TA SAN - Sentencia 680813333002-2022-00037-02 (13-11-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL Controversias contractuales RADICADO 680813333002-2022-00037-02

DEMANDANTE

Grupo DPI, Diseños, Proyectos e Interventorías S.A.S. abogados@posadaynavarro.com gdpi.interventoria@gmail.com

DEMANDADOS

Municipio de Sabana de Torres notificacionjudicial@sabanadetorressantander.gov.co edalchaqui@hotmail.com velabogado@gmail.com Ecopetrol S.A. notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co carlosaugustojaimesbohorquez@gmail.com pascual.martinez@ecopetrol.com.co

MINISTERIO

PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Liquidación judicial de l contrato de interventoría . Procede ante la ausencia de liquidación bilateral o unilateral y siempre que sea pedido en la demanda. Consiste en la determinación de las acreencias y deudas pendientes, una vez finalizado el acuerdo de voluntades. Nexo entre el contrato de obra y el de interventoría. En los contratos de obra celebrados

unilateral y siempre que sea pedido en la demanda. Consiste en la determinación de las acreencias y deudas pendientes, una vez finalizado el acuerdo de voluntades. Nexo entre el contrato de obra y el de interventoría. En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista (Ley 80 de 1993, artículo 32.1). En estos casos, si bien cada contrato conserva su individualidad jurídica, existe entre ellos un nexo funcional reconocido por el ordenamiento jurídico. Se comprobó el cumplimiento de las obligaciones pactadas a cargo de la sociedad interventora.Controversias Contractuales Sentencia de segunda instancia

Demandante: Grupo DPI, Diseños, Proyectos e Interventorías S.A.S Demandado: municipio de Sabana de Torres y otros Radicado: 680813333002-2022-00037-02

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Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y el municipio de Sabana de Torres contra la sentencia del 27 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de controversias contractuales consagrado en el artículo

de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de controversias contractuales consagrado en el artículo 141 del CPACA, la Sociedad Grupo DPI, Diseños, Proyectos e Interventorías S.A.S. formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se ordene la liquidación judicial del Contrato 150 de 2015, suscrito entre el municipio de Sabana de Torres y la sociedad demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: Que se declare la terminación del Contrato No. 150 de 2015, por haberse cumplido con el objeto , a saber, ejercer la interventoría técnica, administrativa y financiera al Proyecto AUNAR ESFERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POB LACION RURAL DE LAS VEREDAS, DIAMANTE, CANELO, ALMENDRO, JAZMIN, PROVINCIA Y LA REALIZACION DE TRES INGENIERIAS DE DETALLE Y DISEÑO DE LA RED DISTRIBUCION DE GAS NATURAL PARA CADA UNA DE LAS 3 VEREDAS DEL CAMPO CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – SANTANDER; y el plazo estipulado en el contrato y sus actas modificatorias, esto es el día cinco (05) de julio de 2019.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que ha fenecido el término legal establecido para la liquidación consensuada y unilateral del contrato No. 150 de 2015.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que ha fenecido

el término legal establecido para la liquidación consensuada y unilateral del contrato No. 150 de 2015.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que ha fenecido el término legal establecido para la liquidación administrativa del contrato No. 150 de 2015.

CUARTA: Que se declare que mi Poderdante, GRUPO DPI, DISEÑOS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S., ha sido contratante cumplido en virtud del Contrato No. 150 de 2015.

QUINTA: Que en como consecuencia de lo anterior, se ordene la liquidación judicial del contrato No. 150 de 2015 suscrito entre mi Poderdante y el MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, y en tal sentido realice el pago del valor hasta el momento adeudado con ocasió n del precio fijado en la cláusula: “(…) CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es la suma de

DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($223.280.218,00) los cuales serán pagaderos de la siguiente forma: En instalamentos mensuales proporcionales al plazo estipulado. En el evento que se prorrogue el contrato el último instalamento solo se pagará una vez concluida la intervención. (…)”

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 47 índice SAMAI, archivo 01.Controversias Contractuales Sentencia de segunda instancia

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SEXTA: Que, aunado a ello, se le condene al MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES pague los intereses de mora causados desde la fecha de terminación, esto es el cinco (05) de julio de 2019 del contrato hasta el efectivo pago.

SÉPTIMA: Que, como consecuencia de la dilación en el pago de valor total del contrato, se le condene al MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES a realizar el pago de los perjuicios generados a título de lucro cesante y daño emergente.

OCTAVA: Que, de ser el caso, se le ordene a la entidad ECOPETROL S.A., en calidad de ordenador del pago de dentro del encargo fiduciario que para efectos del presente Contrato No. 150 de 2015, suscriba los documentos requeridos para realizar el pago de los emolumentos derivados de la liquidación del contrato en cuestión, ello con el fin de lograr la liquidación y pago del contrato No. 150 de

2015.

NOVENA. Que el cumplimiento del presente acuerdo se realice de acuerdo a lo señalado en los artículos 187, 192, 195 y siguientes del C.P.A.C.A» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

señalado en los artículos 187, 192, 195 y siguientes del C.P.A.C.A» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. En el 2003, el municipio de Sabana de Torres suscribió con Ecopetrol S.A. convenio de colaboración núm. 521 cuyo objeto fue el de «aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la construcción, mantenimiento y operación del servicio de gas natural domiciliario de las veredas Diamante, Canela, Almendro, Jazmín, Provincia, realización de tres ingenie rías de detalle y diseño de la red de distribución de gas natural domiciliario para cada una de las tres Veredas del Campo Cristalina, del Municipio de Sabana de Torres

– Santander».

1. En virtud del convenio antes mencionado, el 30 de diciembre de 2014 el municipio de Sabana de Torres suscribió con la sociedad HEGA S.A. E.S.P. convenio de asociación núm. 231 de 2014, el cual tuvo por objeto lo siguiente: «el municipio y el contratista han convenido aunar esfuerzos entre las partes con el propósito de desarrollar el proyecto: «mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la construcción, mantenimiento y operación del servicio de gas natural, domiciliario de las veredas diamante, canelo, almendro, jazmín, provincia, realización de tres ingenierías de detalle y diseño de la red de distribución de gas natural domiciliario para cada una de las tres veredas del campo cristalina, del municipio de sabana de torres – Santander».

realización de tres ingenierías de detalle y diseño de la red de distribución de gas natural domiciliario para cada una de las tres veredas del campo cristalina, del municipio de sabana de torres – Santander».

1. Asimismo, en el convenio se asociación núm. 231 de 2014 se estableció, en su cláusula quinta, que el plazo de ejecución era de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y, además, que la vigencia del convenio obedecía al término de tiempo determinado para evaluar por parte del municipio de Sabana de Torres, la ejecución del proyecto y adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto convenido o imponer las sanciones en el evento contrario.

1. Aunado a lo anterior, en la cláusula novena se estableció sobre la interventoría lo siguiente: «la vigilancia permanente de la correcta ejecución del presente convenio será llevada a cabo por una interventoría externa, la cual seráControversias Contractuales Sentencia de segunda instancia

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contratada por el Municipio conforme los lineamientos que la normatividad señala para tal fin », motivo por el cual la sociedad demandante Grupo DPI, Diseños, Proyectos e Interventorías S.A.S. suscribió con el municipio de Sabana de Torres el Contrato de Consultoría núm. 150 de 2015, cuyo objeto fue: «el contratista se

Proyectos e Interventorías S.A.S. suscribió con el municipio de Sabana de Torres el Contrato de Consultoría núm. 150 de 2015, cuyo objeto fue: «el contratista se obliga para con el municipio al interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de vida, de la población rural de las veredas, diamante, canelo, almendro, jazmín, provincia y la realización de tres ingenierías de detalle y diseño de la red de distribución de gas natural para cada una de las 3 veredas de campo cristalina del municipio de sabana de torres — Santander de conformidad con el pliego de condiciones y la propuesta anexa» y se determinó como plazo de duración un lapso de seis 6 meses y un valor de $223.280.218,00, pagaderos en instalamentos mensuales proporcionales al plazo estipulado.

1. Para efectos de realizar el pago del Contrato de Interventoría núm. 150 de 2014, se dispuso la apropiación presupuestal del certificado de disponibilidad presupuestal núm. 03000012 del 2 de marzo de 2016 y, respecto a la liquidación del contrato, se señaló en la cláusula vigésima primera que debería efectuarse en lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 60 y ss. de la Ley 80 de 1993. Además, en calidad de supervisor del contrato se designó al secretario de planeación del municipio de Sabana de Torres y mediante acta núm. 1 del 2 de junio de 2015, se fijó como fecha de inicio el 2 de junio de 2015.

secretario de planeación del municipio de Sabana de Torres y mediante acta núm. 1 del 2 de junio de 2015, se fijó como fecha de inicio el 2 de junio de 2015.

1. El 16 de octubre de 2015, se suscribió entre la sociedad demandante y el municipio de Sabana de Torres el acta núm. 02 de recibo parcial del Contrato de Interventoría núm. 150 de 2015, en la cual se señaló el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales hasta ese momento, razón por la cual se acordó: « 1. Recibir las actividades objeto del contrato de consultoría No. 150 de 2015, especificada en la cláusula tercera, obligaciones de las partes, numeral 1, obligaciones del contratista de la presente acta por valor de $148.853.478. 2. Autorizar el pago de la presente acta, por la sum a

$148.853.478».

1. Como condición para el efectivo pago de la suma de dinero señalada en el acta núm. 02 de recibo parcial del Contrato de Interventoría núm. 150 de 2015 se estableció como requisito el pago de la seguridad social del personal profesional, esto es, del director de interventoría, ingeniero residente, supervisor ambiental y del personal técnico y administrativo , vale decir, de la s ecretaria, topógrafo y auxiliar de topografía. En consecuencia, la sociedad demandante acreditó el pago de seguridad social del personal profesional, así como el pago de estampillas de orden departamental; no obstante, a la fecha de la presentación de la demanda no se ha realizado el pago ordenado en virtud del acta núm. 02 de recibo parcial,

de seguridad social del personal profesional, así como el pago de estampillas de orden departamental; no obstante, a la fecha de la presentación de la demanda no se ha realizado el pago ordenado en virtud del acta núm. 02 de recibo parcial, motivo por el cual se encuentra en trámite proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito De Barrancabermeja bajo el radicado 680813333002-2020-00282-00, en el cual se libró mandamiento de pago por la suma de dinero cuyo pago se ordenó en el acta núm. 02 de recibo parcial.

1. El 30 de noviembre de 2015, las partes suscribieron acta núm. 03 de suspensión del Contrato de Consultoría núm. 150 de 2015 y se señaló como motivación que el interventor, esto es, la sociedad Grupo DPI, Diseños, ProyectosControversias Contractuales Sentencia de segunda instancia

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e Interventorías S.A.S. solicitó la suspensión del Convenio núm. 231 de 2014 con fundamento en los siguientes argumentos: a) el número de usuarios otorgados y censados originalmente en 2011 eran 319, no son los mismos que para la fecha de ejecución, b) los diseños técnicos contemplados para el área mecánica de la estación «City Gate » estaban incompletos y no contemplaban memorias de

censados originalmente en 2011 eran 319, no son los mismos que para la fecha de ejecución, b) los diseños técnicos contemplados para el área mecánica de la estación «City Gate » estaban incompletos y no contemplaban memorias de cálculo para cada una de las etapas de filtración, regulación, mediación y odorización, necesari as para la implementación es estas etapas , c) no se especificó la actividad de facilidad de tubería metálica para el suministro de gas, necesaria para la ejecución del proyecto relacionando el trayecto de unión entre el punto de conexión otorgado para el suministro de gas y la estación «City Gate», entre otros aspectos.

1. El 4 de julio de 2019, mediante acta núm. 004 se acordó la reanudación del contrato de interventoría núm. 150 de 2015, en atención a que se superaron las condiciones que dieron origen a la suspensión, motivo por el cual se reiniciaron las actividades a partir del 4 de julio de 2019 y de determinó como nueva fecha de terminación el 5 de julio de 2019.

1. Pese a que en la cláusula cuarta del Contrato de Interventoría núm. 150 de 2015 se estipuló que la suma de dinero a pagar era $223.280.218 la cual se cancelaría en i nstalamentos mensuales proporcionales al plazo estipulado, lo cierto es que a la fecha de la presentación de la demanda no se ha cancelado suma alguna por ese concepto, motivo por el cual existe una deuda respecto a la totalidad del valor del contrato.

1. A la fecha de finalización del contrato, esto es 5 de julio de 2019, no fue suscrito por las partes algún otrosí o documento semejante que extendiera el

totalidad del valor del contrato.

1. A la fecha de finalización del contrato, esto es 5 de julio de 2019, no fue suscrito por las partes algún otrosí o documento semejante que extendiera el plazo o que modificara el valor o forma de pago de este, ni se realizó la liquidación bilateral del contrato, conforme a lo ordenado en la cláusula vigésima primera. En ese sentido, vencidos los cuatro meses brindados por el ordenamiento jurídico colombiano para efectos de surtir la liquidación bilateral del Contrato núm. 150 de 2015, la entidad accionada contab a con dos meses para efectuar la liquidación unilateral sin que lo hubiere realizado.

1. El 25 de febrero de 2020, se presentó petición ante el municipio de Sabana de Torres identificada con el radicado 0000020201290R, a través de la cual se solicitó la liquidación del Contrato de Consultoría núm. 150 de 2015, así como el pago de la suma de dinero estipulada en el acta número 1 junto con sus respectivos intereses.

1. El 19 de mayo de 2020, el secretario de Planeación Juan Carlos Gómez Castro resolvió la petición de pago presentada por la sociedad demandante e indicó que resultaba necesario realizar la liquidación del contrato de Interventoría.

1. Posteriormente, el 31 de agosto de 2020 mediante Oficio SP L -1-1-073308-2020 el municipio de Sabana de Torres dio respuesta a la petición y, para el efecto, indicó que e l ente territorial estuvo representado legalmente durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015 por

08-2020 el municipio de Sabana de Torres dio respuesta a la petición y, para el efecto, indicó que e l ente territorial estuvo representado legalmente durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015 por el alcalde Jairo Rivero Arciniegas, quién para ese momento tiene un parentesco en segundo grado de consanguinidad con el actual alcalde del municipio deControversias Contractuales Sentencia de segunda instancia

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Sabana de Torres José Ariel Rivera Arciniegas y, por ende, en razón a que este último suscribió el mencionado contrato de interventoría, el alcalde no puede tomar decisiones administrativas en las cuales se configure un impedimento en virtud del parentesco con el anterior alcalde.

1. En ese orden de ideas, es evidente que el Contrato de Interventoría núm. 150 de 2015 se encuentra finalizado , en razón a que el objeto contractual se desarrolló de conformidad con las obligaciones pactadas; no obstante, no ha sido liquidado ni se ha realizado el pago convenido.

1.1.3. Fundamentos de derecho

Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes argumentos:

1. De conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, son objeto de liquidación los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución

siguientes argumentos:

1. De conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, son objeto de liquidación los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que así lo requieran. En ese sentido, la liquidación podrá ser bilateral, unilateral o judicial. La primera, se realizará en el plazo que disponga en el pliego de condiciones o aquel que las partes hayan convenido y en ausencia del mismo, deberá ser realizada dentro de los 4 meses siguientes a la ex piración del término previsto para la ejecución del contrato, de la ejecutoria del acto administrativo mediante el cual se ordena la terminación o la fecha en la cual se disponga ; lo anterior en virtud de lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

1. Ante la ausencia de la liquidación bilateral del contrato, la entidad contratante tendrá la facultad de liquidar el contrato de manera unilateral dentro de los 2 meses siguientes, motivo por el cual el término para solicitar la liquidación judicial del contrato se extiende por 2 años contados a partir de la expiración de los meses mencionados mediante la interposición del medio de control de controversias contractuales.

1. En ese orden de ideas, dentro de las causales naturales de la terminación de los contratos se encuentra a) el cumplimiento del objeto y b) el vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato, las cuales son consideradas como causales objetivas. En el sub judice, se encuentra probado que en el Contrato de Interventoría núm. 150 de 2015 suscrito por la sociedad demandante y el municipio de Sabana de Torres se determinó en cuanto al objeto, plazo y

causales objetivas. En el sub judice, se encuentra probado que en el Contrato de Interventoría núm. 150 de 2015 suscrito por la sociedad demandante y el municipio de Sabana de Torres se determinó en cuanto al objeto, plazo y liquidación, lo siguiente : «objeto y alcance. el contratista se obliga para con el municipio a la interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de vida, de la población rural de las veredas, diamante, canelo, almendr o, jazmín, provincia y la realización de tres ingenierías de detalle y diseño de la red de distribución de gas natural para cada una de las 3 veredas de campo cristalina del municipio de sabana de torres – Santander de conformidad con el pliego de condicio nes y la propuesta anexa. Atendiendo a la propuesta presentada el CONTRATISTA deberá ejecutar lo señalado en el siguiente cuadro […] SEGUNDA. PLAZO: El presente contrato tendrá una duración de seis (06) meses. […] VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION DEL CONTRATO. La liquidación del presente contrato deberáControversias Contractuales Sentencia de segunda instancia

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efectuarse en la forma establecida en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y los articulo 60 y ss de la ley 80 de 1993».

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efectuarse en la forma establecida en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y los articulo 60 y ss de la ley 80 de 1993».

1. En consecuencia, surge con nitidez que en razón a que el Contrato No. 150 de 2015 corresponde a aquellos contratos en los cuales la liquidación debe realizarse de conformidad a lo señalado en el artículo 11 de la Ley 11150 de 2007, el cual prevé el término de 4 meses para liquidación bilateral, 2 meses posteriores para la unilateral y 2 años para solicitar la liquidación vía judicial, es evidente que resulta procedente que se ordene la liquidación judicial, en la medida en que el objeto contractual fue cumplido sin requerimiento alguno y dentro del plazo contractual ejecutado.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Municipio de Sabana de Torres

La apoderada de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso como medio exceptivo «existencia del pleito pendiente». Además, se opuso de manera parcial a las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Dentro del expediente del Contrato de Consultoría núm. 150 de 2015 no obra prueba alguna que demuestre el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales por parte de la sociedad demandante Grupo DPI S .A.S., especialmente si se tiene en cuenta que el Convenio de Asociación núm. 231 de 2014, cuya ejecución debía ser objeto de vigilancia por el interventor, venció sin que el contratista Hega S.A. E.S.P. cumpliera totalmente las obligaciones pactadas.

2014, cuya ejecución debía ser objeto de vigilancia por el interventor, venció sin que el contratista Hega S.A. E.S.P. cumpliera totalmente las obligaciones pactadas.

1. En ese sentido, se advierte que a l interventor Grupo DPI S .A.S. le correspondía exigir al contratista el cumplimiento estricto del convenio, informar al ente territorial sobre cualquier incumplimiento y recomendar oportunamente modificaciones a las obras o decisiones para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Luego, en razón al evidente incumplimiento del contratista Hega S.A. E.S.P., el interventor no tuvo que adoptar decisiones ni utilizó las facultades otorgadas por la ley y el contrato para asegurar el cumplimiento del proyecto, motivo por el cual, en el proceso de controversias contractuales conocido por el Tribunal Administrativo de Santander de radicado 6800123330002021-00316-00 en el cual se estudió la liquidación del Convenio núm. 5212003 del 8 de noviembre de 2013 celebrado entre Ecopetrol S.A. y el municipio de Sabana de Torres, se vinculó como litisconsorte necesario a la sociedad interventora demandante.

1. En consecuencia, en razón a que el Convenio de Asociación núm. 231 de 2014 no se ejecutó, se encuentra demostrado que la interventoría no utilizó los mecanismos correspondientes para exigir al contratista la ejecución del proyecto, función que era de su responsabilidad, aunado a que tampoco presentó informes que sustentaran la necesidad de adoptar acciones correctivas para garantizar la ejecución del proyecto a su cargo.Controversias Contractuales Sentencia de segunda instancia

Demandante: Grupo DPI, Diseños, Proyectos

e Interventorías S.A.S

que sustentaran la necesidad de adoptar acciones correctivas para garantizar la ejecución del proyecto a su cargo.Controversias Contractuales Sentencia de segunda instancia

Demandante: Grupo DPI, Diseños, Proyectos e Interventorías S.A.S Demandado: municipio de Sabana de Torres y otros Radicado: 680813333002-2022-00037-02

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1. Además, resulta imprescindible poner de presente que, actualmente, ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja se adelanta un proceso ejecutivo, el cual fue promovido por la sociedad demandante Grupo DPI S.A.S. contra el municipio de Sabana de Torres, bajo el radicado 680813333002-2020-00282-00, en el cual se pretende el pago de la suma de $148.853.478, correspondiente al acta de recibo parcial núm. 1, junto con los intereses moratorios. En ese orden de ideas, en razón a que las pretensiones en ambos procesos buscan el pago del valor del mismo contrato, la decisión que se adopte en el proceso ejecutivo va a afectar necesariamente la liquidación judicial del contrato examinado en el sub examine, motivo por el cua l la excepción de «pleito pendiente» debe declararse probada. Incluso, de no llegarse a declarar probado el mencionado medio exceptivo, se solicita, de manera subsidiaria, que se tengan en cuenta los pagos que lleguen a ordenarse en el proceso ejecutivo para efectos de ordenar la liquidación del contrato y el pago de las sumas adeudas en el presente proceso.

1.2.2. Ecopetrol S.A.

se tengan en cuenta los pagos que lleguen a ordenarse en el proceso ejecutivo para efectos de ordenar la liquidación del contrato y el pago de las sumas adeudas en el presente proceso.

1.2.2. Ecopetrol S.A.

La apoderada de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso como medio exceptivo «la falta de legitimación en la causa por pasiva». Además, se opuso de manera parcial a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. La entidad no tiene responsabilidad alguna, ni por acción u omisión, respecto a las pretensiones incoadas en la demanda, por cuanto los presuntos perjuicios referidos por la parte demandante se derivan exclusivamente de la relación jurídico–negocial celebrada por dicha sociedad y el municipio de Sabana de Torres, en virtud del Contrato de Interventoría núm. 150 de 2015. Por ende, de acreditarse alguna irregularidad o incumplimiento en su ejecución, la eventual responsabilidad sería atribuible exclusivamente al m unicipio de Sabana de

Torres.

1. Aunado a lo anterior, tampoco resulta procedente que se ordene a Ecopetrol S.A. suscribir documentos para realizar pagos derivados de la liquidación del contrato en cuestión, debido a que la administración de los recursos vinculados al proyecto se rige por un contrato de encargo fiduciario denominado «Fideicomiso Fidubogotá – Sabana de Torres Gas Natura l» cuyo objeto es: a) recibir y administrar los recursos que el municipio destine al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural en seis veredas del área de influencia del Campo Cristalina, incluida la realización de ingenierías y diseños

objeto es: a) recibir y administrar los recursos que el municipio destine al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural en seis veredas del área de influencia del Campo Cristalina, incluida la realización de ingenierías y diseños de la red de distribución de gas natural , b) invertir dichos recursos conforme las reglas fiduciarias y c) realizar pagos solicitados por el municipio y autorizados por Ecopetrol S.A. una vez efectuadas las retenciones legales.

1. En ese orden de ideas, en virtud del principio de relatividad de los contratos, que conlleva concluir que las obligaciones surgidas del Contrato núm. 150 de 2015 son oponibles única