TA SAN - Sentencia 680813333001-2021-00068-01 (27-03-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680813333001-2021-00068-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ECOPETROL S.A.

notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co

DEMANDADO: CARLOS OMAR YAÑEZ Y CIA LTDA.

(actualmente CONSTRUCCIONES OBRAS Y

SUMINISTROS S.A.S EN REORGANIZACIÓN)

direcciongeneral@coys.com.co procesos.legisconsultor@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 078

TEMA: ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL –

CADUCIDAD – REEMBOLSO OBLIGACIÓN

AGENTE RETENEDOR – Otros

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia anticipada del 28 de septiembre de 2022 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1 Hechos1

En la demanda de la referencia se exp uso, en síntesis, que la Ley 1697 de 2013

caducidad del medio de control, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1 Hechos1

En la demanda de la referencia se exp uso, en síntesis, que la Ley 1697 de 2013 creó la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades

1 Folios 2 a 5 PDF 01 OneDrive.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Ecopetrol S.A.

Demandado: Carlos Omar Yañez Suarez y Cia Limitada Radicado: 680813333001-2021-00068-01

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estatales de Colombia, en la cual se estableció el hecho generador, el sujeto pasivo, así como las obligaciones de las entidades contratantes.

Agregó que, en virtud de la mencionada ley, el Ministerio de Educación Nacional emitió el acto núm. 2018-EE-195110 del 19 de diciembre de 2018 , por medio del cual requirió a Ecopetrol S.A. para que pagara, en su condición de agente retenedor del tributo referido, la suma de $2.043.587.970 . Ello, en virtud del contrato núm. 5224046, entre otros, por el periodo comprendido entre el año 2014 a 2017.

Indicó que, el Ministerio de Educación emitió el Acto núm. 2019-EE-074275 del 6 de junio de 2019, por el cual ordenó pagar a Ecopetrol S.A. la suma de $421.871.482, por concepto de estampilla Universidad Nacional, para el periodo del año 2018, con ocasión del contrato núm. 5224046, entre otros.

por concepto de estampilla Universidad Nacional, para el periodo del año 2018, con ocasión del contrato núm. 5224046, entre otros.

Sostuvo que el objeto del contrato núm. 5224046 del 30 de junio de 2015, consistió en: «obras civiles requeridas para la construcción de bodega temporal para el almacenamiento y preservación de equipos, ubicada en la refinería de Barrancabermeja, Santander». Además, que fue suscrito entre las partes que conforman este proceso y que se encuentra liquidado.

Señaló que, en virtud del contrato en mención, el Ministerio de Educación Nacional liquidó por el periodo comprendido entre los años 2014 a l 2017, la suma de $2.435.565, los cuales fueron pagados por Ecopetrol S.A.

Teniendo en cuenta lo anterior, refirió que en virtud del art ículo 370 del E statuto Tributario, inició las acciones extrajudiciales de recobró frente a la parte demandada, sin que esta realizara el pago requerido.

1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. Que se declare a la parte demandada como sujeto pasivo de la estampilla Universidad Nacional, de conformidad con la Ley 1697 de 2013 y, por ende, que

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debe reintegrar a la entidad demandante la suma de $2.435.565, en relación con el

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debe reintegrar a la entidad demandante la suma de $2.435.565, en relación con el contrato núm. 5224046.

1.2.2. Que se condene a la parte demandada a pagar intereses de mora sobre la suma de dinero pagada por la entidad demandante y que las sumas sean debidamente indexadas.

1.2.3. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

1.2.4. De manera subsidiaria , que se declare el enriquecimiento sin causa por la parte demandada, al haberse beneficiado por el pago realizado por Ecopetrol S.A. por concepto de la estampilla Pro Universidad Nacional, y como consecuencia, se condene al pago de la suma de $2.435.565, en relación con el hecho generador de la obligación del contrato núm. 5224046.

1.3. Fundamentos de Derecho

Se invocaron como fundamentos de derecho: la Ley 1697 de 2013, la Ley 80 de 1993, el artículo 370 del Estatuto Tributario y el artículo 90 de la Constitución Política.

Como concepto de violación Ecopetrol S.A. adujo que, teniendo en cuenta que pagó la estampilla Pro Universidad Nacional sobre el contrato suscrito con la parte demandada, le asiste el derecho al reembolso por parte del sujeto pasivo del tributo.

1.4. Contestación de la demanda

La parte demandada no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5. La sentencia apelada3

1.4. Contestación de la demanda

La parte demandada no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5. La sentencia apelada3

El Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja, en los términos dispuestos en el artículo 182A del CPACA, procedió a dictar sentencia anticipada para resolver la excepción de «caducidad» . En consecuencia, al encontrarla probada, dio por terminado el proceso y condenó en costas a la parte demandante.

3 Documento núm. 26 del índice de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Al efecto, esgrimió que el hecho constitutivo del presunto enriquecimiento sin causa, alegado por Ecopetrol S.A. , lo constituye no haber realizado los descuentos respectivos en su calidad de agente retenedor de la estampilla Pro Universidad, respecto del valor del contrato de obra núm. 5224046.

Precisó que el hecho genera dor del tributo fue el contrato liquidado el 18 de diciembre de 2015 , por haber sido ejecutado en un 100 %. Además, puso de presente que los descuentos debieron haberse efectuado de manera proporcional a los pagos realizados al contratista.

En relación con el conteo de la caducidad , el a quo explicó que su cómputo inició desde la fecha en que la parte demandante realizó los pagos derivados de las obligaciones contractuales, sin efectuar los respectivos descuentos por concepto de

En relación con el conteo de la caducidad , el a quo explicó que su cómputo inició desde la fecha en que la parte demandante realizó los pagos derivados de las obligaciones contractuales, sin efectuar los respectivos descuentos por concepto de la estampilla Pro Universidad Nacional, pues tal omisión es el hecho constitutivo del daño que se predica.

De la misma manera, indicó que, con el contrato núm. 5224046 del 30 de junio de 2015, nació la obligación del pago de la estampilla Pro Universidades, comoquiera que se generó al momento de la suscripción del contrato. Por ende, Ecopetrol S.A., como agente retenedor, debió realizar los respectivos descuentos.

En ese sentido, reiteró que el contrato de obra se liquidó el 18 de diciembre de 2015 y que la demanda se presentó el 15 de abril de 2021, es decir, por fuera del término contemplado en el literal i) del numeral 2° del art. 164 de la Ley 1437 de 2011 . En consecuencia, desde su perspectiva, operó el fenómeno de caducidad del medio de control de reparación directa.

Igualmente, aclaró que el requerimiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional a Ecopetrol S.A. no constituye el hecho dañoso . Por añadidura, después de anotar la diferencia entre daño y perjuicio, subrayó que fue la Ley 1697 de 2013 la que fijó dicha contribución parafiscal.

Finalmente, anotó que la controversia en cuestión t uvo su origen en una relación contractual, por lo que el mecanismo adecuado para su resolución era el de controversias contractuales; sin embargo, subrayó que la caducidad de este medio

Finalmente, anotó que la controversia en cuestión t uvo su origen en una relación contractual, por lo que el mecanismo adecuado para su resolución era el de controversias contractuales; sin embargo, subrayó que la caducidad de este medio de control también se configuró, ya que comenzó a contarse a partir de la fecha de liquidación del contrato.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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1.6. El recurso de apelación

La parte demanda nte, Ecopetrol S.A. 4, manifestó su oposición frente a la sentencia de primera instancia, en relación con lo decidido respecto de la caducidad del medio de control de reparación directa.

En ese sentido, después de desarrollar el marco normativo y jurisprudencial de la caducidad, expuso que la demanda debe interponerse dentro del término de dos años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.

Acto seguido, se propuso explicar la diferencia entre daño y perjuicio. En ese orden, aclaró que el daño sufrido por Ecopetrol S.A. devino «del pago que tuvo que realizar por concepto de Estampilla Pro Universidad Nacional», que le correspondía pagar a la demandada; mientras que el perjuicio es el daño emergente consistente en la suma dineraria que se pagó.

Por lo anterior, consideró que no era viable «exigir que la caducidad en el presente asunto se cuente desde antes de que surgiera el daño en el patrimonio de ECOPETROL

dineraria que se pagó.

Por lo anterior, consideró que no era viable «exigir que la caducidad en el presente asunto se cuente desde antes de que surgiera el daño en el patrimonio de ECOPETROL S.A., puesto que solo hasta ese momento es que mi representada podía reclamar su reparación».

De este modo, cuestionó que se tuviera como punto de partida para rad icar la demanda, el inicio del contrato o su liquidación e insistió en que el detrimento se originó cuando la entidad «desembolsó los dineros cobrados por el Ministerio de Educación sufriendo así un detrimento en su patrimonio, que CARLOS OMAR YAÑEZ SUAREZ (sic) se ha negado a desembolsa (sic)».

Por otro lado, reprochó los argumentos del juez de primer grado en torno a la escogencia del medio de control, toda vez que los hechos generadores del daño no tuvieron lugar durante la ejecución de un contrato, ni en su etapa precontractual. En tal sentido, anotó que «no se puede predicar que el reembolso de lo pagado por ECOPETROL S.A. deba ser debatido por el medio de control de controversias contractuales».

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Por último , manifestó que en el expediente no estaba probada la causación de costas, por lo que se opuso a la condena impuesta por tal concepto en la sentencia impugnada.

1.7. Trámite de segunda instancia

Por último , manifestó que en el expediente no estaba probada la causación de costas, por lo que se opuso a la condena impuesta por tal concepto en la sentencia impugnada.

1.7. Trámite de segunda instancia

El expediente fue redistribuido por parte del Despacho 06 al Despacho 09 a cargo de la Magistrada ponente, conforme el Acuerdo PCSJA22.12026 del 15 de diciembre de 20225, con las modificaciones introducidas por el Acuerdo PCSJA2312060 del 25 de abril de 20237.

Con anterioridad, en providencia del 12 de diciembre de 20226 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada de conformidad con el artículo 247 del CPACA.

1.7.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal

1.7.2. La parte demandada, se opuso a la prosperidad del recurso de apelación. Para el efecto, arguyó que la sociedad demandada obró de buena fe y que las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto en la liquidación del contrato.

1.7.3. Representante Ministerio Público, no emitió concepto.

2. CONSIDERACIONES

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en

Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial;

5 «Por el cual se crean cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados administrativos del territorio nacional y se dictan otras disposiciones». 6 Documento núm. 005 del índice de SAMAI de segunda instancia.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Es de resaltar que en el presente caso apeló el apoderado de la parte demandante, por lo que es necesario precisar que el ámbito de conocimiento del recurso de apelación interpuesto se limitará al estudio del contenido y alcance de la inconformidad planteada en el mismo.

2.3. Los problemas jurídicos

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de la apelación7, los cuales consisten en establecer si:

P.J. 01: ¿Resulta procedente el medio de control de reparación directa intentado por Ecopetrol S.A., con fundamento en el artículo 370 del Estatuto Tributario, para obtener el reembolso de las sumas dinerarias que omitió recaudar anticipadamente, en su condición de agente retenedor del contrato

intentado por Ecopetrol S.A., con fundamento en el artículo 370 del Estatuto Tributario, para obtener el reembolso de las sumas dinerarias que omitió recaudar anticipadamente, en su condición de agente retenedor del contrato 5224046 del 30 de junio de 2015?

De ser positiva la respuesta,

P.J. 02: ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad en el presente asunto?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará la estampilla Pro Universidad Nacional y, (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 La estampilla Pro Universidad Nacional y Otras Universidades Estatales

7 «Artículo 328 del CGP. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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La estampilla Pro Universidad es fue creada mediante la Ley 1697 de l 20 de diciembre de 2013, como un tributo destinado al fortalecimiento de las universidades del Estado , la cual se define como una contribución parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las universidades estatales y que

diciembre de 2013, como un tributo destinado al fortalecimiento de las universidades del Estado , la cual se define como una contribución parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las universidades estatales y que será administrada directamente por el ente autónomo en cuyo favor se impone el tributo.

Respecto del hecho generador de este tributo, el artículo 5° estableció lo siguiente:

«Está constituido por todo contrato de obra que suscriban las entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, en cualquier lugar del territorio en donde se ejecute la obra, sus adiciones en dinero y en cualquiera que sea la modalidad de pago del precio del contrato. En tal caso, el hecho generador se extiende a los contratos conexos al de obra, esto es: diseño, operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 2.

Parágrafo. Quedan incluidos los contratos de obra suscritos por las empresas industriales y comerciales del Estado y de empresas de economía mixta cuya ejecución sea con recurs os del Presupuesto General de la Nación». (Negrilla y subrayado de la Sala).

Es así como el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo ha indicado que, el hecho generador del tributo se compone de un elemento objetivo, asociado a la suscripción de contratos de obra y conexos, y un elemento subjetivo, toda vez que requiere que los contratos sean suscritos por las entidades del orden nacional señaladas en el art. 2 de la Ley 80 de 1993, así como por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta8.

requiere que los contratos sean suscritos por las entidades del orden nacional señaladas en el art. 2 de la Ley 80 de 1993, así como por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta8.

En ese mismo sentido, se estableció el sujeto pasivo del tributo indicando en el art. 6° ibidem lo siguiente: «El tributo estará a cargo de la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal que funja como contratista en los negocios jurídicos a que se refiere el artículo anterior».

Frente al sujeto activo, indicó en el art. 7° ibidem: «Como acreedor de la obligación tributaria del sujeto pasivo, determinado en el artículo 6° de la presente ley, la Dirección de

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. 11001-03-27-000-2015-00066-00 (22069) del 19 de febrero de 2020.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) será el sujeto activo en la relación jurídicotributaria creada por esta ley».

En cuanto a la causación se señaló en el art. 9° ibidem: «Es obligación de las entidades contratantes retener de manera proporcional al pago o pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definido según el Artículo 8° de la presente ley».

contratantes retener de manera proporcional al pago o pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definido según el Artículo 8° de la presente ley».

La normativa en cuestión, ordenó la creación d el Fondo Nacional de la Universidades Estatales de Colombia como una cuenta especial sin personería jurídica y con destinación especifica, manejada por el Ministerio de Educación Nacional, encargada de recaudar y administrar los recursos provenientes de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y las demás universidades estatales de Colombia.

Por otro lado , resulta necesario destacar que la Ley 1697 de 2013, impuso a las entidades contratantes la obligación retener el tributo y el artículo 7º del Decreto 1050 de 2014, estipuló la forma en que debe practicarse dicha retención.

Asimismo, cuando el agente retenedor no efectúe la retención a la que está obligado legalmente, deberá responder por la suma que no retuvo y, además, por las sanciones o multas que le sean impuestas de cara a su incumplimiento, las cuales son de su exclusiva responsabilidad, de conformidad con el artículo 370 del Estatuto Tributario, así:

“Los agentes que no efectúen la retención, son responsables con el contribuyente. No realizada la retención o percepción, el agente responderá por la suma que está obligado a retener o percibir, sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente, cuando aquél satisfaga la obligación. Las sanciones o multas impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad”. (Subrayado y negrilla fuera del texto).

el contribuyente, cuando aquél satisfaga la obligación. Las sanciones o multas impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad”. (Subrayado y negrilla fuera del texto).

En orden a lo transcrito, el agente retenedor puede repetir contra el beneficiario del pago por el monto de la retención dejada de practicar y que tuvo que asumir.

2.5. De las pruebas obrantes al expediente

2.5.1. Del contrato de obra suscrito entre las partesReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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• Ecopetrol S.A. suscribió con Carlos Omar Yáñez Suarez y Cía. Limitada , el contrato núm. 5224046 de fecha 30 de junio de 2015 , cuyo objeto correspondió a: «obras civiles requeridas para la construcción de bodega temporal para el almacenamiento y preservación de equipos, ubicada en la refinería de Barrancabermeja, Santander»9. - En este instrumento no se acordaron obligaciones expresamente relacionadas con la estampilla Pro Universidad Nacional. - Respecto del contrato núm. 5224046, se suscribió el acta de liquidación por mutuo acuerdo del 18 de diciembre de 2015 . Las partes manifestaron su conformidad con la totalidad de las sumas de dinero allí señaladas. - Asimismo, acordaron q ue Ecopetrol S.A. procedería a autorizar el desembolso del pago final, en los siguientes términos: «El presente documento

conformidad con la totalidad de las sumas de dinero allí señaladas. - Asimismo, acordaron q ue Ecopetrol S.A. procedería a autorizar el desembolso del pago final, en los siguientes términos: «El presente documento no conlleva exoneración alguna de responsabilidad del Contratista por concepto del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. Ecopetrol S.A. se reserva el derecho de reclamar al C ONTRATISTA los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, que se conozcan con posterioridad a la suscripción de este documento»10.

2.5.2. Del pago de la estampilla Pro Universidades

• Mediante el oficio núm. 2018-EE-03703 del 6 de marzo de 2018, el Ministerio de Educación Nacional informó a Ecopetrol S.A. acerca de su omisión en la transferencia de los dineros con destino al Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia. Señaló que, en relación con el contrato de obra núm. 5224046, la suma adeudada era de $ 1.199.323 por concepto de liquidación de la estampilla11. - Oficio núm. 2018-EE-195110 del 19 de diciembre de 2018, por medio del cual el Ministerio de Educación Nacional indicó a Ecopetrol S.A. los valores adeudados por concepto de intereses de la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia, los cuales ascendían a $1.049.851.413, para un valor total de $2.043.587.97012. - Copia de los correos electrónicos internos de E copetrol S.A., en los cuales se evidencia el trámite institucional para efectuar el pago de las sumas de

total de $2.043.587.97012. - Copia de los correos electrónicos internos de E copetrol S.A., en los cuales se evidencia el trámite institucional para efectuar el pago de las sumas de $421.871.482 y $2.043.587.970 a favor del Ministerio de Educación Nacional,

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junto con los polígrafos de pago con fecha del 2 de enero de 2019 y 27 de junio de 2019, respectivamente13.

2.5.3. De la fecha de interposición de la demanda

• De conformidad con el acta de reparto, la demanda fue radicada el día 15 de abril de 202114.

2.6. Análisis de las pruebas y los problemas jurídicos planteados

Una vez relacionadas las pruebas obrantes al expediente, procede la Sala a analizarlas en orden a dar respuesta a los planteamientos jurídicos y así determinar la procedencia del medio de control de reparación directa y si operó o no el fenómeno de la caducidad.

Al respecto, Ecopetrol S.A. solicitó que la demandada le reintegre la suma $2.435.565 que debió asumir como agente retenedor de la estampilla Pro Universidad Nacional, en relación con el contrato núm. 5224046. De forma subsidiaria, pretendió que se declare el enriquecimiento sin justa causa de la

$2.435.565 que debió asumir como agente retenedor de la estampilla Pro Universidad Nacional, en relación con el contrato núm. 5224046. De forma subsidiaria, pretendió que se declare el enriquecimiento sin justa causa de la sociedad accionada.

Sobre el particular, en la providencia apelada se afirmó que el hecho constitutivo del daño antijurídico se produjo cuando la empresa de petróleos efectuó los pagos correspondientes al contratista, sin realizar los descuentos proporcionales previstos por concepto d e la estampilla , a lo cual estaba obligad a en su calidad de responsable de la retención.

Inconforme con lo resuelto, la parte actora en el escrito de apelación indicó que, por el contrario, el daño se configuró cuando Ecopetrol S.A. desembolsó los dineros cobrados por el Ministerio de Educación Nacional y que es a partir de este pago que debe computarse la caducidad del medio de control, ya que tal circunstancia constituye el daño antijurídico a reparar.

2.6.1. Análisis del primer problema jurídico

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Pues bien, la Sala encuentra acredit ado que, en efecto, las partes del presente proceso suscribieron el contrato de obra núm. 5224046 del 30 de junio de 2015, por un valor total de $ 238.289.165. Asimismo, que el negocio jurídico culminó con la

proceso suscribieron el contrato de obra núm. 5224046 del 30 de junio de 2015, por un valor total de $ 238.289.165. Asimismo, que el negocio jurídico culminó con la suscripción del acta de liquidación por mutuo acuerdo el día 18 de diciembre de 2015.

De la atenta revisión de la referida acta de liquidación y conforme a lo señalado por la entidad demandante, es claro que se causó el hecho generador del tributo, en los precisos términos del artículo 5 de la Ley 1697 de 2013 15, sin que se hubiera efectuado el descuento de las sumas correspondientes a la estampilla Pro Universidad Nacional de forma anticipada por parte de Ecopetrol S.A.

Probado está también que, para el año 2018, el Ministerio de Educación Nacional requirió a la parte demandante, con el fin de que cancelara la suma de $1.199.323, por concepto de la estampilla Pro Universidad Nacional , con ocasión del contrato de obra núm. 5224046. Esta suma fue efectivamente sufragada por Ecopetrol S.A. y pretende recuperarla en sede judicial, junto con los intereses también pagados.

Dejado en claro lo anterior , la Sala en primer lugar debe rá determinar la debida escogencia del medio de control y la procedencia de la reparación directa para procurar el reembolso de lo pagado , por cuanto es uno de los reproches alegados por la parte demandante , lo cual resulta indispensable desentrañar para, eventualmente, abordar la caducidad del medio de control intentado.

A este respecto, la Sala precisa que, en principio, podría pensarse, como lo planteó el a quo , que el daño alegado en la demanda devino de las obligaciones que

eventualmente, abordar la caducidad del medio de control intentado.

A este respecto, la Sala precisa que, en principio, podría pensarse, como lo planteó el a quo , que el daño alegado en la demanda devino de las obligaciones que surgieron de la ejecución del contrato de obra núm. 5224046, ya que el hecho generador del tributo es precisamente la suscripción del contrato estatal16.

No obstante, en el contrato núm. 5224046 no se pactaron obligaciones expresas en torno al pago del tributo cuestiona do, po rque se trata de un gravamen que el legislador impuso, en su libertad de configuración, a los contratos de obra suscritos

15 «Artículo 5. Hecho generador. Está constituido por todo contrato de obra que suscriban las entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2o de la Ley 80 de 1993, en cualquier lugar del territorio en donde se ejecute la obra, sus adiciones en dinero y en cualquiera que sea la modalidad de pago del precio del contrato. En tal caso, el hecho generador se extiende a los contratos conexos al de obra, esto es: diseño, operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 2 . // Parágraf o. Quedan incluidos los contratos de obra suscritos por las empresas industriales y comerciales del Estado y de empresas de economía mixta cuya ejecución sea con recursos del Presupuesto General de la Nación». 16 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de marzo de 2021. C.P. Nicolas Yepes Corrales. Rad. 76001-23-31-000-2012-00171-01 (62250).Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Corrales. Rad. 76001-23-31-000-2012-00171-01 (62250).Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Ecopetrol S.A.

Demandado: Carlos Omar Yañ