TA SAN - Sentencia 6808133330012022-00008-01 (23-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, octubre veintitrés (23) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Expediente No. 68081 3333 001 2022-00008-01

Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del derecho

Demandante: ADMINISTRADORA DE PENSIONES

COLPENSIONES

Correo Electrónico: mrojas@estudiolegal.com.co

notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co paniaguasincelejo@gmail.com

Demandado: ANA MARÍA RUEDA DE LIZARAZO

Correo electrónico: lalijava@hotmail.co

fatoca25@hotmail.com

Ministerio Público JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

Tema: Lesividad pensional

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja, el día 29 de junio de 2023, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, previo los siguientes antecedentes.

De la Demanda

Pretensiones:

En síntesis, con la demanda se pretende la nulidad del acto propio contenido en la Resolución GNR 280842 del 29 de octubre de 2013, por medio de la cual Colpensiones reconoció una pensión de vejez a favor de la señora ANA MARÍA

Resolución GNR 280842 del 29 de octubre de 2013, por medio de la cual Colpensiones reconoció una pensión de vejez a favor de la señora ANA MARÍA RUEDA DE LIZARAZO, en cuantía inicial de $581.984, con efectividad a partir del 01 de octubre de 2010, bajo los parámetros del decreto 758 de 1990, así como de la Resolución SUB No 128505 de fecha 15 de mayo de 2018, por medio de la cual Colpensiones, con ocasión del Auto de cierre No 2720 de fecha 11 de diciembre de 2017, proferido en el curso de la investigación administrativa especial No 248-2017, modificó la Resolución GNR No 280842 de fecha 29 de octubre de 2013, en el sentido de establecer que la señora RUEDA DE LIZARAZO ANA MARÍA, acreditó el derecho a pensión de Vejez de conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990, con un total de 782 semanas cotizadas.

Se solicita declarar nulo el reconocimiento pensional otorgado a la demandada,Sentencia de segunda instancia Expediente No. 68081 3333 001 2022-00008-01

2 conforme el fraude que arrojó la investigación para los tiempos cotizados entre el 01 y el 30 de abril de 1994, con los cuales conservaría el régimen de transición y podría pensionarse con el Decreto 758 de 1990.

A su vez, a título de restablecimiento del derecho, pide que se ordene a la demandada el reintegro de los valores cancelados por concepto de mesada pensional equivalentes a $20.231.035 a septiembre de 2019 y aquellas que se

A su vez, a título de restablecimiento del derecho, pide que se ordene a la demandada el reintegro de los valores cancelados por concepto de mesada pensional equivalentes a $20.231.035 a septiembre de 2019 y aquellas que se causen hasta que se emita esta sentencia. Igualmente, que se indexen con el IPC dichas sumas conforme el artículo 187 del CPACA y se condene en costas a la demandada.

Hechos.

La demandante, Ana María Rueda de Lizarazo, nacida el 19 de noviembre de 1954, actualmente de 64 años de edad, acreditó 5.453 días laborados, equivalentes a 779 semanas cotizadas. El 2 de febrero de 2012, solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue negada mediante Resolución GNR 444 del 8 de enero de 2013 por no cumplir el requisito de semanas. Posteriormente, presentó una nueva solicitud el 19 de noviembre de 2012, que fue nuevamente negada por la Resolución GNR 18446 d el 27 de febrero de 2013, notificada el 4 de marzo de 2013. Frente a esta decisión interpuso recurso de reposición y apelación el 13 de marzo de 2013, argumentando que tenía derecho al régimen de transición.

El recurso fue resuelto mediante la Resolución GNR 280842 del 29 de octubre de 2013, que revocó las decisiones anteriores y reconoció la pensión de vejez con cuantía inicial de $581.984, efectiva a partir del 1 de octubre de 2010, conforme al Decreto 758 de 1990.

Tiempo después, el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de Bucaramanga

cuantía inicial de $581.984, efectiva a partir del 1 de octubre de 2010, conforme al Decreto 758 de 1990.

Tiempo después, el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de Bucaramanga informó sobre posibles irregularidades en los cálculos actuariales vinculados al empleador Charry Narváez Ltda., lo que motivó el envío del caso a la Unidad Especializada de Investigaci ones Antifraude – Risk International S.A.S.. El 27 de junio de 2017, mediante Auto 398 del 22 de junio de 2017, se comunicó la apertura de investigación administrativa especial No. 248-17 contra la afiliada.

Durante la investigación, la señora Rueda de Lizarazo manifestó ser ajena a cualquier fraude, afirmando haber contratado al abogado Jorge Enrique Peinado para tramitar su pensión, quien le indicó que podía pagar cotizaciones omitidas del año 1994 para completar el tiempo requerido. Aseguró haber seguido instrucciones del extinto Seguro Social, realizando el pago en el Banco de Occidente, lo cual fueSentencia de segunda instancia Expediente No. 68081 3333 001 2022-00008-01

3 posteriormente validado por la entidad antes del reconocimiento pensional. Solicitó por tanto no revocar su pensión.

No obstante, mediante Resolución SUB 15874 del 18 de enero de 2018, Colpensiones negó su petición, continuando la verificación preliminar de posibles irregularidades. La Gerencia de Prevención del Fraude, tras la investigación No. 248-2017, concluyó que la pensión se había reconocido de forma indebida, pues se adicionaron semanas falsas correspondientes a una relación laboral inexistente con

irregularidades. La Gerencia de Prevención del Fraude, tras la investigación No. 248-2017, concluyó que la pensión se había reconocido de forma indebida, pues se adicionaron semanas falsas correspondientes a una relación laboral inexistente con Charry Narváez Ltda., lo que permitió acceder al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La entidad consideró que hubo fraude procesal y estafa agravada, con un detrimento patrimonial al erario.

Con base en ello, se expidió la Resolución SUB 128505 del 15 de mayo de 2018, que modificó parcialmente la decisión de 2013 y estableció que la actora solo acreditaba 782 semanas cotizadas, lo que no la habilitaba para pensionarse. Esta resolución fue notificada el 28 de mayo de 2018 y recurrida el 15 de junio de 2018. Posteriormente, mediante Resolución SUB 279662 del 25 de octubre de 2018, Colpensiones revocó totalmente la pensión de vejez reconocida mediante la Resolución GNR 280842 de 2013 y la modificatoria SUB 128505 de 2018.

A continuación, la entidad emitió la Resolución SUB 279900 del 26 de octubre de 2018, mediante la cual rechazó los recursos presentados y, mediante la Resolución SUB 280396 de esa misma fecha, ordenó el reintegro de $76.382.102 por concepto de mesadas, retroactivos y aportes en salud pagados entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de octubre de 2018.

La actora interpuso recurso de queja el 7 de noviembre de 2018, alegando que el error obedeció al hecho de un tercero (el abogado) y a la omisión de Colpensiones

y el 30 de octubre de 2018.

La actora interpuso recurso de queja el 7 de noviembre de 2018, alegando que el error obedeció al hecho de un tercero (el abogado) y a la omisión de Colpensiones al convalidar los pagos. Sin embargo, la entidad confirmó su decisión mediante Resolución SUB 2962 del 10 de enero de 2019, con fundamento en la Ley 1437 de 2011.

Posteriormente, el 5 de diciembre de 2018, presentó recurso de reposición y apelación contra las resoluciones SUB 279662 y SUB 280396, insistiendo en su inocencia y en la convalidación de los tiempos de 1994. La Resolución SUB 74549 del 26 de marzo de 2019 confirmó en todas sus partes la revocatoria y la orden de reintegro.

Adicionalmente, el 25 de enero de 2019, la demandante solicitó la revocatoria directa de las decisiones anteriores, la cual fue declarada improcedente medianteSentencia de segunda instancia Expediente No. 68081 3333 001 2022-00008-01

4 Resolución SUB 87560 del 11 de abril de 2019, manteniéndose en firme la revocatoria de su pensión y la obligación de devolver los dineros recibidos.

Contestación a la Demanda

La defensa de Ana María Rueda de Lizarazo se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que, conforme a lo dispuesto en la sentencia SU-182 del 9 de mayo de 2019, la acción procedente para controvertir la Resolución GNR 280842 del 29 de octubre de 2013 es la acción de nulidad y restable cimiento del

demanda, argumentando que, conforme a lo dispuesto en la sentencia SU-182 del 9 de mayo de 2019, la acción procedente para controvertir la Resolución GNR 280842 del 29 de octubre de 2013 es la acción de nulidad y restable cimiento del derecho prevista en el artículo 138 del CPACA, la cual debe interponerse dentro del término señalado en el artículo 164, numeral 2, literal c) del mismo código. En ese sentido, sostuvo que el plazo legal para promover dicha acción ya había caducado, razón por la cual la Administración no podía iniciar ni continuar un proceso vencido, solicitando por tanto la terminación del trámite por caducidad.

Añadió que la demandada es beneficiaria de buena fe de la pensión reconocida mediante el acto administrativo cuestionado, y que Colpensiones pretende, a través de la acción de lesividad, declarar la nulidad de una resolución expedida válidamente, por lo que la demanda no debe prosperar. En respaldo de su posición, señaló: (i) que el acto fue proferido por funcionario competente, (ii) cuya competencia no ha sido discutida, (iii) que la solicitud de pensión se presentó con todos los documentos exigidos por la ley, (iv) que cumplía con los requisitos de edad y semanas, (v) que la documentación fue revisada por los técnicos de Colpensiones, (vi) que fue aprobada por los funcionarios competentes, (vii) que la entidad autorizó el pago del cálculo actuarial, (viii) que dicho cálculo fue cancelado en su totalidad, y (ix) que la beneficiaria actuó en todo momento de buena fe. Finalmente, enfatizó que Colpensiones no demostró cuál de las causales de nulidad previstas en el

(ix) que la beneficiaria actuó en todo momento de buena fe. Finalmente, enfatizó que Colpensiones no demostró cuál de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA se configuró en la expedición del acto demandado.

Sostuvo además que, si bien Colpensiones alega la existencia de un fraude en el reconocimiento pensional, no se ha adelantado ni concluido proceso penal alguno contra la señora Rueda de Lizarazo, ni existe condena que acredite que haya actuado fraudulentamente. De esta manera, consideró que la entidad vulneró su derecho al debido proceso, al revocar su pensión mediante la Resolución SUB 279662 del 25 de octubre de 2018, sin contar con autorización judicial previa, en contravía de los artículos 93 y 97 del CPACA.

Sostuvo que la Resolución GNR 280842 de 2013 es un acto legal y válido, pues fue expedido con observancia de las normas aplicables, sin vicios de competencia, procedimiento o motivación, y respetando los derechos de defensa y audiencia, porSentencia de segunda instancia Expediente No. 68081 3333 001 2022-00008-01

5 lo que conserva su presunción de legalidad. Indicó que Colpensiones incurre en un error al considerar que la existencia de una presunta irregularidad en la historia laboral conlleva automáticamente la ilegalidad del acto pensional, ya que la entidad debió acudir a la jurisdicción penal para investigar el supuesto fraude, y no promover una acción de lesividad contra un acto expedido dentro del marco jurídico.

Afirmó que para que proceda la acción de lesividad, es necesario que el acto

debió acudir a la jurisdicción penal para investigar el supuesto fraude, y no promover una acción de lesividad contra un acto expedido dentro del marco jurídico.

Afirmó que para que proceda la acción de lesividad, es necesario que el acto administrativo sea tanto ilegal como lesivo a los intereses de la Administración, condiciones que no concurren en el caso concreto, pues la resolución pensional no se encuentra viciada de nulidad. Explicó que la nulidad de un acto no se fundamenta en la mera afectación patrimonial (lesividad), sino en su ilegalidad, inexistente en este asunto.

Por último, invocó como prueba de la relación laboral real de la señora Rueda de Lizarazo con la empresa Cosme Madariaga Oses y Compañía Ltda., la declaración juramentada rendida ante la Notaría Segunda de Barrancabermeja el 29 de marzo de 2022, en la cual manifestó haber laborado como secretaria, devengando un salario mínimo, entre el 2 y el 24 de febrero de 1994, y del 1 al 30 de abril del mismo año; reiterando así que su actuación siempre se desarrolló con buena fe y que no participó en hecho alguno de fraude.

Sentencia de Primera Instancia

La sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja el 29 de junio de 2023, dentro del proceso promovido por Colpensiones contra Ana María Rueda de Lizarazo, resolvió la controversia sobre la validez del acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión de vejez a la demandada.

El A-quo delimitó el problema en determinar si debía declararse la nulidad de la

la validez del acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión de vejez a la demandada.

El A-quo delimitó el problema en determinar si debía declararse la nulidad de la Resolución GNR 280842 del 29 de octubre de 2013 —acto por el cual se reconoció la pensión de vejez — y de la Resolución SUB 128505 del 15 de mayo de 2018, modificatoria de la anterior, al encontrarse probadas irregularidades en los tiempos de cotización que sustentaron el reconocimiento del derecho.

El Juzgado de primera instancia concluyó afirmativamente la nulidad, bajo los siguientes fundamentos principales:

• Existencia de fraude en el reconocimiento pensional: Se acreditó que los periodos de cotización correspondientes a abril de 1994 fueron incluidos indebidamente en la historia laboral de la afiliada, lo cual permitió queSentencia de segunda instancia Expediente No. 68081 3333 001 2022-00008-01

6 accediera al régimen de transición y, por ende, a la pensión bajo el Decreto 758 de 1990. Dichas semanas fueron esenciales para configurar el derecho. • Prueba del fraude: Se valoró la información proveniente de la Gerencia de Prevención del Fraude de Colpensiones y la sentencia penal condenatoria del 5 de septiembre de 2022 proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga contra el abogado Jorge Enrique Peinado Carreño, quien tramitó cálculos actuariales falsos, dentro de los cuales se encontraba el de la señora Rueda de Lizarazo. El fallo penal reconoció a esta última como víctima, pero al mismo tiempo confirmó la existencia del fraude que dio

quien tramitó cálculos actuariales falsos, dentro de los cuales se encontraba el de la señora Rueda de Lizarazo. El fallo penal reconoció a esta última como víctima, pero al mismo tiempo confirmó la existencia del fraude que dio origen al acto pensional. • Aplicación del artículo 19 de la Ley 797 de 2003: El despacho explicó que la administración puede revocar directamente un acto pensional sin consentimiento del beneficiario cuando el reconocimiento se obtuvo con base en documentación falsa o hechos que con figuren delito, siempre que se respete el debido proceso administrativo, conforme a la Sentencia C-835 de 2003 y a la jurisprudencia unificada de la Sentencia SU -182 de 2019 de la Corte Constitucional. • Control judicial posterior a la revocatoria: Aunque Colpensiones revocó directamente la pensión mediante resolución de 2018, el juez precisó que ello no impide ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para examinar la legalidad del acto original y los efectos que este produjo mientras estuvo vigente. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado (auto del 20 de octubre de 2022, rad. 25000-23-42-000-2021-01030-01), que reafirma que la revocatoria no surte efectos retroactivos y que s olo el juez contencioso puede definir la validez del reconocimiento.

El juzgado desestimó la oposición de la demandada, quien alegó caducidad, buena fe y ausencia de condena penal en su contra: • Respecto a la caducidad, señaló que no operaba, puesto que Colpensiones actuó dentro del término legal al ejercer la acción de lesividad derivada del conocimiento del fraude.

fe y ausencia de condena penal en su contra: • Respecto a la caducidad, señaló que no operaba, puesto que Colpensiones actuó dentro del término legal al ejercer la acción de lesividad derivada del conocimiento del fraude. • Frente a la buena fe, el despacho indicó que, aunque la señora Rueda de Lizarazo no fue penalmente procesada, la configuración del fraude — acreditada en el proceso penal contra su apoderado — desvirtúa la presunción de buena fe en el otorgamiento del derecho. • Destacó que el fraude corrompe todo (fraus omnia corrumpit), de modo que los actos administrativos viciados por esta causa carecen de validez y deben ser retirados del ordenamiento jurídico.

En consecuencia, el juzgado declaró la nulidad de la Resolución GNR 280842 de 2013 y de la Resolución SUB128505 de 2018, por haber sido expedidas conSentencia de segunda instancia Expediente No. 68081 3333 001 2022-00008-01

7 fundamento en información falsa que permitió un reconocimiento pensional indebido. Además, dispuso que la demandada debía reintegrar las sumas recibidas por concepto de mesadas, retroactivos y aportes en salud, ajustadas con el índice de precios al consumidor, y condenó en costas a la demandada.

Acorde con lo anterior, se resolvió en la sentencia:

“PRIMERO. DECLARAR la nulidad de la Resolución GNR 280842 del 29 de octubre de 2013 y de la Resolución SUB No 128505 de fecha 15 de mayo de 2018 proferidas por COLPENSIONES conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

octubre de 2013 y de la Resolución SUB No 128505 de fecha 15 de mayo de 2018 proferidas por COLPENSIONES conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho ORDENAR la devolución de los dineros por parte de ANA MARÍA RUEDA DE LIZARAZO que efectivamente le hubiese pagado COLPENSIONES, por efecto de los actos administrativos aquí anulados. Los valores determinados deberán ser ajustados con el IPC conforme el artículo 187 del CPACA. TERCERO. DECLARAR la prescripción de los dineros pagados antes del 25 de enero de 2019, conforme lo expuesto en la parte motiva. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR las diligencias previas las anotaciones de rigor en SAMAI.”

Recurso de Apelación

Parte demandante: El recurso de apelación presentado el 19 de julio de 2023 por Colpensiones se dirigió exclusivamente contra el numeral tercero de la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por el Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

(lesividad) promovido contra Ana María Rueda de Lizarazo.

La apelación no cuestiona la declaratoria de nulidad de las resoluciones pensionales —la cual fue compartida plenamente — sino la declaratoria de prescripción parcial de las sumas ordenadas a reintegrar, correspondiente a los pagos efectuados antes del 25 de enero de 2019.

La apoderada de Colpensiones expuso que los dineros recibidos por la demandada

de las sumas ordenadas a reintegrar, correspondiente a los pagos efectuados antes del 25 de enero de 2019.

La apoderada de Colpensiones expuso que los dineros recibidos por la demandada a título de mesadas, retroactivos y aportes a salud constituyen un pago de lo no debido, por cuanto la pensión fue reconocida sin justa causa ni título legítimo, dado que se acreditó posteriormente que no cumplía los requisitos legales. En tal sentido, sostuvo que: • La prescripción trienal aplicable a las mesadas pensionales no resulta procedente, pues esta figura rige únicamente para prestaciones legalmente causadas y no para pagos irregulares.Sentencia de segunda instancia Expediente No. 68081 3333 001 2022-00008-01

8 • Conforme al artículo 2536 del Código Civil, las acciones ejecutivas derivadas de pagos indebidos prescriben a los cinco (5) años, y si no se ejercen, se transforman en acciones ordinarias con un nuevo plazo de cinco (5) años adicionales, de modo que el tér mino total de prescripción sería de diez (10) años. • Por tanto, el fallo de primera instancia incurrió en error jurídico al aplicar la prescripción trienal, cuando lo que correspondía era aplicar el régimen general del Código Civil sobre el pago de lo no debido.

Solicitó al Tribunal revocar el numeral tercero de la sentencia apelada y, en su lugar, ordenar a Ana María Rueda de Lizarazo la devolución íntegra de los valores percibidos por concepto de pensión, sin limitación alguna por prescripción, a fin de evitar un detrimento patrimonial al Estado y un enriquecimiento sin causa en favor de la demandada.

percibidos por concepto de pensión, sin limitación alguna por prescripción, a fin de evitar un detrimento patrimonial al Estado y un enriquecimiento sin causa en favor de la demandada.

Parte demandada: El recurso de apelación interpuesto por Ana María Rueda de Lizarazo contra la sentencia de primera instancia del Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja se dirige a controvertir la decisión que anuló las resoluciones que le reconocieron la pensión de vejez y ordenaron el reintegro de los valores pagados por Colpensiones. La apelante manifestó su inconformidad con la sentencia, señalando que el fallo vulneró sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la presunción de buena fe, pues desconoció que la pensión fue reconocida mediante un acto administrativo expedido por autoridad competente y dentro de los parámetros legales vigentes.

Sostuvo que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) interpuesta por Colpensiones no era procedente por haberse presentado fuera del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, toda vez que habían transcurrido más de cuatro meses desde la expedición del acto administrativo demandado. En consecuencia, la Administración carecía de competencia para promover la acción y el proceso debía darse por terminado.

La recurrente insistió en que actuó de buena fe en el trámite de su pensión, aportando toda la documentación requerida y realizando el pago del cálculo actuarial autorizado por Colpensiones, por lo que no podía atribuírsele responsabilidad por presuntas irregularidades cometidas por terceros. Indicó que no existe decisión penal en su contra, ni se ha demostrado que haya participado en

actuarial autorizado por Colpensiones, por lo que no podía atribuírsele responsabilidad por presuntas irregularidades cometidas por terceros. Indicó que no existe decisión penal en su contra, ni se ha demostrado que haya participado en conductas fraudulentas, por lo que el fallo de primera instancia vulnera su derecho fundamental al debido proceso.Sentencia de segunda instancia Expediente No. 68081 3333 001 2022-00008-01

9 Asimismo, argumentó que la Resolución GNR 280842 de 2013 goza de presunción de legalidad, al no haberse demostrado ninguna de las causales de nulidad contempladas en el artículo 137 del CPACA, y que su revocatoria carece de soporte jurídico, dado que Colpe nsiones no podía anular unilateralmente un acto administrativo que generó derechos adquiridos, sin previa autorización judicial.

Solicitó al Tribunal que revoque la sentencia apelada, manteniendo la vigencia y validez del acto administrativo pensional y, en consecuencia, se le restablezcan las mesadas y derechos económicos reconocidos desde el año 2010, reiterando su condición de pensionada de buena fe y víctima de los hechos investigados.

Trámite de Segunda Instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se dispuso su admisión. En esta etapa procesal, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto.

Problemas Jurídicos:

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto.

Problemas Jurídicos:

i). ¿Se encuentra demostrada en el presente caso la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Colpensiones contra la Resolución GNR 280842 del 29 de octubre de 2013, mediante la cual se reconoció la pensión de vejez a favor de Ana María Rueda de Lizarazo, teniendo en cuenta que la entidad demandante alegó la configuración de un fraude en el reconocimiento pensional, y que la acción se interpuso varios años después de la expedición del acto administrativo, o, por el contrario, el fraude comprobado impide la operancia del término de caducidad conforme a la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa que exceptúa su aplicación en los eventos en que el acto se obtiene mediante conductas fraudulentas o d elictivas que vician de nulidad absoluta su expedición?

Tesis: No se configura la caducidad del medio de control.

ii.) ¿Requiere la revocatoria directa de un acto administrativo mediante el cual se reconoció una pensión de vejez obtenida por medios fraudulentos el consentimientoSentencia de segunda instancia Expediente No. 68081 3333 001 2022-00008-01

10 previo y expreso del beneficiario, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), o, por el contrario, cuando se acredita que el acto fue producto de fraude,

10 previo y expreso del beneficiario, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), o, por el contrario, cuando se acredita que el acto fue producto de fraude, falsedad documen tal o conducta delictiva, la Administración puede revocarlo unilateralmente?

Tesis: No se requiere consentimiento.

iii.) ¿Se encuentra probada en el presente caso la prescripción de las sumas que Colpensiones pretende recobrar a la señora Ana María Rueda de Lizarazo, pagados con ocasión del reconocimiento de una pensión de vejez obtenida irregularmente?

Tesis: Sí se encuentra probada la prescripción de las sumas.

Del estudio del caso:

En forma previa al desarrollo de los problemas jurídicos planteados, la Sala estima pertinente concretar que, como hechos probados relevantes para la decisión, los siguientes:

1. Mediante Resolución GNR No 280842 del 29 de octubre de 2013, se resolvió: “Reconocer y ordenar el pago a favor del (la) señor(a) RUEDA DE LIZARAZO ANA MARÍA, ya identificado(a), de una pensión mensual vitalicia de vejez (…)”. Para ello consideró los tiempos de servicio del año 1994 que se aducen como fraudulentos.

2. Con Resolución SUB 128505 de fecha 15 de mayo de 2018, Colpensiones, con ocasión del Auto de cierre No 2720 de fecha 11 de diciembre de 2017, proferido en el curso de la investigación administrativa especial No 248-2017, modificó la Resolución GNR No 280842 de fecha 29 de octubre de 2013, en el sentido de establecer

diciembre de 2017, proferido en el curso de la investigación administrativa especial No 248-2017, modificó la Resolución GNR No 280842 de fecha 29 de octubre de 2013, en el sentido de establecer que la señora RUEDA DE LIZARAZO ANA MARÍA, acreditó el derecho a pensión de Vejez de conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990, con un total de 782 semanas cotizadas. Esto señaló su parte resolutiva: “ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución GNR 280842 del 29 de octubre de 2013, en el sentido de establecer que la afiliada señora RUEDA DE LIZARAZO ANA MARÍA (…) acredita el derecho a pensión de vejez de conformidad con el Decreto 758 de 1990, con un to tal de 782 semanas cotizadas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo…”Sentencia de segunda instancia Expediente No. 68081 3333 001 2022-00008-01

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3. Mediante Resolución SUB No 279662 de 25 de octubre de 2018 expedida por COLPENSIONES, se revocó con efectos hacia el futuro la prestación pensional que le fuera reconocida en el año 2013 a la señora ANA MARÍA RUEDA DE LIZARAZO, puesto que se descubrió que en su trámite existió un fraude masivo encabezado por su entonces apoderado JORGE ENRIQUE PEINADO CARREÑO, quien mediante una conducta reiterada en varias actuaciones administrativas, engañó a la administradora de pensiones mediante vínculos laborales inex istentes relacionados con el empleador

entonces apoderado JORGE ENRIQUE PEINADO CARREÑO, quien mediante una conducta reiterada en varias actuaciones administrativas, engañó a la administradora de pensiones mediante vínculos laborales inex istentes relacionados con el empleador CHARRY NARVÁEZ LTDA a través de los cuales se propendía por completar mediante nuevos cálculos actuariales, semanas de cotización para mantener el régimen de transición y de esta manera beneficiarse de la pensión bajo regímenes más beneficiosos. Se concluyó que verificada la historia laboral de la señora RUEDA DE LIZARAZO, se pudo observar, que su primera y verdadera cotización correspondió al 01 de julio de 1995, situación que permitía concluir que no tenía cotizaciones con anterioridad al 01 de abril de 1994 para que le fuera aplicado el régimen consagrado en el Decreto 758 de 1990 en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Se ordenó:

“ARTICULO PRIMERO: Revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución GNR No 280842 de fecha 29 de Octubre de 2013, por medio de la cual se reconoció una pensión de