TA SAN - Sentencia 680813333002-2024-00027-01 (20-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER LABORAL DEMANDANTE ANTONIO VELÁSQUEZ LLANOS , identificad o con C.C. No. 91.430. 454

mabella.a@hotmail.com notificacionesbucaramanga@giraldoabogados.com.co

DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

– FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO FOMAG

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co notjudicial@fiduprevisora.com.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y

LINK DE

EXPEDIENTE

680813333002-2024-00027-01 TEMAS El demandante goza del régimen de transición previsto en la Ley 812 del 2003, por ende, es beneficiario de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 / Para efectos pensionales, se deben tener en cuenta los servicios docentes prestados mediante CPS / Aplicación del principio in dubio pro operario ante

pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 / Para efectos pensionales, se deben tener en cuenta los servicios docentes prestados mediante CPS / Aplicación del principio in dubio pro operario ante posturas jurisprudenciales diversas. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada contra la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2023 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, que negó las pretensiones.

I.ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones El demandante solicita que se declare la nulidad parcial del acto administrativo ficto presunto, configurado el 3 de noviembre de 2023, en relación con la petición radicada el 2 de agosto de 2023, mediante la cual la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, conforme a la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.

A título de restablecimiento del derecho, solicita condenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la pensión de jubilación sin exigir el retiro del servicio, permitiendo su compatibilidad con el salario de docente oficial, conforme a la Ley 4 de 1992. Pide que se aplique la normativa más favorable de manera retroactiva desde la fecha en que se cumplieron los requisitos, incluyendo todas las mesadas ordinarias y adicionales, con los respectivos reajustes anuales.

que se aplique la normativa más favorable de manera retroactiva desde la fecha en que se cumplieron los requisitos, incluyendo todas las mesadas ordinarias y adicionales, con los respectivos reajustes anuales.

1 Expediente digital SAMAI. Índice 0002. Documento 02DEMANDAANEXOSPDF(.pdf) Archivo PDF 001.Exp digital fls. 4 al 20.RADICADO: 686793333002-2024-00027-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: ANTONIO VELÁSQUEZ LLANOS DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander La mesada pensional deberá corresponder al 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, conforme a la Ley 62 de 1985 y normas complementarias. Finalmente, solicita ordenar a la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la inclusión de la mesada pensional en la nómina mensual de pensionados y el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.

2. Hechos El demandante manifiesta que ha trabajado en la docencia oficial por más de veinte años y que desde el 7 de abril de 1997 cumplió con los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación. Señala que, al momento de presentar la demanda, aún se encontraba en servicio activo y que su tiempo total laborado asciende a 20 años, 9 meses y 25 días.

acceder a la pensión de jubilación. Señala que, al momento de presentar la demanda, aún se encontraba en servicio activo y que su tiempo total laborado asciende a 20 años, 9 meses y 25 días. Indica que nació el 26 de julio de 1967, por lo que actualmente tiene 55 años de edad. Aclara que, cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003, ya había acumulado más de tres años de servicio en el sector educativo, razón por la cual considera que tiene derecho a acogerse al régimen establecido en la Ley 91 de 1989, el cual remite a la Ley 33 de 1 985 o, en su defecto, a la Ley 71 de 1988, aplicando la normativa que le resulte más favorable. Finalmente, manifiesta que reúne los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de vejez, los cuales establecen un mínimo de 20 años de servicio, ya sea de manera continua o discontinua, y 55 años de edad. Asimismo, menciona que el 5 de marzo de 2023 alcanzó la condición de pensionado y que, en consecuencia, el 2 de agosto de 2023 presentó una reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Barrancabermeja, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación. Sin embargo, al no recibir respuesta, se configuró el silencio administrativo, generando el acto ficto cuya nulidad se solicita en la presente demanda.

3. Normas violadas y concepto de la violación En la demanda se enlistan como normas violadas los siguientes: artículos; 1, 2, 48,

presente demanda.

3. Normas violadas y concepto de la violación En la demanda se enlistan como normas violadas los siguientes: artículos; 1, 2, 48, 53 y 243 de la Constitución Política, el 81 la Ley 812/2003, 2 de la Ley 91/1989, 1 de la Ley 33/85, 7 de la Ley 71/88, 1 y 3 del Decreto 3752 de 2003.

El demandante argumenta que la decisión contenida en el acto administrativo demandado no se ajusta a la normatividad que debió servir de fundamento, ya que la entidad demandada desconoció disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales al negar el reconocimiento de la pensión de jubilación, pese a que se cumplía el requisito de edad: 55 años. De la misma manera, argumenta que, dado que estaba vinculado con anterioridad a junio de 2003, tiene derecho a acogerse al régimen de transición establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, por lo que le resultan aplicables la Ley 91 de 1989 y la Ley 33 de 1985. Refiere la contratación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios y resalta que, en este caso, se cumplen los elementos propios de un contrato de trabajo. Sostiene que no ejercía sus funciones de manera independiente ni bajo sus propios horarios, sino que estaba sujeto a directrices, instrucciones y órdenes de sus superiores, en particular del Ministerio de Educación a través de las secretarías de educación. Como respaldo, cita la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016, en la que se esta bleció que la contratación de docentesRADICADO: 686793333002-2024-00027-01

educación. Como respaldo, cita la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016, en la que se esta bleció que la contratación de docentesRADICADO: 686793333002-2024-00027-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: ANTONIO VELÁSQUEZ LLANOS DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander mediante prestación de servicios no elimina el carácter personal de la labor ni excluye el elemento de subordinación inherente al servicio público de educación. Con base en lo anterior, argumenta que los periodos de vinculación bajo contratos de prestación de servicios deben generar efectos pensionales sin que sea necesario requerir la comparecencia del ente territorial. También menciona los criterios jurisprudenciales sobre la responsabilidad de las entidades territoriales en el pago de aportes pensionales cuando han empleado docentes bajo figuras contractuales que ocultan una relación laboral, resaltando la importancia de que la sentencia ordene el pago de los aportes faltantes en la proporción correspondiente. Para concluir, cita la normativa aplicable al reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes. Enfatiza que, conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, quienes fueron vinculados antes de junio de 2003 tienen derecho a la aplicación de la Ley 91 de 1989. En cuanto a los requisitos exigidos para acceder a la prestación, señala que son los establecidos en la Ley 33 de 1985 , los cuales se

aplicación de la Ley 91 de 1989. En cuanto a los requisitos exigidos para acceder a la prestación, señala que son los establecidos en la Ley 33 de 1985 , los cuales se cumplen en su caso, porque cuenta con 20 años de servicios y 55 años de edad.

B. Contestación La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2, se opone a las pretensiones. Señala que este fue nombrado en propiedad en el año 2006, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Por esta razón, el régimen aplicable a su situación pensional es el de prima media con prestación definida, establecido en la Ley 100 de 1993, conforme al criterio fijado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por el Consejo de Estado.

En consecuencia, considera que no es procedente acceder a las solicitudes del demandante, pues ello transgrede abiertamente la Constitución Política y genera para la Nación una carga excesiva que vulnera el principio de solidaridad del sistema de pensiones . Asimismo, advierte que su reconocimiento implicaría una grave desfinanciación del sistema, dado que se ha pretendido incluir en la liquidación factores sobre los cuales no se efectuaron las respectivas cotizaciones, como quedó demostrado en el proceso. Finalmente, formula las siguientes excepciones de mérito: (i) inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, (ii) prescripción de mesadas, (iii) compensación, (iv) buena fe, (v) inexistencia de una condena en costas objetiva, pues se debe desvirtuar la buena fe de la entidad, y (vi) excepción genérica.

C. La sentencia recurrida3

(iv) buena fe, (v) inexistencia de una condena en costas objetiva, pues se debe desvirtuar la buena fe de la entidad, y (vi) excepción genérica.

C. La sentencia recurrida3

En sentencia del 19 de diciembre de 2024 el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja negó las pretensiones de la demanda sin condena en costas. Indicó que, en la sentencia de unificación SUJ -014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, el Consejo de Estado estableció un criterio para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, por tanto, fijó lineamientos obligatorios respecto a los distintos regímenes pensionales aplicables a los docentes, dependiendo de la fecha de su vinculación al magisterio oficial, especialmente a partir de la expedición de la Ley 812 de 2003. Asimismo, determinó que dicha decisión tendría efectos retrospectivos, extendiéndose a todas las situaciones jurídicas pendientes de resolución que no hubieran sido objeto de cosa juzgada, como ocurre en el presente caso.

2Expediente digital SAMAI. Índice 0007. Documento 6_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) 3 Expediente digital SAMAI. Índice 00016. Documento 13Sentenciaantic_202400027RECONOCIMIE(.docx)RADICADO: 686793333002-2024-00027-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: ANTONIO VELÁSQUEZ LLANOS DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDANTE: ANTONIO VELÁSQUEZ LLANOS DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Advirtió que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 están amparados por el régimen de pensión ordinaria de jubilación aplicable a los servidores públicos del orden nacional, establecido en la Ley 33 de 1985. En consecuencia, los factores a considerar en la liquidación deben ser únicamente aquellos sobre los que se hayan realizado aportes, conforme al artículo 1° de la Ley 62 de 1985, por tanto, no es posible incluir factores distintos a los enlistados en dicha norma y los requisitos exigidos serán los del régimen mencionado, con la salvedad de que la edad mínima será de 57 años para hombres y mujeres. Además, los factores salariales que deben incl uirse en el ingreso base de liquidación serán los previstos en el Decreto 1158 de 1994, siempre que hayan sido objeto de cotización. Señaló que el demandante se ha desempeñado como docente en diferentes instituciones educativas, mediante órdenes de prestación de servicios, contratos laborales y nombramientos en provisionalidad y en propiedad en entidades territoriales como el Municipio de Barrancabermeja y el Departamento de Santander. Esto permite concluir que las actividades desarrolladas en dichas vinculaciones correspondieron a las de un docente oficial, sin perjuicio de que en su momento no se configurara plenamente una relación laboral.

Esto permite concluir que las actividades desarrolladas en dichas vinculaciones correspondieron a las de un docente oficial, sin perjuicio de que en su momento no se configurara plenamente una relación laboral. Por otra parte, el juzgado, con base en las pruebas analizadas y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, consideró demostrada la prestación de servicios propios de un docente oficial durante la ejecución de los contratos celebrados entre el demandante y las entidades territoriales mencionadas. No obstante, no reconoce como tiempo laborado el período correspondiente al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Barrancabermeja. En consecuencia, solo computó el tiempo en que existió una relación contractual válida, sobre el cual debieron efectuarse las respectivas cotizaciones, como base para acreditar los requisitos de la pensión de jubilación. El a quo, finalmente, concluye que conforme a las reglas fijadas en la sentencia de unificación, el señor Marco Antonio Velásquez Llanos es beneficiario del régimen previsto en la Ley 33 de 1985, al haber ingresado al servicio docente antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003. Sin embargo, en su caso particular, se establece que tiene 57 años y que ha prestado un tiempo total de servicio como docente oficial de 18 años, 9 meses y 27 días hasta la fecha de radicación de la demanda, y de 19 años, 6 meses y 27 días hasta la fecha de la presente providencia. Por lo tanto, no cumple con el requisito de 20 años de servicio exigido en la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación.

D. La apelación4

El demandante solicita que se revoque la sentencia y en su lugar, se concedan todas las pretensiones de la demanda.

de 1985 para acceder a la pensión de jubilación.

D. La apelación4

El demandante solicita que se revoque la sentencia y en su lugar, se concedan todas las pretensiones de la demanda. Argumenta que el juez de primera instancia , al valorar los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez, omitió considerar los tiempos de servicios prestados a la docencia oficial mediante contratos de prestación de servicios. Según afirma, el a quo se limitó a afirmar que «de acuerdo con el objeto contractual, las funciones se desempeñaban en esta institución educativa y no al servicio docente público», sin aportar ningún fundamento legal para negar el reconocimiento de los tiempos laborados en dicha institución. Señala que esta falta de motivación es grave, pues el propio a quo reconoció en su fallo que el objeto de los contratos era la

4 Expediente digital SAMAI. Índice 00019. Documento 14_MemorialWeb_Otro-RRPDapelacionANT(.pdf)RADICADO: 686793333002-2024-00027-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: ANTONIO VELÁSQUEZ LLANOS DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander ejecución del convenio de administración del servicio público educativo entre la institución y el Distrito de Barrancabermeja. Sostiene que el juez no realizó un análisis detallado ni suficiente para apartarse de

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander ejecución del convenio de administración del servicio público educativo entre la institución y el Distrito de Barrancabermeja. Sostiene que el juez no realizó un análisis detallado ni suficiente para apartarse de la jurisprudencia consolidada que reconoce la validez, para efectos pensionales, de los tiempos laborados bajo vínculos irregulares, como los contratos de prestación de servicios docentes o aquellos suscritos mediante tercerización laboral, los cuales pretendían encubrir una verdadera relación laboral con el Distrito de Barrancabermeja. Afirma que los contratos permiten establecer con absoluta claridad que existió una tercerización laboral a través de un colegio privado para ocultar un vínculo real de docencia al servicio del magisterio de Barrancabermeja. Indica que el propio objeto de los contratos y su periodo de duración demuestran la existencia de subordinación, ya que la continuidad en el cargo dependía del Distrito de Barrancabermeja. Además, destaca que en todos los contratos se evidencia la sujeción a directrices del director rural, quien es un directivo público docente. Por último, enfatiza que existe una línea jurisprudencial clara y pacífica en materia de cómputo de tiempos laborados mediante contratos de prestación de servicios, tercerización o vinculaciones irregulares para efectos pensionales.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 28 de febrero de 202 55 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barrancabermeja. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

interpuesto contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barrancabermeja. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente

problema jurídico:

¿El demandante se vinculó a la docencia oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y, en consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de su pensión por jubilación de conformidad con la Ley 91 de 1989 y las demás normas a las que este remite, entre ellas la Ley 33 de 1985?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: El régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales vinculados antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es el establecido en la Ley 91 de 1989, normativa especial para docentes, la cual remite a la Ley 33 de 1985 o a la Ley 71 de 1988, según la naturaleza de los aportes realizados o el tiempo de servicio. La primera consagra el derecho a la pensión de jubilación para quienes acrediten 20 años de servicios públicos y 55 años de edad y, la segu nda, consagra una pensión por aportes para aquellas personas que no lograron acumular 20 años de tiempos al servicio del Estado, pero sí

pensión de jubilación para quienes acrediten 20 años de servicios públicos y 55 años de edad y, la segu nda, consagra una pensión por aportes para aquellas personas que no lograron acumular 20 años de tiempos al servicio del Estado, pero sí acumularon aportes durante el mismo tiempo en el sector público y privado. En el presente caso, el 7 de abril de 1997 , el demandante fue vinculado al Distrito de Barrancabermeja como docente mediante orden de prestación de servicios. Posteriormente, el 27 de mayo de 1998, se vinculó como docente en provisionalidad.

5 Expediente digital SAMAI. Índice 00007. Documento 3AutoAdmiteRec_AUTO_20240002701AUTOADMIT(.pdf)RADICADO: 686793333002-2024-00027-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: ANTONIO VELÁSQUEZ LLANOS DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander De acuerdo con esto, su vinculación al magisterio fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Asimismo, el demandante tiene 57 años y cuenta con más de 20 años de servicio en el magisterio, por lo que reúne los requisitos para acceder a la pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985.

A. Marco jurídico

1. El régimen aplicable a los docentes afiliados al Fomag para adquirir una pensión de jubilación

acceder a la pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985.

A. Marco jurídico

1. El régimen aplicable a los docentes afiliados al Fomag para adquirir una pensión de jubilación El Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-20196 determinó que existen dos regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), aplicables a cada docente según su fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial.

Para los docentes afiliados al Fomag con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, les es aplicable lo dispuesto en las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 o 71 de 1988, y 62 de 1985. A este grupo de docentes no le es aplicable la Ley 100 de 1993 ni su régimen de transición previsto en el art 36, comoquiera que el art. 279 ibidem 7 dispuso que el Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma, no era aplicable a las personas afiliadas al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.8 Ahora, aquellos docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, cuando entró en vigencia la mencionada Ley 812, están sujetos a las disposiciones contenidas en las Leyes 812 de 2003, 100 de 1993, 797 de 2003 y el Decreto 1158 de 1994. El Consejo de Estado, en sentencia del 18 de marzo de 2027 9, aclaró que los docentes a quienes les aplica el régimen anterior al 27 de junio de 2003 están

El Consejo de Estado, en sentencia del 18 de marzo de 2027 9, aclaró que los docentes a quienes les aplica el régimen anterior al 27 de junio de 2003 están «exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por mandato del artículo 279 de la Ley 100 de 1993». La misma Corporación10, en sentencia de tutela del 6 de septiembre de 2021, amparó los derechos fundamentales de una docente a quien se le había negado en segunda instancia el reconocimiento de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1985, bajo el argumento de que no cumplía con el régimen de transición de la Ley 100. El alto tribunal reiteró que los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003 tienen derecho a que se les aplique la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 71 de 1988. Recordó que no puede aplicarse la Ley 100 ni su régimen de transición a los docentes oficiales, porque estos fueron exceptuados en el artículo 279 de ese estatuto. Con base en lo anterior, concluyó que la interpretación que hizo el Tribunal derivó en la vulneración de los derechos fundamentales de la docente accionante. En línea con lo anterior, el Consejo de Estado, en sentencia del 25 de agosto de 202211, reconoció la pensión por aportes a una docente oficial vinculada antes de la Ley 812 de 2003, quien cumplía los requisitos de la Ley 71 de 1988. Consideró que

6 Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Sección Segunda, C. P: César Palomino Cortés. Rad.: 6800 1233300020150056901, N.I: 0935-2017. 7 ARTÍCULO 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. 8 Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Sección Segunda, C. P: César Palomino Cortés. Rad.: 6800 1233300020150056901, N.I: 0935-2017.

[1] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ, Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 63001 -23-33-000-2014-00249-01(024916) 9 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 63001 -23-33-000-2014-00249-01(024916) 10 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA, Bogotá D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), Radicación número: 11001-03-15000-2021-03766-00(AC) 11 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)RADICADO: 686793333002-2024-00027-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ANTONIO VELÁSQUEZ LLANOS

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: ANTONIO VELÁSQUEZ LLANOS DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander no era posible exigir al personal docente los requisitos de la transición de la Ley 100, por ser una norma inaplicable al caso. Al respecto, dijo: Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que establece un régimen de transición. (…) el a quo determinó que la actora tenía derecho a una pensión de jubilación de conformidad con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, porque aunque acreditó haberse vinculado al servicio docente oficial el 16 de julio de 2001 hasta el 30 del noviembre de 2011, en calidad de interina, tuvo una interrupción en el servicio superior a 15 días hábiles. En consecuencia, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, no estaba vinculada al servicio pues esto ocurrió nuevamente solo hasta el 18 de febrero de 2004. Pues bien, para la Sala el a quo incurre en un yerro comoquiera que está acreditado en el plenario que la señora Veloza ingresó al servicio de la docencia oficial el 16 de julio de 2001, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado 12, el régimen jurídico

esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado 12, el régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales vinculados antes del 27 de junio de 2003, fecha de expedición de la Ley 812 de 2003, para el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, es el dispuesto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 13. Esto, siempre y cuando se acrediten 20 años de servicio en el sector público y 55 años de edad. El artículo antes referido fija el monto de la pensión de jubilación en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. En cambio, cuando el docente haya laborado para entidades públicas y privadas, y cotizado pensión en el extinto Instituto de Seguros Sociales-ISS14, hoy administrado por Colpensiones, durante el período de vinculación en el sector privado, podrá obtener una pensión por aportes, tal como lo prescribe el artículo 7 de la Ley 71 de

198815. Para ello, debe: (i) acreditar 20 años de aportes en cualquier tiempo, indistintamente del empleador, y (ii) cumplir con la edad requerida, esto es, 55 años para las mujeres.

Ahora, respecto de los factores que se deben tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación o por aportes, el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 16 establece que estos serán, únicamente, aquellos sobre los cuales se hubiesen realizado cotizaciones a pensión. Entre los factores previstos