TA SAN - Sentencia 680813333002-2022-00256-01 (27-03-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOLABORAL

Demandante WILMAR ANDRUAR GARCÍA JAIMES identificada con

C.C. No. 37.922.614

notificacionesbucaramanga@giraldoabogados.com.co

Demandados 1.NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) -

procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co; notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co;

2.DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA

defensajudicial@barrancabermeja.gov.co agonzalez@gonzalezmebarakconsultoresjuridicos.co abogadooaj20@gmail.com coordinador.defensajudicial@gmail.com defensajudicialgmconsultores@gmail.com Ministerio público

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co; Radicado y link de expediente 680813333002-2022-00256-01 Tema Se confirma la sentencia de primera instancia, en tanto se configuró el fenómeno de la caducidad. No se pr ueba

xmora@procuraduria.gov.co; Radicado y link de expediente 680813333002-2022-00256-01 Tema Se confirma la sentencia de primera instancia, en tanto se configuró el fenómeno de la caducidad. No se pr ueba indebida notificación del acto administrativo porque de acuerdo a los parámetros establecidos por el Decreto 491 del 2020, en época de emergencia sanitaria producto del COVID-19, se exigía al administrado suministrar un correo electrónico donde se pud ieran allegar las comunicaciones emitidas por parte de la administración a la hora de radicar sus solicitudes . En e ste caso , fue a dicho correo que se remitió el acto definitivo que niega el pago de la sanción moratoria. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante contra la sentencia anticipada proferida el 2 8 de noviembre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad, sin condena en costas.Radicado: 680813333002-2022-005600

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral

Demandante: Wilmar Andruar García Jaimes

Demandados: FOMAG y Distrito Especial de Barrancabermeja

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I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La parte demandante solicita que se declare la nulidad de los actos fictos configurados

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La parte demandante solicita que se declare la nulidad de los actos fictos configurados por la falta de respuesta frente a la petición presentada el 9 de noviembre de 2020, ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG y ante el Distrito Especial de Barrancabermeja, que le negó el reconocimiento de la sanción por mora prevista en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías.

A título de restablecimiento del derecho, pide que se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFOMAG y al Distrito Especial de Barrancabermeja, a reconocer y pagar la mencionada sanción moratoria, además de que la sentencia se cumpla en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y se condene en costas a la parte demandada.

2. Hechos El demandante manifiesta que es docente oficial y que el 3 de mayo de 2019 le solicitó al Distrito Especial de Barrancabermeja el reconocimiento y pago de cesantías parciales, las cuales le fueron reconocidas mediante la Resolución No. 0979 del 2 de julio de 2019.

Refiere que el pago solo fue efectuado hasta el 23 de mayo de 2020. Señala que el FOMAG omitió el deber de informarle el desembolso programado para el 17 de agosto de 2019, del cual no tuvo conocimiento y por lo que fue reprogramado, así, venció el

FOMAG omitió el deber de informarle el desembolso programado para el 17 de agosto de 2019, del cual no tuvo conocimiento y por lo que fue reprogramado, así, venció el plazo previsto por la norma y se constituye una mora de 276 días. Afirma que les solicitó a las entidades demandadas que le reconocieran y pagarán la sanción moratoria correspondiente, pero no le respondieron, por lo que se configuraron los actos fictos.

3. Normas violadas y concepto de violación En la demanda se enlistan como normas violadas las siguientes: los artículos 5, 9 y 15 de la Ley 91 de 1989; los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; y los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

Argumenta que, las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 regulan el término perentorio para el reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, concediendo los 15 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud para su reconocimient o y 45 días hábiles después de la expedición del respectivo acto administrativo, para su pago al servidor público. Añade que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el pago de la sanción moratoria de las cesantías debe ser asumido por la entidad territorial

1 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 2, Documento denominado 02DemandaAnexosRadicado: 680813333002-2022-005600

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral

Demandante: Wilmar Andruar García Jaimes

Demandados: FOMAG y Distrito Especial de Barrancabermeja

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Demandante: Wilmar Andruar García Jaimes

Demandados: FOMAG y Distrito Especial de Barrancabermeja

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a la que pertenezca la Secretaría de Educación encargada del reconocimiento de la prestación, cuando incumpla los plazos previstos por la norma.

B. Contestaciones

1. La Nación - Ministerio de Educación - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG2 se opone a las pretensiones. Propone las siguientes excepciones: (i) ineptitud sustancial de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii) caducidad; (iii) el término señalado como sanción moratoria a cargo del FOMAG y la FIDUPREVISORA es menor al que señala la parte demandada; (iv) ausencia del deber de pagar sanciones por parte de la entidad fiduciaria; (v) prescripción; (vi) improcedencia de la indexación de la condena; (vii) condena a cargo a títulos de tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y (viii) genérica Señala que, de comprobarse la existencia de un acto expreso proferido por la entidad territorial, se debe declarar la caducidad del medio de control.

Advierte que, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el legislador trasladó a la entidad territorial certificada cualquier obligación derivada del retardo en el pago de las cesantías.

Advierte que, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el legislador trasladó a la entidad territorial certificada cualquier obligación derivada del retardo en el pago de las cesantías. Añade que el incumplimiento de los plazos fijados por la ley 244 de 1995 fue ocasionado por la Secretaría de Educación del Distrito de Barrancabermeja, ya que profirió el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías parciales por fuera de los 15 días posteriores a la solicitud. Afirma que la Secretaría expidió la Resolución No. 0979 del 2 de julio de 2019, pese a que tenía hasta el 24 de mayo de 2019 para ello; razón por la cual el pago también se hizo fuera del término señalado por la norma. De igual modo, indica que se debe considerar prescrita la prestación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. Considera que no es procedente ordenar la indexación, porque la sanción por mora no es una prestación laboral, sino una penalidad económica que castiga la negligencia del empleador, tal como lo han dicho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por último, señala que no es procedente una condena en costas, porque ha actuado en el curso del proceso de buena fe.

2. El Distrito Especial de Barr ancabermeja3 se opone a las pretensiones. Propone las siguientes excepciones: (i) inexistencia del acto administrativo demandado; (ii) caducidad; (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva en sentido material frente al Distrito de Barrancabermeja; (iv) improcedencia de indexación de la sanción moratoria; y (v) genérica.

caducidad; (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva en sentido material frente al Distrito de Barrancabermeja; (iv) improcedencia de indexación de la sanción moratoria; y (v) genérica.

2 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos Índice 7 3 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. índice 8Radicado: 680813333002-2022-005600

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral

Demandante: Wilmar Andruar García Jaimes

Demandados: FOMAG y Distrito Especial de Barrancabermeja

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Refiere que no existió silencio administrativo, porque respondió la solicitud hecha por la parte demandante, mediante el Oficio BAR2020ER005363 del 15 de diciembre de 2020. Argumenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el medio de control caducó, porque debió presentarse dentro de los 4 meses siguientes a la notificación, comunicación, ejecución o publicación del acto administrativo; en este caso, a partir del 16 de diciembre de 2020. Empero, la demanda fue instaurada solo hasta el 3 de octubre de 2022. Advierte que de ser procedente la sanción moratoria, estará a cargo del FOMAG, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Finalmente, al igual que la otra demandada, considera que la indexación de una posible condena es improcedente.

C. La sentencia recurrida4

conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Finalmente, al igual que la otra demandada, considera que la indexación de una posible condena es improcedente.

C. La sentencia recurrida4

El 28 de noviembre de 2024 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja profirió sentencia anticipada. Resolvió: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de “caducidad” formulada por la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y, el Distrito Especial de Barrancabermeja, por las razones expuestas en la parte con siderativa de esta providencia y, en consecuencia, se da por terminado el presente trámite.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: Por Secretaría, NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente providencia, dejando constancia del trámite en el expediente digital.

El a quo consideró que al existir una respuesta por parte del Distrito Especial de Barrancabermeja que le impide al accionante continuar su actuación administrativa frente a dicha entidad, esta se convierte en el acto administrativo susceptible de control judicial. Indicó que el accionante contaba con 4 meses para pretender la nulidad de la mencionada respuesta, específicamente, hasta el 16 de abril de 2021. Sin embargo, presentó la solicitud de conciliación el 16 de noviembre de ese mismo año y radicó la demanda el 3 de octubre de 2021, es decir, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad.

D. La apelación5

El demandante solicita que se revoque la sentencia y en su lugar se concedan las pretensiones. Argumenta que el acto profe rido por el Distrito Especial de

la caducidad.

D. La apelación5

El demandante solicita que se revoque la sentencia y en su lugar se concedan las pretensiones. Argumenta que el acto profe rido por el Distrito Especial de Barrancabermeja no es un acto de fondo, porque solo informó que remitiría la solicitud a la Secretaría de Educación, es decir, no hizo un estudio de su situación jurídica ni

4 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 25 5 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 27Radicado: 680813333002-2022-005600

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resolvió de fondo lo solicitado. Para él, una rem isión a la autoridad competente no se puede considerar como un acto definitivo susceptible de control judicial. Insiste en que, de conformidad con lo anterior, se configuró un acto administrativo ficto por parte de la Secretaría de Educación Distrital de Barrancabermeja. También, señala que la respuesta dada por la entidad distrital donde se negaba el reconocimiento y pago de la sanción moratoria no le fue notificada en debida forma, puesto que debía notificarse a la dirección suministrada y no al correo el ectrónico, ya que nunca dio su consentimiento para ello. Argumenta que el a quo le vulnera el debido proceso, porque, si el acto que debía

puesto que debía notificarse a la dirección suministrada y no al correo el ectrónico, ya que nunca dio su consentimiento para ello. Argumenta que el a quo le vulnera el debido proceso, porque, si el acto que debía demandar era el acto que profirió el Distrito Especial de Barrancabermeja, en la oportunidad procesal respectiva, deb ió haber ordenado la adecuación de las pretensiones y no declarar que no existía irregularidad objeto de saneamiento. Enfatiza que el proceso quedó saneado con el auto del 11 de octubre de 2022 y el ente distrital guardó silencio, además de que al declarar la caducidad se está reviviendo una etapa judicial precluida y saneada. Sostiene que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías parciales que le fueron reconocidas.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 21 de agosto de 20246 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. La parte demandante , el Distrito Especial de Barrancabermeja y el Ministerio Público guardaron silencio.

Por su parte, el FOMAG 7 solicita que se confirme la sentencia de primera instancia. Manifiesta que el acto administrativo por medio del cual respondió la petición de la demandante no se puede considerar un acto de mero trámite, sino que representa una decisión definitiva sobre la solicitud realizada. Añade que los actos administrativos que resuelven de fondo una petición no pueden ser impugnados bajo la premisa de un acto ficto, pues al emitir una respuesta oportuna y con pleno conocimiento de causa, la administración ha cumplido con su deber de resolver de manera expresa, tal como lo exige el ordenamiento jurídico.

ficto, pues al emitir una respuesta oportuna y con pleno conocimiento de causa, la administración ha cumplido con su deber de resolver de manera expresa, tal como lo exige el ordenamiento jurídico.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

6 Expediente digital SAMAI. Índice 5 7 Expediente digital SAMAI. Índice 34. Documento:MemorialWeb_OtroRadicado: 680813333002-2022-005600

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B. Los problemas jurídicos y su resolución Con base en la reseña que antecede, la Sala plantea los siguientes problemas jurídicos: PJ1. ¿El pronunciamiento mediante el cual la secretaría de educación alega falta de competencia para decidir sobre la sanción mora anualizada se debe considerar un acto definitivo, y, por tanto, la caducidad del medio de control se debe contar desde su notificación?

Tesis. sí.

Fundamento jurídico: La referida respuesta constituye un acto definitivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del CPACA, porque «hace imposible continuar con la actuación». Por ende, dicho acto puede ser controlado en sede judicial.

Fundamento jurídico: La referida respuesta constituye un acto definitivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del CPACA, porque «hace imposible continuar con la actuación». Por ende, dicho acto puede ser controlado en sede judicial.

En el presente asunto, se observa que la Secretaría de Educación de Barrancabermeja respondió la petición del demandante el 15 de diciembre de 2020, indicándole que no tenía competencia para reconocer ni pagarle la sanción moratoria solicitada. Dicho acto le impidió al actor continuar con el trámite en sede administrativa, por ende, se trata de un acto definitivo que puede ser objeto de enjuiciamiento dentro de los 4 meses siguientes a su notificación. PJ2. ¿Opera la caducidad en el acto administrativo que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales al demandante?

Tesis: sí.

Fundamento jurídico: Como se dijo, el Oficio BAR2020EE005828 del 15 de diciembre de 2020 fue comunicado al demandante ese día, por lo que el Tri bunal advierte que transcurrieron más de 4 meses desde que la parte actora tuvo conocimiento del mismo hasta la presentación de la demanda, porque la solicitud de conciliación prejudicial fue elevada el 16 de noviembre de 2021, cuando ya había operado la caducidad.

En consecuencia, operó la caducidad respecto de las pretensiones de la demanda, fenómeno que puede ser declarado en cualquier tiempo y frente al cual no opera la preclusión que alega el apelante.

C. Marco jurídico

1. Los actos enjuiciables De acuerdo con el artículo 43 del CPACA 8, los actos definitivos son los que deciden

preclusión que alega el apelante.

C. Marco jurídico

1. Los actos enjuiciables De acuerdo con el artículo 43 del CPACA 8, los actos definitivos son los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar la actuación.

En contraposición a estos últimos, se encuentran los de trámite que «son disposiciones

8 ARTÍCULO 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuaciónRadicado: 680813333002-2022-005600

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instrumentales que permiten desarrollar en detalle los objetivos de la administración»9, y que hacen parte de una actuación que forma una totalidad como acto. Dentro de los actos controlables se encuentran los emanados del silencio de la administración. Este se produce cuando la autoridad no manifiesta su voluntad respecto de una solicitud en particular, por lo que se presume, como regla general, la existencia de un acto ficto que contiene una decisión desfavorable a las pretensiones del peticionario. Este podrá: i) esperar a que la administración se pronuncie algún día, ii) ejercer los recursos en contra del acto ficto; o iii) buscar la nulidad del acto ficto, en pro de que se le restablezca su derecho10. Por definición, el mencionado acto ficto no se configura cuando la administración expide

ejercer los recursos en contra del acto ficto; o iii) buscar la nulidad del acto ficto, en pro de que se le restablezca su derecho10. Por definición, el mencionado acto ficto no se configura cuando la administración expide un acto expreso, el cual, independientemente de su contenido y su capacidad para resolver el fondo del asunto, se torna definitivo y por ende susceptible de ser enjuiciado, si «hace imposible continuar la actuación».

2. La competencia para decidir sobre las reclamaciones de los docentes oficiales sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria De acuerdo con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, el Decreto 1272 de 201811, las modificaciones que introdujo el artículo 57 de la Ley 1955 de 201912 y la interpretación que de esta última norma hizo la Corte Constitucional en la sentencia SU-041 de 2020, la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de un docente oficial se radica ante la respectiva secretaría de educación certificada, la cual, en un término no mayor a 15 días hábiles, debe resolver si reconoce o no la sanción y expedir el acto administrativo definitivo, sin solicitar revisión o autorización de la Fiduciaria que administra el FOMAG como ocurría en vigencia del derogado artículo 56 de la Ley 962 de 2005.

Luego de surtida la no tificación y la ejecutoria de la resolución, la secretaría de educación debe subir al aplicativo interinstitucional onbase12 y remitir a la FIDUPREVISORA S.A. el acto administrativo de reconocimiento, para que proceda a su pago13.

9 Ïdem.

educación debe subir al aplicativo interinstitucional onbase12 y remitir a la FIDUPREVISORA S.A. el acto administrativo de reconocimiento, para que proceda a su pago13.

9 Ïdem. 10 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “A”. Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ. Au to del veintiuno (21) de abril del dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 08001 -23-33-000-2013-0063201(2436-14) 11 Mediante esta norma se modifica el Decreto 1075 de 2015 –Único Reglamentario del Sector Educación–, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestacio nes Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones 12 “Artículo 57. Eficiencia en la Administración de los Recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las cesantías def initivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la en tidad territorial. (…)”

por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la en tidad territorial. (…)” 12 Según la información que reposa en el Informe de auditoría vigencia 2018, presentado en junio de 2019 por la Contraloría General de la República, onbase es un software en línea administrado por la firma Cadena Courier, cuya operación dio inicio el 19 de s eptiembre de 2018. Esta herramienta está diseñada por procesos, de acuerdo con el ámbito de competencias de las Secretarías de Educación certificadas y la FIDUPR EVISORA S.A. 13 No existe norma especial que establezca un término perentorio para el pago de l a sanción moratoria desde que queda en firme el acto que la reconoce, ni la Fiduprevisora contempla alguno en su Comunicado No. 010 del 1º de septiembre de 2017 en el que establece el p rocedimiento para el reconocimiento y pago de una sanción moratoria 14, sin embargo, el que la Ley 244 de 1995 haya otorgado 45 días hábiles para el pago de un derecho prestación social como es el auxilio de cesantías, es indicativo de que el mencionado término resulta razonable para pagar un concepto indemnizatorio.Radicado: 680813333002-2022-005600

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Demandante: Wilmar Andruar García Jaimes

Demandados: FOMAG y Distrito Especial de Barrancabermeja

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Demandados: FOMAG y Distrito Especial de Barrancabermeja

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Asimismo, el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que las entidades territoriales serán responsables del pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, cuando incumplieran los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud al FOMAG, por parte de la respectiva secretaría de educación, y se reiteró que, en tales casos, el Fondo solo debía asumir el pago de las cesantías. Entonces, «el reconocimiento del auxilio de cesantías es responsabilidad de la Secretaría de Educación terri torial certificada, mientras el pago es competencia del FOMAG»14, aplicándose para el reconocimiento de la sanción por mora el procedimiento establecido en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 200615. Considera la Sala que, en los casos en que una secretaría de educación declara su falta de competencia mediante una respuesta escrita y no sigue el procedimiento establecido, imposibilita continuar con la actuación, encuadrando la situación dentro del supuesto previsto por el mencionado artículo 43 íde m, por lo que tal respuesta se constituirá en un acto administrativo definitivo que puede ser controlado en sede judicial

3. La notificación electrónica de un acto administrativo en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19

El artículo 56 del CPAC A16 dispone que «las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio

pandemia ocasionada por el COVID-19 El artículo 56 del CPAC A16 dispone que «las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación». La disposición vigente del artículo 61 de ese código establecía la posibilidad de recepciona r peticiones de manera electrónica, para lo cual, la entidad debía: «1. Llevar un estricto control y relación de los mensajes recibidos en los sistemas de información incluyendo la fecha y hora de recepción. 2. Mantener la casilla del correo electrónico con capacidad suficiente y contar con las medidas adecuadas de protección de la información. 3. Enviar un mensaje acusando el recibo de las comunicaciones entrantes indicando la fecha de la misma y el número de radicado asignado». Ahora bien, para adoptar medidas de urgencia con el fin de garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica,17 el presidente de la República expidió el Decreto 491 de 2020, aplicable a todas las entidades del Estado.18

14 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU041 de 2020. 15 Ídem 16 ARTÍCULO 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. Sin em bargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios electrónicos sea

electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electr ónica de la autoridad. Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración. 17 El Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 que declaro el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territori o nacional por el termino de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19. La emergencia estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2022. Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 385 de 2020. Modificado po r Resolución 666 de 2022 Ministerio de Salud y Protección Social. Modificado por Resolución 1315 de 2021 Ministerio de Salud y Protección Social. Modificado por Resolució n 738 de 2021 Ministerio de Salud y Protección Social. Modificado por Resolución 222 de 2021 18 ARTICULO 1. Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independiente