TA SAN - Sentencia 680813333001-2021-00212-01 (20-02-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada, contra la sentencia del 27 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, mediante la cual se concedieron de manera parcial las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1Expediente digital, actuación 3 Índice SAMAI gestión en otras corporaciones, archivo 1 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho.

RADICADO 680813333001-2021-00212-01DEMANDANTES

Deisy Rivera Herrera procesos.legisconsultor@gmail.com deisyrivera21@hotmail.com contacto.lawgroup@gmail.com laura.gonzalez.rueda@gmail.com

DEMANDADO

Fertilizantes Colombianos S.A FERTICOL oficinajuridica@fertilizantescolombianos.com; gerencia@fertilizantescolombianos.com VINCULADO Juan Carlos Sierra Ayala, liquidador de Ferticol S.A

MINISTERIO

PÚBLICO

oficinajuridica@fertilizantescolombianos.com; gerencia@fertilizantescolombianos.com VINCULADO Juan Carlos Sierra Ayala, liquidador de Ferticol S.A

MINISTERIO

PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ACTUACIÓN Sentencia de segunda instancia TEMA Reclamación acreencias laboralesNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Deisy Rivera Herrera

Demandado: FERTICOL S.A Radicado: 680813333001-2021-00212-01

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En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Deisy Rivera Herrera formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DA-019-2021, emitido por la empresa Ferticol S.A, mediante el cual niega la solicitud de reconocimiento y pago de acreencias reclamadas por la demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRETENSIONES.

PRIMERA. Declarar la nulidad del acto administrativo bajo el radicado No. DA019-2021, emitido por la empresa FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. – FERTICOL S.A., mediante el cual niega pretensiones de acreencias laborales que se adeudan a la poderdante DEISY RIVERA HERRERA.

019-2021, emitido por la empresa FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. – FERTICOL S.A., mediante el cual niega pretensiones de acreencias laborales que se adeudan a la poderdante DEISY RIVERA HERRERA.

SEGUNDA. Que se declare que DEISY RIVERA HERRERA, tiene derecho a que se le reconozca y pague sus salarios, prestaciones sociales y económicas por el tiempo que laboró en la empresa FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. – FERTICOL S.A., al igual que las sanciones moratorias derivadas por el no pago de las mismas.

TERCERA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se acceda a las siguientes condenas y se cancelen las siguientes sumas:

1. Condenar a la demandada a que reconozca y pague a la señora RIVERA HERRERA los salarios dejados de percibir desde el 28 de marzo de 2016, hasta el 30 de junio de 2018, los cuales no fueron pagados durante la vigencia de su relación laboral, por la suma equivalente a $51.322.355;

2. Condenar a la demandada a reconocer y pagar a la demandante, las cesantías dejadas de percibir durante la vigencia de la relación laboral, esto es, desde el 28 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2018, por la suma correspondiente a $10.969.090.

3. Condenar a la demandada a reconocer y pagar los intereses a las cesantías dejados de percibir durante la vigencia de la relación laboral, esto es, desde el 28 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2018, por la suma correspondiente a $1.513.871,52.

cesantías dejados de percibir durante la vigencia de la relación laboral, esto es, desde el 28 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2018, por la suma correspondiente a $1.513.871,52.

4. Condenar a la demandada a reconocer y pagar a la demandante las vacaciones dejadas de percibir durante la vigencia de la relación laboral, esto es, desde el 28 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2018, por la suma correspondiente a $6.203.721,74.

5. Condenar a la demandada a reconocer y pagar a la demandante la prima de vacaciones dejada de percibir durante la vigencia de la relación laboral, esto es, desde el 28 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2018, por la suma correspondiente a $6.203.721,74.Nulidad y restablecimiento del derecho

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6. Condenar a la demandada a reconocer y pagar a la demandante por concepto de primas de servicios dejadas de percibir durante la vigencia de la relación laboral, esto es, desde el 28 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2018, por la suma correspondiente a $3.504.135.25.

7. Condenar a la demandada a reconocer y pagar a la demandante las primas de navidad dejadas de percibir durante la vigencia de la relación

de 2018, por la suma correspondiente a $3.504.135.25.

7. Condenar a la demandada a reconocer y pagar a la demandante las primas de navidad dejadas de percibir durante la vigencia de la relación laboral, esto es, desde el 28 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2018, por la suma correspondiente a $5.953.838.71.

8. Condenar a la demandada a reconocer y pagar a la demandante la bonificación de recreación dejada de percibir durante la vigencia de la relación laboral, esto es, desde el 28 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2018, por la suma correspondiente a $527.268,00.

9. Condenar a la demandada a reconocer y pagar a la demandante la bonificación de servicios dejada de percibir durante la vigencia de la relación laboral, esto es, desde el 28 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2018, por la suma correspondiente a $10.969.090.

10. Condenar a la demandada a reconocer y pagar de los aportes en las distintas entidades del Sistema de Seguridad Social (pensión, salud y riesgos laborales) y parafis cales correspondientes desde el 28 de marzo de 2016 y hasta el 30 de junio de 2018.

CUARTO. Que se ordene el reconocimiento y pago de la indexación o corrección monetaria de todas las sumas adeudadas a fin de que alcance su valor, con motivo de la variaci ón del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme prevé el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO. Ordenar el cumplimiento de las condenas y pagos con inclusión de

valor, con motivo de la variaci ón del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme prevé el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO. Ordenar el cumplimiento de las condenas y pagos con inclusión de los intereses moratorios en los términos y condiciones establecidos en los artículos 189, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO. Condenar a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011» (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 28 de marzo de 2016, la señora Deisy Rivera Herrera se posesionó como empleada de libre nombramiento y remoción en el cargo de tesorera en la empresa Ferticol S.A.

1. El 30 de junio de 2018, debido a la mora en el pago de su salario y prestaciones sociales, presentó carta de renuncia.

1. Las funciones que desempeñaba eran de manera personal, eficiente, eficaz y oportuna de 8:00 a 12 del mediodía y de 2:00 a 6:00 pm, y e l último salario devengado fue de $3.954.510Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Para la fecha de su renuncia le adeudaban los siguientes conceptos.

1. La empresa Ferticol S.A, nunca le canceló de manera oportuna las cesantías derivadas de su vinculación laboral, motivo por el cual se configura la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995.

1. El 3 de marzo de 2021, presentó petición ante Ferticol S.A, en la que solicitó el pago de sus acreencias laborales, de la cual se obtuvo respuesta el 30 de agosto de 2021, en la que se aceptó parcialmente su reclamación frente a los dineros adeudados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 1, 2, de la Ley 244 de 1995.

En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso que Ferticol S.A le cancelaba su salario y prestaciones sociales de manera parcial y fuera de los términos, lo que conllevó a que presentara su carta de renuncia, comoquiera que se vieron afectados sus derechos laborales y familiares . Además de lo anterior, nunca le fueron canceladas las cesantías.

1.2. Contestación de la demanda

1.3. Fertilizantes Colombianos S.A en liquidación FERTICOL S.A 2

Además de lo anterior, nunca le fueron canceladas las cesantías.

1.2. Contestación de la demanda

1.3. Fertilizantes Colombianos S.A en liquidación FERTICOL S.A 2

2Expediente digital, actuación 3 Índice SAMAI gestión en otras corporaciones, archivo 12Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Por conducto de apoderad o la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso la excepción innominada de «prescripción». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. La empresa ha omitido el pago de salarios y demás acreencias laborales; sin embargo, los valores reclamados en la petición no corresponden a la realidad. Además, para el año 2016 la empresa pag ó todo lo referente a la seguridad social.

1. A su turno, la entidad ha omitido el pago de las cesantías ; no obstante lo anterior, la sa nción moratoria reclamada no se puede dar como hecho cumplido, dadas las condiciones de la empresa desde el 27 de febrero de

2017.

1. La reclamación fue presentada el 17 de marzo de 2021, y no como lo aduce la demandante que fue radicada el 3 de marzo de esa anualidad.

2017.

1. La reclamación fue presentada el 17 de marzo de 2021, y no como lo aduce la demandante que fue radicada el 3 de marzo de esa anualidad.

1. Los valores realmente adeudados a la demandante son los siguientes: 1) $42.049.795 por salarios, 2) $9.315.893 por cesantías, 3) $593.178 por intereses a las cesantías, 4) $4.465.312 por vacaciones , 5) $4.465.312 por prima de vacaciones, 6) $4.465.312 prima de servicios, 7) 5.931.780 por prima de navidad, 8) $595.365 por bonificación de recreación y 9) $3.121.874 por bonificación de servicios.

1. Se deben declarar prescritas algunas de las acreencias reclamadas, toda vez que transcurrieron más de tres años desde su causación.

1.4. La sentencia apelada3

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante sentencia del 27 de septiembre de 2023, resolvió:

«PRIMERO. DECLARAR la nulidad del Oficio No. DA019-2021 expedido por el director Administrativo de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.

SEGUNDO. DECLARAR la prescripción del pago de salarios y prestaciones sociales causados con anterioridad al 17 de marzo de 2018, exceptuando de la prescripción los aportes a pensión, que deberán hacerse por todo el tiempo laborado en que no se hubiesen hecho los mismos, que en este caso sólo se

3 Expediente digital, actuación 3 Índice SAMAI gestión en otras corporaciones, archivo 28Nulidad y restablecimiento del derecho

laborado en que no se hubiesen hecho los mismos, que en este caso sólo se

3 Expediente digital, actuación 3 Índice SAMAI gestión en otras corporaciones, archivo 28Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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hizo por los meses de marzo a noviembre de 2016 y no por todo el tiempo laborado.

TERCERO. Condenar a título de restablecimiento del derecho a FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. en liquidación a favor de DEISY RIVERA HERRERA con cédula de ciudadanía Núm. 63’457.574 al pago de salarios y prestaciones sociales que deben ir desde el 17 de marzo de 2018 (fecha de la prescripción trienal) hasta el 30 de junio de 2018 (fecha de la terminación del vínculo), en las que solo se incluye el pago de las cesantías causadas frente al año 2018, exceptuando de la prescripción los aportes a pensión, que deberán hacers e por todo el tiempo laborado en que no se hubiesen hecho los mismos, que en este caso sólo se hicieron por los meses de marzo a noviembre de 2016 y no por todo el tiempo laborado. Los valores determinados deberán ser ajustados con el IPC conforme el artíc ulo 187 del CPACA.

CUARTO. ORDENAR a título de restablecimiento del derecho el pago de la

de marzo a noviembre de 2016 y no por todo el tiempo laborado. Los valores determinados deberán ser ajustados con el IPC conforme el artíc ulo 187 del CPACA.

CUARTO. ORDENAR a título de restablecimiento del derecho el pago de la Sanción Moratoria por cesantías definitivas desde el dos (02) de julio de 2021 en adelante, correspondientes a un día de salario por cada día de retardo hasta que se hiciese efectivo el pago de las mismas.

QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia. […]»

En lo correspondiente al fondo del asunto, para acceder a las pretensiones de la demanda, lo sustentó en los siguientes argumentos.

1. De conformidad con la certificación expedida el 3 de marzo de 2022 por el liquidador de Ferticol S.A, se encuentra probado el vínculo laboral de la demandante con la entidad demandada bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción desde el 28 de marzo de 2016 al 30 de junio de 2018, como tesorera, así como el último salario devengado equivalente a

$3.954.520.

1. No existe controversia sobre la obligación de pagar los salarios y prestaciones sociales; no obstante lo anterior, algunos tiempos se encuentran prescritos, razón por la cual el período a tener en cuenta para su pago es del 17 de marzo de 2018 al 30 de junio de 2018, fecha de la terminación del vínculo, en atención que la reclamación fue presentada el 17 de marzo de

2021.

1. Las prestaciones sociales deben liquidarse y pagarse de conformidad con lo establecido en el Decreto 1919 de 2002 en concordancia con lo

vínculo, en atención que la reclamación fue presentada el 17 de marzo de 2021.

1. Las prestaciones sociales deben liquidarse y pagarse de conformidad con lo establecido en el Decreto 1919 de 2002 en concordancia con lo establecido en los Decretos 1045 de 1978 , 451 de 2984 , 2351 de 2014 modificado por el Decreto 2278 de 2018. Con relación a los aportes pensionales, debe n realizarse por todo el tiempo, toda vez que no están sujetos a prescripción y , sucede, que en el presente caso solo se realizó el pago de los meses de marzo a noviembre de 2016.

1. Frente al pago de la sanción moratoria por la no consignación de lasNulidad y restablecimiento del derecho

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cesantías, consideró que procedía frente a las definitivas, a partir del 2 de julio de 2021 hasta que se realice el pago. Con relación al cobro de las cesantías parciales del año 2016 y 2017 las declaró prescritas, de igual forma la sanción moratoria por esos años.

1.5. Los recursos de apelación

1.5.1. Parte demandante4

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su defecto, ordenar el pago total de las

1.5. Los recursos de apelación

1.5.1. Parte demandante4

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su defecto, ordenar el pago total de las acreencias laborales adeudadas por la entidad demandada. Para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. De la revisión de los anexos de la demanda se evidencia claramente que la demandante renunció el 30 de junio de 2018 y la petición en la que se reclamaba el pago de los salarios y prestaciones sociales fue recibida por la entidad el «2 de marzo de 2021 »; en ese orden de ideas , no se configura la prescripción aducida por el a quo.

1. La interpretación que realiza el a quo al declarar la prescripción de los emolumentos adeudados con anterioridad al 17 de marzo de 2018 es incorrecta en virtud de lo dispuesto el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y en concordancia con el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo.

1. Al haberse radicado la petición ante la demandada «el 17 de marzo de 2021» debe entenderse como interrumpida la prescripción trienal de los derechos reclamados a través del presente medio de control, comoquiera que la desvinculación de la demandante se efectúo el 30 de junio de 2018, fecha esta última que debe tenerse en cuenta para contabilizar los tres años previstos por el legislador.

1.5.2. Ferticol S.A en liquidación5

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia, y p ara el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1.5.2. Ferticol S.A en liquidación5

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia, y p ara el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La reestructuración económica por la que atraviesa la entidad, justifica el no pago oportuno de las acreencias laborales de sus empleados, motivo por el que no puede sancionarse por el pago tardío de las cesantías de la

4Expediente digital, actuación 3 Índice SAMAI gestión en otras corporaciones, archivo 31 5Expediente digital, actuación 3 Índice SAMAI gestión en otras corporaciones, archivo 30

.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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demandante, ello al considerarse que no existe mala fe del empleador.

1. La demandante se vinculó el 28 de marzo de 2016 hasta el 30 de junio de 2018, razón por la cual las cesantías de los años 2016 – debían ser canceladas a más tardar el 15 de febrero de 2017 - y las del año 2017 - el 15 de febrero de 2018lo que significa que estas fechas so n los referentes para el conteo de la prescripción, puesto que, según la jurisprudencia, en caso de no reclamarse dentro de los tres años siguientes, opera este fenómeno.

de febrero de 2018lo que significa que estas fechas so n los referentes para el conteo de la prescripción, puesto que, según la jurisprudencia, en caso de no reclamarse dentro de los tres años siguientes, opera este fenómeno.

1. Bajo ese hilo conductor, comoquiera que la solicitud de la demandante lo fue hasta el 17 de marzo de 2021, en ese entendido operó el fenómeno de la prescripción frente a las cesantías causadas respecto de los años 2016 y 2017 con la correspondiente sanción moratoria, toda vez que el término para su reclamación era hasta el 16 de febrero de 2020 por el primer año y 16 de febrero de 2021 por el segundo.

1.6. Trámite de segunda instancia

Por auto del 11 de diciembre de 2023 6 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.7. Alegatos de conclusión

1.7.1. Parte demandante:

No se presentaron.

1.7.2. Parte demandada:

No se presentaron.

1.7.3. Concepto del agente del Ministerio Público:

No presentó.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

6 Expediente digital, actuación 5 Índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

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2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en los escritos de apelación , le corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si se debía declarar la prescripción del pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos anteriores al 17 de marzo de 2018, incluidas las cesantías de los años 2016 y 2017 junto con la sanción moratoria y, en segundo lugar, si procede la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas ordenada en la providencia de primera instancia contra la demandada desde el 2 de julio de 2021 en virtud a que aduce estar en proceso de liquidación, según se dijo en el Decreto Departamental 008 de 2022.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De las prestaciones sociales

demandada desde el 2 de julio de 2021 en virtud a que aduce estar en proceso de liquidación, según se dijo en el Decreto Departamental 008 de 2022.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De las prestaciones sociales

El Decreto 1045 de 1978 «[p]or el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional», establece en su artículo 1 su campo de aplicación.

Al respecto consagra:

«ARTÍCULO 1. Del campo de aplicación. El presente Decreto fija las reglas generales a las cuales deben sujetarse algunas entidades de la administración pública del orden nacional para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales señaladas por la ley para su personal»

Frente al reconocimiento de prestaciones, el artículo 3 ibidem señala lo siguiente:

«ARTÍCULO 3. Del reconocimiento de las prestaciones . Las entidades a que se refiere el artículo segundo reconocerán y pagarán a sus empleados públicos únicamente las prestaciones sociales ya establecidas por la ley.»

2.3.2. El auxilio de cesantíasNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Las cesantías corresponden a una prestación social a cargo del empleador y su creación estuvo encaminada a que constituyeran un auxilio para el

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Las cesantías corresponden a una prestación social a cargo del empleador y su creación estuvo encaminada a que constituyeran un auxilio para el trabajador que quedara cesante o que debiera atender neces idades de vivienda o educación. En el ordenamiento jurídico colombiano existen dos regímenes para la liquidación y pago de las cesantías, a saber: a) el retroactivo y b) el anualizado.

En el primer caso, el valor del auxilio se encuentra en poder del empleador durante la vigencia de la relación laboral y se paga con base al último salario devengado, de conformidad con las Leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.

Por su parte, el régimen anualizado fue regulado inicialmente por el Decreto 3118 de 1968 y más adelante por la Ley 50 de 1990. Esta última dispone que las cesantías se liquidan anualmente y deben consignarse a la Administradora del Fondo de Cesantías, antes del 15 de febrero de cada año, salvo lo previsto para el caso del Fondo Nacional del Ahorro.

Con la expedición de la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996, se dispuso que quienes se vinculen a las entidades del Estado deben tener un régimen anualizado de c esantías, en virtud del cual, su liquidación definitiva debe realizarse el 31 de diciembre de cada año, según lo ordenó en su artículo 13.

2.3.3. Sanciones por la no consignación oportuna de las cesantías y por el pago tardío de las definitivas en el régimen anualizado.

realizarse el 31 de diciembre de cada año, según lo ordenó en su artículo 13.

2.3.3. Sanciones por la no consignación oportuna de las cesantías y por el pago tardío de las definitivas en el régimen anualizado.

El régimen anualizado de cesantías determinó dos sanciones cuando se incumple con el deber i) de consignar las cesantías antes del 15 de febrero de cada año al respectivo fondo; y ii) de pagar de manera oportuna las cesantías definitivas al trabajador cuando se desvincula del servicio.

La primera fue regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Así, estableció una sanción moratoria por la omisión del deber de consignar oportunamente las cesantías anualizadas, en los siguientes términos:

«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: […]

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo» (Resaltado fuera de texto).Nulidad y restablecimiento del derecho

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A su turno, el Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual de l auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104.

Ahora bien, la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías se genera una vez se verifica que esta no se efectuó a más tardar el 15 de febrero del año siguiente. Es decir, su causación es automática por el solo incumplimiento en el pl azo señalado para su consignación. Así lo estableció el Consejo de Estado en el año 2016 al emitir la sentencia de unificación que pretendía aclarar, entre otros asuntos, el momento de su configuración. Al respecto se expresó lo siguiente:

«De acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el legislador impuso al empleador una fecha precisa para que consigne las cesantías anualizadas de sus empleados, esto es, el 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causaron, y precisa que “el empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo”.

Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación respectiva y prever, a partir del día siguiente, una sanción por el

incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo”.

Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación respectiva y prever, a partir del día siguiente, una sanción por el incumplimiento en esa consignación, implica que la indemnización moratoria que surge como una nueva obligación a cargo del empleador, empieza a correr desde el momento mismo en que se produce el incumplimiento.

Por ende, es a partir de que se causa la obligación ―sanción moratoria― cuando se hace exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su re conocimiento ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea en forma parcial.7 (Resalta la Sala).

En cuanto al límite de su causación, la providencia señaló que cesa de producirse una vez q