TA SAN - Sentencia 680813333002-2022-00223-01 (21-08-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025). Medio de control Reparación directa Demandantes -Luis Alejandro Sotomonte Niño , identificado con cédula de ciudadanía No. 91.249.301

-Lucila Niño De Sotomonte, identificado con cédula de ciudadanía No. 27.945.784

-Ayda Lucia Sotomonte Niño , identificado con cédula de ciudadanía No. 63.340.191 gustavoandresguiobarrera@gmail.com; Demandado Universidad de La Paz - UNIPAZ notificacionesjudiciales@unipaz.edu.co; secretaria.general@unipaz.edu.co; giovannyjuridico@gmail.com; Ministerio público Xirys María Mora Alvarado xmora@procuraduria.gov.co; Radicado 680813333002-2022-00223-01 Temas

No se acreditó el daño material en la modalidad de lucro cesante . L a tasación de los perjuicios inmateriales se ajusta a criterios objetivos previstos por la jurisprudencia . El informe psicológico presentado tiene eficacia probatoria para acreditar los perjuicios morales y a la salud del actor. Se confirma la sentencia de primera instancia.

inmateriales se ajusta a criterios objetivos previstos por la jurisprudencia . El informe psicológico presentado tiene eficacia probatoria para acreditar los perjuicios morales y a la salud del actor. Se confirma la sentencia de primera instancia. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por el demandante contra la sentencia proferida el 26 de junio de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja, que concedió las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante1

La parte demandante solicita que se declare a la Universidad de La Paz, en adelante UNIPAZ, responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados con ocasión de la nulidad del Acta de Grado 1203, derivada de la indebida expedición del título profesional del señor Luis Alejandro Sotomonte Niño. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la entidad demandada al pago de los siguientes perjuicios: Perjuicios materiales Daño emergente Luis Alejandro Sotomonte Niño : $470.700 Lucro cesante Luis Alejandro Sotomonte Niño : $68.870.700 Perjuicios inmateriales

Daño moral

Luis Alejandro Sotomonte Niño : 100

SMLMV

Lucila Niño De Sotomonte: 50 SMLMV Ayda Lucia Sotomonte Niño: 50 SMLMV Daño a la salud Luis Alejandro Sotomonte Niño : 100

SMLMV

Lucila Niño De Sotomonte: 50 SMLMV

Ayda Lucia Sotomonte Niño: 50 SMLMV

Daño a la salud Luis Alejandro Sotomonte Niño : 100 SMLMV

Lucila Niño De Sotomonte: 50 SMLMV

Ayda Lucia Sotomonte Niño: 50 SMLMV

1 Expediente digital en SAMAI. Gestión en otros despachos Índice 00002. Documento: 2_PROCESOABONADO_03DEMANDAYANEXOSPD(.pdf)Radicado: 680813333-002-2022-00223-01

Medio de control: Reparación directa

Demandantes: Luis Alejandro Sotomonte Niño y otros

Demandada: Universidad de La Paz

2

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Como fundamento de sus pretensiones, e l señor Luis Alejandro Sotomonte Niño sostiene que, mediante el Acuerdo 099 del 30 de julio de 2003, el Consejo de Escuela del Programa de Medicina y Zootecnia del Instituto Universitario de La Paz le homologó las asignaturas de transferencia colectiva en la Seccional Piedecuesta. Indica que el 31 de marzo de 2006 obtuvo el título de Médico Veterinario y Zootecnista, y que mediante el Acuerdo No. 39 de 2008, el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria le otorgó la matrícula profesional No. 14942. Refiere que sus ingresos económicos provenían de su labor como veterinario y zootecnista, que ascendían a una suma mensual de $2.850.000. Manifiesta que el 12 de agosto de 2008, la universidad demandó el acta de grado No. 1203 del 31 de marzo de 2006, en cumplimiento de las Resoluciones 8244 del

Manifiesta que el 12 de agosto de 2008, la universidad demandó el acta de grado No. 1203 del 31 de marzo de 2006, en cumplimiento de las Resoluciones 8244 del 28 de diciembre de 2006 y 6151 del 9 de octubre de 2007, emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, en las cuales se sancionó a la institución educativa y se le ordenó adelantar el proceso judicial correspondiente para declarar la nulidad de las actas de grado expedidas irregularmente. Señala que, como consecuencia de lo anterior, este tribunal profirió en primera instancia la sentencia del 7 de febrero de 2011, en la cual se resolvió declarar la nulidad del acta de grado, la cual fue confirmada por el Consejo de Estado mediante fallo del 16 de diciembre de 2020. Relata que el 14 de diciembre de 2021, mediante el Acuerdo 1829, el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia decidió anular su matrícula profesional No 14942. Advierte que, desde la declaratoria de la nulidad de su acta de grado, su buen nombre ha sido afectado mediante ataques sucesivos de sus colegas, quienes pusieron en tela de juicio su profesionalismo, lo cual afectó su estado de salud física y mental, e incluso llegó a afectar la salud cardiovascular de su señora madre, Lucía Niño, producto de la preocupación e incertidumbre que le generó la situación. Agrega que su hermana, Ayda Lucía Sotomonte Niño, también se vio afectada, pues se vio obligada a permanecer en su casa para cuidar a su progenitora. Afirma que, mediante el Acuerdo No MVZ 041-22 del 8 de marzo de 2022, expedido

se vio obligada a permanecer en su casa para cuidar a su progenitora. Afirma que, mediante el Acuerdo No MVZ 041-22 del 8 de marzo de 2022, expedido por el Consejo de Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se aprobó las homologaciones y validaciones de las materias cursadas, evaluadas y terminadas dentro del programa, y tuvo que cursar y validar nuevamente las materias faltantes. Expone que el 24 de junio de 2022 le fue expedida una nueva acta de grado y diploma por parte del Instituto Universitario de La Paz como Médico Veterinario Zootecnista. Añade que el 14 de julio de ese mismo año, tramitó la nueva tarjeta profesional ante el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria. Finalmente, aduce que la psicóloga Luz Helena Galindo Valdivieso emitió un informe el 30 de junio de 2022, en el cual se concluyó que presenta signos y síntomas relacionados con un trastorno de ansiedad, debido a la supresión o pérdida de su título profesional como médico veterinario.

B. Posición de la parte demandada2

La Universidad de La Paz UNIPAZ se opone a la prosperidad de las pretensiones. Señala que este no dejó de laborar ni de percibir ingresos por su actividad profesional durante la duración del proceso judicial que culminó con la nulidad de su título universitario. Según correos electrónic os enviados durante su proceso de homologación, el actor continuó ejerciendo su profesión incluso después de la nulidad de su título. Además, advierte que, aunque tenía la obligación de adelantar

su título universitario. Según correos electrónic os enviados durante su proceso de homologación, el actor continuó ejerciendo su profesión incluso después de la nulidad de su título. Además, advierte que, aunque tenía la obligación de adelantar

2 Expediente digital en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00008. Documento: 11_CONTESTACION_202200223_MERGEDP(.pdf )Radicado: 680813333-002-2022-00223-01

Medio de control: Reparación directa

Demandantes: Luis Alejandro Sotomonte Niño y otros

Demandada: Universidad de La Paz

3

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

el proceso de nulidad del acta de grado, el tiempo de duración de dicho proceso es ajeno a su responsabilidad y precisa que la nulidad del registro profesional solo se formalizó en noviembre de 2021. La universidad sostiene que brindó todas las opciones disponibles para que el demandante pudiera homologar y obtener su título antes de la finalización del proceso judicial , pero este no quiso. Añade que , en todo caso, los perjuicios reclamados no están probados y se basan en cifras arbitrarias sin fundamento. Finalmente, la universidad refuerza su posición al afirmar que el demandante pudo ejercer su profesión desde 2008 hasta 2021 y que no existen elementos suficientes para justificar el reconocimiento de perjuicios materiales, morales ni fisiológicos. En cuanto a los daños a su honra y buen nombre, subraya que las aseveraciones en redes sociales no son responsabilidad de la universidad, que, por el contrario,

para justificar el reconocimiento de perjuicios materiales, morales ni fisiológicos. En cuanto a los daños a su honra y buen nombre, subraya que las aseveraciones en redes sociales no son responsabilidad de la universidad, que, por el contrario, promovió acciones para que el demandante obtuviera su título y pudiera ejercer sin contratiempos.

C. La sentencia recurrida3

Mediante sentencia del 26 de junio de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja concede parcialmente las pretensiones de la demanda. El a quo sostiene que se logró probar que la sentencia que confirmó la anulación del acta de grado que otorgaba el título profesional de médico veterinario a Luis Alejandro Sotomonte fue notificada mediante edicto del 5 de marzo de 2021. Por ende, conforme al artículo 302 del Código General del Proceso (CGP), dicha decisión quedó ejecutoriada en la misma fecha, ya que no procedieron más recursos, ni se solicitó aclaración o adición alguna, lo cual se confirma con la consulta de procesos en la Rama Judicial. Concluye, en este sentido, que, desde la mencionada fecha de notificación del fallo de segunda instancia hasta la obtención del nuevo título, que se dio el 24 de junio de 2022, transcurrió un periodo de un año, tres meses y 18 días, periodo durante el cual el demandante no pudo ejercer su profesión debido al actuar omisivo de la institución educativa demandada. Refiere que, si bien se probó la afectación al ejercicio profesional del demandante durante ese lapso, no se encontró prueba suficiente que acreditara los ingresos de $2.850.000 que él afirmaba recibir por concepto de honorarios. Expone que, a pesar

Refiere que, si bien se probó la afectación al ejercicio profesional del demandante durante ese lapso, no se encontró prueba suficiente que acreditara los ingresos de $2.850.000 que él afirmaba recibir por concepto de honorarios. Expone que, a pesar de que se alegó que mantenía contratos con el sector público, no se presentó evidencia que respaldara tal afi rmación, y tampoco se encontraron declaraciones de renta que pudieran inferir dichos ingresos. Respecto al lucro cesante futuro, no observa que éste se configure, dado que no se causó una discapacidad permanente que impidiera al demandante volver a trabajar. Agrega que, aunque se habla de una pérdida de experiencia, no se demuestra fehacientemente e l cambio en los ingresos ni la nueva experiencia que el demandante habría adquirido. Manifiesta que solo está comprobada la suspensión de sus actividades profesionales, al no contar con el título ni poder legalmente desempeñar la actividad de médico veteri nario y zootecnista durante el tiempo establecido, y que, debido a la falta de pruebas suficientes, no puede reconocerse el lucro cesante consolidado ni futuro. En cuanto al daño emergente, afirma que solo se probó el gasto realizado por el demandante para obtener una nueva tarjeta profesional, cuyo costo , correspondiente a $470.700, fue asumido por él y pagado al Consejo Profesional de

3 Expediente digital en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00031. Documento: 21Sentencia_68081333300220220022(.docx)Radicado: 680813333-002-2022-00223-01

Medio de control: Reparación directa

Demandantes: Luis Alejandro Sotomonte Niño y otros

Demandada: Universidad de La Paz

4

Medio de control: Reparación directa

Demandantes: Luis Alejandro Sotomonte Niño y otros

Demandada: Universidad de La Paz

4

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia el 14 de julio de 2022, el cual debe ser reconocido por la institución educativa. En relación con el daño a la salud, la primera instancia lo tiene por probado, con base en el diagnóstico psicológico realizado por la profesional de la salud que atendió al demandante. En dicho diagnóstico, se determina que, debido a los hechos de la demanda, el demandante sufre un trastorno de ansiedad, el cual está siendo tratado mediante terapia. Según el juzgado, e ste trastorno es manejable. Con base en lo anterior, y ajustando el arbitrio judicial a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, el a quo reconoció 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. Asimismo, la primera instancia reconoce perjuicios morales en favor del señor Luis Alejandro Sotomonte. De acuerdo con la historia clínica, las declaraciones obtenidas, las tablas jurisprudenciales aplicables y los criterios de proporcionalidad y razonabilidad utilizados por un sector del Consejo de Estado , calcula este concepto en 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Manifiesta que el señor Sotomonte Niño sufrió perjuicios a su buen nombre debido a los cuestionamientos públicos relacionados con la anulación de su título profesional. Añade que estos cuestionamientos se debieron a un error de la institución

señor Sotomonte Niño sufrió perjuicios a su buen nombre debido a los cuestionamientos públicos relacionados con la anulación de su título profesional. Añade que estos cuestionamientos se debieron a un error de la institución educativa, que fue responsable de la nulidad del título y, en consecuencia, ordena que UNIPAZ publique una copia de la sentencia en su página web y redes sociales institucionales durante un periodo de un año, con el fin de aclarar a la comunidad profesional y al público en general que la nulidad del acta de grado fue consecuencia de un error institucional y no de la responsabilidad del actor. En cuanto a la solicitud de indemnización por perjuicios inmateriales a la madre y hermana del demandante, el juzgado no considera demostrada una causalidad directa entre la salud de estas personas y los hechos probados.

D. Las apelaciones

1. La parte demandante4 solicita que se modifique parcialmente la sentencia y, en consecuencia, se reconozca el pago de los perjuicios por concepto de lucro cesante y se incremente proporcionalmente el perjuicio moral reconocido, de acuerdo con la magnitud del daño causado.

Pide que la indemnización de los perjuicios por lucro cesante se realice teniendo en cuenta los 18 meses en los que no pudo ejercer su profesión de médico veterinario, y que se calcule sobre un promedio de ingresos de $2.850.000. Asegura que el monto total que se solicita bajo este concepto asciende a $51.300.000, correspondiente al promedio de ingresos que percibe un m édico veterinario y zootecnista en Colombia según los datos estadísticos aportados. Sugiere que, de manera alternativa, si no se considera el promedio de ingresos

correspondiente al promedio de ingresos que percibe un m édico veterinario y zootecnista en Colombia según los datos estadísticos aportados. Sugiere que, de manera alternativa, si no se considera el promedio de ingresos antes mencionado, se aplique la presunción legal contenida en nuestro ordenamiento jurídico y en los convenios de la OIT ratificados por Colombia, que tienen carácter vinculante, y se le indemnice tomando como base el salario mínimo legal vigente, lo que resultaría en un monto total de $23.400.000 como indemnización por el concepto de lucro cesante durante el período de 18 meses. En cuanto a los perjuicios morales y el daño a la salud, solicita que se modifique el monto de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ya que considera que dicha cantidad es irrisoria y no compensa adecuadamente el daño sufrido. Expone que estos deben ser aumentados, teniendo en cuenta las reglas jurisprudenciales del Consejo de Estado, que establecen un tope máximo de 100 y excepcionalmente de 400 SMLMV.

4 Expediente digital en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00036. Documento: 23_MemorialWeb_Recurso-recursodeapelacion(.pdf)Radicado: 680813333-002-2022-00223-01

Medio de control: Reparación directa

Demandantes: Luis Alejandro Sotomonte Niño y otros

Demandada: Universidad de La Paz

5

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

En este sentido, a rgumenta que el juez de primera instancia no consideró las

5

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

En este sentido, a rgumenta que el juez de primera instancia no consideró las limitaciones y dificultades para el ejercicio de su profesión, los factores sociales y ocupacionales, así como los aspectos culturales que incidieron en la intensidad del daño, lo que, en su criterio, permite considerar un monto igual o superior a los 100 SMLMV, en concordancia con los principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos en la jurisprudencia, y tomando en cuenta la afectación de derechos fundamentales y bienes jurídicamente protegidos. Finalmente, pretende que, en caso de no accederse a los montos propuestos, se reconozca la reparación integral mediante una indemnización a su favor, por un monto de 100 SMLMV, conforme a la normativa que establece el derecho a la reparación integral en casos excepcionales, cuando las medidas de reparación no pecuniarias no son suficientes.

2. UNIPAZ5 solicita revocar parcialmente la sentencia. Advierte que el único documento presentado como prueba de los supuestos perjuicios morales y la afectación a la salud es un informe psicológico elaborado por Luz Elena Galindo Valdivieso. Este informe, en su criterio, no cumple con los requisitos para ser considerado prueba directa, ya que no constituye una historia clínica, como incorrectamente se afirma en la sentencia. Refiere que la parte demandante no hizo concurrir a la psicóloga para ratificar el contenido del informe, lo que constituía parte de su carga probatoria.

Recalca que, aunque se decretó el testimonio de la profesional que elaboró el

concurrir a la psicóloga para ratificar el contenido del informe, lo que constituía parte de su carga probatoria. Recalca que, aunque se decretó el testimonio de la profesional que elaboró el informe psicológico, el demandante renunció expresamente a su práctica en la audiencia de pruebas. Indica que, por lo tanto, el a quo no puede otorgarle valor probatorio a un informe que no ha sido ratificado ni verificado por la persona que lo elaboró. Añade que esta falta de ratificación y el hecho de que no se haya verificado la titulación y la idoneidad de la profesional que elaboró el informe impiden que este documento sea considerado prueba válida de los perjuicios alegados. Cita jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que los informes técnicos, aunque pueden tener valor probatorio, no son equivalentes a la prueba pericial cuando no han sido sometidos a contradicción, lo que es necesario para garantizar su valor. Expone que, en este caso, el informe psicológico presentado por la parte demandante carece de dicha contradicción, y no puede ser considerado ni siquiera como indicio de la afectación a la salud o del daño moral. Pide que, si a pesar de la ausencia de pruebas suficientes se llegara a aceptar la existencia del daño moral, la indemnización por dicho concepto se reduzca a un monto de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme los criterios establecidos en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia En auto del 21 de agosto de 20246 se admite el recurso de apelación y se corre traslado a l as partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia En auto del 21 de agosto de 20246 se admite el recurso de apelación y se corre traslado a l as partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio durante el término de ejecutoria.

El 27 de agosto de 2024 la parte demandante presentó alegatos, en los que reiteró sus argumentos sobre la existencia del perjuicio moral y el daño a la salud, así como el valor del informe psicológico de la doctora Luz Elena Galindo Valdivieso para acreditarlos. También insistió en que se debe incrementar el monto de los perjuicios a 100 smlmv dada la intensidad del daño, pues hasta la fecha aún no ha podido

5 Expediente digital en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00038. Documento : 23_MemorialWeb_Recurso-recursodeapelacion(.pdf) 6 Expediente digital en SAMAI. Índice 00005. Documento: ADMITE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA(.pdf)Radicado: 680813333-002-2022-00223-01

Medio de control: Reparación directa

Demandantes: Luis Alejandro Sotomonte Niño y otros

Demandada: Universidad de La Paz

6

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

retomar su desempeño profesional en las condiciones anteriores a las de la nulidad de su título.7

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de

retomar su desempeño profesional en las condiciones anteriores a las de la nulidad de su título.7

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. Los problemas jurídicos y su resolución Con fundamento en la reseña procesal, la Sala plantea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: Pj1: ¿Están probados los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante reclamados por e l señor Luis Alejandro Sotomonte Niño y se debe incrementar el monto de la indemnización reconocida por concepto de perjuicios morales y a la salud?

Tesis: No.

Fundamento: Con base en l as pruebas recaudadas y las reglas jurisprudenciales del Consejo de Estado , no procede reconocer el lucro cesante reclamado ni incrementar el monto de la indemnización reconocida por concepto de perjuicios inmateriales.

En primer lugar, no se acreditó de manera suficiente que el actor haya dejado de percibir ingresos como resultado de la imposibilidad de ejercer su profesión como veterinario y zootecnista . L os extractos bancarios presentados por la parte demandante resultan insuficientes para establecer con certeza tales ingresos. No se encuentra en el expediente prueba que determine de manera clara los honorarios que supuestamente el señor Sotomonte Niño percibía como resultado del ejercicio de su profesión. Por el contrario, conforme a los testimonios del señor Alexander Celis Reyes y la señora María Silvia Maldonado, quienes laboraron con el actor, la actividad

que supuestamente el señor Sotomonte Niño percibía como resultado del ejercicio de su profesión. Por el contrario, conforme a los testimonios del señor Alexander Celis Reyes y la señora María Silvia Maldonado, quienes laboraron con el actor, la actividad profesional que éste ejercía como veterinario se realizaba bajo la modalidad de voluntariado, sin recibir ingresos económicos por sus servicios. Estos testimonios refuerzan la conclusión de que no existió un perjuicio material derivado de la pérdida de ingresos por su labor profesional. En cuanto a la solicitud de aumento de los perjuicios morales y a la salud reconocidos en primera instancia, en un monto igual o superior a l máximo establecido por la jurisprudencia, la Sala negará dicho incremento. Es cierto que el daño sufrido por el actor afectó su estabilidad emocional y su proyecto de vida profesional, y, conforme a lo demostrado en el proceso, dicha afectación le generó un trastorno de ansiedad y alteraciones significativas del sueño. Sin embargo, este

7 Expediente digital en SAMAI. Índice 00010: S obre la inexistencia de prueba del daño moral y daño a la salud: La parte demandante argumenta que, en el ejercicio del derecho de acción, presentó la prueba documental N° 20 (Informe Psicológico de Luz Elena Galindo Valdivieso), la cual no fue objetada por la parte demandada durante el proceso. El apelante intenta refutar la validez de est a prueba, pero no presentó pruebas en su contra durante la oportunidad procesal pertinente. Añade que el testimonio de la psicóloga no fue decr etado, y el apelante renunció expresamente a su práctica en la audiencia de pruebas. En cuanto al daño a la salud, destaca que la jurisprudencia del

apelante renunció expresamente a su práctica en la audiencia de pruebas. En cuanto al daño a la salud, destaca que la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que el daño psicofísico debe valorarse cualitativamente, y la prueba aportada por la parte demand ante cumple con los requisitos legales de libertad probatoria para evaluar el perjuicio. Sobre la “prueba sumaria” y su valor: Refuerza la idea de que el informe psicológico no es una prueba sumaria ni indicios, sino una valoración psicológica que fue presentada en la oportunida d procesal correspondiente. El Juez tiene la libertad de valorar esta prueba en el marco de los perjuici os causados, y resalta que, si la parte demandante quería controvertirla, debió solicitar un dictamen pericial, lo cual no hizo. Por lo tanto, la prueba debe ser valorada sin i mpugnaciones por parte del demandante. Sobre la inexistencia de prueba de la condición profesional de la autora del informe psicológico: Desestima la afirmación del apelante de que no se probó la titulación de la autora del informe psicológico, ya que el auto que decretó las pruebas no incluyó el testimonio de la psicóloga. Tampoco era la intención del demandante presentar la prueba como dictamen pericial. Sobre la indebida tasación del daño moral: Sostiene que la indemnización otorgada por daño moral y a la salud (10 SMLMV en cada caso) es insuficiente y no compensa adecuadamente el daño sufrido. Resalta que los daños persisten hasta la fecha y que el valor es incalculable. Además, solicit a la aplicación de

la regla de indemnización excepcional, que prevé una indemnización de hasta 100 SMLMV en casos de daños graves. El daño sufri do por la parte demandante es considerado significativo, pues, a pesar de haber recuperado su título, no ha podido regresar a su profesión en las mismas condiciones previas a la nulidad.Radicado: 680813333-002-2022-00223-01

Medio de control: Reparación directa

Demandantes: Luis Alejandro Sotomonte Niño y otros

Demandada: Universidad de La Paz

7

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

perjuicio no alcanza el nivel más alto de intensidad que da lugar a reconocer 100 smlmv o un monto superior, dado que no se acreditó una afectación psicológica grave y permanente. En consecuencia, la cuantía reconocida en primera instancia, equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, se ajusta a los criterios jurisprudenciales y refleja de manera razonable la magnitud del daño sin sobredimensionar sus efectos. Pj2: ¿El documento denominado «Informe Psicológico», elaborado por la Dra. Luz Elena Galindo Valdivieso , y presentado con la demanda , constituye una prueba sumaria que el a quo utilizó de manera indebida para reconocer los perjuicios inmateriales, según la entidad apelante, porque n o fue controvertido en audiencia ni se acreditó la idoneidad profesional de quien lo elaboró?

Tesis: No.

Fundamento: La Sala concluye que el documento que registra la valoración psicológica presentada por la parte demandante no puede ser calificado como

controvertido en audiencia ni se acreditó la idoneidad profesional de quien lo elaboró?

Tesis: No.

Fundamento: La Sala concluye que el documento que registra la valoración psicológica presentada por la parte demandante no puede ser calificado como prueba sumaria, ni tampoco se le debe restar valor probatorio por el hecho de no haberse efectuado la contradicción en audiencia, en la forma que se hace para el dictamen pericial, ni por el hecho de no haberse acreditado la idoneidad profesional de la psicóloga que lo elaboró. En virtud del principio de libertad probatoria, el juez tiene la facultad de valorar cualquier medio de prueba que haya sido debidamente aportado y que sea útil y conducente par a acreditar los hechos objeto del debate probatorio.

En el presente caso, si bien el documento elaborado por la psicóloga Luz Elena Galindo Valdivieso no cumple con los requisitos formales para ser considerado un dictamen pericial o un informe técnico , es un medio de prueba válido y eficaz para acreditar los perjuicios morales y el daño a la salud del señor Luis Alejandro Sotomonte Niño. Dicho documento proporciona información objetiva y verificable sobre la atención especializada que el actor recibió debido a los padecimientos psicológicos sufridos por la pérdida de su título profesional. Este es un documento que debe entenderse comprendido dentro de la historia clínica del actor, dado que esta no se limita exclusivamente a la elaborada durante la prestación de servicios de salud por parte de clínicas u hospitales del Sistema General de Salud , sino también a los documentos generados por pr ofesionales de la salud contrata