TA SAN - Sentencia 680813333001-2025-00174-01 (21-11-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA–

SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia de segunda instancia

Medio de control Acción de tutela Radicado 680813333001-2025-00174-01

Enlace https: //samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/ Casos/list_procesos.aspx?guid=6808133330

01202500174016800123 Accionante Luis Eduardo Solano Gallego luis-solano@hotmail.com Accionado Unidad Nacional de Protección (UNP) notificacionesjudiciales@unp.gov.co Vinculados ̶ Defensoría del Pueblo – Regional Magdalena Medio magdalenamedio@defensoria.gov.co defensoria.publica.barranca@gmail.com juridica@defensoria.gov.co

̶ Nación - Ministerio del Interior notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

̶ Nación – Presidencia de la República de Colombia notificacionesjudiciales@presi dencia.gov.co estebansalazar@presidencia.gov.co Ministerio público Jhon Carlos García Perea jcgarcia@procuraduria.gov.co Sentencia núm. 087 Tema La Sala revoca la sentencia de primera instancia y concede el amparo de los derechos fundamentales a la vida, la integridad, la seguridad personal y el debido proceso del señor Luis Eduardo Solano Gallego, al verificar que la Unidad Nacional de Protección

instancia y concede el amparo de los derechos fundamentales a la vida, la integridad, la seguridad personal y el debido proceso del señor Luis Eduardo Solano Gallego, al verificar que la Unidad Nacional de Protección no aplicó de manera integral la metodología de calificación del riesgo ni valoró adecuadamente el contexto, las amenazas documentadas y la situación particular del accionante. Magistrada ponente Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que impidan un pronunciamiento de fondo, la Sala 1 decide la impugnación 2 interpuesta por el señor Luis Eduardo Solano Gallego

1 Con fundamento en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es competente para conocer la impugnación de las sentencias de tutela que en primera instancia dictan los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial. 2 La impugnación fue repartida y asignada al despacho ponente el 16 de octubre de 2025.Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Accionado: Unidad Nacional de Protección Radicado: 680813333001-2025-00174-01

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contra el fallo del 10 de octubre de 2025, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. Trámite

La solicitud de tutela, radicada el 26 de septiembre de 2025 3, se asignó por reparto al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja 4, que al día hábil siguiente la admitió 5. Ordenó correr traslado de la demanda y sus anexos y

Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja 4, que al día hábil siguiente la admitió 5. Ordenó correr traslado de la demanda y sus anexos y vinculó de oficio a la Defensoría del Pueblo – Regional Magdalena Medio, al Ministerio del Interior y a la Presidencia de la República de Colombia.

1.2. Posición de la parte accionante

El señor Luis Eduardo Solano Gallego promovió acción de tutela 6 contra la Unidad Nacional de Protección, en adelante UNP, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad, la seguridad personal y el debido proceso, que, a su juicio, fueron vulnerado s por dicha entidad al expedir la Resolución 3607 del 14 de abril de 2025, que negó su solicitud de medidas de protección al tener un nivel de riesgo ordinario.

En consecuencia, solicitó al juez constitucional ordenar lo siguiente:

1. Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, ruego respetuosamente se sirva tutelar mis derechos fundamentales a la Vida, integridad, seguridad personal y debido proceso, además de velar que se acate el precedente judicial, establecido en la Sentencia SU546 -23 de la H. Corte Constitucional, en virtud de evitar la consumación de un daño irreparable y de garantizar el ejercicio de mis actividades, debido a la situación de gravedad, urgencia y riesgo que me encuentro viviendo, la cual también alcanza o se extiende a mi núcleo familiar.

2. Se ORDENE al Estado Colombiano, a través de la Unidad Nacional de Protección

(UNP), adoptar a favor del suscri to, sin dilación alguna, medidas especiales de

familiar.

2. Se ORDENE al Estado Colombiano, a través de la Unidad Nacional de Protección

(UNP), adoptar a favor del suscri to, sin dilación alguna, medidas especiales de prevención y protección, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 2.4.1.2.10. y 2.4.1.2.11. del Decreto 1066 de 2015, y demás normas concordantes, tales como: un esquema de protección consistente en dos (02) escoltas y un vehículo con los suministros necesarios para mis desplazamientos, en el ejercicio de mi rol como líder social, ambiental y defensor de derechos humanos, acorde con la normativa vigente. […]

3. Dar aplicación al artículo 19 y 20 del decreto 2591 de 1991, es decir, tener por cierto los hechos y se entre a resolver de plano la presente acción de tutela, en el evento de que la entidad accionada no rinda la información solicitada dentro del plazo correspondiente o no conteste la presente acción constitucional.

4. Las demás que estime conveniente y necesaria este honorable despacho en garantía de mis derechos. “Lo Ultra y Extra Petita”.

3 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 001 Samai, enlace en la plataforma, archivo denominado 2RadicacionYRe_004correoreparto2025(.pdf). 4 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 001 Samai, enlace en la plataforma, archivo denominado 3RadicacionYRe_003ActaIndividualRep(.pdf). 5 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 004 Samai, enlace en la plataforma, archivo denominado 11AutoAdmite_005AutoAdmiteT202509(.pdf).

3RadicacionYRe_003ActaIndividualRep(.pdf). 5 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 004 Samai, enlace en la plataforma, archivo denominado 11AutoAdmite_005AutoAdmiteT202509(.pdf). 6 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 001 Samai, enlace en la plataforma, archivo denominado 4RadicacionYRe_001DemandaConAnexos4(.pdf).Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

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Para sustentar lo anterior , manifestó que es abogado de profesión y líder social independiente del Distrito de Barrancabermeja, reconocimiento que, según indicó, ha sido acreditado por la Personería de Barrancabermeja y por distintas organizaciones comunitarias, sociales, ambientales e indígenas.

Afirmó que, en desarrollo de esa labor, adelanta campañas solidarias en favor de población vulnerable, presenta gratuitamente derechos de petición y acciones de tutela para la defensa de sujetos de especial protección constitucional, ejerce veeduría y vigilancia de la gestión pública de la Alcaldía de Barrancabermeja y ha radicado quejas y denuncias ante la Fiscalía y entes de control por presuntos actos de corrupción, afectaciones al medio ambiente, violaciones a los derechos humanos, incremento de homicidios y otras conductas contrarias a la mo ralidad administrativa . Se centra en la defensa del interés general y de los recursos públicos. Agregó que su liderazgo se proyecta también en el ámbito electoral, en tanto obtuvo 802 votos en las elecciones

homicidios y otras conductas contrarias a la mo ralidad administrativa . Se centra en la defensa del interés general y de los recursos públicos. Agregó que su liderazgo se proyecta también en el ámbito electoral, en tanto obtuvo 802 votos en las elecciones territoriales de 2019 y más de 600 votos en las de 2023, lo que, a su juicio, evidencia el respaldo ciudadano a su trabajo social.

Relató que su núcleo familiar está integrado por su esposa y su hija menor de edad, quienes igualmente se han visto afectadas por el contexto de amenazas y riesgo. Afirmó que, como consecuencia directa de sus actividades de denuncia y control ciudadano, ha recibido cinco amenazas de muerte provenientes de distintos grupos armados ilegales que operan en la región, las cuales fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía y dieron lugar a noticias criminales e indagaciones penales. Sostuvo que tales amenazas se encuentran vinculadas con procesos disciplinarios, penales y fiscales abiertos contra autoridades locales, dentro de los que destacó un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República por sobrecostos en la adquisición de mercados durante la pandemia de la Covid-19.

Indicó que, por causa de la primera amenaza, ocurrida en 2020, él, su esposa y su hija fueron víctimas de desplazamiento forz ado y posteriormente incluidos en el Registro Único de Víctimas. Esta circunstancia, en su criterio, lo ubica como sujeto de especial protección constitucional. Explicó que, pese a este panorama, la UNP adelantó en 2021 un estudio de riesgo que concluyó qu e su nivel era ordinario, situación que lo dejó sin

protección constitucional. Explicó que, pese a este panorama, la UNP adelantó en 2021 un estudio de riesgo que concluyó qu e su nivel era ordinario, situación que lo dejó sin medidas materiales de protección, lo obligó a guardar silencio por un tiempo, a restringir su presencia en las comunidades y a disminuir los impulsos procesales de las acciones que había promovido en defensa del interés general.

Señaló que en los años 2023 y 2024 continuó formulando quejas y denuncias por presuntas irregularidades administrativas y hechos de corrupción en el Distrito de Barrancabermeja, lo que coincidió con la recepción de cuatro nuevas a menazas de muerte que calificó como continuas y progresivas. Informó que Barrancabermeja es actualmente uno de los territorios más afectados por la violencia en el departamento deAccionante: Luis Eduardo Solano Gallego

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Santander, con un incremento significativo de homicidios, y que diferentes i nformes de la Defensoría del Pueblo, organizaciones no gubernamentales e instancias internacionales han advertido sobre el alto riesgo que enfrentan los líderes sociales en Colombia.

Adujo que, en razón de la persistencia de las amenazas, en diciembre de 2024 elevó una nueva solicitud urgente de protección ante la UNP, la cual fue resuelta desfavorablemente mediante la Resolución 3607 del 14 de abril de 2025, en la que se validó nuevamente un nivel de riesgo ordinario, sin tener en cuenta su condición de líder social, de víctima del conflicto armado, las exhortaciones de la Defensoría del Pueblo ni

validó nuevamente un nivel de riesgo ordinario, sin tener en cuenta su condición de líder social, de víctima del conflicto armado, las exhortaciones de la Defensoría del Pueblo ni las manifestaciones de su esposa y de su hermano sobre seguimientos y hechos intimidatorios. Señaló que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelació n, el cual fue resuelto en el sentido de no modificar la decisión y rechazar la apelación por improcedente, con lo que se agotó la vía gubernativa.

Finalmente, sostuvo que la situación descrita ha afectado de manera profunda su vida personal, familiar y laboral, al punto de obligarlo a trabajar casi exclusivamente de forma virtual, limitar sus desplazamientos, abstenerse de participar abiertamente en espacios comunitarios y de activar mecanismos judiciales frente a nuevos hechos de presunta corrupción por temor a ser asesinado. Narró que incluso personas cercanas se han apartado de su círculo social luego de recibir advertencias por relacionarse con él, y que conoce de otros líderes sociales de Barrancabermeja que, en escenarios semejantes, se han visto forzados a salir del país y solicitar asilo político por falta de garantías para el ejercicio del liderazgo social.

1.3. Posición de la parte accionada

1.3.1. La Nación - Ministerio del Interior7 expuso que las pretensiones formuladas en la acción de tutela exceden el ámbito propio de sus competencias . Se orientan a la definición y asignación de medidas de protección individual que corresponden de manera exclusiva a la Unidad Nacional de Protección, a la cual fue trasladado, desde el 1 de noviembre de 2011, el Programa de Protección reglamentado en el Decreto 1066

definición y asignación de medidas de protección individual que corresponden de manera exclusiva a la Unidad Nacional de Protección, a la cual fue trasladado, desde el 1 de noviembre de 2011, el Programa de Protección reglamentado en el Decreto 1066 de 2015, en desarrollo de lo previsto en el artículo 23 del Decreto 4065 de 2011.

Recordó que, conforme al artículo 1 de este último decreto, la Unidad Nacional de Protección es un establecimiento público con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, razón por la cual detenta plena capacidad para conocer y decidir sobre los asuntos relacionados con la eva luación de riesgo y la adopción de esquemas de protección.

7 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 002 Samai, enlace en la plataforma, archivo denominado 6_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ID623365(.pdf).Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

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Indicó que el procedimiento para la adopción de medidas de protección, de acuerdo con el artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, se desarrolla a partir de la labor del Cuerpo Técnico de Rec opilación y Análisis de Información, que recopila y analiza los datos del caso, los remite al Grupo de Valoración Preliminar y este, a su vez, presenta al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas un estudio sobre el nivel de riesgo y un co ncepto acerca de las medidas idóneas. Añadió que el Comité

al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas un estudio sobre el nivel de riesgo y un co ncepto acerca de las medidas idóneas. Añadió que el Comité formula recomendaciones al director de la UNP, pero que la decisión definitiva sobre la adopción, modificación o negativa de las medidas corresponde exclusivamente a dicho director mediante acto ad ministrativo. Esta facultad se refuerza con lo previsto en el parágrafo del artículo 2.4.1.2.28 del mismo decreto, en cuanto permite la vinculación excepcional al Programa de Protección en casos de extrema gravedad y urgencia. Precisó, además, que si bien la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior integra el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, la secretaría técnica del CERREM se encuentra en cabeza de la UNP y que, de conformidad con el Decreto 1139 de 2021, la mesa técnica del CERREM de servidores y exservidores públicos también está a cargo de esa Unidad, la cual expide y notifica las resoluciones que contienen el resultado de la evaluación de riesgo y las medidas adoptadas, sujetas a reserva legal. Destacó que la Dirección de Derechos Humanos no implementa medidas de protección, no concerta hojas de ruta, no ejecuta medidas individuales, no actualiza ni reevalúa niveles de riesgo y no adopta medidas de emergencia, de manera que no exis te nexo de causalidad entre los hechos planteados en la tutela y la actuación de esa dependencia, motivo por el cual solicitó que se declare probada la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva y se reconozca la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales atribuible a dicha entidad.

dependencia, motivo por el cual solicitó que se declare probada la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva y se reconozca la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales atribuible a dicha entidad. 1.3.2. La Nación - Presidencia de la República 8 sostuvo que, a partir de los hechos planteados en la solicitud de amparo, no cuenta con competencia para evaluar o atender los reclamos formulados, en tanto que la entidad llamada a pronunciarse sobre solicitudes de protección y esquemas de seguridad es la Unidad Nacional de Protección, encargada de garantizar la seguridad de quienes se encuentran en situación de riesgo.

Afirmó que existe un medio de defensa judicial idóneo, en particular la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del CPACA, a través de la cual puede controvertirse la Resolución DGRP 003607 del 14 de abril de 2025, sin que se haya acreditado el uso de dicho mecanismo ni explicado por qué no resulta adecuado antes de acudir a la tutela.

8 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 005 Samai, enlace en la plataforma, archivo denominado 7_MemorialWeb_Respuesta-OFI2500192425_GFP(.pdf).Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Accionado: Unidad Nacional de Protección Radicado: 680813333001-2025-00174-01

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Añadió que en la narración fáctica no se atribuye a la Presidencia de la República una conducta concreta, ya sea por acción u omisión, que permita vincularla con la presunta afectación de los derechos invocados, de donde se desprende la inexistencia de

conducta concreta, ya sea por acción u omisión, que permita vincularla con la presunta afectación de los derechos invocados, de donde se desprende la inexistencia de vulneración imputable a esa entidad. Señaló que las reclamaciones formuladas no guardan relación con las funciones legales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y que, al revisar el marco competencial de dicho organismo, no se identifican facultades relacionadas con la creación, modificación o supresión de esquemas de seguridad individuales. Recalcó que la acción de tutela resulta imp rocedente, toda vez que no se demostró haber intentado previamente el control jurisdiccional contencioso administrativo frente al acto cuestionado, ni se justificó la necesidad de acudir de manera directa al amparo constitucional como mecanismo transitorio o para evitar un perjuicio irremediable. Concluyó que la ausencia de competencia material y de intervención efectiva en los hechos impide predicar que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República haya podido vulnerar los derechos funda mentales alegados. Con apoyo en esas consideraciones, solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, la declaración de improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de acción u omisión que le sea imputable y la negación de las pretensiones en lo que a ella respecta, dado que no puede intervenir en la asignación, modificación o retiro de esquemas de seguridad. 1.3.3. La Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Defensoría del PuebloRegional Magdalena Medio guardaron silencio, pese a encontrarse debidamente notificadas del trámite9.

1.3.3. La Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Defensoría del PuebloRegional Magdalena Medio guardaron silencio, pese a encontrarse debidamente notificadas del trámite9.

1.4. El fallo impugnado Mediante sentencia del 10 de octubre de 2025 10, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja concluyó que la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República carecen de competencia funcional para adoptar medidas d e protección individual. Precisó que, conforme al Decreto 4065 de 2011 y al Decreto 1066 de 2015, la UNP es la autoridad encargada de valorar el nivel de riesgo y definir, coordinar e implementar los esquemas orientados a salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal. En virtud de ello, determinó que las citadas

9 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 006 Samai, enlace en la plataforma, archivo denominado 13Notificacionpe_008ConstRecibNotifAu(.pdf). 10 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 007 Samai, enlace en la plataforma, archivo denominado 15Sentencia_Sentenciadeprimerain(.pdf).Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

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entidades no ostentaban legitimación en la causa por pasiva para responder por los hechos planteados. Superado ese análisis, el despacho examinó el requisi to de subsidiariedad y advirtió

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entidades no ostentaban legitimación en la causa por pasiva para responder por los hechos planteados. Superado ese análisis, el despacho examinó el requisi to de subsidiariedad y advirtió que, si bien el accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad de las resoluciones DGRP 003607 de 2025 y DGRP 008593, dicho mecanismo no ofrece una protecci ón inmediata frente a la eventual configuración de un perjuicio irremediable asociado a la seguridad personal, derecho fundamental estrechamente vinculado con la vida y la integridad física. Por ello, estimó acreditada la procedencia excepcional del amparo y procedió al estudio de fondo. Respecto del análisis material de las decisiones de la UNP, el juzgado señaló que, tras revisar las resoluciones cuestionadas, se evidencia que la entidad realizó un examen objetivo y riguroso de la situación expuesta, sus tentándose en los parámetros normativos del Decreto 1066 de 2015. Destacó que la UNP valoró de manera integral la información aportada, la condición de liderazgo social del solicitante y las amenazas denunciadas, sin que se evidenciara arbitrariedad, omisión probatoria o deficiencias en la motivación técnica y jurídica. El despacho advirtió que los hechos referidos por el accionante, tales como panfletos y comunicaciones atribuidas a grupos armados ilegales como Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo y ELN, corresponden en su mayoría a period os anteriores y fueron ponderados dentro del trámite administrativo. Señaló que no se allegaron hechos nuevos o circunstancias adicionales que permitieran

Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo y ELN, corresponden en su mayoría a period os anteriores y fueron ponderados dentro del trámite administrativo. Señaló que no se allegaron hechos nuevos o circunstancias adicionales que permitieran inferir una variación sustancial en el nivel de riesgo previamente establecido por la UNP. Al contrastar estas circunstancias con los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional sobre la protección del derecho a la seguridad personal y los estándares de motivación exigidos en las decisiones de la autoridad técnica, el juzgado concluyó que la UNP identificó adecuadamente el nivel de riesgo, valoró de manera coherente el acervo probatorio y respetó el debido proceso administrativo. En ese sentido, consideró que la calificación del riesgo como ordinario no desconoció derechos fundamentale s ni reveló una deficiente apreciación fáctica o probatoria. En consecuencia, al no encontrarse acreditada la existencia de un riesgo extraordinario que justificara la adopción de medidas especiales de protección por parte del Estado, ni evidenciar vulner ación a los derechos invocados, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja negó el amparo solicitado. 1.5. La impugnaciónAccionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Accionado: Unidad Nacional de Protección Radicado: 680813333001-2025-00174-01

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El señor Luis Eduardo Solano Gallego11 impugnó la decisión de primera instancia para que sea revocada y, en su lugar, se concedan las pretensiones formuladas en la acción de tutela, al considerar que el fallo no se ajustó al precedente constitucional fijado, entre

que sea revocada y, en su lugar, se concedan las pretensiones formuladas en la acción de tutela, al considerar que el fallo no se ajustó al precedente constitucional fijado, entre otras, en las sentencias T -258 de 2025, SU -546 de 2023, T -473 de 2018 y T -335 de

2025. En especial en cuanto a las subreglas que desarrollan el deber de motivación en los procedimientos de valoración de riesgo adelantados por la UNP. Sostuvo que la providencia desconoció la relevancia constitucional del caso, así como la especial protección que la jurisprudencia reconoce a las personas que ejercen liderazgo social y defensa de derechos humanos.

Afirmó que el propio juzgado reconoció el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y legitimación, al admitir que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resulta ineficaz para conjurar un perjuicio irremediable frente al derecho a la seguridad personal y que su condición de líder social independiente fue acreditada. Cuestionó que la UNP guardara silencio en el trámite constitucional y señaló una contradicción entre la calificación de riesgo ordinario y las referencias contenidas en la Resolución DGRP 003607 de 14 de abril de 2025 sobre amenazas inminentes y presencia en la región de los grupos que las habrían proferido. Destacó que, de las cinco amenazas denunciadas, cuatro investigaciones penales se encuentran activas en etapa de indagación, por lo cual, mientras no se produzca archivo debidamente motivado, el riesgo debe presumirse cierto e inminente. Indicó que no existe soporte para afirmar que carece de liderazgo visible, dado que obran en el expediente certificaciones y elementos que dan cuenta de su trabajo social

debidamente motivado, el riesgo debe presumirse cierto e inminente. Indicó que no existe soporte para afirmar que carece de liderazgo visible, dado que obran en el expediente certificaciones y elementos que dan cuenta de su trabajo social y comunitario, del respaldo electoral obtenido en 2019 y 2023, del apoyo sindical en procesos judiciales, del acompañamiento a comunidades indígenas y de denuncias por presunta corrupción que han derivado en actuaciones disciplinarias y fiscales. Resaltó que las cinco amenazas de muerte recibidas entre 2020 y 2025 ocasionaron su desplazamiento forzado y el de su núcleo familiar, circunstancia acreditada con la inclusión en el Registro Único de Víctimas, lo que evidencia una afectación grave de sus derechos y del derecho a defender derechos. Finalmente, sostuvo que la UNP no otorgó el valor debido a las alertas tempranas, al contexto de violencia contra líderes sociales en el Magdalena Medio ni a la activación constante del aparato judicial frente a hechos graves de inseguridad y corrupción, lo cual revela una evaluación deficiente de su situación de riesgo. A partir de la Sentencia T-335 de 2025 reiteró que la entidad estaba obligada a realizar un examen integral e individualizado de los factores de riesgo, precisar la ponderación aplicada, adoptar medidas idóneas y eficaces y aplicar el enfoque diferencial propio de las personas que

11 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 00 11 Samai, enlace en la plataforma, archivo denominado 29_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEIMPUGNACI(.pdf).Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Accionado: Unidad Nacional de Protección

29_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEIMPUGNACI(.pdf).Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Accionado: Unidad Nacional de Protección Radicado: 680813333001-2025-00174-01

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integran la población líder y defensora de derechos humanos . Estos estándares, a su juicio, no fueron observados ni por la UNP ni por el juzgado de primera instancia.

2. Consideraciones

2.1. Procedibilidad de la acción de tutela

De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, en el Decreto 2591 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela son: (i) la legitimación en la causa, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. La verificación del cumplimiento de estos presupuestos constituye una condición necesaria para que el juez de tutela pueda emitir un pronunciamiento de fondo. En consecu encia, la Sala examinará su configuración y, de encontrarse acreditados, planteará el problema jurídico y desarrollará las consideraciones pertinentes para la resolución del caso.

2.1.1. Sobre la legitimación en la causa

2.1.1.1. Legitimación en la causa por activa. En el caso concreto, el señor Luis Eduardo Solano Gallego actúa en nombre propio y alega la afectación directa de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad, la seguridad personal y el debido proceso con ocasió n de las decisiones adoptadas por la UNP, razón por la cual se encuentra legitimado en la causa por activa para promover la presente acción de tutela.

derechos fundamentales a la vida, la integridad, la seguridad personal y el debido proceso con ocasió n de las decisiones adoptadas por la UNP, razón por la cual se encuentra legitimado en la causa por activa para promover la presente acción de tutela.

2.1.1.2. Legitimación en la causa por pasiva. En lo relativo a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala advierte que la única entidad que ostenta competencia para valorar el nivel de riesgo, emitir las resoluciones cuestionadas y decidir sobre la procedencia de medidas de protección es la UNP, de conformidad con el marco normativo que regula el Programa de Protección.

En consecuencia, la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República carecen de atribuciones para adoptar decisiones en esta materia, tal como lo reconoció el juez de primera instancia al verificar su falta de competencia funcional. Sin embargo, dado que en esa sede no se dispuso su desvinculación expresa, corresponde ahora a esta instancia hacerlo, en la medida en que nin guna de dichas entidades puede ser llamada a responder por actuaciones que no le son imputables, de modo que la UNP se erige como la única legitimada en la causa por pasiva para responder por los hechos y omisiones que dieron origen al presente trámite co