TA SAN - Sentencia 680813333002-2016-00359-02 (16-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL: Reparación directa RADICADO: 680813333002-2016-00359-02

DEMANDANTE:

Conrrado de Jesús Jimenez Agudelo Lucinda Pereira Bautista Lucy Andrea Jimenez Pereira Ludin Thalia Jimenez Pereira jotajotalandi@gmail.com

DEMANDADOS:

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, URT notificacionesjudiciales@urt.gov.co notificacionesjudiciales@restituciondetierras.gov.co martha.escobar@urt.gov.co marthalilianaescobarch@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co

ASUNTO: Sentencia de Segunda Instancia TEMA: Responsabilidad del Estado por vincular a un propietario de un predio en el proceso administrativo previo de restitución de tierras del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011. Inexistencia de daño antijurídico como elemento de la responsabilidad.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el llamado en garantía en

previo de restitución de tierras del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011. Inexistencia de daño antijurídico como elemento de la responsabilidad.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el llamado en garantía en contra la sentencia del 6 de mayo de 2025 , proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de B arrancabermeja mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.Reparación directa Sentencia de segunda instancia Demandante: Conrrado de Jesús Jiménez y otros

Demandado: URT Radicado. 680813333002-2016-00359-02

2

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, los señores Conrrado de Jesús Jimenez Agudelo, Lucinda Pereira Bautista, Lucy Andrea Jiménez Pereira y Ludin Thalia Jimenez Pereira, formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso –administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación, Ministerio de Cultura y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, por el daño antijurídico causado por haber sido vinculados a un proceso de investigación por despojo de tierras al tener l a calidad de propietarios del bien objeto del proceso, que concluyó favorablemente para los demandantes.

En consecuencia, solicitaron:

«DECLARACIONES Y CONDENAS, solicito se hagan las siguientes o semejantes:

1. Que la NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA - Y a la Unidad Administrativa

En consecuencia, solicitaron:

«DECLARACIONES Y CONDENAS, solicito se hagan las siguientes o semejantes:

1. Que la NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA - Y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, son responsables solidariamente por todos los daños y perjuicios materiales y morales objetivados y subjetivados sufridos por los demandantes, en razón del daño antijurídico derivado de la injusta investigación de que fueron objeto por la compra de la Parcela la JURUBA la cual se realizó lícitamente mediante escritura pública No. 450 del 10 de julio de 2008, suscrita ante el Notario Único del Municipio de San Alberto Cesar, Dr. Francisco Vega Fuentes, la señora BERTHA LILIA SANCHEZ, propietaria del predio la URUA, con extensión de 11 has 1350 mts2, quien transfirió a título de compraventa el bien de su propiedad a los señores, CONRADO DE JESUS JIMENEZ AGUDELO y LUCINDA PEREIRA BAUTISTA, proceso administrativo que concluyó con la exclusión del bien del registro único de tierras despojadas pero que en su actuar causó daños patrimoniales y morales a mis poderdantes, cuando finalmente el 17 de septiembre de 2014, recibieron un oficio que les informaba que no se encontró merito para llevarlos a proceso de restitución de tierras.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, que se condene a NACIÓNMINISTERIO DE AGRICULTURA - Y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a pagarle a los demandantes, debidamente

actualizados, como lo ordena el CPАСА:

MINISTERIO DE AGRICULTURA - Y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a pagarle a los demandantes, debidamente actualizados, como lo ordena el CPАСА:

APor daño Moral: Primer Grupo de Demandantes -Para CONRRADO DE JESUS JIMENEZ AGUDELO, 100, salarios mínimos legales mensuales (SMLM) vigentes el día del pago, reparación que al momento de presentación de esta demanda, considerando que el SMLM es de $689.454.oo, sería la suma de $.68.945.400 oo pesos colombianos, actualizados al momento del pago. - Para la esposa y también propietaria del bien, Igual suma deberá recibir, la sra.

LUCINDA PEREIRA BAUTISTA; es decir la suma de 100 salarios mínimos mensuales

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 5 índice SAMAI, archivo 01, folios 5 a 18.Reparación directa Sentencia de segunda instancia Demandante: Conrrado de Jesús Jiménez y otros

Demandado: URT Radicado. 680813333002-2016-00359-02

3 vigentes al momento del pago de la reparación, que a razón de $689.454.oo, sería la suma de $.68.945.400 oo pesos colombianos, actualizados al momento del pago. Segundo Grupo de Demandanteshijas- -Para LUCY ANDREA JIMENEZ PEREIRA, hija de los humildes campesinos CONRRADO DE JESUS Y LUCINDA PEREIRA, se le deberá pagar, 100, cien salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago: es decir la suma de 100 salarios mínimos mensuales vigent es al momento del pago de la reparación, que a

mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago: es decir la suma de 100 salarios mínimos mensuales vigent es al momento del pago de la reparación, que a razón de $689.454.oo, sería la suma de $.68.945.400 oo pesos colombianos, actualizados al momento del pago. - Para LUDIN THALIA JIMENEZ PEREIRA, hija de los humildes campesinos CONRRADO DE JESUS Y LUCINDA PEREIRA, se le deberá pagar, 100, cien salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago: es decir la suma de 100 salarios mínimos mensuales vige ntes al momento del pago de la reparación, que a razón de $689.454.oo, sería la suma de $.68.945.400 oo pesos colombianos, actualizados al momento del pago.

TOTAL DAÑO MORAL: $275.781.600.00

BComo daño Material, para CONRRADO DE JESUS JIMENEZ AGUDELO y LUCINDA PEREIRA BAUTISTA los siguientes valores, indexados, para cuando se haga el pago, y teniendo en cuenta que ellos no tenían por qué haber pagado honorarios para defenderse de las falsas imputaciones que la UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS, amparado en supuestas quejas presentadas por falsas victimas le presentaron para que iniciara el proceso, al amparo de la penumbra que la ley les dio; mas la Unidad, irresponsablemente congelo (SIC) el bien y trasladó la carga de la prueba a los investigados, quienes tuvieron que pagar abogado para poder entender el proceso y defenderse del proceso administrativo secreto que se realizó en dos oportunidades. En consecuencia, se pide se les indemnice el daño material así:

A. Lucro cesante:

prueba a los investigados, quienes tuvieron que pagar abogado para poder entender el proceso y defenderse del proceso administrativo secreto que se realizó en dos oportunidades. En consecuencia, se pide se les indemnice el daño material así:

A. Lucro cesante: aLos salarios, indexados, que dejó de recibir CONRRADO DE JESUS JIMENEZ AGUDELO, porque tuvo que dedicarse más de dos meses a buscar pruebas, documentales y testigos que le impidieron dedicarse a su oficio que es labrar su parcela. Durante el año 2014 el salario, estimado en los pagos que recibía por suministrar corozo de palma de aceite a la cooperativa ASOPALMAR, fue de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000,oo). Para Cuando inició el segundo proceso dedicó 2 meses que a razón del pago que recibía por el suministro de corozo de palma se establece un promedio mensual que se pide indemnizar por la suma CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000,00) por mes, mas como dedicó dos meses de trabajo a actividades que no habría realizado de no ser objeto de inv estigación se pide la suma de $8.000.000.00 OCHO MILLONES DE PESOS MCTE como indemnización. b.- La señora Lucinda Pereira Bautista, trabajaba en oficios independientes, pero para atender el proceso, viajar desde San Alberto Cesar hasta Barrancabermeja en Santander tuvo que dedicar 30 días, en los que no pudo realizar sus actividades diarias, por estos días, considerando que 15 fueron en el 2012 y 15 en el 2014, se debe pagar la suma de $ 2.000.000.00 dos millones de pesos. Esta suma se pagará indexada.

días, considerando que 15 fueron en el 2012 y 15 en el 2014, se debe pagar la suma de $ 2.000.000.00 dos millones de pesos. Esta suma se pagará indexada.

TOTAL LUCRO CESANTE: $10.000.000,oo

B. Daño emergente, para CONRRADO DE JESUS JIMENEZ AGUDELO y

LUCINDA PEREIRA BAUTISTA:

a. La suma de Quince millones de pesos, indexados, que debió pagarle al abogado JORGE ELIECER DIAZ GONZALEZ, para queReparación directa Sentencia de segunda instancia Demandante: Conrrado de Jesús Jiménez y otros

Demandado: URT Radicado. 680813333002-2016-00359-02

4 les elaborara los alegatos que los defendiera del temerario proceso administrativo que los mantuvo en la incertidumbre del despojo por declaraciones infames de falsas victimas que la unidad no investigó; valor que deberá pagarse a los demandantes como repa ración, indexado, de acuerdo con la tasa máxima de interés corriente Bancario, desde el mes de septiembre de 2012, cuando fueron notificados de la terminación del proceso inicial y una vez inició el segundo proceso en mayo de 2014, cuando nuevamente la unidad le inició proceso. b. La suma de Diez millones de pesos, indexados, que debieron pagar en trasporte, viáticos y otros gastos procesales porque el proceso se tramitó fuera del departamento y Municipio de residencia obligándolos a trasladarse a ellos y a los testigos, las prue bas y los memoriales y el abogado desde San Alberto – Cesar hasta BarrancabermejaSantander

TOTAL DAÑO EMERGENTE: $25.000.000.oo

a trasladarse a ellos y a los testigos, las prue bas y los memoriales y el abogado desde San Alberto – Cesar hasta BarrancabermejaSantander TOTAL DAÑO EMERGENTE: $25.000.000.oo TOTAL DAÑO MATERIAL, en la fecha: $35.000.000.oo TOTAL DAÑO MATERIAL Y MORAL: $310.781.600.oo» (sic en todo el texto).

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, señaló los siguientes:

1. Los demandantes han vivido en el municipio de San Alberto durante más de 25 años y durante ese tiempo han efectuado labores relacionadas con la agricultura y la ganadería en fincas ubicadas en el referido municipio. En el año de 1998 los demandantes adquirieron la parcela denominada La Antioqueñita, identificada con la matricula inmobiliaria 196-20159 ubicada en la vereda la Carolina del municipio de San Alberto en el departamento del Cesar. El predio referido fue pagado en una parte con dinero en efectivo y en la otra parte, mediante cuotas de un crédito que fue subrogado al INCORA por el anterior propietario de la aludida parcela . A la propiedad le construyeron mejoras con el paso de los años.

1. En el año 2008 el predio La Antioqueñita fue vendido en un mayor valor al que fue adquirido, con ocasión de las mejoras construidas por los demandantes. A su turno, con el dinero recibido por la compraventa los mencionados demandantes, adquirieron el predio la URUA, por compra realizada a la señora Bertha Lilia Sánchez.

El predio se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria 196-39628 y está ubicado

adquirieron el predio la URUA, por compra realizada a la señora Bertha Lilia Sánchez. El predio se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria 196-39628 y está ubicado en el municipio de San Alberto. En virtud de la compraventa celebrada al adquirir el predio la URUA los demandantes se afiliaron a la cooperativa ASOPALMAR, que les proporcionó un crédito y asesoría para implementar el cultivo de palma, actividad a la cual se dedican los demandantes y que les brinda sustento económico.

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, inició un proceso de restitución de tierras en el que los demandantes se vieron obligados a defenderse sin conocer la identidad de los denunciantes y sin poder acceder al expediente. El proceso se aperturó con fundamento en que el predio la URUA fue denunciado como bien objeto de despojo y desplazamiento forzado.Reparación directa Sentencia de segunda instancia Demandante: Conrrado de Jesús Jiménez y otros

Demandado: URT Radicado. 680813333002-2016-00359-02

5 iv) En consecuencia, en el año 2012 los demandantes debieron asumir costos en virtud de la vinculación al proceso de restitución de tierras , tales como , honorarios de abogado y transporte desde el municipio de San Alberto a Barrancabermeja, para atender las diferentes diligencias y actuaciones del procedimiento. Asimismo, durante el proceso el predio fue «congelado» , situación que generó zozobra en los demandantes.

El procedimiento administrativo fue adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en la ciudad de

que generó zozobra en los demandantes.

El procedimiento administrativo fue adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en la ciudad de Barrancabermeja y finalizó en el mes de noviembre de 2012; no obstante, en el mes de marzo de 2014, se les notificó a los demandantes que eran objeto de investigación por una nueva denuncia de despojo , razón por la cual tuvieron que incurrir nuevamente en gastos correspondientes a los honorarios del profesional de derecho que ejerció la defensa de sus intereses, de traslados y de recaudo de pruebas; además, tuvieron que dejar a un lado sus trabajos , ocasionalmente, para dar atención al procedimiento administrativo adelantado. El 17 de septiembre de 2014 se expidió el oficio que ordenaba notificar la decisión final del procedimiento administrativo, la cual fue favorable a los demandantes.

1. Los procedimientos que se adelantaron contra los predios de los demandantes se iniciaron con temeridad por parte de las entidades demandadas en el presente proceso, dado que: 1) desde el inicio de la investigación quedó acreditado que la tradición y la obtención de la propiedad se hizo legalmente y 2) la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas no investigó si los denunciantes decían la verdad; por el contrario, elaboró los «autos de enjuiciamiento administrativo» con base en declaraciones falsas, apartadas de la «verdad económica» y del orden púbico, es decir, no se cumplieron los requisitos para la admisión del procedimiento. En consecuencia, la familia Jiménez Pereira no habría sufrido gastos económicos ni daños morales si la Unidad de Restitución de

la «verdad económica» y del orden púbico, es decir, no se cumplieron los requisitos para la admisión del procedimiento. En consecuencia, la familia Jiménez Pereira no habría sufrido gastos económicos ni daños morales si la Unidad de Restitución de Tierras y el Ministerio de Agricultura hubieran verificado previamente las falsas acusaciones y desechado una queja sin sustento legal sobre la adjudicación inicial del INCORA. Estos hechos representaron una carga pública injusta para la familia que no tenían el deber jurídico de soportar en un proceso administrativo que puso en duda sus derechos y la legítima propiedad.

1.1.3 Fundamentos de derecho

En el libelo de la demanda se argumentó como deber de reparación a cargo de las entidades demandadas la configuración de una responsabilidad patrimonial del Estado, que debe ser analizada a la luz de un régimen objetivo, de conformidad con lo siguiente:

La Constitución Política impone al Estado, en su artículo 2, el deber de proteger la vida, la honra, los bienes y los derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como, la libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso, deber que implica que las autoridades deben actuar dentro de límites legales precisos. De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución, cuando la administración vulnera tales bienes jurídicos, se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. En ese sentido, en el caso analizado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución deReparación directa Sentencia de segunda instancia Demandante: Conrrado de Jesús Jiménez y otros

Demandado: URT Radicado. 680813333002-2016-00359-02

6 Tierras Despojadas inició de manera paralela dos procesos sobre una misma

Sentencia de segunda instancia Demandante: Conrrado de Jesús Jiménez y otros

Demandado: URT Radicado. 680813333002-2016-00359-02

6 Tierras Despojadas inició de manera paralela dos procesos sobre una misma situación jurídica y actuó con temeridad pese a que los demandantes habían informado que el negocio inicial había sido realizado por el INCORA. Además, la referida Unidad omitió verificar la veracidad de las denuncias presentadas y basó los autos de enjuiciamiento en declaraciones falsas, apartadas de la realidad económica y social, situación que constituyó la apertura de un proceso sin sustento probatorio real.

A su turno, el artículo 1 de la Constitución Política, regula el principio del Estado Social de Derecho a la dignidad humana, principio que se ve vulnerado cuando un ciudadano es acusado sin pruebas o sobre la base de fundamentos falsos. Asimismo, el artículo 122 establece que los funcionarios deben actuar conforme a sus funciones, esto implica que no les es permitido iniciar procesos ni dar valor probatorio a acusaciones falsas sin haberlas verificado, como ocurrió en el presente asunto. Tal proceder , impuso a la familia Jiménez Pereira la carga injusta de defenderse en un proceso administrativo «secreto», con desconocimiento de los denunciantes y en contravía de principios básicos de legalidad, lo que conllevó la causación de un daño antijurídico. En virtud de lo expuesto, el daño se configuró, por cuanto la familia Jiménez Pereira no tenía el deber jurídico de soportar un proceso administrativo basado en falsas imputaciones que cuestionaron su legítima calidad de propietarios del bien objeto de investigación y que le generó angustia, estigmatización y perjuicios económicos

no tenía el deber jurídico de soportar un proceso administrativo basado en falsas imputaciones que cuestionaron su legítima calidad de propietarios del bien objeto de investigación y que le generó angustia, estigmatización y perjuicios económicos y morales. De manera que, c onforme al artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad del Estado es objetiva, de modo que no interesa si la actuación fue culposa o aparentemente legal, sino que basta probar la acción u omisió n de la administración, el daño causado y la relación de causalidad. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado que esta responsabilidad se fundamenta en el principio de igualdad frente a las cargas públicas y en el respeto a la dignidad humana; en consecuencia, toda carga desproporcionada que afecte a un ciudadano constituye un daño antijurídico indemnizable. Bajo este criterio, los procesos injustos iniciados con base en denuncias falsas generaron en la familia un perjuicio patrimonial y moral que el Estado debe reparar. 1.2 Contestaciones de la demanda

1.2.1. Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.2

Por conducto de apoderada la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas: «falta de legitimación en la causa por pasiva» y excepciones innominadas: «inexistencia de nexo causal entre el hecho dañoso y el hecho, omisión y operación administrativa endilgado a la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural», «inexistencia de perjuicios reclamados» y «rompimiento del nexo causal». A su turno, el

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 5 índice SAMAI, archivo 01, folios 101

de perjuicios reclamados» y «rompimiento del nexo causal». A su turno, el

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 5 índice SAMAI, archivo 01, folios 101 a 109.Reparación directa Sentencia de segunda instancia Demandante: Conrrado de Jesús Jiménez y otros

Demandado: URT Radicado. 680813333002-2016-00359-02

7 apoderado de la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. El artículo 3 del Decreto 1985 del 12 septiembre de 2013 y el artículo 1 del Decreto 2369 del 7 de diciembre de 2015, regulan las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sin que dentro de alguna de estas se encuentre adelantar los proce sos de restitución de tierras. En ese orden de ideas, dicho Ministerio carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto los hechos no corresponden a acciones u omisiones a su cargo. Los hechos que sustentan la demandan fueron adelantados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Victimas y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, entidades que tienen autonomía patrimonial y administrativa y son independientes al Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Por otro lado, en el presente asunto no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se presenta un rompimiento del nexo de causalidad y no se acredita probatoriamente la existencia de un daño antijurídico, como elementos esenciales de la responsabilidad.

1.2.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, URT3

causalidad y no se acredita probatoriamente la existencia de un daño antijurídico, como elementos esenciales de la responsabilidad.

1.2.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, URT3

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas: «caducidad» y excepciones innominadas: «inexistencia de falla del servicio», «inexistencia del daño antijurídico» y «excepción genérica». A su turno, el apoderado de la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. Las dos solicitudes en virtud de las cuales se iniciaron las investigaciones administrativas, en 2012 y 2014, fueron elevadas por diferentes personas de manera que no hay plena similitud entre estas; además, el trámite que debe seguir la entidad no es caprichoso, sino el determinado por la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de víctimas y restitución de tierras; en tal virtud, no hay temeridad alguna en la actuación de la URT. En ese sentido, exigir que la URT no analice una solicitud tendiente a la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente RTDAF, significaría no implementar el procedimiento establecido en dicha normativa especial, pedido que, además de «absurdo», resulta contrario a Derecho.

1. El supuesto daño alegado por el accionante se originó con la Resolución RGI 0050 de 2012, con la cual se inició formalmente el estudio de una solicitud de inclusión de un predio en el RTDAF y que ordenó la inscripción de medida de

1. El supuesto daño alegado por el accionante se originó con la Resolución RGI 0050 de 2012, con la cual se inició formalmente el estudio de una solicitud de inclusión de un predio en el RTDAF y que ordenó la inscripción de medida de protección de los predios «parcela 2 – La Juraba» (FMI 196-22174) y « URUA» (FMI 196-39628). Esta medida se mantuvo hasta el 13 de noviembre de 2012, cuando la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, en cumplimiento de la Resolución

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 5 índice SAMAI, archivo 01, folios 111 a 138.Reparación directa Sentencia de segunda instancia Demandante: Conrrado de Jesús Jiménez y otros

Demandado: URT Radicado. 680813333002-2016-00359-02

8 RGUI 0012 del 4 de octubre de 2012, procedió a su cancelación. En consecuencia, dado que ese fue el momento en que cesó el daño alegado, el plazo para presentar la demanda vencía el 14 de noviembre de 2014. Sin embargo, como la solicitud de conciliación se pre sentó hasta el 16 de septiembre de 2016 ante la Procuraduría General de la Nación, se logra concluir que la acción fue interpuesta de forma extemporánea. iii) La Unidad de Restitución de Tierras, URT, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, tiene la obligación legal de diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente RTDAF, así como de incluir en este, de oficio o a solicitud de parte, los predios que

y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente RTDAF, así como de incluir en este, de oficio o a solicitud de parte, los predios que cumplan los requisitos legales. En cumplimiento del artículo 76 ibidem y del Decreto 4829 de 2011, la URT está facultada para realizar un análisis previo sobre las solicitudes de inscripción, conforme al artículo 3 del Decreto 599 de 2012 y al artículo 9 del Decreto 4829 de 2011; en tal virtud descarta aquellas que no cumplan con los requisitos legales. Ahora bien, en el caso concreto, en las solicitudes identificadas con los ID 36626 del 31 de agosto de 2011 y 121261 del 4 de abril de 2013, la URT realizó dicho análisis previo, conforme a los artículos 13 y 14 del Decreto 4829 de 2011, para lo cual informó oportunamente al señor Conrrado de Jesús Jiménez Agudelo sobre el inicio del estudio administrativo y su derecho a aportar pruebas. iv) Como resultado de este procedimiento y al no encontrarse configuradas las causales del artículo 12 del Decreto 4829 de 2011 para la inclusión del predio en el RTDAF, la URT decidió negar la solicitud de inscripción en el RTDAF el predio La Urua de propiedad de los demandantes. En ese sentido, la participación de los señores Conrrado de Jesús Jiménez Agudelo y Lucinda Pereira Bautista en estos trámites, obedeció al cumplimiento de una función legal, no a una actuación negligente o irregular de la administración. La URT no podía omitir el trámite de las solicitudes radicadas y su actuación se dio conforme a la normativa vigente, razón por la cual

obedeció al cumplimiento de una función legal, no a una actuación negligente o irregular de la administración. La URT no podía omitir el trámite de las solicitudes radicadas y su actuación se dio conforme a la normativa vigente, razón por la cual no se puede atribuir a la entidad una falla en el servicio ni responsabilidad por los perjuicios alegados por la parte demandante. v) Por su parte, aunque los demandantes pudieron haber incurrido en ciertos gastos durante el trámite administrativo de inclusión en el RTDAF, tales erogaciones no constituyen un daño resarcible, toda vez que su participación fue necesaria para garantizar su derecho de defensa, conforme lo exige el Decreto 1071 de 2015 compilatorio del Decreto 4829 de 2011. Además, la anotación publicitaria del predio, dispuesta por el numeral 2 del artículo 13 del Decreto 482 9 de 2011, no puede considerarse una afectación jurídica, por cuanto se trata de una medida provisional que no saca el bien del comercio y que busca proteger los intereses de las partes involucradas. Para controvertir la legalidad de dicha medida, debió haberse interpuesto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no es procedente en el presente caso por estar fuera de término y del objeto de la acción de reparación directa. vi) Asimismo, los gastos en honorarios de abogado no son atribuibles a la administración, toda vez que en este tipo de procedimientos administrativos no se exige postulación jurídica obligatoria, razón por cual la contratación de unReparación directa Sentencia de segunda instancia Demandante: Conrrado de Jesús Jiménez y otros

Demandado: URT Radicado. 680813333002-2016-00359-02

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Sentencia de segunda instancia Demandante: Conrrado de Jesús Jiménez y otros

Demandado: URT Radicado. 680813333002-2016-00359-02

9 profesional fue una decisión voluntaria de los accionantes. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la sola participación en un proceso, incluso con decisiones desfavorables, no configura un daño indemnizable salvo que se demuestre una actuación contraria al ordenamiento jurídico, situación que no ocurrió en este caso , máxime si l a actuación administrativa resultó favorable a los demandantes; por tanto, no puede considerarse que su vinculación al trámite les haya causado un daño antijurídico o un perjuicio injustificado. 1.2. La sentencia apelada

El 6 de mayo de 2025,4 el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, negó las pretensiones de la demanda y, para el efecto , dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar probada la excepción de fondo de Inexistencia de daño antijurídico formulada por la entidad demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCION DE TIERRAS, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas, conforme las razones previstas en la parte considerativa […]».

En lo correspondiente al fondo del asunto, adujo lo siguiente: i) La vinculación de los demandantes a los procedimientos administrativos URTID 36626 y URTID 121261 y la inscripción de la medida de protección en los folios

considerativa […]». En lo correspondiente al fondo del asunto, adujo lo siguiente: i) La vinculación de los demandantes a los procedimientos adminis