tratar de reparar el desgarro de la paciente LEONELA AGUILAR VILLALOBOS, suturó con puntos la parte interna de la vagina de la señora AGUILAR. 2.2.3 Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al establecimiento de salud denominado ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y a la entidad NUEVA EPS S.A, filial de esa ciudad, al pago de las siguientes sumas de dinero: 2.2.4 Al equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales, ocasionados a la señora LEONELA AGUILAR VILLALOBOS. 2.2.5 Al equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios materiales causados en el órgano genital. 2.2.6 Y así mismo el lucro cesante que lo estima en la cantidad de 38 salarios mínimos mensuales, debido a que desde su alumbramiento no ha podido trabajar. 2.2.7 Que sobre las sumas reconocidas por perjuicios morales y materiales correspondientes al lucro cesa nte, se paguen intereses moratorios, conforme al artículo 192 del Código Contencioso Administrativo.

2.2.7 Que sobre las sumas reconocidas por perjuicios morales y materiales correspondientes al lucro cesa nte, se paguen intereses moratorios, conforme al artículo 192 del Código Contencioso Administrativo. 2.2.8 Que se disponga que, una vez ejecutoriada la sentencia, para su ejecución y cumplimiento se comunique la sentencia; lo anterior en cumplimiento del inciso final del artículo 192 del Código Contencioso Administrativo

2. HECHOS2.

La parte demandante manifiesta que, el día primero de noviembre de 2019, siendo afiliada a NUEVA EPS, se dirigió a la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, debido a que su embarazo se encontraba a término, con el propósito de proceder al alumbramiento. Sin embargo, los médicos diagnosticaron ciertas complicaciones que llevaron a decidir la realización de una cesárea. No obstante, la médica internista Milena Patricia Cabrera adelantó el parto por vía vaginal, permitiendo que una enfermera presionara su vientre, para inducir el parto.

Esta maniobra res ultó en un alumbramiento violento que le provocó desgarros internos y externos en la vagina.

Posteriormente, el ginecólogo Dr. Alejandro Omaña Carrero realizó la sutura de los desgarros, cosiendo completamente la parte interna de la vagina, lo que ocasion ó intensos dolores vaginales que persistieron por más de un año, al punto que la paciente no pudo mantener relaciones sexuales debido al dolor insoportable.

Durante los controles médicos, se determinó que la paciente requería una reconstrucción del piso pélvico, procedimiento que no pudo ser realizado en la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio. Esta situación le ha causado sentimientos

Durante los controles médicos, se determinó que la paciente requería una reconstrucción del piso pélvico, procedimiento que no pudo ser realizado en la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio. Esta situación le ha causado sentimientos de tristeza, aflicción, ansiedad y un importante impacto psicológico, además de un deterioro significativo en su estado de salud.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Constitucionales. Artículo 90.

2 Expediente SAMAI ítem 001 DEMANDA Y ANEXOS PDF Fls, 3-5.Sentencia de segunda instancia. Radicado 680813333001 – 2020 – 00249 - 03

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Legales. Artículos 1 y 3 del Decreto 1011 de 2006.

Considera la parte actora que de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus agentes. Este precepto establece que el daño es antijurídico cuando la persona que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo. Los elementos esenciales de la respons abilidad son el daño antijurídico y su imputación a la administración, a fin de atribuir jurídicamente el perjuicio a un sujeto determinado.

Asimismo, los artículos 1 y 3 del Decreto 1011 de 2006 disponen que la atención en salud debe estar centrada en el usuario, superando la simple verificación de la existencia de estructura o documentación de procesos. Se debe garantizar, en todo caso, la accesibilidad del usuario para el uso efectivo de los servicios de salud

en salud debe estar centrada en el usuario, superando la simple verificación de la existencia de estructura o documentación de procesos. Se debe garantizar, en todo caso, la accesibilidad del usuario para el uso efectivo de los servicios de salud establecidos en el Sistema General de Segur idad Social en Salud. Además, se exige el cumplimiento del criterio de oportunidad, evitando retrasos que puedan poner en riesgo la vida o la salud del paciente. Esto está directamente relacionado con la oferta de servicios y la coordinación institucional para gestionar el acceso adecuado a los mismos.

En el caso concreto, señala que requería atención oportuna, pues los profesionales de la salud debieron prever, a partir de la sintomatología presentada, elaborar el diagnóstico y brindar el tratamiento adec uado en relación con la atención del parto, considerando que se trataba de una paciente joven y sana. Sin embargo, el personal médico refirió posteriormente que la paciente requería una cirugía plástica reconstructiva de la vagina, servicio que la EPS no p restaba, por lo que debía ser cubierto de manera particular.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO. No contestó la demanda ni su reforma.

NUEVA E.P.S. Contesta la reforma de la demanda. 3 Se opone a las pretensiones de la demanda, señalando que la atención médica corresponde directamente a los profesionales de la salud y no a la EPS. La demandante tuvo acceso a los servicios autorizados por NUEVA EPS, que cumplió con sus obligaciones contractuales. No se configuran los elementos de responsabilidad, ya que el daño alegado se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa de terceros. NUEVA EPS garantizó el acceso

autorizados por NUEVA EPS, que cumplió con sus obligaciones contractuales. No se configuran los elementos de responsabilidad, ya que el daño alegado se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa de terceros. NUEVA EPS garantizó el acceso a servicios en entidades acreditadas y asumió los tratamientos requeridos, por lo que no hubo falla imputable a la EPS.

III. SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia4 de fecha 19 de diciembre de 2024, el A quo resolvió:

Primero: Denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia Segundo: No condenar en costas.

Como fundamento de su decisión, manifestó que «es claro que por parte de NUEVA EPS no se ha negado ningún tipo de servicio médico a la demandante, pues obran en el expediente las certificaciones de las autorizaciones de atención del parto y postparto solicitadas, de tal manera que no puede reprocharse a esta entidad una acción u omisión respecto de lo que en virtud de sus funciones le correspondía. Aun en lo que tiene que ver con la valoración efectuada el 10 de julio de 2020 por

3 Expediente SAMAI ítem 00011 CONTESTACIÓN DEMANDA PDF Fls, 4-6.Sentencia de segunda instancia. Radicado 680813333001 – 2020 – 00249 - 03

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el médico ginecólogo que realizó remisión a la demandante a un nivel sup erior de atención, para efecto de realizar las correcciones necesarias ante su dolencia, esto es la reconstrucción del piso pélvico, debe exculparse a la entidad NUEVA EPS de

el médico ginecólogo que realizó remisión a la demandante a un nivel sup erior de atención, para efecto de realizar las correcciones necesarias ante su dolencia, esto es la reconstrucción del piso pélvico, debe exculparse a la entidad NUEVA EPS de toda responsabilidad, ya que no se realizó trámite alguno ante la misma para la autorización de dicho procedimiento, pues tal como se puede establecer del interrogatorio rendido por la demandante, no asistió a solicitar las autorizaciones respectivas para dicha atención médica y el procedimiento correspondiente, lo que en manera alguna puede reprocharse a ninguna de las entidades aquí demandadas.

Por último, resulta importante precisar que, la parte demandante le limitó a mencionar que: “(...) La médica internista Milena Patricia Cabrera se procedió a adelantar el parto por conducto normal, permitiendo que una enfermera se subiera encima del vientre de la paciente Leonela Aguilar y presionar su estómago para que se produjera el alumbramiento, provocando que el bebé saliera en forma violenta y que le provocó desgarros internos y externos de la vagina”, sin realizar esfuerzo probatorio alguno, o siquiera probar sumariamente este hecho o que se pudiera colegir el mismo, para así, entrar a determinar una posible violencia obstétrica y dar un enfoque de género.

En conclusión, al no encontrarse probada la falla del servicio médico por no haberse configurado alguna irregularidad u omisión en la prestación del servicio médico gineco obstétrico, brindado por parte de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio y la Nueva EPS a la señora Leonela Aguilar Villalobos, se negarán las pretensiones de la demanda.»

IV. LA APELACIÓN

Medio y la Nueva EPS a la señora Leonela Aguilar Villalobos, se negarán las pretensiones de la demanda.»

IV. LA APELACIÓN

La parte demandante5 solicita sea revocada la decisión de primera instancia y en su lugar conceder las pretensiones de la demanda en razón a los siguientes argumentos:

1. Considera que el a quo debe fundamentar su decisión basándose en la historia clínica donde se ordenó por el médico especialista Dr. Luis José Jaramillo Royo el procedimiento de cesárea segmentaria.

1. Aduce que la orden de cesárea no fue atendida por la médico general Patricia Cabrera luego, quien dejó pasar varias horas y luego practicó un parto natural.

1. Finalmente, agrega que existe una relación de causalidad entre el hecho irregular ineficaz y los daños causados por las entidades demandadas.

Según se desprende del texto de la demanda, el daño antijurídico cuya reparación se pretende en el sub lite, corresponde al daño físico ocasionado en la humanidad de la demandante señora Leonela Aguilar Villalobos, causado en la parte interna de la vagina, como consecuencia del desgarramiento causado por haberse forzado un parto natural la falla en la prestación del servicio médico durante la atención del parto, el día 01 de noviembre de 2019, donde según la demandante fue forzada a realizar el parto natural de su hoy menor hijo, a pesar de que el médico especialista en obstetricia había dado la orden por escrito en la historia clínica de realizarle cesárea, ineficiencia esta que genero múltiples desgarros, que llevaron a que mi poderdante padeciera de sinequia vaginal y oclusión del

por escrito en la historia clínica de realizarle cesárea, ineficiencia esta que genero múltiples desgarros, que llevaron a que mi poderdante padeciera de sinequia vaginal y oclusión del canal vaginal con granulomatosas y fibrosis, padecimiento que le ocasiona mucho dolor e imposibilidad de desarrollar su vida normalmente, indicando que no estaba obligada a padecer dicho daño físico, pues estaba prescrito en su caso una cesárea y no el parto por vía normal.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5 Expediente SAMAI ítem 00106 RECURSO DE APELACIÓN.Sentencia de segunda instancia. Radicado 680813333001 – 2020 – 00249 - 03

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Por medio de auto de l 27 de marzo de 2025 se admitió6 el recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia de primera instancia y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y emitir concepto de fondo respectivamente.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Parte demandante, demandada y Ministerio Público. No concurrieron en esta etapa procesal.

VII. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación, debe la Sala determinar lo siguiente:

Si el material probatorio recaudado en el presente caso permite concluir que concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad de las entidades demandadas a título de falla en el servicio por la lesión sufrida por la señora Leonela Aguilar Villalobos.

concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad de las entidades demandadas a título de falla en el servicio por la lesión sufrida por la señora Leonela Aguilar Villalobos.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

1.1. Responsabilidad del estado por falla en el servicio de atención médica.

El artículo 90 de la Carta Política, que consagra la responsabilidad extracontractual del Estado, prevé: «El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públi cas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».

La noción de daño antijurídico, de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-38 del 1 de febrero de 2006, consistirá siempre «en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar», y en el mismo sentido obra la s entencia C-333 de 1996, en la cual se estableció el daño antijurídico «no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.»

El artículo 6 de la Constitución, señala: «Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.»

El artículo 6 de la Constitución, señala: «Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.»

En relación con la responsabilidad derivada del servicio médico, en sentencia del 29 de agosto de 20137, la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó:

Actualmente, la jurisprudencia aplica la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, esto es, el daño, la actividad médica y el nexo de causalidad entre ésta y aquel 8, sin perjuicio de que para la demostración de este último elemento las partes puedan valerse de todos los medios de prueba legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria:

6 Expediente SAMAI ítem 00009 ADMITE RECURSO PDF 1. 7 Radicación 25000-23-26-000-2001-01343-01(30283) 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, exp. 15.772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 3 de octubre de 2007, exp.16.402, de 30 de julio de 2008, exp. 15.726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, de 21 de febrero de 2011, exp. 19.125, C.P. (e) Gladys Agudelo Ordoñez, entre otras.Sentencia de segunda instancia. Radicado 680813333001 – 2020 – 00249 - 03

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…de manera reciente la Sala ha recogido las reglas

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…de manera reciente la Sala ha recogido las reglas jurisprudenciales anteriores, es decir, las de presunción de falla médica, o de la distribución de las cargas probatorias de acuerdo con el juicio sobre la mejor posibilidad de su aporte, para acoger la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la d emostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño.

Se acoge dicho criterio porque además de ajustarse a la normatividad vigente (art. 90 de la Constitución y 177 del Código de Procedimiento Civil), resulta más equitativa. La presunción de la falla del servicio margina del debate probatorio asuntos muy relevantes, como el de la distinción entre los hechos que pueden calificarse como omisiones, retardos o deficiencias y los que constituyen efectos de la misma enfermedad que sufra el paciente. La presunción traslada al Estado la carga de desvirtuar una presunción que falló, en una materia tan compleja, donde el álea constituye un factor inevitable y donde el paso del tiempo y las condiciones de masa (impersonales) en las que se presta el servicio en las instituciones públicas hacen muy compleja la demostración de todos los actos en los que éste se materializa.

En efecto, no debe perderse de vista que el sólo transcurso del

las condiciones de masa (impersonales) en las que se presta el servicio en las instituciones públicas hacen muy compleja la demostración de todos los actos en los que éste se materializa.

En efecto, no debe perderse de vista que el sólo transcurso del tiempo entre el momento en que se presta el servicio y aquél en el que la entidad debe ejercer su defensa, aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más estrecha entre los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la entidad que para el paciente acreditar las circunstancias en las cuales se prestó el servicio (…).

La desigualdad que se presume del paciente o sus familiares para aportar la prueba de la falla, por la falta de conocimiento técnicos, o por las dificultades de acceso a la prueba, o su carencia de recursos para la práctica de un dictamen técnico, encuentran su solución en materia de responsabilidad est atal, gracias a una mejor valoración del juez de los medios probatorios que obran en el proceso, en particular de la prueba indiciaria, que en esta materia es sumamente relevante, con la historia clínica y los indicios que pueden construirse de la renuenci a de la entidad a aportarla o de sus deficiencias y con los dictámenes que rindan las entidades oficiales que no representan costos para las partes9.

En relación con la actividad médica capaz de comprometer la responsabilidad de la administración, debe s eñalarse que no es solamente aquella que se desarrolla contrariando los postulados de la lex artis o, dicho en otras palabras, que es consecuencia de un funcionamiento anormal, negligente o descuidado del servicio médico 10. También la actuación o actividad médica

desarrolla contrariando los postulados de la lex artis o, dicho en otras palabras, que es consecuencia de un funcionamiento anormal, negligente o descuidado del servicio médico 10. También la actuación o actividad médica que se despliega en condiciones normales o adecuadas puede dar lugar a que ello ocurra”.

9 Consejo de Estado, sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 15.772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada luego en la sentencia de 28 de septiembre de 2012, exp. 22.424, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 10 Ejemplo de un funcionamiento anormal del servicio público por enfermedades intrahospitalarias, se encuentra en la sentencia de 21 de febrero de 2011, exp. 19.125, C.P. (e) Gladys Agudelo Ordóñez, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad administrativa del ISS por la muerte de un neonato, ocurrida en 1995, como consecuencia de una infección producida por un germen multirresistente, tras constatar que la misma bacteria había causado la muerte de otros niños por la misma época y en el mismo centro asistencial en el que el paciente permaneció hospitalizado por espacio de cuatro días.Sentencia de segunda instancia. Radicado 680813333001 – 2020 – 00249 - 03

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Ahora, en relación con la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico de salud, en sentencia de fecha 12 de febrero de 2014 11 el Honorable Consejo de Estado récord que “corresponde a la parte actora acreditar los supuestos de hecho que estructuran los fundamentos de la misma; es decir, debe demostrar el daño, la

Consejo de Estado récord que “corresponde a la parte actora acreditar los supuestos de hecho que estructuran los fundamentos de la misma; es decir, debe demostrar el daño, la falla en la prestación del servicio médico hospitalario y la relación de causalidad entre estos dos elementos, para lo cual puede valerse de todos los medios probatorios legalmente aceptados, entre los cuales cobran particular importancia el o los indicios que puedan construirse con fundamento en las demás pruebas que obr en en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño ocasionado 12, ya que sin la concurrencia de estos elementos no se logra estructurar la responsabilidad del Estado”.

De otro lado, en la misma providenc ia el Alto Tribunal recordó la tesis reiterada 13 según la cual «la práctica médica debe evaluarse desde una perspectiva de medios y no de resultados, lo que lleva a entender que el galeno se encuentra en la obligación de practicar la totalidad de procedimi entos adecuados para el tratamiento de las diversas patologías puestas a su conocimiento, procedimientos que, por regla general, conllevan riesgos de complicaciones, situaciones que, de llegar a presentarse, obligan al profesional de la medicina al agotami ento de todos los medios a su alcance, conforme a la lex artis, para evitar daños mayores y, de así hacerlo, en ningún momento se compromete su responsabilidad, incluso en aquellos eventos en los cuales los resultados sean negativos o insatisfactorios para la salud del paciente, a pesar de haberse intentado evitarlos en la forma como se deja dicho.»

2. Responsabilidad del Estado por errores en el diagnóstico médico.

Ha señalado el Consejo de Estado que la falla en el servicio médico involucra el

como se deja dicho.»

2. Responsabilidad del Estado por errores en el diagnóstico médico.

Ha señalado el Consejo de Estado que la falla en el servicio médico involucra el acto médico entendido como la intervención del profesional de la medicina, en donde se encuentra incluido el diagnóstico y el tratamiento de las patologías, es decir, todas las actuaciones que se desplieguen desde el momento en que le paciente ingresa al servicio médico.

En sentencia de fecha 3 de octubre de 2016 14, la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, precisó que las actuaciones médicas integran el “acto médico complejo” que se clasifica en i) actos puramente médicos; ii) actos paramédicos que corresponden a las acciones preparatorias del acto médico llevad as a cabo por lo general por el personal auxiliar y que imponen parámetros de seguridad; iii) los actos extra médicos como servicios de alojamiento y manutención del paciente.

En cuanto al acto médico y el error en el diagnóstico, en la misma providencia la el

Alto Tribunal señaló:

En relación con el acto médico propiamente dicho, que es el tema de interés para la solución del caso concreto, se señala que los resultados fallidos en la prestación de ese servicio, tanto en el diagnóstico, como en el trata miento o en las intervenciones quirúrgica, no constituyen una falla del servicio, cuando esos resultados son atribuibles a causas naturales, como aquéllos eventos en los cuales el curso de la enfermedad no pudo ser interrumpido con la intervención médica, bien porque el organismo del paciente no respondió como era de esperarse a esos tratamientos, o porque en ese momento aún no se disponía de los conocimientos y elementos científicos necesarios para

los cuales el curso de la enfermedad no pudo ser interrumpido con la intervención médica, bien porque el organismo del paciente no respondió como era de esperarse a esos tratamientos, o porque en ese momento aún no se disponía de los conocimientos y elementos científicos necesarios para encontrar remedio o paliativo para esas enfermedades, o po rque esos recursos no están al alcance de las instituciones médicas del Estado.

Por lo tanto, frente a tales fracasos, la falla del servicio se deriva de la omisión de utilizar los medios diagnósticos o terapéuticos aconsejados por los protocolos médicos; por no prever, siendo previsibles, los efectos secundarios

11 Radicación número: 88001-23-31-000-2005-00050-01(34125) 12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2008, expediente 16.775. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de marzo de 2011, expediente 18947, C.P. Hernán Andrade Rincón. 14 Radicación No 05001-23-31-000-1999-02059-01 (40057) CP. RAMIRO PAZOS GUERREROSentencia de segunda instancia. Radicado 680813333001 – 2020 – 00249 - 03

Medio de control: Reparación directa.

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de un tratamiento; por no hacer el seguimiento que corresponde a la evolución de la enfermedad, bien para modificar el diagnóstico o el tratamiento y, en fin, de todas aquellas actuaciones que de muestren que el servicio fue prestado de manera diferente a como lo aconsejaba la lex artis.

(…)

Uno de los momentos de mayor relevancia en la prestación del servicio

de todas aquellas actuaciones que de muestren que el servicio fue prestado de manera diferente a como lo aconsejaba la lex artis.

(…)

Uno de los momentos de mayor relevancia en la prestación del servicio médico lo constituye el diagnóstico, porque a partir del mismo se define el tratamiento posterior. Las fallas en el diagnóstico de las enfermedades y el consecuente error en el tratamiento están asociadas, regularmente, a la indebida interpretación de los síntomas que presenta el paciente o a la omisión de la práctica de los exámenes que resultaban indicados para el caso concreto. Por lo tanto, cuando el diagnóstico no es conclusivo, porque los síntomas pueden indicar varias afecciones, se incurre en falla del servicio cuando no se agotan los recursos científicos y técnicos al alcance para determinar con precisión cuál es la enfermedad que sufre el paciente.

(…)

En los casos en los que se discute la responsabilidad de la administración por daños derivados de un error de valoración, deberá estar demostrado que el servicio médico no se prestó adecuadamente porque se omitió interrogar al paciente o a su acompañante sobre la evolución de los síntomas que lo aquejaban; no sometió al enfermo a una valoración física completa y seria omitió utilizar oportunamente todos los recursos técnicos a su alcance para confirmar o descartar un determinado diagnóstico; dejó de hacerle el seguimiento que corresponde a la evolución de la enfermedad, o simplemente, incurrió en un error inexcusable para un profesional d