TA SAN - Sentencia 680813333001-2021-00006-01 (28-08-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte y la parte demandada contra la sentencia de primera instancia del 6 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, el señor Temilson Castro Sánchez formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación

1 Expediente digital , gestión en otras corporaciones , actuación 51 Índice SAMAI, link one drive , archivo 01 folios 15 a 44. MEDIO DE CONTROL Reparación directa EXPEDIENTE 680813333001-2021-00006-01

DEMANDANTE

Temilson Castro Sánchez ralegc@yahoo.com

archivo 01 folios 15 a 44. MEDIO DE CONTROL Reparación directa EXPEDIENTE 680813333001-2021-00006-01

DEMANDANTE

Temilson Castro Sánchez ralegc@yahoo.com castrosancheztemilson@gmail.com valenciaabogadosasociados@gmail.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Fiscalía General de la Nación jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co MINISTERIO PÚBLICO Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ACTUACIÓN Sentencia de segunda instancia TEMA Privación injusta de la libertadReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Temilson Castro Sánchez Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y Fiscalía General de la Nación.

Radicado: 680813333001-2021-00006-01

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por los perjuicios ocasionados al demandante con ocasión de la privación de su libertad desde 27 de mayo de 2014 al 28 de septiembre de 2017.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la NACIÓNRAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL del daño padecido por TEMILSON CASTRO SANCHEZ, con ocasión de la privación de su libertad

NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la NACIÓNRAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL del daño padecido por TEMILSON CASTRO SANCHEZ, con ocasión de la privación de su libertad dentro del proceso penal que se adelantó en su contra por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas, conforme a los hechos narrados en acápite precedente.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se condene a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la NACIÓNRAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL a indemnizar a TEMILSON CASTRO SANCHEZ la suma de 100 S.M.L.M.V. por concepto de perjuicios morales derivados de la privación injusta de su libertad o en su defecto, al mayor de los reconocimientos económicos que haya previsto la sección 3° del Honorable Consejo de Estado al momento de proferir la sentencia, para este tipo de daño.

TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se condene a NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y NACIÓN - RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL a cancelar al señor TEMILSON CASTRO SANCHEZ la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS ($48.324.306) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante o la suma que resulte probada dentro del expediente.

CUARTO: Que, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se

PESOS ($48.324.306) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante o la suma que resulte probada dentro del expediente.

CUARTO: Que, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se

condene a la NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y NACIÓNRAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL a cancelar a TEMILSON CASTRO SANCHEZ, al pago del mayor reco nocimiento económico que mediante jurisprudencia sea establecido para un daño diferente a los tres deprecados anteriormente de parte de la sección 3ª del Honorable Consejo de Estado al momento de proferir la sentencia.

QUINTO: En cualquier evento se declarará que la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y NACIÓN - RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL deberá indemnizar todos los perjuicios que resulten probados dentro del proceso, a favor de TEMILS ON CASTRO SANCHEZ, de conformidad con las pruebas arrimadas al expediente y de acuerdo con los montos que se determinen.

SEXTO: Se condenará a la entidad demandada al pago indexado de los valores, dada la devaluación que sufre la moneda colombiana.

SÉPTIMO: Ordenar a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y NACIÓNRAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL al pago de intereses de mora a la tasa máxima legal sobre las sumas que se ordene pagar en la sentencia, desde la ejecutoria de esta y hasta cuando se descarguen los valores.

OCTAVO: En la oportunidad procesal correspondiente, sírvase señor Juez

que se ordene pagar en la sentencia, desde la ejecutoria de esta y hasta cuando se descarguen los valores.

OCTAVO: En la oportunidad procesal correspondiente, sírvase señor Juez condenar en costas a las entidades demandadas, NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y NACIÓN - RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL […]» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticosReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Temilson Castro Sánchez Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y Fiscalía General de la Nación.

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Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 14 de febrero de 2014 , en el sector Pozo Siete del Distrito Especial de Barrancabermeja en horas de la noche, el señor Fabian Andrés Mantilla Correa recibió seis impactos de bala con arma de fuego, lo que dio lugar a que se adelantara una investigación penal por los delitos de homicidio en grado de tentativa, en concurso con fabricación, tráfico o porte de arma de fuego o municiones, proceso identificado bajo el radicado 680816000135201400253.

1. No obstante, contrario a lo indicado por la fiscalía, el día de la ocurrencia de los hechos el señor Temilson Castro se encontraba junto a la víctima Fabián Andrés Mantilla en el sector ubicado entre el barrio Pozo Siete y Kennedy de

1. No obstante, contrario a lo indicado por la fiscalía, el día de la ocurrencia de los hechos el señor Temilson Castro se encontraba junto a la víctima Fabián Andrés Mantilla en el sector ubicado entre el barrio Pozo Siete y Kennedy de Barrancabermeja cuando aparecieron dos sujetos de alias «casco» y «gordo», los cuales cogieron al señor Fabián Andrés y le dispararon en numerosas ocasiones.

Posteriormente, el señor Temilson salió corriendo del lugar y le comunicó apenas pudo a su madre y hermano.

1. En la investigación penal se vinculó a los señores Jorge Alirio Ríos Olivares y Temilson Castro Sánchez, en calidad de coautores de los delitos investigados y a quienes se les capturó el 27 de mayo de 2014.

1. El 27 de septiembre de 2017, en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja se celebró audiencia de libertad por vencimiento de términos, por cuanto transcurrieron más de 150 días desde el inicio de la audiencia de juicio oral, sin que se celebrara la audiencia de lectura o su equivalente.

1. En consecuencia, el señor Temilson Castro Sánchez permaneció privado de la libertad por un término de superior al previsto en el numeral 6 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 , esto es, desde el 27 de mayo de 2014 al 28 de septiembre de 2017.

1. Finalmente, el 11 de julio de 2018 se celebró audiencia de juicio oral en la cual la Fiscalía General de la Nación solicitó la absolución penal comoquiera que la víctima, vale decir, el señor Fabián Andrés Mantilla dentro de la práctica del

cual la Fiscalía General de la Nación solicitó la absolución penal comoquiera que la víctima, vale decir, el señor Fabián Andrés Mantilla dentro de la práctica del interrogatorio indicó que las persona que había disparado en contra de su humanidad era alias «casco» y, por ende, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Judicial de Barrancabermeja profirió sentencia absolutoria a favor del señor Temilson Castro Sánchez.

1.1.3. Fundamentos de derecho

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 90 de la Constitución Política, 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y 140 del CPACA.

En los fundamentos jurídicos, el apoderado de la parte demandante expuso los siguientes argumentos:

1. La responsabilidad del Estado se configura en el presente caso como consecuencia de la privación de la libertad de que fue objeto el señor TemilsonReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Temilson Castro Sánchez Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y Fiscalía General de la Nación.

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Castro Sánchez, toda vez que en el proceso penal adelantado en su contra , se profirió una sentencia de carácter absolutorio, lo que permite evidenciar la causación de un daño que no estaba en la obligación de soportar.

1.2. Contestaciones de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

causación de un daño que no estaba en la obligación de soportar.

1.2. Contestaciones de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

Por conducto de apoderad o la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones innominadas: «culpa exclusiva de la víctima» y «hecho de un tercero y responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en la privación de la libertad del actor ». A su turno, el apoderado de la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. En el caso en concreto , no se configuran los presupuestos para que se estructure la responsabilidad por parte de la Rama Judicial , puesto que las actuaciones y decisiones de los jueces se emitieron en cumplimiento de la Constitución Política y la ley.

1. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la privación de la libertad únicamente puede ser considerada antijurídica cuando desconoce los presupuestos y procedimientos convencionales, constitucionales y legales ; aunado a lo anterior, le corresponde al juez de lo contencioso -administrativo examinar el proceso penal adelantado y determinar el régimen de responsabilidad aplicable de acuerdo a las particularidades del caso.

1. Las actuaciones desplegadas por las autoridades judiciales se profirieron en el marco del ordenamiento jurídico, específicamente en lo preceptuado en el artículo 308 del CPP, comoquiera que la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad se encontraba soportada en el material

el marco del ordenamiento jurídico, específicamente en lo preceptuado en el artículo 308 del CPP, comoquiera que la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad se encontraba soportada en el material allegado por la Fiscalía General de la Nación , lo que otorgó los presupuestos necesarios para otorgar una inferencia razonable de autoría al juez penal.

1. La decisión absolutoria de la investigación que profirió el juez de conocimiento no implica incongruencia con la imposición de la medida de aseguramiento, toda vez que se trata de dos momentos procesales distintos los que permitieron al operador judicial adoptar sus respectivas decisiones.

1.2.2. La Fiscalía General de la Nación3

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: «falta de

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones , actuación 51 Índice SAMAI, link one drive , archivo 01 folios 667 a 689. 3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones , actuación 51 Índice SAMAI, link one drive , archivo 01 folios 703 a 734.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Temilson Castro Sánchez Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y Fiscalía General de la Nación.

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legitimación en la causa por pasiva» , «ausencia de la falla del servicio» e «inexistencia del daño».

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legitimación en la causa por pasiva» , «ausencia de la falla del servicio» e «inexistencia del daño».

A su turno, el apoderado de la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La Fiscalía General de la Nación asume únicamente el papel acusador frente a conductas punibles, más no es quien determina las medidas restrictivas de la libertad de los imputados por cuanto su legalidad la avala el juez competente.

1. El juez de control de garantías impartió legalidad a las actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación con base en los elementos materiales probatorios o evidencias física existentes para la etapa procesal y, por tanto, le correspondía examinar si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales resultaban legales, proporcionales o adecuadas para alcanzar los fines propuestos.

1. En el sub-lite la captura del accionante se realizó acorde con las normas tanto procedimentales como sustantivas del ordenamiento penal y obedeció a que el juez de control de garantías impartió la legalidad a la captura e impuso la medida de aseguramiento luego de analizar los elementos materiales probatorios y evidencia física en apego a los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante sentencia del 6 de noviembre de 2024, resolvió:

proporcionalidad.

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante sentencia del 6 de noviembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: Ejecutoriada ésta providencia, previas las anotaciones a que haya lugar, archívese el expediente». […]

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo negó las pretensiones de la demanda con sustentó en los siguientes argumentos:

1. La privación de la libertad del señor Temilson Castro Sánchez no constituye un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario se encontraba sustentada en s ólidos elementos de prueba que permitían presumir s u participación en los hechos materia de investigación en el proceso penal que se adelantaba en su contra.

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 53 Índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Temilson Castro Sánchez Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y Fiscalía General de la Nación.

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Radicado: 680813333001-2021-00006-01

6 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. Aunado a lo anterior, el presunto daño antijurídico tampoco es atribuible a la Rama Judicial, por cuanto la imposición de la medida de aseguramient o se fundamentó en los elementos materiales probatorios, información y evidencia física legalmente obtenida presentada por el ente acusador, los cuales resultaban suficientes, en esa etapa procesal, para i nferir razonablemente la coautoría o participación del imputado en los hechos investigados.

1. En relación con la condena en costas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 188 numeral 1 del CPACA, no hay lugar a su imposición.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Parte demandante5

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Contrario a lo concluido por el a quo , la imposición de la medida de aseguramiento ordenada por el juez de garantía no cumplía con los presupuestos legales para su procedencia, por cuanto siquiera se efectuó un análisis respecto de los criterios de razonabilidad y necesidad; además, tampoco se encontraban acreditados los requisitos de carácter subjetivo para emitir la medida de aseguramiento, toda vez que en la motivación expuesta por el juez penal no se hizo alusión a ningún elemento de prueba que permit iera otorgar una inferencia

acreditados los requisitos de carácter subjetivo para emitir la medida de aseguramiento, toda vez que en la motivación expuesta por el juez penal no se hizo alusión a ningún elemento de prueba que permit iera otorgar una inferencia razonable de la coautoría del señor Temilson Castro Sánchez , especialmente cuando fue él quien con posterioridad a los hechos informó a la comunidad que el señor Fabián Mantilla había sido victima de unos disparos y, por tanto, los familiares pudieron llegar al lugar para finalmente trasladarlo a una institución hospitalaria.

1. En consecuencia, resulta necesario revocar la sentencia apelada, para en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

1.4.2. Parte demandada6

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la el numeral segundo de la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. En el sub lite la defensa del proceso fue ejercida por dos profesionales del derecho vinculados al cargo de planta permanente con perfil universitario.

1. La entidad concurrió al presente proceso como parte demandada, lo que conlleva un procedimiento interno determinado en el sistema integrado de gestión y control de la calidad y del medio ambiente de la Rama Judicial que inicia desde la recepción de la demanda, el reparto para su estudio, la contestación de la demanda y demás trámites administrativos que involucran recursos públicos.

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 55 Índice SAMAI. 6Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Temilson Castro Sánchez Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y Fiscalía General de la Nación.

6Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Temilson Castro Sánchez Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y Fiscalía General de la Nación.

Radicado: 680813333001-2021-00006-01

7 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. Por ende, no es dable afirmar que en el proceso la entidad demandada no incurrió en gastos para el ejercicio de la defensa técnica, comoquiera que ello comportaría afirmar que el perfil del profesional del derecho que ejerce las labores de la defensa del E stado no se remunera, ni que la demanda de representación judicial no merezca ser reconocida dentro de la liquidación de agencias. En consecuencia, es procedente la condena en costas a la parte vencida en el proceso.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 8 de julio de 20257 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Nación, Rama judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial8

Los argumentos de las alegaciones, se resumen de la siguiente manera:

1. El juez de control de garantías motivó y soportó la medida de aseguramiento privativa de la libertad con los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que allegó la Fiscalía General de la Nación para ese momento procesal y, en consecuencia, debe tenerse en cuenta que la audiencia de imposición y las siguientes etapas del proceso penal,

evidencia física e información legalmente obtenida que allegó la Fiscalía General de la Nación para ese momento procesal y, en consecuencia, debe tenerse en cuenta que la audiencia de imposición y las siguientes etapas del proceso penal, especialmente el juicio oral, son totalmente diferentes y exigen una tarifa probatoria distinta, motivo por el cual la medida privativa de la libertad resulta ser más laxa toda vez que el juez se atiene a los documentos allegados a su estrado por la policía judicial y el ente acusador dentro de las 36 horas siguientes a la captura.

1. Para arribar a la conclusión de absolución del demandante debió surtirse la etapa de juicio oral; sin embargo, dicha decisión no se erige en prueba contundente de que la medida de aseguramiento preventiva no hubiese sido decretada bajo los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad precisados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-072 de 2018.

1.6.4. Ministerio Público:

No se presentaron.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida , y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

7 Expediente digital, actuación 7 Índice SAMAI. 8 Expediente digital, actuación 13 Índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Temilson Castro Sánchez Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y Fiscalía General de la Nación.

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8

Sentencia de segunda instancia

Demandante: Temilson Castro Sánchez Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y Fiscalía General de la Nación.

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8 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial , razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en los escritos de apelación, le corresponde a la Sala establecer si la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación son administrativa y patrimonialmente responsabl es por los perjuicios presuntamente ocasionados al señor Temilson Castro Sánchez como consecuencia de la privación de la libertad a la que fue sometido desde el 27 de mayo de 2014 al 28 de septiembre de 2017 y ii) si es procedente revocar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, para en su lugar, condenar en costas a la parte vencida en el proceso.

2.3. Marco normativo

2.3.1. La imputación de la responsabilidad del Estado en los casos de privación de la libertad personal

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia consagra la cláusula general

2.3. Marco normativo

2.3.1. La imputación de la responsabilidad del Estado en los casos de privación de la libertad personal

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia consagra la cláusula general de responsabilidad , a través de la cual señala que el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma de la que se desprenden los elementos de daño antijurídico e imputación.

Respecto a la responsabilidad del Estado derivada de la actividad jurisdiccional, la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, prevé lo siguiente:

«Artículo 65. De la responsabilidad del estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos: El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia

a los siguientes presupuestos: El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Temilson Castro Sánchez Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ y Fiscalía General de la Nación.

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9 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Artículo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

Artículo 69. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación».

En la actualidad, es posible identificar cinco etapas relacionadas con la interpretación que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha efectuado de las normas en mención, en las cuales se sustenta tanto constitucional como legalmente la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.

En la primera etapa, la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración seria y razonable de las

libertad se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resulte relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efectos de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo. Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar. 9

En la segunda etapa, la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal vigente en ese entonces), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta, lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio.10

En la tercera etapa, el Consejo de Estado, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el mencionado artículo 414, agregó que, el fundamento de la responsabilidad del Estado en tales eventos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del

por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el mencionado artículo 414, agregó que, el fundamento de la responsabilidad del Estado en tales eventos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la o