TA SAN - Sentencia 680813333001-2021-00327-01 (19-05-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE. FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

RADICADO: 680813333001-2021-00327-01

LINK ACCESO SAMAI: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_ procesos.aspx?guid=6808133330012021003270168001

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MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

DEMANDANTES: Kevin Andrés Arias Rodríguez y otros

hucampo@hotmail.com

DEMANDADOS: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la

Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Nación, Fiscalía General de la Nación clara.cediel@fiscalia.gov.co jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: Procuraduría 159 Judicial II Para Asuntos

Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co TEMA: Privación injusta de la libertad / inexistencia del daño antijurídico / confirma denegatoria de las pretensiones

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte actora como por la parte demandada (Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,

antijurídico / confirma denegatoria de las pretensiones

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte actora como por la parte demandada (Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial) contra la sentencia del 10 de diciembre de 2024 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de B arrancabermeja dentro del a sunto de la referencia, que negó las pretensiones de la demanda.

I – ANTECEDENTES

1. Fundamentos fácticosReparación Directa 680813333001-2021-00327-01

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1.1. La Fiscalía General de la Nación , de manera oficiosa , adelantó una investigación en cuanto la existencia de una organización al margen de la ley en el barrio Lagos del Palmar en la ciudad de Barrancabermeja , Santander, y la presunta participación del señor Kevin Andrés Arias Rodríguez en dicha banda delincuencial, según el despacho fiscal, por una información de Jair Alonso Martínez Oliveros quien se encontraba privado de la libertad y quien en el juicio oral desmintió la participación del señor Arias Rodríguez en la banda delincuencial que este , con otros , lideraba; oportunidad en la que se escucharon las declaraciones de otras dos personas que hicieron parte de dicha band a, esto es, Yeison Fabian Rodríguez Ortiz y Marlon Fernando Rodríguez Ortiz, quienes igualmente declararon que el señor Arias Rodríguez no participaba de ella.

1.2. La solicitud de orden de captura se fundó únicamente en la declaración

Rodríguez Ortiz y Marlon Fernando Rodríguez Ortiz, quienes igualmente declararon que el señor Arias Rodríguez no participaba de ella.

1.2. La solicitud de orden de captura se fundó únicamente en la declaración primigenia del señor Martínez Oliveros.

1.3. La Fiscalía General de la Nación le imputó al señor Kevin Andrés Arias Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ordenándose la imposición de medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario.

1.4. El día 10 de junio de 2019 se presentó escrito de acusación, cuyo conocimiento le correspondiese por reparto al Juzgado Primero Penal del Circuito especializado de la ciudad de Bucaramanga Santander, la cual fue realizada el 04 de septiembre de 2019 y el 05 de noviembre del mismo año se dio inicio a la audiencia preparatoria de juicio oral.

1.5. El 23 de enero de 2020 se dio inicio a la audiencia de juicio oral practicándose la totalidad de las pruebas solicitadas, presentadas y descubiertas por las partes procesales en la audiencia preparatoria de juicio oral y una vez concluido el debate probatorio y escuchadas las alegaciones de cada uno de los sujetos procesales, se anunció el sentido del fallo de sentido absolutorio.

1.6. El día 17 de noviembre de 2020 el Juzgado Primero penal del Circuito especializado de Bucaramanga Santander profir ió fallo absolutorio , al concluir que el ente fiscal no probo más allá de toda duda razonable la autoría y responsabilidad penal del acusado frente al delito de concierto para

especializado de Bucaramanga Santander profir ió fallo absolutorio , al concluir que el ente fiscal no probo más allá de toda duda razonable la autoría y responsabilidad penal del acusado frente al delito de concierto para delinquir agravado y absolvió al señor Kevin Andrés Arias Rodríguez.

1.7. El señor Kevin Andrés Arias Rodríguez estuvo privado de la libertad por más de 20 meses, viendo totalmente desmejorada su situación económica y la de su familia.

2. Pretensiones.Reparación Directa 680813333001-2021-00327-01

Se sintetizan de la siguiente manera:

2.1 Declarar administrativa y patrimonialmente responsables a las entidades demandadas por los daños y perjuicios causados a los demandantes como resultado de la privación injusta de la libertad del señor Kevin Andrés Arias Rodríguez.

2.2 Se condene a las demandadas al reconocimiento a favor de los demandantes, de perjuicios materiales $37.730.205 (daño emergente y lucro cesante -consolidado y futuro-), y perjuicios morales ($499.689.300), en los términos solicitados en la demanda.

2.3 Se condene en costas al ente demandado y se ajuste la condena.

3. Contestación de la demanda

3.1 Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, señalando, como fundamento de su oposición, que no se acreditaron los perjuicios causa dos por la

de Administración Judicial

Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, señalando, como fundamento de su oposición, que no se acreditaron los perjuicios causa dos por la privación de la libertad a la que fue sometido el demandante, puesto que se cumplieron los presupuestos de la inferencia razonable de autoría, que conllevaron al operador judicial a decretar la medida de aseguramiento, teniendo que el accionante se encontraba seriamente comprometido o vinculado a la comisión de la conducta punible endilgada, estructurándose el primero de los presupuestos que dan lugar a la imposición de la medida restrictiva de la libertad conforme a lo dispuesto por el artículo 308 y ss de la Ley 906 de 2004.

Afirmó que la medida se encontraba debidamente soportada con el material al estrado del juez de garantías allegado por el ente Fiscal, destacándose entre ellas declaraciones juramentadas, interrogatorios a indiciado, recono cimientos fotográficos, entre otras labores investigativas desplegadas por dicha agencia Fiscal al establecer la existencia de un grupo organizado delincuencia denominado «Banda de los del Palmar» en el municipio de Barrancabermeja, el cual realizaba la comercialización de estupefacientes, y que daban cuenta de la presunta participación del señor Arias Rodríguez alias «el costeño» como expendedor de dicha organización.

Así, el juez que fungió como control de garantías motivó y soportó dicha medida de aseguramiento con los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que allegó la Fiscalía General de la Nación a su estrado, debiendo tener en cuenta que la audiencia de imposición de la medida deReparación Directa

aseguramiento con los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que allegó la Fiscalía General de la Nación a su estrado, debiendo tener en cuenta que la audiencia de imposición de la medida deReparación Directa 680813333001-2021-00327-01

aseguramiento y la sigu ientes etapas del proceso penal son totalmente diferentes en las que la tarifa probatoria tiene exigencias distintas, conforme el principio de progresividad.

Propuso como eximente de responsabilidad el hecho determinante de un tercero , fundado en que, l os hechos respecto de los cuales se pretendió atribuir responsabilidad penal a la parte actora, iniciaron con las manifestaciones efectuadas por el señor Jair Alonso Martínez Oliveros en declaración jurada de fecha 02/06/2017, segundo al mando de la banda delincuencial «banda de los del palmar», el cual señal de manera directa e inequívoca al señor Kevin Andrés Arias Rodríguez, conocido con el alias «el costeño», como integrante de la misma en calidad de expendedor; no obstante durante el desarrollo del juic io oral, rinde testimonio en el proceso penal y se retracta de todo lo manifestado antes de ese juicio, conforme lo plasma el Juez de conocimiento en la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2020, quien descartó sus manifestaciones de la valoración probato ria que derivó en la absolución del acusado. Así, sostiene que, la actividad del tercero fue la causa, exclusiva y determinante del daño.

Finalmente, manifestó su desacuerdo con la tasación de los perjuicios inmateriales, ya que, en su consideración, no se encuentran debidamente probados y no es viable

exclusiva y determinante del daño.

Finalmente, manifestó su desacuerdo con la tasación de los perjuicios inmateriales, ya que, en su consideración, no se encuentran debidamente probados y no es viable inferirlos solo con el vínculo familiar, máxime cuando la jurisprudencia imperante abandonó el régimen objetivo de responsabilidad.

3.2 Nación, Fiscalía General de la Nación

Se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando en forma relevante, que no existe en el libelo de la demanda ni en las pruebas anexas a ella fundamentos fácticos ni jurídicos que respalden la presunta responsabilidad objetiva en cabeza de esa entidad.

Invocó su falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que, elevó en su oportunidad procesal la solicitud de medida de aseguramiento del imputado, la cual estaba debidamente fundamentada y no era vinculante u obligatoria para el Juez, toda vez, que la decisión a adoptarse se daría luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía y valorar el arsenal probatorio que le era puesto a su conocimiento, como efectivamente ocurrió en el caso de marras.

Además, predica la ausencia de falla en el servicio, asegurando que, no se configuraron los presupuestos esenciales que per mitan estructurar una responsabilidad patrimonial en contra de la entidad, quien calificó la comisión de la conducta punible como resultado de indicios graves de responsabilidad en contra del aquí demandante, motivo suficiente para dar inicio a la investig ación penal, vincular al ahora demandante e imponer medida de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario, concluyendo que la privación de la libertad de que fueron objeto accionante Kevin Andrés Arias Rodríguez fue legal y justa.Reparación Directa

vincular al ahora demandante e imponer medida de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario, concluyendo que la privación de la libertad de que fueron objeto accionante Kevin Andrés Arias Rodríguez fue legal y justa.Reparación Directa 680813333001-2021-00327-01

II. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante sentencia del 10 de diciembre de 2024 denegó las pretensiones de la demanda (numeral primero) y se abstuvo de condenar en costas (numeral segundo).

Como sustento de su decisión consideró:

«1. La privación de la libertad del demandante no constituye un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que al momento en que esta hizo la solicitud de medida de aseguramiento del demandante en centro carcelario, tenía elementos de prueba en contra del señor Kevin Andrés Arias Rodríguez, en cuanto a su pertenencia y participación dentro de la estructura criminal Banda Los del Palmar o el Parche de los Lagos del Palmar, por el porte y comercialización de sustancias estupefacientes, que eran materia de investigación en el proceso penal que se adelantaba en su contra y en virtud de ello presentó ante el Juez de Control de Garantías, los elementos probatorios recaudados que coincidían con su aspiración de acreditar la autoría o participación del imputado en los hechos investigados.

2. Se considera que la privación de la libertad del demandante no es atribuible a la Rama judicial, toda vez que se aprecia que al momento de proferirse por la Juez de control de

hechos investigados.

2. Se considera que la privación de la libertad del demandante no es atribuible a la Rama judicial, toda vez que se aprecia que al momento de proferirse por la Juez de control de Garantías, la medida de aseguramiento consistente en detención privativa de la libertad en centro carcelario, estudió y tuvo en cuenta los elementos materiales probatorios, información y evidencia física legalmente obtenida, presentada por el ente acusador, la cual resultaba para ese momento, suficiente para inferir razonablemente la autoría o participación del imputado en los hechos investigados.»

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

1. Parte demandante Interpone oportunamente el recurso de apelación, invocando como fundamentos

relevantes, los siguientes:

• No resulta válido para predicar ajustada la actuación de la Fiscalía, el argumento del a-quo referido a que en la audiencia concentrada del 09/03/2019, la defensa de Kevin Andrés Arias Rodríguez no presentó objeción alguna frente a la imposición de la medida de asegura miento. Lo anterior, en la medida en que la Fiscalía invirtió 15.264 horas (21 meses, 6 días) en investigar a Kevin Andrés, y a la defensa se le otorgó menos de una (1) hora en la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, para que observara los elementos materiales probatorios (EMP) consistentes en la declaración jurada del testigo de cargo, y por el hecho que la defensa en la audiencia concentrada preliminar, guardó silencio y por tal razón fue remplazado, se pretenda utilizar como a rgumento para justificar el actuar de las partes demandadas.Reparación Directa 680813333001-2021-00327-01

defensa en la audiencia concentrada preliminar, guardó silencio y por tal razón fue remplazado, se pretenda utilizar como a rgumento para justificar el actuar de las partes demandadas.Reparación Directa 680813333001-2021-00327-01

De la simple comparación del número de horas utilizadas por la Fiscalía y la Defensa, se advierte la absoluta desproporción, como para aceptar como válido el razonamiento del a quo, en este análisis.

• Al momento procesal de la audiencia de solicitud e imposición de medida de aseguramiento, la investigación penal contra Kevin Andrés Arias Rodríguez, llevaba como mínimo 21 meses y 6 días, lapso de tiempo durante el que la Fiscalía General de la Nación tan solo recaudó el testimonio de Jair Alfonso Martínez Oliveros, alias

«Porras».

• Desde el 02/06/2017, fecha en que se recaudó el testimonio de Jair Alfonso Martínez Oliveros, alias «Porras», ya todos los integrantes del grupo delincuencial «Banda de los del Palmar» estaban privados de la libertad, y a la Fiscalía con un mínimo esfuerzo le quedaba muy fácil corroborar el testimonio de cargo con los demás integrantes confesos de la mentada banda, y a pesar de ello no desarrolló tal actividad investigativa.

• Para el a-quo fue la naturaleza del delito (calificación jurídica provisional realizada en la imputación) el factor determinante para inferir la probabilidad que el imputado no comparezca al proceso, desconociendo que el legislador en la Ley 1760 de 2015, había previsto precisamente todo lo contrario a lo que el a-quo razonó, es decir, que la calificación jurídica provisional realizada en la formulación de imputación, no será

no comparezca al proceso, desconociendo que el legislador en la Ley 1760 de 2015, había previsto precisamente todo lo contrario a lo que el a-quo razonó, es decir, que la calificación jurídica provisional realizada en la formulación de imputación, no será en si misma determinante para inferir la probabilidad que el imputado n o compareciera al proceso.

• Asegura el a -quo que las partes demandadas soportaron la medida de aseguramiento impuesta en esa oportunidad al demandante , basado sobre el principio de progresividad, no obstante, en la aplicación a la medida de aseguramiento dicho principio se refleja en la necesidad de que las medidas privativas sean excepcionales y que se prioricen alternativas menos restrictivas siempre que sea posible, lo que implica que el juez debe evaluar si las medidas no privativas son suficientes antes de imponer una detención preventiva.

En el sub lite , en las audiencias preliminares del 09/03/2019 mediante la cual se impuso la medida de aseguram iento intramural en contra de Kevin Andras Arias Rodríguez, la Fiscalía General de la Nación no exhibió EMP ni evidencia física (EF) tendiente a demostrar por qué resultaba insuficiente una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, lo cual por d isposición expresa del artículo 1º de la Ley 1760 de 2015 estableció el legislador que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, solo podrán imponerse cuando quien las solicite, pruebe ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativ as de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.

• El elemento material probatorio para soportar la medida de aseguramiento fue la

de Control de Garantías, que las no privativ as de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.

• El elemento material probatorio para soportar la medida de aseguramiento fue la declaración jurada de Jair Alfonso Martínez Oliveros, alias «Porras» la cual fue descubierta por la Fiscalía en la audiencia preliminar, la misma que llev ó hasta el juicio oral y fue el mismo Martínez Oliveros quien al verse acorralado probatoriamente dejó su propia declaración que sirvió para imponer la medida en laReparación Directa 680813333001-2021-00327-01

etapa preliminar sin valor probatorio, ya que la misma solamente la utilizó para tratar de lograr beneficios sin resultados positivos, solo el daño causado al demandante.

• Para el 09/03/2019 la investigación de la Fiscalía General de la Nación en contra de Kevin Andrés Arias Rodríguez ya había concluido totalmente, en tanto no existe evidencia de un nuevo recaudo probatorio en fecha posterior.

• La privación de la libertad de Kevin Andrés Arias Rodríguez se apartó del criterio jurídico exigido, y la decisión adoptada de imposición de medida de aseguramiento intramural que le fue impuesta no se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

Con fundamento en lo anterior, solicita revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

2. Parte demandada

La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial cuestiona la decisión contenida en el numeral segundo de la sentencia de primera instancia referida a la no condena en costas, alegando

La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial cuestiona la decisión contenida en el numeral segundo de la sentencia de primera instancia referida a la no condena en costas, alegando que, el descono cimiento de la condena en costas a la parte demandante como vencida implica un detrimento patrimonial para la entidad demandada, quien incurrió en gastos para su defensa técnica, debiendo asumir cargas procesales y costos derivados del adelantamiento de un proceso judicial, con el rigor que ello implica.

IV. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro del término de que trata el numeral 4° del art. 247 de la Ley 1437 de 2011, concurrieron las entidades demandadas solicitando la confirmación de la sentencia apelada.

La Nación, Fiscalía General de la Nación sostiene que, contrario a lo alegado por el demandante, esa entidad para el momento en que debió solicitar la imposición de la medida de aseguramiento sí contaba con los elementos probatorios suficientes para sustentar la petición, la que fue avalada por el juez natural, reuniéndose los requisitos establecidos en el artículo 308 del C.P.P vigente para la época y, pese a que posteriormente haya sido revocada, no evidencian una falla de la Fisc alía, configurándose además, el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad.

La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señala que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Arias Rodríguez, obedece única y exclusivamente al actuar legal del juez queReparación Directa

Administración Judicial señala que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Arias Rodríguez, obedece única y exclusivamente al actuar legal del juez queReparación Directa 680813333001-2021-00327-01

en acatamiento de sus deberes judiciales y en consonancia con lo requerido por el ente instructor, es decir, por la Fiscalía General de la Nación, decretó la medida privativa de la libertad de aquel, pues para ese momento procesal se contaban con elementos materiales probatorios suficientes, como declaraciones juramentadas, interrogatorios a indiciado, reconocimi entos fotográficos, entre otras labores investigativas desplegadas por dicha agencia Fiscal al establecer la existencia de un grupo organizado delincuencia denominado «Banda de los del Palmar» en el municipio de Barrancabermeja, el cual realizaba la comerc ialización de estupefacientes, y que daban cuenta de la presunta participación del señor Arias Rodríguez alias «el costeño» como expendedor de dicha organización, conforme lo narrada en declaración jurada de fecha 02/06/2017 por parte de Jair Alonso Martínez Olivero, los cuales soportaron el inicio del proceso penal y la imposición de la medida de aseguramiento; actuar que resultó ajustado al ordenamiento legal.

La señora Agente del Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2. Problemas Jurídicos

PJ1 ¿Las demandadas son administrativa, patrimonial y solidariamente responsables por la privación de la libertad sufrida por el señor Kevin Andrés Arias Rodríguez, con ocasión de la medida de aseguramiento en estableci miento

PJ1 ¿Las demandadas son administrativa, patrimonial y solidariamente responsables por la privación de la libertad sufrida por el señor Kevin Andrés Arias Rodríguez, con ocasión de la medida de aseguramiento en estableci miento carcelario impuesta en su contra por delitos frente a los que fue posteriormente absuelto?

PJ2 ¿Hay lugar a revocar la decisión de negar la condena en costas, contenida en el numeral segundo de la sentencia de primera instancia?

2. Tesis de la Sala:

Al Pj 1. No. La sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda será confirmada.

Al Pj 2. No. Ajustada resulta la decisión de no condena en costas adoptada por el aquo.

3. Argumentos de la Decisión

3.1 Marco Jurídico y Jurisprudencial

La jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad es, en principio, objetiva en cuatro casos, a saber: (i) cuando el hecho noReparación Directa 680813333001-2021-00327-01

existió, (ii) el procesado no lo cometió, (iii) la conducta no era atípi ca y (iv) la aplicación del principio in dubio pro reo.

En otros eventos la responsabilidad debe determinarse a partir de un régimen de falla del servicio, el cual exige mayor carga demostrativa para el demandante y, en todo caso, que la actuación culposa o dolosa de la víctima no haya dado lugar a su detención, conducta entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto como administrado1.

todo caso, que la actuación culposa o dolosa de la víctima no haya dado lugar a su detención, conducta entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto como administrado1.

Al respecto, la H. Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 072 del 5 de julio de 2018 2, después de hacer un recorrido jurisprudencial, decantó la responsabilidad objetiva cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, por lo irrazonable y desproporcionada de la decisión, y en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra en tales circunstancias sin un gran ejercicio dialéctico.

Los otros dos eventos definidos por el H. Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva, esto es, el procesado no cometió la conducta y la aplicación del principio in dubio pro reo , exigen, según la H. Corte Constitucional mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del Juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma.

Adicionalmente, recordó que le corresponde al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible, y para todos los casos, de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia. Tocante a ello, señaló:

«En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del

exigencia ineludible, y para todos los casos, de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia. Tocante a ello, señaló:

«En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una med ida de aseguramiento, como fue recientemente concluido por la Subsección C del Consejo de Estado al considerar, en un caso que fue sometido a su evaluación, que: el Juzgado de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento restrictiva de la libertad al imputado, debido a que encontró demostrado el requisito de necesidad de la medida , por cuanto la captura en flagrancia y la denuncia formulada por la víctima de la extorsión permitían inferir la probabilidad de participación del capturado en el ilícito endilgado”.»

1 Entre otras, la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, expediente 52001 -23-31-000-1996-07459-01(23354) y Sentencia del 27 de noviembre de 2017. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Radicado 54001 -23-31-0001999-00247-01(46068). 2 Corte Constitucional. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Exp. T-6.304.188 y T6.390.556 (AC).Reparación Directa 680813333001-2021-00327-01

6.390.556 (AC).Reparación Directa 680813333001-2021-00327-01

Finalmente, mediante sentencia SU-363 de 20213, la H. Corte Constitucional reiteró las reglas establecidas en la sentencia SU -072 de 2018, según las cuales en cada caso es necesario revisar si la medida restrictiva de la libertad fue manifiestamente irrazonable y desproporcionada, pues no puede predicarse como regla general una responsabilidad objetiva.

4. Caso concreto

La sentencia apelada estableció como fundamento principal para negar las pretensiones de la demanda que, la actuación de las entidades demandadas, Fiscalía General de la Nación quien solicitó aplicar la medida de aseguramiento de privación de la libertad en establecimiento carcelario del señor Kevin Andrés Arias Rodríguez, fundamentada en lo norm ado en el Código de Procedimiento penal así como en las pruebas obtenidas en esa etapa, acreditado los factores objetivos y subjetivos de la conducta investigada, y la actuación de la Jueza de Control de Garantías, evidencian que las mismas resultaron adecuadas y acordes a los elementos de prueba y normatividad aplicable, concretamente en lo que tiene que ver con la imposición de la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en centro carcelario del aquí demandante.

Así, el a-quo predicó la exi stencia de una razón suficiente para la imposición de la medida preventiva de privación de la libertad decretada bajo los criterios de necesidad, razonabiliad y proporcionalidad precisados en la sentencia SU -072 de 2018, con respaldo en el material de prueba recaudado hasta ese momento.

medida preventiva de privación de la libertad decretada bajo los criterios de necesidad, razonabiliad y proporcionalidad precisados en la sentencia SU -072 de 2018, con respaldo en el material de prueba recaudado hasta ese momento.

Por el contrario, la parte demandante en su recurso cuestiona que la única prueba con la cual se sustentó la medida de aseguramiento corresponde a la declaración del señor Jair Alfonso Martínez Oliveros, alias «porras» , qui en se retractó posteriormente, estimando a partir de ello que la medida de aseguramiento no fue proporcional, razonable ni necesaria.

En ese contexto, le corresponderá a la Sala, en orden a dar respuesta al primer problema jurídico planteado, examinar si la medida de aseguramiento fue apropiada, razonable y/o proporcionada o si, por el contrario, las falencias alegadas por la parte recurrente devinieron en la privación injusta del accionante, teniendo en cuenta que en estos asuntos debe analiza rse en primera medida la falla en el servicio, al no operar la aplicación automática de un régimen objetivo.

Así las cosas, y revisado el expediente encuentra la Sala que el día 09 de marzo de 20194 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Garantías de Barrancabermeja, se legalizó la captura del señor Kevin Andrés Arias Rodríguez -decisión frente a la

3 Corte Constitucional. Sentencia