TA SAN - Sentencia 680813333002-2021-00078-01 (27-03-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE

ECOPETROL S.A

notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co pascual.martínez@ecopetrol.com.co fabian.bernal@ecopetrol.com.co

DEMANDADO

ALARCÓN POVEDA CONSTRUCTORES

LIMITADA.

apcltda.gerencia@hotmail.com alarconpoveda06@hotmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680813333002-2021-00078-01

TEMA REEMBOLSO IMPROCEDENTE. No procede ordenar el reembolso de las sumas pagadas por ECOPETROL S.A. , en su calidad de agente retenedor, por concepto de la Estampilla ProUniversidades. La obligación tributaria no era exigible respecto del contrato MA-0032101 y el otrosí No. 1, suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley 1697 de 2013. En aplicación del principio de irretroactividad, no e s posible imputar al contratista la obligación tributaria asumida por la entidad

No. 1, suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley 1697 de 2013. En aplicación del principio de irretroactividad, no e s posible imputar al contratista la obligación tributaria asumida por la entidad contratante. El daño es atribuible exclusivamente a esta, quien pagó lo no debido en lugar de impugnar los actos administrativos que determinaron el tributo. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente1 por la parte demandante contra la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja, mediante la cual se negaron las pretensiones sin condena en costas.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones Ecopetrol S.A. solicita que se declare a la sociedad Alarcón Poveda Constructores Limitada sujeto pasivo de la estampilla Universidad Nacional de Colombia y Demás Universidades Estatales de Colombia, conforme a lo previsto en la Ley 1697 de

2013.

En consecuencia, pide que se le condene a reintegrar la suma de $17.065.159, que la entidad pagó en su calidad de agente retenedor del tributo. Además, solicita el pago de intereses, la actualización de las sumas reconocidas a valor presente y la condena en costas.

Subsidiariamente, pretende que se declare el enriquecimiento sin causa del demandado, al no haber asumido el pago de la estampilla realizado por la entidad ante el Ministerio de Educación Nacional, y que se ordene el pago de la suma antes mencionada.

Subsidiariamente, pretende que se declare el enriquecimiento sin causa del demandado, al no haber asumido el pago de la estampilla realizado por la entidad ante el Ministerio de Educación Nacional, y que se ordene el pago de la suma antes mencionada.

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 17 de noviembre de 2021 en estrados y el recurso fue interpuesto el 1 de diciembre del mismo año, esto es, dentro de los 10 días siguientes conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. 2 Expediente digital SAMAI. Índice 0003. 01PrimeraInstancia. C01Principal. Documento 02DemandayAnexos.pdfRADICADO: 680813333002-2021-00078-01

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2. Hechos

La parte actora indica que la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013 creó la «Estampilla Pro -Universidad Nacional de Colombia y Demás Universidades Estatales de Colombia» como una contribución parafiscal destinada al fortalecimiento de las universidades esta tales, administrada directamente por el ente autónomo beneficiario del tributo. Afirma que el hecho generador del tributo lo constituye todo contrato de obra suscrito por entidades del orden nacional, incluidas las adiciones en dinero y los contratos conex os, como diseño, operación, mantenimiento o interventoría, conforme a la Ley 80 de 1993. Señala que el artículo 6° de la Ley 1697 de 2013

contratos conex os, como diseño, operación, mantenimiento o interventoría, conforme a la Ley 80 de 1993. Señala que el artículo 6° de la Ley 1697 de 2013 establece que el tributo está a cargo del contratista, mientras que el contratante actúa como agente retenedor. Refiere que, en este caso, la empresa APC Ltda. es el sujeto pasivo del impuesto. Sostiene que el Ministerio de Educación Nacional, mediante el Acto No. 2018 -EE195110, le ordenó pagar $2.043.587.970 por el período 201 3-2017 y que, el 6 de junio de 2019, expidió el Acto No. 2019-EE-074275, en el que le impuso el pago de $421.871.482 por concepto de estampillas por el periodo 2014 -2018. Precisa que este monto incluye el capital y los intereses acumulados hasta la fecha de corte e incorpora todos los contrat os, entre ellos el Contrato MA -0032101, suscrito con el demandado, cuyo objeto fue la ejecución de «obras de mantenimiento para los barrios de la Gerencia Refinería de Barrancabermeja». Manifiesta que realizó dos pagos por la estampilla de dicho contrato; el primero, el 2 de enero de 2019, por $2.429.809, y el segundo, el 27 de junio de 2019, por $14.635.350. Advierte que, tras realizar los pagos correspondientes, le solicitó al demandado el reembolso del tributo a través de canal de comunicación electrónic a, sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda no ha reembolsado el valor de las estampillas.

B. Contestación3

La parte demandada no contestó la demanda pese a estar debidamente notificada.

a la fecha de presentación de la demanda no ha reembolsado el valor de las estampillas.

B. Contestación3

La parte demandada no contestó la demanda pese a estar debidamente notificada.

C. La sentencia recurrida4

Mediante sentencia del 17 de noviembre de 2021 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja niega las pretensiones sin condena en costas. El a quo considera que ECOPETROL S.A. actuó como agente retenedor respecto del contrato MA-0032101 y, en esta calidad, debía cumplir las obligaciones previstas en los artículos 370 y siguientes del Estatuto Tributario, incluida la retención de tributos en los actos y operaciones en los que intervino. Advierte que la demandante no realizó la retención de la contribución parafiscal de la Estampilla Pro -Universidad Nacional y Demás Universidades Estatales de Colombia de manera proporcional a los pagos efectuados al contratista ni en el momento en que se generaron, lo que llevó al Ministerio de E ducación Nacional a efectuar la liquidación correspondiente, incluyendo los intereses. Señala que, en atención a dicho requerimiento, Ecopetrol pagó la suma de $421.871.482 por concepto de contribución parafiscal. Afirma que no se configuró el daño antijur ídico invocado y que la acción de reparación directa tiene una naturaleza indemnizatoria, pero en este caso, no hay lugar a ella, dado que la actuación de la demandante se fundó en una justa causa legal, en relación con el contrato MA-0032101.

3 Expediente digital SAMAI. Índice 0003. 01PrimeraInstancia. C01Principal. Documento 06NotificaciónPersonalAdmisorio.pdf

legal, en relación con el contrato MA-0032101.

3 Expediente digital SAMAI. Índice 0003. 01PrimeraInstancia. C01Principal. Documento 06NotificaciónPersonalAdmisorio.pdf 4 Expediente digital SAMAI. Índice 0003. 01PrimeraInstancia. C01Principal. Documento 18ActaAudienciaInicial20211117.pdfRADICADO: 680813333002-2021-00078-01

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Indica que la reparación directa no es el mecanismo idóneo para solicitar el reembolso de tributos pagados, sino que debe acudirse a la vía administrativa. Argumenta, por último, que el enriquecimiento sin causa es una fuente autónoma y subsidiaria, aplicable únicamente cuando se ejecuta una obra o se presta un servicio sin cumplir las formalidades legales, circunstancia que no se presentó en este caso.

D. La apelación

La parte demandante 5 solicita que se revoque la sentencia y, en su lugar, se concedan las pretensiones. Sostiene que se le causó un daño antijurídico que no estaba en el deber de soportar por parte d e APC Ltda., quien, como sujeto pasivo del tributo, debe reembolsar el valor de las estampillas canceladas. Insiste en que, de acuerdo con e l art. 6 de la Ley 1697 de 2013, el contratista era

del tributo, debe reembolsar el valor de las estampillas canceladas. Insiste en que, de acuerdo con e l art. 6 de la Ley 1697 de 2013, el contratista era quien debía soportar la carga del tributo ya que ella solo actuaba como agente retenedor encargado del recaudo y traslado de los tributos a las autoridades. Refiere que al tener que asumir el pago del tributo se le generó un detrimento patrimonial y un enriquecimiento sin justa causa en favor del contratista, quien debía soportar la carga fiscal. Argumenta que no tiene competencia para expedir actos administrativos, razón por la cual no podía adelantar un proceso de cobro coactivo contra el demandado para obtener el reembolso del tributo. Dice que el a quo desconoció que el enriquecimiento sin justa causa no se limita a la ejecución de obras o la prestación de servicios sin el cumplimiento de formalidades legales. Precisa que en este caso se cumplen los presupuestos para declarar la actio in rem verso , pues el obligado obtuvo una ventaja patrimonial correlativa a su empobrecimiento y sin una causa jurídica que lo justifique.

E. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 7 de abril de 20226, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandante. Al respecto, la sociedad demandada7 se pronunció el 19 de abril de 2022 mediante alegatos de no recurrente, en los siguientes términos: Manifiesta que la decisión del juez de primera instancia se encuentra ajustada a derecho y debe mantenerse. Aduce que la relación contractual entre APC Ltda. y Ecopetrol S.A. que estuvo regulada por la Ley 80 de 1993 , su normativa

Manifiesta que la decisión del juez de primera instancia se encuentra ajustada a derecho y debe mantenerse. Aduce que la relación contractual entre APC Ltda. y Ecopetrol S.A. que estuvo regulada por la Ley 80 de 1993 , su normativa reglamentaria, y el pliego de condiciones del contrato MA-0032101, no estableció la obligación de pago de la Estampilla Pro-Universidad Nacional. Expresa que dicho contrato se suscribió antes de la entrada en vigencia de la Ley 1697 de 2013 y su Decreto 1050 de 2014, por lo que no puede aplicarse retroactivamente esta normativa. Indica que el Ministerio de Educación requirió el pago de la estampilla después de la terminación y liquidación del contrato, cuando ya se habían cumplido todas las condiciones contractuales sin que existiera dicha obligación. Afirma que Ecopetrol pretende trasladarle una carga económica que no estaba contemplada en el contrato ni en la ley, desconociendo el principio de irretroactividad de la norma tributaria. Sostiene que los OtroSí suscritos no modificaron el valor del contrato y que, por ende, no se configuró el hecho generador del tributo. Reitera que Ecopetrol asumió erróneamente el pago de la estampilla y ahora pretende trasladar la responsabilidad como contratista, lo que carece de fundamento jurídico. Alega que la empresa demandante incurrió en un yerro y que no puede exigirle asumir los efectos de su error. En relación con la pretensión de enriquecimiento sin justa causa planteada por la demandante, sostiene que no se cumplen los requisitos jurispru denciales para su procedencia, ya que no existió un beneficio patrimonial ni se generó un daño

En relación con la pretensión de enriquecimiento sin justa causa planteada por la demandante, sostiene que no se cumplen los requisitos jurispru denciales para su procedencia, ya que no existió un beneficio patrimonial ni se generó un daño antijurídico en perjuicio de Ecopetrol. Indica que la jurisprudencia ha sido clara en

5 Expediente digital SAMAI. Índice 0003. 01PrimeraInstancia. C01Principal. Documento 21RecursoApelaciónDemandante.pdf 6 Expediente digital SAMAI. Índice 0003. 02SegundaInstancia.Documento 002AutoAdmiteRecursoApelación.pdf 7 Expediente digital SAMAI. Índice 0003. 02SegundaInstancia.Documento 003PoderParteDemandada.pdfRADICADO: 680813333002-2021-00078-01

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establecer que el enriquecimiento sin causa opera en circunstancias específ icas que no se presentan en este caso. Asimismo, rechaza la afirmación de que Ecopetrol haya sufrido un detrimento patrimonial, pues fue la propia entidad la que decidió realizar el pago sin contar con fundamento normativo válido para hacerlo y luego exigir el reembolso. Finalmente, señala que el medio de control de reparación directa no es el mecanismo procesal adecuado para la reclamación pretendida por Ecopetrol, dado que la empresa no tenía la obligación de realizar el pago ni puede pretender ahora

Finalmente, señala que el medio de control de reparación directa no es el mecanismo procesal adecuado para la reclamación pretendida por Ecopetrol, dado que la empresa no tenía la obligación de realizar el pago ni puede pretender ahora su restitución. Argumenta que Ecopetrol no agotó los recursos administrativos frente al Ministerio de Educación y que pretende, de manera indebida, trasladarle la carga económica. Por lo anterior, solicita que se mantenga la decisión de primera instancia y se rechacen las pretensiones de la demandante. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El medio de control procedente para reclamar el reembolso de un tributo a un particular, cuando la entidad estatal retenedora no ejerce funciones administrativas El artículo 140 del CPACA8 consagra el medio de control de reparación directa para obtener la reparación de los daños antijurídicos causados por los agentes del Estado. Asimismo, la norma establece que «las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular».

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional 9 han sostenido que, en virtud de la cláusula general de competencia del artículo 104 del CPACA, y del inciso 3º del mencionado artículo 140, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las demandas de reparación directa p romovidas por las entidades de derecho público en contra de los particulares.

mencionado artículo 140, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las demandas de reparación directa p romovidas por las entidades de derecho público en contra de los particulares. En consecuencia, ECOPETROL S.A. se encuentra legitimado para interponer la demanda de reparación directa de la referencia con el fin de reclamar el daño patrimonial derivado del pago de un tributo que asumió como agente retenedor y que corresponde a su contratista. En este sentido, el Consejo de Estado 10 ha reconocido que, de conformidad con el artículo 370 del Estatuto Tributario, los agentes retenedores tienen el derecho a ejerc er la acción de reembolso contra el retenido, es decir, la persona obligada al pago del impuesto cuya retención no se practicó. Conviene precisar que Ecopetrol es una sociedad de economía mixta de carácter comercial, vinculada al Ministerio de Minas y Ener gía, cuyos actos y contratos se rigen exclusivamente por normas de derecho privado 11. En consecuencia, no está facultada para expedir actos administrativos ni para ejercer la función administrativa

8 ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omi sión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa im putable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa im putable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. 9 Corte Constitucional. Auto 014 de 2022. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 10 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006). C.P. HECTOR J. ROMERO DIAZ. Radicación número: 25000-23-27-000-2002-01202-01(14501) 11 Ley 1118 de 2006, Artículo 62. «Régimen aplicable a Ecopetrol S. A. To dos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de Ecopetrol S. A., una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirá n exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender e l porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa». La norma regula los negocios jurídicos necesarios para el desarrollo de su objeto social. Los demás, se rigen por el EGCP.RADICADO: 680813333002-2021-00078-01

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de cobro coactivo con el fin de exigir unilateral y forzosamente el reembolso al que tiene derecho12. La jurisdicción coactiva es una facultad exorbitante otorgada únicamente a entidades estatales con funciones administrativas, como lo establece el artículo 5º de la Ley 1066 de 200613. La Corte Constitucional ha señalado que su finalidad es garantizar el recaudo ágil de las deudas a favor de las entidades públicas para optimizar el cumplimiento de sus funciones. Por esta razón, la ley les permite actuar simultáneamente como juez y parte. Sin embargo, esta facultad no es aplicable a entidades que desarrollan actividades industriales y comerciales equiparables a las de los particulares, como es el caso de Ecopetrol S.A., pues ello generaría un desequilibrio en las relaciones con los privados con quienes compiten en condiciones de mercado. En tal medida, aunque la ley le reconoce el derecho al reembolso en su calidad de agente retenedor, Ecopetrol no puede declarar unilateralmente la obligación a su favor ni cobrarla coactivamente. Por ello, debe acudir a la Jurisdicci ón de lo Contencioso Administrativo, a través del medio de control de reparación directa, para obtener la reparación del daño patrimonial derivado del pago de un tributo que, en realidad, corresponde a un particular. La reparación directa es la única vía p rocedente, pues la acción de repetición solo

para obtener la reparación del daño patrimonial derivado del pago de un tributo que, en realidad, corresponde a un particular. La reparación directa es la única vía p rocedente, pues la acción de repetición solo puede dirigirse contra servidores públicos, no contra contratistas del Estado. Tampoco es viable el medio de control de controversias contractuales, dado que el reembolso que se reclama tiene como fundamento la ley tributaria, no el contrato.

C. Asunto previo: no se configura la caducidad en el presente caso La caducidad constituye una restricción del derecho de acceso a la administración de justicia prevista por el legislador para salvaguardar el principio de seguridad jurídica, el cual se vería afectado ante la incertidumbre que generaría la posibilidad de promover una demanda en cualquier tiempo14.

Para el ejercicio del medio de control de reparación directa el término de caducidad es de 2 años, según lo dispuesto en el artículo 164.2, literal (i), del CPACA 15. Por

12 El acto administrativo es una típica manifestación del ej ercicio de prerrogativas públicas por parte de los sujetos que ejercen función administrativa. Cuando la administración crea, modifica o extingue derechos u obligaciones «por su cuenta y por su sola voluntad» mediante decisiones unilaterales que gozan de presunción de legalidad y carácter ejecutivo y ejecutorio, actúa prevalida de un poder público y exorbitante al derecho común. Montaña Plata, Alberto. Fundamento de Derecho administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, págs.

167, 171, 184 a 206. Ver también: Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Compendio de Derecho Administrativo, Universidad Externad o de Colombia, Bogotá, 2017, Págs. 91, 250, 509, 510; Morand-Deviller, Jacqueline, Curso de Derecho Administrativo, traducido por Zoraya Rincón Ardila y Juan Carlos Peláez Gutiérrez, Universidad Externado de Colombia, 2010, Bogotá, págs. 369, 420, 421 y 448. La misma regla aplica, con mayor razón, cuando los particulares ejercen prerrogativas de poder público. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de agosto de 1999, C.P. German Rodríguez Villamizar, Exp. Acu798, Sección Quinta, sentencia del 16 de agosto de 2012, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. 2012-00106-01(Acu). 13 ARTÍCULO 5o. FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servici os del Estado colombiano y que en vir tud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efe ctivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. <Inciso adicionado por el artículo 370 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las entidades públicas de que trata el inciso

<Inciso adicionado por el artículo 370 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las entidades públicas de que trata el inciso anterior, podrán vender la cartera coactiva que tengan a su cargo a la entidad estatal colectora de activos públicos Central de Inversiones CISA

S. A., quien tendrá para el efecto la facultad de cobro coactivo de los créditos transferidos, conforme al procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. Los procesos de cobro coactivo ya iniciados que se transfieran a CISA, continuarán su trámite sin solución de continuidad.

PARÁGRAFO 1o. Se excluyen del campo de aplicación de la presente ley las deud as generadas en contratos de mutuo o aquellas derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en este artículo desarrollan una actividad de cobran za similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad. PARÁGRAFO 2o. Los representantes legales de las entidades a que hace referencia el presente artículo, para efectos de dar por terminados los procesos de cobro coactivo y proceder a su archivo, quedan facultados para dar aplicación a los incisos 1o y 2o del artículo 820 del Estatuto Tributario. PARÁGRAFO 3o. Las Administradoras de Régimen de Prima Media con Prestación Definida seguirán ejerciendo la facultad de cobro coactivo que les fue otorgada por la Ley 100 de 1993 y normas reglamentarias. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, C.P . Danilo

que les fue otorgada por la Ley 100 de 1993 y normas reglamentarias. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, C.P . Danilo Rojas Betancourt. Rad. 19001 -23-31-000-2005-01594-01 (40061). Sobre las implicaciones de este fenómeno, el alto tribunal ha sostenido: «Entonces, el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador, pues la indeterminación y la incertidumbre chocan con los fines del derecho como herramienta para lograr la seguridad jurídica y la est abilidad de las relaciones sociales. El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. Por lo mismo, se extingue la jurisdicción del Estado, si es que el interesado ha caído en la desidia al no defender su derecho en la ocasión debida y con la presteza que exige la ley». Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 7 de octubre de 2010, C.P. VICTOR HERNANDO ALVARADO

ARDILA, Rad. 25000-23-25-000-2004-05678-02(2137-09) . 15 «Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia».RADICADO: 680813333002-2021-00078-01

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regla general, la contabilización de dicho plazo se efectúa desde «el día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño».

Sin embargo, ante la existencia de eventos en los cuales se dificulta el conocimiento del daño, el legislad or, orientado por la jurisprudencia de la época, consagró algunas excepciones a la regla16, entre ellas, la que permite el cómputo de la caducidad desde « cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del [daño] si fue en fecha posterior y siempre qu e pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia».

La mencionada excepción, ha dicho la jurisprudencia, aplica frente a circunstancias especiales en las cuales resulta difícil identificar el daño, porque no es posible que

imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia».

La mencionada excepción, ha dicho la jurisprudencia, aplica frente a circunstancias especiales en las cuales resulta difícil identificar el daño, porque no es posible que su conocimiento suceda en el mismo instante del hecho dañoso; esto debido a que: (i) el daño no es de aquellos que se producen de manera instantánea 17, o (ii) el daño ocurre en circunstancias oscuras , y su entidad y características se develan con el tiempo18.

La flexibilización prevista en el artículo 164.2 literal i) del CPACA frente al cómputo de la caducidad evidencia la intención del legislador de evitar que este fenómeno procesal se convierta en una restricción arbitraria del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues, como se dijo al inicio, su propósito es establecer un límite temporal para ejercer el derecho de acción, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica, no crear cargas irrazonables.

En este caso, el daño ant ijurídico, entendido como la lesión a un interés jurídicamente protegido que su titular no está en la obligación de soportar, consiste en la disminución real y definitiva del patrimonio de Ecopetrol, derivada del pago de la Estampilla Pro -Universidades, en calidad de agente retenedor, obligación que correspondería al contratista sociedad APC Ltda. , como sujeto pasivo del tributo. En principio, d icho daño no debe ser soportado jurídicamente por la empresa de petróleos y es atribuible al contratista, puesto que al agente retenedor le asiste el derecho al rembolso, conforme lo dispone el artículo 370 del Estatuto Tributario.

petróleos y es atribuible al contratista, puesto que al agente retenedor le asiste el derecho al rembolso, conforme lo dispone el artículo 370 del Estatuto Tributario.

En criterio de la Sala, la lesión al patrimonio de Ecopetrol no se produjo al liq