TA SAN - Sentencia 680813333001-2025-00064-01 (25-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veinticinco (25) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: Tutela RADICADO: 680813333001-2025-00064-01

ACCIONANTE: Marlith Almeyda Sánchez como agente oficioso de l

señor Isabel Sofía Herrera Almeyda brendarojasvanegas@gmail.com

ACCIONADO: Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL SA,

notificacionesjudiciales@ecopetrol.com.co

MINISTERIO

PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia TEMA: Acción de tutela por vulneración al derecho a la salud y la seguridad social. Afiliación al plan de salud de hija menor de 25 años no matriculada durante un semestre en la universidad por recomendación médica dada su patología psiquiátrica.

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante, esto es, la señora Marlith Almeyda Sánchez en calidad de agente oficiosa de la joven Isabel Sofía Herrera Almeyda contra la sentencia del 15 de mayo de 2025 ,

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante, esto es, la señora Marlith Almeyda Sánchez en calidad de agente oficiosa de la joven Isabel Sofía Herrera Almeyda contra la sentencia del 15 de mayo de 2025 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante la cual se denegaron las pretensiones de la acción de tutela.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Marlith Almeyda Sánchez en calidad de agente oficiosa de Isabel Sofía Herrera Almeyda promovió acción de tutela en procura de obtener

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 1, archivo 4.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

Demandante: Marlith Almeyda Sánchez

Demandado: ECOPETROL S.A.

Radicado: 680813333001-2025-00064-01

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el amparo de l derecho fundamental a la salud y a la seguridad social que considera vulnerados por la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL S.A.

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

«Tutelar el derecho fundamental a la salud y a la seguridad social.

Que se ordene a el Plan de Salud de Ecopetrol S.A. abstenerse de retirar a mi hija ISABEL SOFÍA HERRERA del sistema de salud mientras persista su

«Tutelar el derecho fundamental a la salud y a la seguridad social.

Que se ordene a el Plan de Salud de Ecopetrol S.A. abstenerse de retirar a mi hija ISABEL SOFÍA HERRERA del sistema de salud mientras persista su condición médica y su necesidad urgente de tratamiento.

3. Que se ordene la continuación inmediata del tratamiento integral de salud, incluyendo consultas médicas, medicamentos, exámenes, procedimientos y todo lo necesario según prescripciones médicas.

4. Ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud para que realice las gestiones pertinentes y tomen medicas c orrespondientes a fin de que le garanticen la seguridad social a mi hija» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Se exponen como hechos relevantes de la acción de tutela, los siguientes:

1. La hija de la señora Marlith Almeyda Sánchez, esto es, la señorita Isabel Sofía Herrera, se encontraba afiliada en calidad de beneficiaria al plan de salud de ECOPETROL S.A. en virtud de la vinculación laboral de su padre , el señor Jorge Humberto Herrera Montoya, por cuanto cumplía con los requisitos establecidos en la Convención Colectiva del Trabajo de la accionada, valga decir, era hija soltera mayor de 18 años, menor de 25 años, dependiente de sus padres y estaba matriculada en la universidad.

1. Sin embargo, dado su diagnóstico psiquiátrico de TDHA y el deterioro que presentó durante los últimos meses del año 2024, su médico tratante en el mes de noviembre de 2025 le recomendó que no estudiara durante el primer semestre de 2025, motivo por el cual los padres no la matricularon en la

que presentó durante los últimos meses del año 2024, su médico tratante en el mes de noviembre de 2025 le recomendó que no estudiara durante el primer semestre de 2025, motivo por el cual los padres no la matricularon en la universidad para ese periodo.

1. La situación antes descrita fue puesta en conocimiento de ECOPETROL S.A., sin embargo, el 30 de marzo de 2025 la entidad retiró del plan de salud a señorita Isabel Sofía Herrera Almeyda con fundamento en que no cumplía con el requisito de estar matriculada en la universidad; como consecuencia de esto, se procedió a matricular en algunos cursos a la joven ; no obstante, la accionada manifestó que no era suficiente la intensidad horaria matriculada.

1. La desvinculación del plan de salud de la señorita Isabel Sofía Herrera Almeyda es injustificada y vulneradora de su derecho a la salud, en la medida que sus tratamientos han sido interrumpidos y no está recibiendo la medicación que requiere, lo cual pone en riesgo su salud.

1.2 Intervenciones:Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

Demandante: Marlith Almeyda Sánchez

Demandado: ECOPETROL S.A.

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1.2.1. Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL SA2

La entidad allegó respuesta al trámite de tutela en la que solicit ó se negara y se declarara la improcedencia de la acción constitucional con fundamento en los siguientes argumentos:

La entidad allegó respuesta al trámite de tutela en la que solicit ó se negara y se declarara la improcedencia de la acción constitucional con fundamento en los siguientes argumentos:

1. La agente oficiosa no allega poder u otro documento con el cual acredite que tiene la facultad de actuar en representación de la Isabel Sofía Herrera Almeyda, motivo por el cual no tiene legitimación en la causa por activa para actuar en el particular.

1. ECOPETROL SA carece de competencia para ratificar a los beneficiarios del trabajador activo , toda vez que dicho trámite recae únicamente en la responsabilidad del trabajador activo, conforme lo dispone la Convención Colectiva del Trabajo y sus correspondientes guías de aplicación ; en ese sentido, es el mentado servidor, quien debe solicitar la respectiva ratificación.

Para el caso concreto, el se ñor Jorge Humberto Herrera no gestionó la ratificación de su hija y no adelantó el trámite para solicitar el concepto médico, pese a que se concedieron cuatro meses adicionales de vinculación de al plan de salud.

1. En consecuencia de lo anterior, en e l caso concreto concurren dos situaciones: 1) se evidencia una ausencia del requisito de subsidiariedad, por cuanto la accionante nunca elevó petición ante ECOPETROL SA en la cual solicitara la ratificación, reinscripción o concepto médico de su hija y b) el hecho presuntamente vulnera el derecho a la salud tiene su origen en la propia culpa del accionante, pues fue su omisión en efectuar el trámite de ratificación el que condujo a la desvinculación del plan de salud de la señorita Isabel Sofía Herrera en calidad de beneficiaria. iv) Finalmente, se resalta que los requisitos para acceder en calidad de

el que condujo a la desvinculación del plan de salud de la señorita Isabel Sofía Herrera en calidad de beneficiaria. iv) Finalmente, se resalta que los requisitos para acceder en calidad de beneficiario de los servicios de salud de la entidad se encuentran en la Guía para la Administración de Familiares GTH-G-129, dentro de estos se establece que al cumplimiento de los dieciocho años del beneficiario, el titular debe actualizar ante ECOPETROL SA el documento de identidad para ello debe allegar su copia o la de la contraseña, diligenciar y adjuntar el formulario de ratificación del trabajador y allegar el recibo de pago de matrícula del periodo académico a cursar; los cuales no fueron allegados por la accionante para la ratificación. 1.3. La sentencia impugnada3

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante sentencia del 15 de mayo de 2025, resolvió:

«PRIMERO: DENEGAR el amparo de constitucional pretendido por la accionante Isabel Sofía Herrera Almeyda a través de agente oficioso, conforme lo indicado en la parte motiva de esta providencia […]».

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 3 índice SAMAI, archivo 4. 3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 34 índice SAMAI.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

Demandante: Marlith Almeyda Sánchez

Demandado: ECOPETROL S.A.

Radicado: 680813333001-2025-00064-01

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Radicado: 680813333001-2025-00064-01

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Para tal efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La accionante no acreditó la concurrencia de los supuestos previstos en la Convención Colectiva del Trabajo de ECOPETROL S.A. y la Guía para la Administración de Novedades de Familiares GTH-G-129, necesarios para la cobertura en salud de los hijos de los trabajadores mayores de años, esto es, el formulario de inscripción de familiares debidamente diligenciado por la persona trabajadora y la constancia de estudio donde indique se encuentra matriculado estudios de educación formal.

1. En lo que atañe a la condición de salud de la señorita Isabel Sofía Herrera Almeyda, una vez revisada la historia clínica aportada no se encuentra dentro del material documental la recomendación médica respecto a la necesidad de suspensión o aplazamiento de los estudios universitarios para el primer semestre de 2025, e incluso, en anotación del médico psiquiatra efectuada el 17 de febrero de 2025 se consignó que la paciente tuvo una «evolución favorable»; en consecuencia, no se acreditó la existencia de una causal que justificara la intervención del juez constitucional.

1. Finalmente, se observa que frente los cuatro requerimientos realizados por parte de los padres de la joven Isabel Sofía Herrera Almeyda a la empresa, se les informó que era necesario aportar el concepto médico y/o la constancia de estudios con la intensidad horaria requerida, para ratificar a la referida joven

por parte de los padres de la joven Isabel Sofía Herrera Almeyda a la empresa, se les informó que era necesario aportar el concepto médico y/o la constancia de estudios con la intensidad horaria requerida, para ratificar a la referida joven como beneficiaria del plan de salud.

1.4. Impugnación

1.4.1. Marlith Almeyda Sánchez como agente oficioso d e la joven Isabel Sofía Herrera Almeyda4

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:

1. El a quo incurrió en un error al afirmar que no existe una recomendación médica en la que se indique a la paciente que debía aplazar los estudios universitarios, toda vez que la recomendación sí reposa en la historia clínica del 11 de diciembre de 2024 y está suscrita por el médico ps iquiatra tratante de la señorita Isabel Sofía Herrera Almeyda, conforme se aporta al proceso.

1. En ese sentido, no es razonable ni proporcional condicionar la afiliación de Isabel Sofía Herrera Almeyda al plan de salud en calidad de beneficiaria a adelantar el proceso de matrícula en los estudios de educación superior cuando se presenta una imposibil idad derivada de su estado de salud, debidamente soportada por su médico tratante.

1. En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia debe ser revocada y, en su lugar, se debe tutelar los derechos a la salud y a la seguridad social de la señorita Isabel Sofía Herrera Almeyda.

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 34 índice SAMAI.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

Demandante: Marlith Almeyda Sánchez

social de la señorita Isabel Sofía Herrera Almeyda.

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 34 índice SAMAI.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

Demandante: Marlith Almeyda Sánchez

Demandado: ECOPETROL S.A.

Radicado: 680813333001-2025-00064-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Por la naturaleza del asunto, esta Sala de Decisión, es competente para conocer de la impugnación del fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, conforme a lo consagrado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. El problema jurídico

En consonancia con los motivos de la impugnación, el problema jurídico se contrae en establecer si ECOPETROL S.A. vulneró los derechos a la salud y la seguridad social de Isabel Sofía Herrera Almeyda al desvincularla de los servicios del plan de salud de la empresa , dado que en su condición de hija mayor de dieciocho años no cumplía los requisitos para ser beneficiara , conforme a lo regulado por la Convención Colectiva del Trabajo de ECOPETROL S.A.

2.3. De la acción de tutela

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales que regulan la acción de tutela, esta puede ejercerse con el objeto de reclamar ante la jurisdicción, a través de un procedimiento preferente y sumario, la p rotección

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales que regulan la acción de tutela, esta puede ejercerse con el objeto de reclamar ante la jurisdicción, a través de un procedimiento preferente y sumario, la p rotección inmediata de los derechos fundamentales cuando se vean amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

La acción de tutela tiene su origen en el artículo 86 de la constitución política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria, esto es, que no suple a los mecanismos judiciales ordinarios, sino que entra a operar ante la inexistencia de estos o cuando pese a existir no se tornan en el medio eficaz para la defensa de sus derechos fundamentales.

Por ende, cuando el interesado tiene la oportunidad de acceder a la administración de justicia haciendo uso de los instrumentos constitucional y legalmente establecidos acorde con las competencias y procedimientos para obtener la protección de sus derechos fundamentales y no lo hace, no resulta válido instaurar la acción de tutela, salvo que se promueva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.5

2.3.1. Derecho a la salud y su relevancia constitucional tratándose de las personas que presentan afectaciones a su salud mental , como sujetos de especial protección

5 El perjuicio irremediable debe reunir las características de urgencia, gravedad, inminencia e impostergabilidad. Ver sentencia T-953 de 2013.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

Demandante: Marlith Almeyda Sánchez

Demandado: ECOPETROL S.A.

Radicado: 680813333001-2025-00064-01

Sentencia de segunda instancia

Demandante: Marlith Almeyda Sánchez

Demandado: ECOPETROL S.A.

Radicado: 680813333001-2025-00064-01

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El artículo 49 de la Constitución Política reconoce la obligación por parte del Estado de garantizar a todas las personas la atención en salud que requieren y para el efecto, dispone:

«Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad […]».

En virtud de dicha disposición, la Corte Constitucional6 ha definido el derecho a la salud como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser.

En armonía con lo anterior, esa Corporación 7 ha reconocido la doble connotación del derecho a la salud , como derecho fundamental autónomo e irrenunciable y como servicio público esencial obligatorio ; en cuanto a lo primero, advirtió que la prestación debe ser oportuna, eficiente y debe prestarse conforme a los principios de continuidad, integralidad e igualdad.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, expuso lo siguiente:

primero, advirtió que la prestación debe ser oportuna, eficiente y debe prestarse conforme a los principios de continuidad, integralidad e igualdad.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, expuso lo siguiente:

«[…] 70. La jurisprudencia constitucional ha reconocido la doble connotación que subyace a la salud como derecho fundamental autónomo e irrenunciable y como se rvicio público esencial obligatorio. En cuanto a lo primero, ha advertido que su prestación debe ser oportuna, eficiente y con calidad, de conformidad con los principios de continuidad, integralidad e igualdad. En cuanto a lo segundo, que debe atender a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política.

71.En desarrollo de estas disposiciones, la Corte Constitucional ha reiterado el carácter fundamental, autónomo e i rrenunciable del derecho a la salud, que protege múltiples ámbitos de la vida humana. Esta postura fue incorporada en la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, que reguló la naturaleza y el contenido del derecho a la salud. El ámbito de protección de esta ley comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, en aras de la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. Todo ello, bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado […]».

Ahora bien, en lo relacionado con la salud mental, el artículo 3 y 4 de la Ley 616 de 2013,8 establecen el concepto de este derecho y su garantía por parte del Estado. Al respecto de los puntos referidos, dispone la norma en su tenor literal:

Ahora bien, en lo relacionado con la salud mental, el artículo 3 y 4 de la Ley 616 de 2013,8 establecen el concepto de este derecho y su garantía por parte del Estado. Al respecto de los puntos referidos, dispone la norma en su tenor literal:

6 Corte Constitucional, referencia: Expediente T -7.996.696, acción de tutela, accionante: Giovanny Ardila Jaramillo, accionado: Programa de Salud de la Universidad de Antioquia y de la Secretaría de Salud de Medellín y otros , magistrado ponente: Paola Andrea Men eses Mosquera, sentencia del 30 de agosto de 2021. 7 Ibidem. 8 «Por medio de la cual se expide la Ley de salud mental y se dictan otras disposiciones»Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

Demandante: Marlith Almeyda Sánchez

Demandado: ECOPETROL S.A.

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«ARTÍCULO 3°. SALUD MENTAL. La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. La Salud Mental es de interés y prioridad n acional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés

significativas y para contribuir a la comunidad. La Salud Mental es de interés y prioridad n acional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas.

ARTÍCULO 4°. GARANT ÍA EN SALUD MENTAL. El Estado a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud garantizará a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, la promoción de la salud mental y prevención del trastorno ment al, atención integral e integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales […]».

En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 9 ha establecido que las personas que presentan afectaciones a su salud mental son sujetos de especial protección constitucional, en virtud de las implicaciones que tienen frente a la posibilidad de tomar decisiones , de interactuar con otros y en tanto implica serios padecimientos para dichos pacientes y sus familias; en ese sentido, demandan una mayor atención de su entorno familiar, de la sociedad en general y de quienes prestan atención en salud.

Sobre el particular, esa Corporación, señaló:

«Respecto de las p ersonas que sufren afectaciones a su salud mental, la Corte ha indicado que, por las implicaciones que tienen frente a la posibilidad de tomar decisiones, de interactuar con otros, y en tanto implican serios padecimientos para ellos y sus familias, son suj etos de especial protección constitucional y merecen mayor atención por parte de la sociedad en general,

de tomar decisiones, de interactuar con otros, y en tanto implican serios padecimientos para ellos y sus familias, son suj etos de especial protección constitucional y merecen mayor atención por parte de la sociedad en general, especialmente de sus familiares y de los sectores encargados de suministrar atención en salud. Generando entonces en cabeza de la familia y la sociedad en general, el deber de propugnar una recuperación en caso de ser posible, o entablar los mecanismos posibles para que lleven una vida en condiciones dignas […]» (Subrayado de la Sala)

En armonía con lo señalado, reitera la Corte Constitucional10 la existencia de la garantía especial con la cual cuentan las personas con afectaciones en la salud mental, de la siguiente forma:

«80. Acerca del alcance de los derechos y las obligaciones concernientes al derecho a la salud mental, la Corte Constitucional ha acogido la Observación General No 14 del Comité del PIDESC, que acuñó el concepto

9 Corte Constitucional sentencia T 949 de 2013, referencia: expedientes: T -4055398 y T4064844, acción de tutela, accionante: Clara Leticia González de Rojas, accionad o: Sanitas EPS y otros, magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva, sentencia del 19 de diciembre de 2013; sentencia T 291 de 2021 , referencia: Expediente T -7.996.696, acción de tutela, accionante: Giovanny Ardila Jaramillo, accionado: Programa de Salud de la Universidad de Antioquia y de la Secretaría de Salud de Medellín y otros, magistrado ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera, sentencia del 30 de agosto de 2021; sentencia T 010 de 2016, referencia:

Antioquia y de la Secretaría de Salud de Medellín y otros, magistrado ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera, sentencia del 30 de agosto de 2021; sentencia T 010 de 2016, referencia: expediente T -5176600, acción de tutela, demandante: Luis Antonio Zapata del Rio, demandados: Savia Salud ESP-S, magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva, sentencia del 22 de enero de 2016. 10 Ibidem 6Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

Demandante: Marlith Almeyda Sánchez

Demandado: ECOPETROL S.A.

Radicado: 680813333001-2025-00064-01

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del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, atendidas las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona, como los recursos con que cuenta el Estado.

81.La Ley 1616 de 2013, garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, mediante la promoción de la salud, la prevención del trastorno mental y la atención i ntegral e integrada en salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con lo establecido por el artículo 49 de la Constitución Política […]».

En ese orden de ideas, se logra concluir que el derecho a la salud mental debe ser garantizado por el Estado , especialmente, por cuanto las personas que presentan algún tipo de afectación mental son sujetos de especial protección constitucional, dada la complejidad de su condic ión frente a la toma de

ser garantizado por el Estado , especialmente, por cuanto las personas que presentan algún tipo de afectación mental son sujetos de especial protección constitucional, dada la complejidad de su condic ión frente a la toma de decisiones, a la interacción con otros y en virtud de los padecimientos que esta condición representa para sus familias.

2.3.2. Sobre los requisitos para ser beneficiario del plan de salud en el Régimen excepcional de Salud de ECOPETROL S.A

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993,11 la empresa de petróleos, ECOPETROL S.A pertenece a un régimen excepcional del Sistema Integral de Seguridad Social, aplicable únicamente a sus empleados y familiares beneficiarios. La norma es del siguiente tenor literal:

Artículo 279. Excepciones […] Igualmente, el presente régimen de Seguridad Social, no se aplica a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la presente Ley, ingresen a la Empresa Colombiana de PetróleosEcopetrol, por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de Seguridad Social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol [...]».

Por su parte, el artículo 1 del Decreto 807 de 199412 dispuso que los servidores públicos y los pensionados de ECOPETROL S.A continuarían rigiéndose por el Sistema de Seguridad Social que se les venía aplicando y que corresponde al

Por su parte, el artículo 1 del Decreto 807 de 199412 dispuso que los servidores públicos y los pensionados de ECOPETROL S.A continuarían rigiéndose por el Sistema de Seguridad Social que se les venía aplicando y que corresponde al marco normativo conformado por la Convención Colectiva de Trabajo, el Acuerdo 01 de 197 7 expedido por la junta directiva y las demás normas internas expedidas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. . A su turno, la Corte Constitucional 13 dispuso que a ECOPETROL S .A le es aplicable un régimen especial en salud que se sustenta en la Convención Colectiva del Trabajo y cuya finalidad es ofrecer un nivel igual o superior en materia de salud a: i) los trabajadores de la empresa; ii) los pensionados y; iii) los miembros del núcleo familiar certificados con esa calidad.

11 «Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones». 12 «Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 279 de la Ley 100 de 1993». 13 Corte Constitucional, referencia: expediente T -5.513.213, acción de tutela , demandante: Fredy Pulecio Pérez , demandado: ECOPETROL SA., magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio, sentencia del 6 de julio de 2016.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

Demandante: Marlith Almeyda Sánchez

Demandado: ECOPETROL S.A.

Radicado: 680813333001-2025-00064-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Radicado: 680813333001-2025-00064-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Sobre el particular, esa Corporación, señaló:

«De conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el Sistema Integral de Seguridad Social contenido en dicha Ley no es aplicable a q uienes trabajan en la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A., o en su defecto a quienes se pensionan de la misma […]

Toda vez que esta excepción busca ofrecer un nivel igual o superior de protección en materia de salud a los trabajadores de la empresa, los pensionados y los miembros de su núcleo familiar que certifiquen tener dicha calidad, se considera que no se trata de un régimen discriminatorio. En concreto, la Convención Colectiva 2014 -2018 de Ecopetrol establece que estas personas se regirán por el régimen en salud y seguridad social contenido en él. El artículo 35 de dicha convención establece:

Artículo 35. - La Empresa mantendrá, en el mejor estado de salud posible, al trabajador(a) y sus familiares debidamente inscritos, para lo cual prestará directamente y en forma integral los servicios médicos, paramédicos, odontológicos, de rehabilitación, hospitalarios, medicina alternativa y auxiliares, incluyendo las enfermedades huérfanas y raras a través de profesionales idóneo s y mediante procedimientos científicamente inobjetables.

Ecopetrol S.A. en virtud de lo consagrado en el art