TA SAN - Sentencia 680813333001-2021-00354-01 (29-05-2025)
Detalles
- Título
- TA SAN - Sentencia 680813333001-2021-00354-01 (29-05-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Santander
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
SIGCMA-SGC
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías
Bucaramanga, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado 680813333001-2021-00354-01 Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante Esmeralda Gómez Rivera info@abogadosatta.com Demandado Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA servicioalciudadano@sena.edu.co judicialsantander@sena.edu.co iafoco25@hotmail.com Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Contrato realidad – Confirmaniega
Decide la Sala el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja.
I. ANTECEDENTES
La señora Esmeralda Gómez Rivera , por intermedio de apoderad a legalmente constituid a, acude a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, con el fin de que se acceda a las siguientes:
1. Pretensiones1.
“PRIMERO: Que se DECLARE la nulidad del acto administrativo ficto surgido con ocasión del silencio administrativo negativo que se generó ante la falta de respuesta de la reclamación administrativa presentada el pasado 4 de agosto de 2020 por la demandante ante el SENA.
surgido con ocasión del silencio administrativo negativo que se generó ante la falta de respuesta de la reclamación administrativa presentada el pasado 4 de agosto de 2020 por la demandante ante el SENA.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se DECLARE que con ocasión de contratos sucesivos de prestación de servicios celebrados entre el SENA y la señora ESMERALDA GÓMEZ RIVERA, por el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2007 y 31 de diciembre de 2017, se originó una relación laboral.
1 Ver Folios 7 y 8 – Archivo digital “39Radicacion Y Re_001DemandaconAnexosp(.pdf) Nro. Actua 1” – índice SAMAI 00001 - Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 68081333300120210035401
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TERCERO: Que se DECLARE que, durante periodo comprendido entre 12 de abril de 2007 y 31 de diciembre de 2017, ESMERALDA GÓMEZ RIVERA prestó sus servicios profesionales como
INSTRUCTORA Y EVALUADORA del SENA.
CUARTO: Que, a título de restablecimiento del derecho a favor de ESMERALDA GÓMEZ RIVERA, se ORDENE el pago por concepto de las prestaciones sociales y vacaciones que se le reconocen a los profesionales vinculados de planta o nómina del SENA que desempeñen labor s imilar, tomando como base para la liquidación respectiva el salario legalmente establecido para aquellos en aplicación al principio de igualdad y por todo el término en que se prolongó la relación laboral.
QUINTO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se
respectiva el salario legalmente establecido para aquellos en aplicación al principio de igualdad y por todo el término en que se prolongó la relación laboral.
QUINTO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se RECONOZCAN y CANCELEN en dinero la diferencia salarial entre lo reconocido en virtud de los contratos de prestación de servicios y lo correspondiente al cargo de planta denominado INSTRUCTOR del SENA, o aq uel que se ajuste a las funciones desempeñadas por la demandante.
SEXTO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se RECONOZCAN Y CANCELEN en dinero las sumas destinadas como aportes a Seguridad Social y a Riesgos Laborales 12 de abril de 2007 y 31 de diciembre de 2017, respecto del porcentaje correspondiente al empleador.
SÉPTIMO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se RECONOZCA y CANCELE la indemnización moratoria por el no pago de las prestaciones sociales cada vez que se dio por terminado cada uno de los “contratos de prestación de servicios” antes referidos y, como c onsecuencia de ello, sean cancelados dichos valores en dinero.
OCTAVO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se RECONOZCA y CANCELE la indemnización moratoria por la no liquidación de cesantías y la consignación de ellas en los fondos destinados para tal fin, por cada uno de los contratos anteriormente mencionados y, como consecuencia de ello, sean cancelados dichos valores en dinero.
NOVENO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se COMPENSE económicamente la no afiliación a la Caja de
Compensación.
DÉCIMO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se ORDENE
valores en dinero.
NOVENO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se COMPENSE económicamente la no afiliación a la Caja de
Compensación.
DÉCIMO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se ORDENE al SENA el pago a la demandante de las sumas correspondientes a las primas legales y extralegales a las cuales tienen derecho losTribunal Administrativo de Santander
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profesionales de planta o nómina del SENA, por el término que duró la relación laboral.
DÉCIMO PRIMERO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se ORDENE al SENA pagar a la demandante las sumas correspondientes a intereses a las cesantías a las cuales tiene derecho quienes ostentan el cargo de planta denominado INSTRUCTOR del SENA o aquel que se ajus te a las funciones desempeñadas por la demandante, por el término que duró la relación laboral.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se ORDENE al SENA pagar al demandante las sumas correspondientes a indemnización moratoria por el no pago de la liquidación a la cual tiene derecho quienes ostentan el cargo de planta denominado INSTRUCTOR de l SENA o aquel que se ajuste a las funciones desempeñadas por la demandante, por el término que duró la relación laboral.
DÉCIMO TERCERO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se PAGUEN los montos dejados de percibir por concepto de pensión en el porcentaje correspondiente al empleador.
DÉCIMO CUARTO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se
se PAGUEN los montos dejados de percibir por concepto de pensión en el porcentaje correspondiente al empleador.
DÉCIMO CUARTO: Que, a título de restablecimiento del derecho, se ORDENE que toda suma a cancelar ha de ser debidamente indexada desde la fecha en que se hizo exigible el derecho hasta su cancelación.”
2. Hechos2
Como sustento de las pretensiones se expuso que, entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y la señora Esmeralda Gómez Rivera, se celebraron diferentes contratos de prestación de servicios entre los años 2007 a 2017, indicando que algunos fueron ejecutados de forma paralela con otros, relacionándolos de la siguiente forma:
2 Ver Folios 1 a 7 – Archivo digital “39Radicacion Y Re_001DemandaconAnexosp(.pdf) NroActua 1” – índice Samai 00001 - Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 68081333300120210035401
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Afirmó que, las actividades estaban directamente relacionadas con el objeto misional del SENA y fueron desarrolladas bajo condiciones de plena subordinación, con sujeción a horarios previamente establecidos por la entidad, cumplimiento de cronogramas institucionales y reporte a superiores jerárquicos . Refirió que en algunos contratos se indicó la cantidad de trabajo que debía realizar, en lo referente a la cantidad de evaluaciones de competencia laboral que debía aplicar.
Señaló que las funciones eran ejecutadas de manera personal y exclusiva, cumpliendo las directrices impartidas por la entidad, sin autonomía en la
evaluaciones de competencia laboral que debía aplicar.
Señaló que las funciones eran ejecutadas de manera personal y exclusiva, cumpliendo las directrices impartidas por la entidad, sin autonomía en la forma de prestar el servicio y recibiendo una remuneración mensual fija.
Resaltó, que no recibió contraprestación distinta a los honorarios pactados en cada contrato, sin que se reconocieran derechos laborales como prestaciones sociales, cesantías, primas legales o aportes patronales al sistema de seguridad social, a pesar de que, en la prá ctica, sus funciones eran idénticas a las de los instructores de planta. Finalmente, tras la terminación del último contrato, la señora Esmeralda Gómez, presentó reclamación a la entidad demandada el 04 de agosto de 2020, solicitando el reconocimiento de la relación laboral el pago de las respectivas prestaciones sociales. Al respecto, no se obtuvo respuesta por parte del SENA , configurándose el acto administrativo ficto, cuya nulidad se solicita.
3. Normas violadas y concepto de violación3.
Se invocan como disposiciones violadas de orden constitucional los artículos 1, 2, 3, 6, 13 y 25; Ley 50 de 119, Leu 80 de 1993, artículos 3 y 32 numeral 3 y Ley 1437 de 2011 artículo 10.
3 Ver folios 9 a 19 - Archivo digital “39Radicacion Y Re_001DemandaconAnexosp(.pdf) NroActua 1” – índice Samai 00001 - Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 68081333300120210035401
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– índice Samai 00001 - Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 68081333300120210035401
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Como concepto de violación señaló que la entidad demandada que guardó silencio frente a la reclamación realizada por la actora, configurándose el acto administrativo ficto, el cual, en su criterio, vulnera normas constitucionales y legales, al desconocer la verdadera naturaleza laboral de la relación sostenida entre la señora Esmeralda Gómez Rivera y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. A firmó que, pese a haberse suscrito contratos de prestación de servicios, las condiciones materiales de ejecución evidenciaron la existencia de una verdadera relación laboral, caracterizada por la prestación personal del servicio, la subordinación a directrices institucionales y la continuidad en el tiempo.
En ese sentido, alegó que el SENA infringió el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, al emplear la figura del contrato de prestación de servicios para el desarrollo de funciones permanentes y misionales, entre las cuales se encuentra la de docente/instructor que desarrolló la demandante, las cuales por supuesto pueden ser ejercidas por personal de planta de la entidad cuyas funciones están completamente reglamentadas.
Refirió que basta con una simple lectura de la Ley 119 de 1994, concretamente los artículos 2 y 3, para concluir que la docencia e instrucción son labores propias del giro ordinario de la institución y que, por consiguiente, deben ser asumidas por personal de carrera, traduciéndose en que naturalmente deben existir empleados que realicen tal labor.
instrucción son labores propias del giro ordinario de la institución y que, por consiguiente, deben ser asumidas por personal de carrera, traduciéndose en que naturalmente deben existir empleados que realicen tal labor.
Concluyó que en este caso, se configuran los elementos constitutivos de la relación laboral en tanto las funciones desarrolladas por la demandante como actividades contractuales, corresponden a las asignadas a docentes e instructores de la entidad lo cual, implica que, “(…) la prestación de sus servicios intelectuales de manera directa y sin independencia en el cumplimiento de su labor, pues por el contrario debió cumplir el horario y los parámetros fijados por los reglamentos del servicio público de educación, por lo qu e se generó dependencia y subordinación con la entidad territorial para la cual trabajaba” , conforme lo consideró el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016.
Acorde con lo anterior, consideró que en este caso se satisfacen a cabalidad el elemento de la permanencia y, por consiguiente, la subordinación. En virtud , solicitó declarar la nulidad del acto ficto demandando, reconocer la existencia de una relación laboral entre la demandante y el SENA, ordenando el pago de las respectivas prestaciones sociales.
4. Contestación a la demanda4
4.1 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
4 Expediente digital primera instancia archivo “034ContestacionSena20220517”Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 68081333300120210035401
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Se opuso a las pretensiones de la demanda, considerando que las mismas
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Se opuso a las pretensiones de la demanda, considerando que las mismas carecen de sustento fáctico y jurídico toda vez que la demandante Esmeralda Gómez Rivera dentro del Servicio Nacional de AprendizajeSENA CIDT Barrancabermeja, tenía el carácter de contratista independiente por prestación de servicios. Señaló que la señora Esmeralda Gómez Rivera estuvo vinculada al Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena Regional Santander desde el año 2007 al 2017 mediante Contratos de Prestación de Servicios, para prestar los servicios personales de carácter temporal a través de contratos interrumpidos, temporales y cuyos objetos contractuales en cada una de las ordenes de servicio pactadas fueron diferentes y, cuya duración fue siempre por tiempo limitado e indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, sostuvo que dichos contratos no generan relación laboral ni el reconocimiento de prestaciones sociales. Adujo que no es cierto que la demandante cumpliera una jornada u horario de trabajo, que estuviera subordinada y/o tuviera un jefe inmediato, pues no existe prueba si quiera sumaria que acredite que el supervisor de los contratos actuara como jefe inmediato, estableciéndose plenamente que lo que se configuró fue una gestión de coordinación de actividades entre la accionante y el SENA. Asimismo, señaló que las actividades desarrolladas por la demandante estuvieron claramente definidas en los contratos, y que el hecho de
que se configuró fue una gestión de coordinación de actividades entre la accionante y el SENA. Asimismo, señaló que las actividades desarrolladas por la demandante estuvieron claramente definidas en los contratos, y que el hecho de ajustarse a cronogramas o lineamientos institucionales no implica la existencia de una jornada laboral, jefe inmediato o control jerárquico, sino una concertación necesaria entre las partes. La entidad también destacó que no existe evidencia documental en el expediente que permita afirmar que la actora estuvo sujeta a órdenes, sanciones, memorandos u otras manifestaciones de subordinación propia de una relación laboral. Por lo anterior, reiteró que la vinculación de la actora fue de naturaleza contractual, sin que se haya configurado una relación laboral, y que la actora recibió el pago completo de los honorarios acordados, sin que tuviera derecho a salarios, prestaciones sociales ni demás prerrogativas propias del empleo público. Afirmó que la entidad cumplió con el pago íntegro de los honorarios pactados en cada contrato, y que no está obligada a realizar pagos adicionales por concepto de seguridad social, ni a reconocer beneficios convencionales, dado que la demandante nunca tuvo la condición de trabajadora oficial. Por último, invocó la presunción de legalidad de los contratos celebrados y del acto administrativo ficto, resaltando que no se desvirtuó su validez.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 68081333300120210035401
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Propuso las excepciones que denominó: (I.) Prescripción (II.) Inexistencia de la obligación y del demandado Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
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Propuso las excepciones que denominó: (I.) Prescripción (II.) Inexistencia de la obligación y del demandado Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – CIDT SENA Barrancabermeja, (III.) Buena fe y presunción de legalidad; (IV.) Cobro de lo no debido; (V.) Excepción de insuficiencia probatoria y (VI.) Excepción genérica o innominada.
II. LA SENTENCIA APELADA5.
El Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja, mediante providencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), negó las pretensiones de la demanda , al considerar que carga de la prueba, radica en cabeza de la parte demandante, quien afirma la existencia de la relación laboral, sin embargo, en el presente caso no se satisfizo, pues no logró probar, la ejecución de labores en igualdad al personal de planta del SENA o que existiera concomitantemen te un empleado de planta que realizara sus mismas funciones y en igualdad de condiciones, para así poderlo contrastar, teniendo en cuenta los diferentes objetos contractuales suscritos entre el 2007 y 2017; evidenciándose sólo el legítimo ejercicio de la facultad de coordinación y supervisión contractual por parte de la entidad, que se ejecutaron sin desbordar las contenidas en el clausulado del contrato, destacando que no se logró probar la subordinación y dependencia continuada, elemento determinante que distingue la relación laboral del contrato de prestación de servicios.
Agregó el Juzgador que, comparte la postura del Ministerio público frente a
subordinación y dependencia continuada, elemento determinante que distingue la relación laboral del contrato de prestación de servicios.
Agregó el Juzgador que, comparte la postura del Ministerio público frente a la no procedencia de nulidad del acto administrativo ficto que surgió como consecuencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta a la reclamación administrativa presentada el 4 de agosto de 2020 por la demandante ante el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por considerar de cara a lo planteado en el sub examine, no existió vulneración a los derechos que la demandante reclama transgredidos de orden constitucional y legal, los cuales constituyen requisitos necesarios para declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, por lo que resolvió denegar las pretensiones de la demanda.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN6.
La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia señalando que las funciones desempeñadas por la señora Gómez Rivera están estrictamente relacionadas con el objeto misional de la demandada y, por ende, deben ser realizadas por el personal de planta.
Hizo alusión al Decreto ley 118 de 1957 por medio del cual se creó el SENA, el Decreto 164 de 6 de agosto de 1957 y la Ley 119 de 1994, para señalar que las funciones iniciales de la entidad consistían en brindar formación
5 Expediente digital primera instancia, archivo “067Sentencia20241008” 6 Ver Índice 00055 de SAMAI - Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 68081333300120210035401
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6 Ver Índice 00055 de SAMAI - Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 68081333300120210035401
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profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, cuya misión se encaminó a cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos , ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas . Adujo que, con fundamento en lo anterior, queda en evidencia que las actividades desempeñadas por la demandante son claramente necesarias para el correcto desarrollo del objeto misional de la entidad accionada.
Indicó que la demandada contrató a señora Gómez Rivera durante más de 10 años, sin solución de continuidad expresándose a la suscripción de cada contrato que, existía la necesidad de celebrarlo por la insuficiente planta de personal, sin que se decidiera la ampliación de la misma para vincular a la cantidad necesaria para ejercer en debida forma su objeto misional.
Señaló que a través de los contratos de prestación de servicios se suplieron las necesidades permanentes del SENA sin tener que incurrir en todo lo que implica tener más empleos y cargos en la planta de personal traduciéndose ello, en la vulneración de los derechos de los trabajadores contratistas.
Finalmente, reiteró que, del análisis general de las pruebas aportadas al expediente (documentales, testimonio y declaración de parte), se puede observar que las labores ejecutadas por la demandante estaban
contratistas.
Finalmente, reiteró que, del análisis general de las pruebas aportadas al expediente (documentales, testimonio y declaración de parte), se puede observar que las labores ejecutadas por la demandante estaban relacionadas con el objeto misional de la demandada; cumplió un horario de trabajo propio de la entidad, desarrollando idénticas funciones a las asignadas al cargo de profesional grado II de conformidad al manual específico de funciones del SENA, que son de carácter misional e inherente a la entidad.
IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto de fecha del 1 1 de febrero de 202 57 se admit ió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. En esta etapa procesal, no hubo pronunciamiento por parte de los sujetos procesales. El Ministerio público se abstuvo de presentar concepto de fondo.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.
7 Ver índice 00004 de SAMAI. Expediente digital SAMAI Segunda instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 68081333300120210035401
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1. Competencia.
Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos
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1. Competencia.
Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.
2. Problema Jurídico.
Al tenor de l recurso de apelación interpuesto por la parte deman dante, corresponde a la Sala determinar si entre la señora Esmeralda Gómez Rivera y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA existió una relación laboral encubierta con la suscripción de contratos de prestación de servicios. Para tal efecto, se deberá analizar si obran medios de prueba que acrediten la concurrencia de los elementos esenciales de existencia de un contrato realidad – especialmente el de la subordinación – en el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2017.
Tesis de la Sala: Para la Sala no se acreditó la existencia de relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre la formalidad, teniendo en cuenta que si bien es cierto se dio cumplimiento a los requisitos de prestación personal del servicio y la remuneración como contraprestación del mismo, no se encuentra demostrado el elemento de subordinación laboral o dependencia en la labor d esarrollada por el demandante; por el contrario se observa que las obligaciones propias de los contratos se cumplieron con ocasión a lo pactado en aquellos.
3. Marco normativo y jurisprudencial Contrato realidad – Antecedentes constitucionales del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
los contratos se cumplieron con ocasión a lo pactado en aquellos.
3. Marco normativo y jurisprudencial Contrato realidad – Antecedentes constitucionales del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
El artículo 25 de la Constitución Política de 1991 establece que el trabajo es un derecho fundamental en los siguientes términos:
“ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”
De ahí que se erige como deber del Estado -en el marco del Estado Social, Democrático y Constitucional de Derechoel deber de garantizar y proteger a las personas que cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajador es vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter salarial y prestacional, independientemente de las formalidades adoptadas -u obviadaspor las partes contratantes.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 68081333300120210035401
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La Sección Segunda del Consejo de Estado8, ha expresado que en aras de hacer evidente la relación laboral sobre las formas que pretendan invisibilizarla, se debe acudir al artículo 53 9 de la Carta, que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función, pero en calidad de servidores públicos.
de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función, pero en calidad de servidores públicos.
Al respecto, la Constitución Política en sus artículos 122 y 125 dispone lo siguiente:
“Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (Inc. 1º) (...)”
“Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.
De lo anterior se tiene que, el ordenamiento jurídico establece tres clases de vinculaciones con entidades del Estado: a. relación legal y reglamentaria, propia de los empleados públicos; b. relación contractual, propia de los trabajadores oficiales y c. relación contractual estatal, propia de los contratista s que presan servicios. Cada una de ellas, tiene unos elementos propios que la dotan de identidad, por lo que, ha establecido la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado 10 que; si estos se llegan a desdibujar, es debe de la Juez en la jurisdicción competente, cuando una relación que nace como contrato estatal, realmente corresponde a la propia de un trabajador oficial y, cuando a una legal y reglamentaria, propia de un empleado público.
relación que nace como contrato estatal, realmente corresponde a la propia de un trabajador oficial y, cuando a una legal y reglamentaria, propia de un empleado público.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación número: 68001-23-15-000-2002-00903-01(0157-08). M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 9 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991. ARTICULO 53. “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situaci ón más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Radicación
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00799-01. M.P. César Palomino Cortés.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 68081333300120210035401
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4. De los elementos de una relación laboral.
El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990 es claro al señalar cuales son los elementos esenciales de una relación laboral a saber:
“Artículo 23. Elementos esenciales.
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos
tres elementos esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador , que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
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