TA SAN - Sentencia 680813333002-2022-00099-01 (14-11-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680813333002-2022-00099-01

LINK ACCESO

SAMAI: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_pro cesos.aspx?guid=680813333002202200099016800123

MEDIO DE

CONTROL:

Protección de Derechos e Intereses Colectivos

DEMANDANTE:

Luis Emilio Cobos Mantilla luisecobosm@yahoo.com.co

DEMANDADO:

Distrito Especial de Barrancabermeja defensajudicial@barrancabermeja.gov.co dayron.aguilera@barrancabermeja.gov.co coordinador.defensajudicial@gmail.com derechoaguilera@gmail.com

VINCULADOS:

Rector del Centro Educativo José Eduardo Santos sede “J” Colegio Camilo Torres del Distrito de Barrancabermeja: Lic. Leonardo Mateus Bedoya rectoria@colcamilo.edu.co

MINISTERIO

PÚBLICO:

Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co TEMA: Confirma sentencia apelada - afectación a los derechos colectivos de la moralidad administrativa, la seguridad yPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

TEMA: Confirma sentencia apelada - afectación a los derechos colectivos de la moralidad administrativa, la seguridad yPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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salubridad pública, y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

MAG. PONENTE: Francy Del Pilar Pinilla Pedraza

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte demandada, Distrito Especial de Barrancabermeja , contra la sentencia de primera instancia del 25 de febrero de 2025, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja.

1. ANTECEDENTES

1.1 Hechos

El actor popular afirma que, Desde hace más de 30 años, la Escuela Eduardo Santos, sede J del Colegio Camilo Torres, presta sus servicios educativos en la ciudad de Barrancabermeja. Sin embargo, la escuela no cuenta con una batería de baños adecuada ni suficiente para atender a toda la comunidad educativa. En la actualidad, el establecimiento carece de baños funcionales para niños, niñas, docentes y visitantes. Asimis mo, las instalaciones existentes se encuentran en condiciones precarias, con daños visibles en pisos, techos, paredes y aulas, lo que impide ofrecer un entorno digno, seguro y adecuado para el aprendizaje. La falta de servicios sanitarios y el deterioro general de la infraestructura, sumado a la omisión por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja en la atención de esta problemática, constituyen una vulneración a la defensa del patrimonio

el aprendizaje. La falta de servicios sanitarios y el deterioro general de la infraestructura, sumado a la omisión por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja en la atención de esta problemática, constituyen una vulneración a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa, la seguridad ciudadana y el acceso eficiente y oportuno a los servicios educativos.

1.2 PretensionesPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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«[…] PRIMERO: Que se ordene al Alcalde municipal de BARRANCABERMEJASANTANDER, garantizar la seguridad de todos los niños estudiantes y profesores de la ESCUELA EDUARDO SANTOS SEDE J DEL COLEGIO CAMILO TORRES DE BARRANCABERMEJA, como derechos e intereses colectivo establecidos en el artículo 4 numeral B, E, y J de la LEY 472 de 1.998.

SEGUNDO: que como consecuencia de la declaración anterior se ordene al alcalde municipal de BARRANCABERMEJASANTANDER, EL Arreglo de toda la infraestructura que conforma la planta física de la escuela EDUARDO SANTOS sede J del COLEGIO CAMILO TORRES, arreglando los techos pisos paredes, construyendo las baterías sanitarias suficientes para permitir la educación de los 420 estudiantes de esta institución Pública.

TERCERO: Ordenar el cumplimiento inmediato de las acciones que se consideren necesarias para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivo aquí violados, otorgando un término perentorio para tal caso.

CUARTO: Que se condene en costas a la parte demandada. […]»

consideren necesarias para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivo aquí violados, otorgando un término perentorio para tal caso.

CUARTO: Que se condene en costas a la parte demandada. […]»

1.3 Derechos colectivos amenazados o vulnerados

En el escrito de la demanda se señalaron como derechos e intereses colectivos vulnerados, de conformidad con lo dispuesto en los literales b), g), y j) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, los siguientes: moralidad administrativa, la seguridad y salubridad pública, y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1 Distrito Especial de Barrancabermeja

Oposición de manera absoluta a todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Alega que, tras el siniestro por fuerza mayor, se iniciaron gestiones para reconstruir el muro, aunque se presentaron dificultades por la emergencia económica, social y ecológica derivada del Covid-19. Propone como excepciónPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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de fondo la legitimidad del actuar de la administración distrital de Barrancabermeja / inexistencia de vulneración de derechos colectivos, ya que se hicieron las gestiones contractuales para la construcción de muro de contención en el centro educativo José Eduardo Santos del Distrito de Barrancabermeja.

Solicita declarar improcedente la presente acción constitucional frente al Distrito de Barrancabermeja por la inexistencia de vulneración de derechos colectivos, y

en el centro educativo José Eduardo Santos del Distrito de Barrancabermeja.

Solicita declarar improcedente la presente acción constitucional frente al Distrito de Barrancabermeja por la inexistencia de vulneración de derechos colectivos, y en consecuencia se nieguen las pretensiones aludidas por la parte actora.

2.2 Rector del Centro Educativo José Eduardo Santos sede “J” Colegio Camilo Torres del Distrito de Barrancabermeja, Lic. Leonardo Mateus Bedoya

No contestó la demanda.

3. SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 25 de febrero de 2025, proferida por el Juzgado segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja, se accede a las pretensiones de la demanda al evidenciarse la vulneración de los derechos colectivos señalados por el actor.

«[…] PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de inexistencia de vulneración de derechos colectivos, propuesta por el DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, conforme quedo demostrado en la parte motiva.

TERCERO: ORDENAR al DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA si aún no lo ha hecho: i) adelante el estudio detallado que ofrezca como resultado un diagnóstico serio y profundo relacionado con amenaza, vulnerabilidad y riesgo del establecimiento educativo oficial Camil o Torres Restrepo, sede J Eduardo Santos del Distrito de Barrancabermeja; ii) que se practiquen estudios de fondo que produzcan un

diagnóstico serio y profundo relacionado con amenaza, vulnerabilidad y riesgo del establecimiento educativo oficial Camil o Torres Restrepo, sede J Eduardo Santos del Distrito de Barrancabermeja; ii) que se practiquen estudios de fondo que produzcan un diagnóstico que determine la verdadera situación de la infraestructura de la edificación donde funciona la sede J Eduardo Santos del Colegio Camilo Torres del Distrito Especial de Barrancabermeja; iii) que con base en los resultados de esos estudios, se tomen losPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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correctivos que solucionen en forma definitiva la problemática de riesgo advertida en la sede J Eduardo Santos del Colegio Camilo Torres del Distrito Especial de Barrancabermeja.

Los mencionados estudios no deben tener una duración mayor a seis meses a partir de la ejecutoria de esta sentencia, y una vez terminados y junto con las conclusiones adoptadas en relación co n la problemática de la infraestructura de la sede J Eduardo Santos del Colegio Camilo Torres del Distrito Especial de Barrancabermeja, deberán iniciarse las obras correspondientes, las cuales deberán culminar en un plazo máximo de un año contado a partir de la terminación de los estudios antes ordenados.

CUARTO: El DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA y de la RECTORIA del COLEGIO CAMILO TORRES DE BARRANCABERMEJA, deberán presentar ante el Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, un informe por lo menos cada dos meses, de los resultados del estudio ordenado y posteriormente del inicio y avance de las respectivas obras.

QUINTO: Integrar un comité para la verificación del cumplimiento de esta sentencia que

por lo menos cada dos meses, de los resultados del estudio ordenado y posteriormente del inicio y avance de las respectivas obras.

QUINTO: Integrar un comité para la verificación del cumplimiento de esta sentencia que estará confo rmado por i) el Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja; ii) el accionante; iii) el Alcalde del Distrito Especial de Barrancabermeja, o un representante suyo; iv) el Rector del Colegio Camilo Torres de Barrancabermeja o un representante suyo; y v) la Procuraduría Delegada para Asuntos Administrativos en el Distrito de Barrancabermeja, como representante del Ministerio

Público.

SEXTO: Levantar la medida cautelar ordenada en auto del 21 de junio de 2022, por las razones dadas en las consideraciones de este fallo.

SÉPTIMO: ORDENAR a las entidades demandadas correr traslado del cumplimiento de las órdenes aquí previstas al Comité de Verificación conformado en el presente trámite, dentro del plazo otorgado para las mismas.

OCTAVO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: RECONOCER personería para actuar al Dr. DAYRON OSWALDO AGUILERA CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.098.757.085 y portador de la tarjeta profesional No. 309.089 del C.S. de la J., en los términos conferidos en el Decreto 0005 del 03 de enero de 2024 expedido por el Alcalde del Distrito de Barrancabermeja, documento que obra a orden de documento Nro. 55 del índice 044 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI.

en el Decreto 0005 del 03 de enero de 2024 expedido por el Alcalde del Distrito de Barrancabermeja, documento que obra a orden de documento Nro. 55 del índice 044 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI.

DÉCIMO: CONDENAR en costas al DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma correspondiente a un (01) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a cargo de la entidad referida.

Parágrafo: Una vez ejecutoriada la presente decisión liquídense las costas procesales por la secretaría del Juzgado (Art. 366 ibídem).[…]»

Como fundamento de la decisión, el juez indicó:PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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«[…] Así las cosas, estima el suscrito Juez que en este caso y con el fin de que los eventos sucedidos en el año 2020 en la sede J Eduardo Santos del Colegio Camilo Torres de Barrancabermeja, no se tornen repetitivos debido a los fuertes factores climáticos que cada año soporta Barrancabermeja y el país 1, deben tomarse las medidas de fondo que garanticen la seguridad de la comunidad educativa la sede J Eduardo Santos del Colegio Camilo Torres de Barrancabermeja.

También advierto que el DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA y el señor RECTOR DEL COLEGIO CAMILO TORRES de Barrancabermeja recalcan el hecho de que con motivo de lo ocurrido en el año 2020, “y en aras de

También advierto que el DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA y el señor RECTOR DEL COLEGIO CAMILO TORRES de Barrancabermeja recalcan el hecho de que con motivo de lo ocurrido en el año 2020, “y en aras de atender de manera diligente las necesidades de la i nstitución educativa JOSE EDUARDO SANTOS, el Distrito Especial de Barrancabermeja se encuentra en la etapa precontractual para la ejecución del contrato cuyo objeto es: “Estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del establecimiento educativo oficial Camilo Torres Restrepo, sede J Eduardo Santos del Distrito de Barrancabermeja, Santander”, esto en atención a que el establecimiento educativo presenta riesgo de inundación, por lo cual, antes de realizar cualquier inversión en obras de infraestruc tura, es necesario mitigar dicho riesgo”; sin embargo no indican si ya se está ejecutando ese estudio, y si ya se ejecutó cuáles con las conclusiones del mismo, las sumas de dinero que se requiere invertir para solucionar la amenaza de inundación, y en consecuencia qué obras de infraestructura serán las que se van a realizar luego de solucionar el problema del riesgo de inundación.

En este orden de ideas, se hace imperioso que se tomen los correctivos de fondo y a largo plazo encaminados a solucionar la problemática que aquí se estudia, y de esa manera garantizar la protección del derecho colectivo al acceso a una infraestructura que garantice la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, motivo por el cual se ordenará al DISTRITO ESPECIA L DE BARRANCABERMEJA, que si aún no lo ha hecho: i) adelante el estudio detallado que ofrezca como resultado un diagnóstico serio y profundo

técnicamente, motivo por el cual se ordenará al DISTRITO ESPECIA L DE BARRANCABERMEJA, que si aún no lo ha hecho: i) adelante el estudio detallado que ofrezca como resultado un diagnóstico serio y profundo relacionado con amenaza, vulnerabilidad y riesgo del establecimiento educativo oficial Camilo Torres Restrepo, sed e J Eduardo Santos del Distrito de Barrancabermeja; ii) que se practiquen estudios de fondo que produzcan un diagnóstico que determine la verdadera situación de la infraestructura de la edificación donde funciona la sede J Eduardo Santos del Colegio Camilo Torres del Distrito Especial de Barrancabermeja; iii) que con base en los resultados de esos estudios, se tomen los correctivos que solucionen en forma definitiva la

1 https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines: “En la siguiente jornada se esperan, persistan las condiciones de lluvia en amplios sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonia, son previstas lluvias de variada intensidad en sectores de Choc ó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima, Caldas, Quindío, noroccidente de Boyacá, Cesar, Bolívar, Meta, Guaviare, Vaupés, Guainía y Amazonas. En el archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina se prevé condiciones secas con cielo parcialmente nublado”PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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problemática de riesgo advertida en la sede J Eduardo Santos del Colegio Camilo Torres del Distrito Especial de Barrancabermeja. […]»

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problemática de riesgo advertida en la sede J Eduardo Santos del Colegio Camilo Torres del Distrito Especial de Barrancabermeja. […]»

4. RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDADA

En el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del Distrito Especial de Barrancabermeja contra la sentencia del 25 de febrero de 2025, se solicita su revocatoria por considerar que el fallo desconoce las gestiones realizadas por la administración para mitigar el riesgo en la sede J Eduardo Santos del Colegio Camilo Torres. Se argumenta que el juez reconoció que el Distrito ha adelantado acciones, pero las consideró insuficientes, sin valorar adecuadamente el recaudo probatorio.

Entre las actuaciones destacadas se mencionan: la apertura y adjudicación del proceso de selección abreviada No. SI SA -MC 08 de 2021 para la construcción del muro de contención; la ejecución y entrega del contrato No. 3307 -2022; la inspección judicial del 26 de septiembre d e 2023; la propuesta de estudio detallado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo; y la transferencia de recursos por $296.294.173 a la institución educativa, con autonomía del rector para su inversión. La apelante sostiene que estas acciones demuestran dilige ncia administrativa y que no persiste la vulneración del derecho colectivo alegado, por lo que solicita al Tribunal Administrativo de Santander revocar la sentencia y absolver al Distrito.

5. TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto fechado el 4 de abril de 2025, se admitió el recurso de

absolver al Distrito.

5. TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto fechado el 4 de abril de 2025, se admitió el recurso de apelación que interpuso la parte demandada, Distrito Especial de Barrancabermeja, contra la sentencia de primera instancia del 25 de febrero de 2025, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 Competencia

El Tribunal Administrativo de Santander es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 37 de la Ley 472 de 1998.

6.2 Problema Jurídico

¿Hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia del 31 de marzo de 2025 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga para en su lugar no atribuirle la vulneración de los derechos colectivos al Distrito Especial de Barrancabermeja?

6.3 Tesis:

No, por las razones que más adelante se expondrán.

6.4 Marco normativo y jurisprudencial.

6.4.1 De la Acción Popular.

El artículo 88 de la Constitución Política consagra las acciones populares como el instrumento de defensa judicial para la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la mo ral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y

el instrumento de defensa judicial para la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la mo ral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y demás de similar naturaleza que se definan en la ley.

La reglamentación de las acciones populares fue diferida al legislador por los Constituyentes de 1991, así como la definición de los c asos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. EnPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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cumplimiento de este mandato constitucional, se expidió la Ley 472 de 1998, mediante la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política, cuy o artículo 2º define las acciones populares, así:

«[…] Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. […]».2

En la aludida Ley, se señaló que con el ejercicio de las acciones populares se busca evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas al estado anterior cuando fuere posible; siendo procedentes contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

Al respecto, la Jurisprudencia Constitucional ha establecido que la acción

anterior cuando fuere posible; siendo procedentes contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

Al respecto, la Jurisprudencia Constitucional ha establecido que la acción popular, se caracteriza:

«[…] (i) por ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican , particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, pro teger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como

2 Ley 472 de 1998, artículo 2º.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos3[…]». (Negrilla por fuera del texto original).

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finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos3[…]». (Negrilla por fuera del texto original).

6.4.2 Del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

La Ley 472 de 1998 reconoce la seguridad y la prevención de desastres técnicamente previsibles como parte del patrimonio común y público, y las consagra como un derecho colectivo que debe ser protegido ante cualquier amenaza, vulneración o afectación. En cumplimiento de esta obligaci ón, el Estado asumió su rol como ente planificador en esta materia mediante la creación de la Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, así como la conformación de Comités Regionales y Locales de Emergencias, en el marco normativo estab lecido por la Ley 46 de 1988, el Decreto Ley 919 de 1989 y el Decreto 93 de 1998.

Los desastres, objeto de protección de este derecho colectivo, se definen como daños o alteraciones graves de las condiciones normales de vida en una zona geográfica determi nada, provocados por fenómenos naturales o por consecuencias catastróficas derivadas de la acción humana accidental, que demandan la intervención urgente de organismos estatales y otras entidades humanitarias o de servicio social.

En tal sentido, el carác ter esencial de este derecho colectivo es preventivo, ya que su finalidad es garantizar la protección de la población mediante la adopción de medidas oportunas y eficaces —como evacuaciones, reubicaciones, o el suministro de ayudas económicas o en especie — frente a la inminencia o

que su finalidad es garantizar la protección de la población mediante la adopción de medidas oportunas y eficaces —como evacuaciones, reubicaciones, o el suministro de ayudas económicas o en especie — frente a la inminencia o posibilidad de un evento que comprometa la estabilidad y seguridad del entorno.

Este enfoque preventivo impone a las autoridades y entidades involucradas el deber de actuar con diligencia, anticipación y coordinación interinstitucional, a fin

3Corte Constitucional, sentencia T443 del 11 de julio de 2013.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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de mitigar los efectos de potenciales emergencias. La omisión o ineficiencia en la planeación, ejecución o supervisión de dichas acciones puede comprometer la protección de los derechos colectivos, y dar lugar a la intervención judicial mediante mecanismos como la acción popular, cuyo propósito es salvaguardar el interés general y evitar daños irreparables a la comunidad y al medio ambiente.

6.5 Caso concreto

En el caso bajo estudio, el actor persigue con la demanda la protección de los derechos e intereses colectivos conforme a los literales b), g), y j) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998: moralidad administrativa, la seguridad y salubridad pública, y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

Del análisis del expediente de la referencia, se concluye que, los hechos probados evidencian una amenaza real y persistente para la comunidad educativa de la sede J Eduardo Santos del Colegio Camilo Torres.

oportuna.

Del análisis del expediente de la referencia, se concluye que, los hechos probados evidencian una amenaza real y persistente para la comunidad educativa de la sede J Eduardo Santos del Colegio Camilo Torres.

Quedó acreditado el colapso de infraestructura ocurrido en 2020, con afectaciones en aulas, baterías sanitarias y zonas administrativas, además de rebosamientos en los baños provisionales.

El Distrito Especial de Barrancabermeja presentó como defensa una serie de gestiones administrativas, entre ellas la ejecución del contrato No. 3307 -2022 para la construcción de un muro de contención, la transferencia de $296.294.173 a la institución educa tiva, y la formulación de una propuesta de estudio técnico sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgo. No obstante, estas actuaciones, aunque relevantes, no son suficientes para desvirtuar la amenaza vigente ni para garantizar condiciones mínimas de seguridad estructural.

La construcción del muro no soluciona integralmente el problema de inundación; la transferencia de recursos no acredita su inversión efectiva en la mitigación delPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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riesgo; y la propuesta de estudio técnico no equivale a su ejecución ni a la adopción de medidas correctivas, lo anterior con fundamento en lo manifestado por el Distrito Especial de Barrancabermeja, el cual recalca que con motivo de lo ocurrido en el año 2020, «[…] y en aras de atender de manera diligente las necesidades de la institución educativa JOSE EDUARDO SANTOS, el Distrito Especial de Barrancabermeja se encuentra en la etapa precontractual para la

ocurrido en el año 2020, «[…] y en aras de atender de manera diligente las necesidades de la institución educativa JOSE EDUARDO SANTOS, el Distrito Especial de Barrancabermeja se encuentra en la etapa precontractual para la ejecución del contrato cuyo objeto es: […] Estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del establecimiento educativo oficial Camilo Torres Restrepo, sede J Eduardo Santos del Distrito de Barrancabermeja, Santander, esto en atención a que el establecimiento educativo presenta riesgo de inundación, por lo c ual, antes de realizar cualquier inversión en obras de infraestructura, es necesario mitigar dicho riesgo […]»4;

Pese a que lo dicho anteriormente no ha sido controvertido, de tenerlo por cierto, no pueden sustentar la no afectación de derechos colectivos, pues no indican si ya se está ejecutando ese estudio, y si ya se ejecutó cuáles las conclusiones del mismo, las sumas de dinero que se requiere invertir para solucionar la amenaza de inundación, y en consecuencia qué obras de infraestructura serán las que se van a realizar luego de solucionar el problema del riesgo de inundación.

En el recurso de apelación se sostiene que el Distrito ha actuado con diligencia, sin embargo, persiste el riesgo y no se han implementado medidas estructurales concluyentes, tal como se expuso anteriormente a partir de la defensa del Distrito. Esto permite afirmar que la amenaza al derecho colectivo continúa vigente y que las acciones emprendidas no han sido suficientes ni eficaces para eliminarla.

Ahora bien, r especto a la responsabilidad por la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente esta

vigente y que las acciones emprendidas no han sido suficientes ni eficaces para eliminarla.

Ahora bien, r especto a la responsabilidad por la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente esta recae directamente sobre el Distrito Especial de Barrancabermeja. Cómo se

4 Índice 050 de SAMAI del Juzgado de Primera Instancia, documento 059.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680813333002-2022-00099-01

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acreditó5 en el acervo probatorio; se tiene que, pese a haber adelantado algunas gestiones administrativas y contractuales, no ha ejecutado las medidas estructurales necesarias para eliminar el riesgo de inundación ni ha garantizado condiciones mínimas de seguridad en la sede J Eduardo San tos del Colegio Camilo Torres. La persistencia de deficiencias en la infraestructura, la ausencia de un diagnóstico técnico integral concluido y la falta de obras definitivas para mitigar el riesgo configuran una omisión relevante que compromete la responsabilidad institucional del Distrito frente a la protección de los derechos colectivos de la comunidad educativa.

En este contexto, conforme al principio de prevención consagrado en la Ley 472 de 1998, no se requiere la ocurrencia de un daño para que proce da la acción popular, sino la existencia de una amenaza seria y técnicamente previsible.

Precisado lo anterior, la Sala observa que en el caso sub examine hay lugar a confirmar la sentencia impugnada , debido a que las órdenes impartidas en el fallo de primera instancia se ajustan a la naturaleza preventiva y restitutoria de la acción popular, y resultan necesarias para garantizar la protección efectiva del derecho colectivo comprometido.

fallo de primera instancia se ajustan a la naturaleza preventiva y restitutoria de la acción popular, y resultan necesarias para gara