TA SAN - Sentencia 680813333003-2023-00078-01 (09-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de marzo de 2025 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 38 índice SAMAI, archivo 01. MEDIO DE CONTROL Nulidad acumulado con nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680813333003-2023-00078-01

DEMANDANTE

Beatriz Elena Romero Agámez bera1964@hotmail.com abogadorichardvillareal@gmail.com DEMANDADO Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social De Barrancabermeja, EDUBA notificacionesjudiciales@eduba.gov.co contactenos@eduba.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA

notificacionesjudiciales@eduba.gov.co contactenos@eduba.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Supresión de un cargo de carrera administrativa sin la debida motivación . Del derecho preferencial al encargo. No se logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados. Confirma sentencia de primera instancia.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Beatriz Elena Romero Agámez

Demandado: EDUBA Radicado: 680813333003-2023-00078-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En ejercicio del medio de control de nulidad acumulado con nulidad y restablecimiento del derecho consagrados en los artículos 137 y 138 del CPACA, la señora Beatriz Elena Romero Agámez formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones 132 de 1998, 159 de 2006, 345 de 2016, 0222 de 2022 y del Oficio EDUB -01657 del 16 de noviembre de 2022 proferidos por la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja EDUBA.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Se declare la nulidad de los actos administrativos generales Resoluciones 132 de 1998, Resolución 159 de 2006 y Resolución 345 de 2016,

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Se declare la nulidad de los actos administrativos generales Resoluciones 132 de 1998, Resolución 159 de 2006 y Resolución 345 de 2016, por falta de motivación respecto de la sustracción de la planta de personal y manual de funciones del cargo de ASISTENTE DE GERENCIA, Grado 19, Nivel 00, de Carrera Administrativa, que se encuentra a la fecha inscrito en la Comisión Nacional del Servicio Civil, por la entidad – EDUBA –, Capitulo General, Código 6019, Grado 19, Folio 145.

EN SUBSIDIO, • Se declare la nulidad parcial de los actos administrativos generales Resoluciones 132 de 1998, Resolución159 de 2006 y Resolución 345 de 2016, por falta de motivación respecto de la sustracción de la planta de personal y manual de funciones del cargo de ASISTENTE DE GERENCIA, Grado 19, Nivel 00, de Carrera Administrativa, que se encuentra a la fecha inscrito en la Comisión Nacional del Servicio Civil, por la entidad – EDUBA –, Capitulo General, Código 6019, Grado 19, Folio 14

SEGUNDO: Se declare la nulidad del acto administrativo Resolución 0222 de 29 de julio de 2022, por falsa motivación en lo referente a la sustitución del

cargo de ASISTENTE DE GERENCIA, Grado 19, Nivel 00, de Carrera Administrativa, que se encuentra a la fecha inscrito en la Comisión Nacional del Servicio Civil, por la entidad – EDUBA –, Capitulo General, Código 6019, Grado 19, Folio 145 al de SUBGERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD, CODIGO 084,

GRADO 04.

En subsidio,

Servicio Civil, por la entidad – EDUBA –, Capitulo General, Código 6019, Grado 19, Folio 145 al de SUBGERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD, CODIGO 084,

GRADO 04.

En subsidio, • Se declare la nulidad parcial del acto administrativo Resolución 0222 de 29 de julio de 2022, por falsa motivación en lo referente a la sustitución del cargo de ASISTENTE DE GERENCIA, Grado 19, Nivel 00, de Carrera Administrativa, que se encuentra a la fecha inscrito en la Comisión Nacional del Servicio Civil, por la entidad – EDUBA –, Capitulo General, Código 6019, Grado 19, Folio 145 al de SUBGERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD, CODIGO 084, GRADO 04.

TERCERO: Se declare la nulidad parcial del acto administrativo, de fecha 16 de noviembre de 2022, mediante el cual se negó el nombramiento, a mi prohijada, en el cargo de ASISTENTE DE GERENCIA, Grado 19, Nivel 00, de

Carrera Administrativa, que se encuentra a la fecha inscrito en la Comisión Nacional del Servicio Civil, por la entidad – EDUBA –, Capitulo General, Código 6019, Grado 19, Folio 145.

CUARTO: Se ordene a la entidad – EDUBA –, a la reincorporación en el manual de funciones y planta de personal, el cargo de ASISTENTE DE GERENCIA,

Grado 19, Nivel 00, de Carrera Administrativa, que se encuentra a la fecha inscrito en la Comisión Nacional del Servi cio Civil, por la entidad – EDUBA –, Capitulo General, Código 6019, Grado 19, Folio 145.

Grado 19, Nivel 00, de Carrera Administrativa, que se encuentra a la fecha inscrito en la Comisión Nacional del Servi cio Civil, por la entidad – EDUBA –, Capitulo General, Código 6019, Grado 19, Folio 145.

QUINTO: Se ordene a la entidad – EDUBA –, a proveer el cargo de

ASISTENTE DE GERENCIA, Grado 19, Nivel 00, de Carrera Administrativa, que se encuentra a la fecha inscrito en la Comisión Nacional del Servicio Civil,Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Beatriz Elena Romero Agámez

Demandado: EDUBA Radicado: 680813333003-2023-00078-01

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por la entidad – EDUBA –, Capitulo General, Código 6019, Grado 19, Folio 145, a la señora BEATRIZ ELENA ROMERO AGAMEZ, C.C No. 37.932.996 expedida en Barrancabermeja.

SEXTO: Se ordene a la entidad – EDUBA –, a cancelarle a la señora BEATRIZ ELENA ROMERO AGAMEZ, C.C No. 37.932.996 expedida en Barrancabermeja, los salarios y emolumentos derivados del cargo de

ASISTENTE DE GERENCIA, Grado 19, Nivel 00, de Carrera Administrativa, que se encuentra a la fecha inscrito en la Comisión Nacional del Servicio Civil, por la entidad – EDUBA –, Capitulo General, Código 6019, Grado 19, Folio 145,

que se encuentra a la fecha inscrito en la Comisión Nacional del Servicio Civil, por la entidad – EDUBA –, Capitulo General, Código 6019, Grado 19, Folio 145, desde el 30 de julio de 2022 hasta la fecha que sea nombrada en el mismo » (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 9 de diciembre de 1994, la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja EDUBA profirió la Resolución 089 a través de la cual reformó y reestructuró la planta de personal de la entidad y estableció

el cargo asistente de gerencia, grado 19 de carrera administrativa, el cual se encuentra inscrito ante la Comisión Nacional del Servicio Civil con el código 6019, grado 19. Posteriormente, la planta de personal fue modificada mediante las Resoluciones 132 de 1998, 159 de 2006 y 345 de 2016.

1. No obstante, en las resoluciones mencionadas, especialmente, la Resolución 132 de 1998 «[m]ediante la cual se ajusta la planta de personal y el Manual Específico de funciones y se establece el nuevo sistema y clasificación de los empleos de las entidades territoriales según lo establecido en el Decreto Ley 1569 de 1998» el cargo de asistente de gerencia, grado 19 desapareció sin que fueran expuestos los motivos, lo que ocasiona una vulneración al debido

proceso y al derecho a la carrera administrativa. Empero, el señor Miguel Ángel Delgado fue nombrado en e l cargo de asistente de gerencia grado 19 el 29 de

que fueran expuestos los motivos, lo que ocasiona una vulneración al debido proceso y al derecho a la carrera administrativa. Empero, el señor Miguel Ángel Delgado fue nombrado en e l cargo de asistente de gerencia grado 19 el 29 de diciembre de 1997 y el 17 de marzo de 2022 mediante Resolución 055 la EDUBA lo retiró del servicio con ocasión al reconocimiento pensional de vejez, quien para el momento se encontraba en el cargo de subgerente general de la entidad, cargo 084, grado 04.

1. Como consecuencia de la anterior desvinculación, el cargo de asistente

de gerencia, grado 19, código 6019 de carrera administrativa quedó vacante de manera definitiva. Posteriormente, mediante Resolución 0222 «[p]or la cual se hace un nombramiento para un empleo público en ejercicio de la facultad discrecional» del 29 de julio de 2022 la EDUBA indicó en sus consideraciones que el señor Miguel Ángel Delgado siempre ostentó los derechos derivados de la carrera administrativa sobre el empleo denominado asiste de gerencia, grado 19, nivel 00, por cuanto ese cargo corresponde al de subgerente general en virtud de las modificaciones realizadas a la planta de personal en las Resoluciones 132 de 1998, 159 de 2006 y 345 de 2016.

1. En ese orden de ideas, el 20 de septiembre de 2022 solicitó ante la EDUBA el nombramiento en encargo al empleo de asistente de gerencia, grado 19, nivelNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Beatriz Elena Romero Agámez

Demandado: EDUBA Radicado: 680813333003-2023-00078-01

Rama Judicial del Poder Publico

Sentencia de segunda instancia

Demandante: Beatriz Elena Romero Agámez

Demandado: EDUBA Radicado: 680813333003-2023-00078-01

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00 de carrera Administrativa, frente a la cual la entidad dio respuesta negativa el 16 de noviembre de 2022.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 13, 25 y 29 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004.

En desarrollo del concepto de violación, la parte demandante expuso que los actos administrativos demandados adolecen de nulidad, conforme a las siguientes razones:

1. Los actos administrativos de carácter general proferidos por la entidad demandada, vale decir, las Resoluciones 132 de 1998, 159 de 2006 y 345 de 2016 deben ser declaradas nulas por haber incurrido en falsa motivación, comoquiera que no se motivó, en debida forma, la sustracción del cargo de

asistente de gerencia, grado 19, código 6019 de carrera administrativa de la planta de personal.

1. En la Resolución 0222 de 29 de julio de 2022, la EDUBA incurrió en un error al determinar en sus consideraciones que el cargo de asistente de gerencia,

grado 19, nivel 00, código 6019 sobre el cual ostentaba derechos de carrera administrativa el señor Miguel Ángel Delgado Lucena es el mismo empleo de subgerente general, en virtud de las modificaciones efectuadas a la planta de

grado 19, nivel 00, código 6019 sobre el cual ostentaba derechos de carrera administrativa el señor Miguel Ángel Delgado Lucena es el mismo empleo de subgerente general, en virtud de las modificaciones efectuadas a la planta de personal, comoquiera que el manual de funciones no previó dicho aspecto y, contrario a ello, decidió suprimir de manera táctica el empleo de asistente de gerencia.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja EDUBA no contestó la demanda.

1.3. La sentencia apelada2

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante sentencia del 31 de marzo de 2025, resolvió:

«Primero. Declarar la caducidad del acto administrativo Resolución No. 222 de 29 de julio de 2022 «Por el cual se hace un nombramiento para un empleo público en ejercicio de la facultad discrecional» proferido por la Empresa de Desarrollo Urbano y vivienda de interés Social de Barrancabermeja EDUBA por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Negar las demás pretensiones de la demanda por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

Tercero. No condenar en costas a las partes, de conformidad con lo expuesto y lo señalado en el numeral 5 del Art.365 del CGP […]».

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Beatriz Elena Romero Agámez

Demandado: EDUBA

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Beatriz Elena Romero Agámez

Demandado: EDUBA Radicado: 680813333003-2023-00078-01

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En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo declaró la caducidad y negó las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. En cuanto a la legalidad de los actos administrativos generales, resulta pertinente precisar que si bien e n el artículo primero de la Resolución 132 de 1998 estableció la planta de Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja EDUBA, mediante la Resolución 159 de 2006 , se determinó el organigrama de dicha entidad y a través de la Resolución 345 de 2016 también se hizo referencia a la planta de empleos existente y se efectuó su distribución por nivel jerárquico, en los actos administrativos señalados no se encuentra referenciado el empleo denominado asistente de gerencia grado 19, código 6019, motivo por el cual no es posible concluir que hubiere existido una supresión desmotivada del cargo en mención, lo que resulta suficiente para denegar las pretensiones de la demanda en cuanto a este aspecto.

1. En lo atinente al análisis de legalidad de los actos administrativos particulares, se advierte que respecto de la Resolución 222 del 29 de julio de 2022, a través de la cual se efectuó un nombramiento en el empleo denominado

1. En lo atinente al análisis de legalidad de los actos administrativos particulares, se advierte que respecto de la Resolución 222 del 29 de julio de 2022, a través de la cual se efectuó un nombramiento en el empleo denominado sub gerente general del nivel directivo con código 084 grado 04 , operó el fenómeno de caducidad, razón por la cual no es procedente detenerse en su estudio.

1. Respecto a la legalidad del Oficio del 16 de noviembre de 2022 emitido por la EDUBA, se advierte que se encuentra ajustado a derecho, comoquiera que no se encuentra probado que la parte demandada hubiere efectuado una convocatoria para la provisión de empleos bajo la modalidad de encargo .

Además, dicho acto administrativo, contrario a lo aducido por la parte demandante, no niega derechos de carrera administrativa, por cuanto se pone de relieve que la señora Beatriz Elena Romero Agámez únicamente podría acceder a un ascenso temporal mediante la figura del encargo, exclusivamente en el escenario en que la entidad hubiere decidido proveer el cargo mediante la correspondiente convocatoria. En ese orden de ideas, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos administrativos demandados, se impone negar las pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante3

La apoderada de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El a quo resolvió declarar la caducidad respecto a las pretensiones encaminadas a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 0222 de 2022

argumentos:

1. El a quo resolvió declarar la caducidad respecto a las pretensiones encaminadas a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 0222 de 2022 bajo argumentos sólidos, motivo por el cual no se est á en desacuerdo con la decisión adoptada.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 84 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Beatriz Elena Romero Agámez

Demandado: EDUBA Radicado: 680813333003-2023-00078-01

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1. Ahora bien, el juez de primera instancia efectuó una indebida valoración de los elementos de convicción aportados al plenario, por cuanto sur ge con nitidez que existió una supresión tácita del cargo de asistente de gerencia, sin que la entidad demandada realizará la debida motivación en los actos administrativos demandados. En consecuencia, en razón a que, se insiste, la entidad omitió completamente motivar la supresión del cargo mencionado, hay lugar a que se declare la nulidad de los actos administrat ivos demandados de carácter general.

1. Si bien es cierto que la administración goza de la facultad para reestructurar las plantas de personal por necesidades del servicio o razones de interés general, dicha potestad no es absoluta y, por ende, debe ejercerse dentro del marco constitucional y legal, en primacía de los derechos que ostentan los

funcionarios de carrera administrativa. No obstante, el a quo minimizó la

interés general, dicha potestad no es absoluta y, por ende, debe ejercerse dentro del marco constitucional y legal, en primacía de los derechos que ostentan los funcionarios de carrera administrativa. No obstante, el a quo minimizó la conducta desplegada por la EDUBA y decidió negar las pretensiones bajo el argumento de que como no existió formalmente un acto administrativo de supresión, no podía predicarse la ilegalidad reprochada en la demanda.

1. Respecto al análisis de legalidad efectuado respecto del Oficio EDUB01657 del 16 de noviembre de 2022, se advierte que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que dicha respuesta constituye una afectación de los derechos

de la demandante a la carrera administrativa y al debido proceso, al no acceder a encargarla ni nombrarla en la vacante disponible en ese momento, motivo por el cual hay lugar a que se declare su ilegalidad y se otorgue el restablecimiento del derecho pretendido en la demanda.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 27 de junio de 20254 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, quienes no allegaron pronunciamiento ni concepto.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente

estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

4 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Beatriz Elena Romero Agámez

Demandado: EDUBA Radicado: 680813333003-2023-00078-01

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De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer si hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones 132 de 1998, 159 de 2006, 345 de 2016 y el Oficio EDUB 01657 del 16 de noviembre de 2022 proferidos por la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja EDUBA por hallarse configurados los vicios de falsa motivación y expedición irregular o, si por el contrario, los mencionados actos administrativos conservan su presunción de legalidad.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre el empleo público

por el contrario, los mencionados actos administrativos conservan su presunción de legalidad.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre el empleo público

El artículo 125 de la Constitución Política prevé respecto de la provisión y remoción de los empleos públicos, lo siguiente:

«ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de n ombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en e l desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción

PARÁGRAFO. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido»

Posteriormente, con la finalidad de desarrollar el mandato constitucional en

designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido»

Posteriormente, con la finalidad de desarrollar el mandato constitucional en mención, el legislador expidió las leyes 27 de 1992, 443 de 1998 y 909 de 2004, y en el artículo primero de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función pública los empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y iv) los temporales.

De conformidad con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación de los empleos públicos5 en la función pública goza de reserva legal, puesto que es del resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquie re en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si estas son meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias exigidas para su desempeño, entre

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 26 de junio de 2025, radicación: 25000-23-42-000-2017-04759-01 (12262023)Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Beatriz Elena Romero Agámez

Demandado: EDUBA Radicado: 680813333003-2023-00078-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

Demandante: Beatriz Elena Romero Agámez

Demandado: EDUBA Radicado: 680813333003-2023-00078-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

otros, lo que permite advertir que existe una diferencia sustancial entre los empleos que la conforman. De esta manera, respecto a la primera clasificación, resulta pertinente precisar lo siguiente.

De carrera. Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública, puesto que a través de este la administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que están a su cargo.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado definió este régimen de la siguiente manera: 6

«[…] este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio de sus funciones. En efecto, históricamente este mecanismo respondió a la pugna que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad discrecional del nominador; de manera que, para contrarrestar los excesos burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los procesos de promoción y contratación

debía corresponder a una facultad discrecional del nominador; de manera que, para contrarrestar los excesos burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del trabajador para realizar una labor».

De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través del sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la estabilidad en el empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus funciones observe y cumpla con la Constitución, la ley y el reglamento interno, no será removido de él24. Además, la administración cuenta con la seguridad de que la función pública será prestada acorde con los principios de eficacia y eficiencia.

En esa medida, a través del Decreto 760 de 2005 «[p]or el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones», en lo relativo a la supresión de cargos de carrera administrativa dispone que:

«ARTÍCULO 28. Suprimido un empleo de carrera administrativa, cuyo titular sea un empleado con derechos de carrera, este tiene derecho preferencial a ser incorporado en un empleo igual o equivalente al suprimido de la nueva planta de personal de la entidad u organismo en donde prestaba sus servicios. De no ser posible la incorporación en los términos establecidos en el inciso

ser incorporado en un empleo igual o equivalente al suprimido de la nueva planta de personal de la entidad u organismo en donde prestaba sus servicios. De no ser posible la incorporación en los términos establecidos en el inciso anterior, podrá optar por ser reincorporado en un empleo igual o equivalente o a recibir una indemnización, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y con la reglamentación que expida el

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: César Palomino Cortés, sentencia del 30 de mayo de 2024, radicación: 180012331000200200005 01.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Beatriz Elena Romero Agámez

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Gobierno Nacional. Para la reincorporación de que trata el presente artículo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

28.1. La reincorporación se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el Jefe de la entidad comunique a la Comisión Nacional del Servicio Civil que el ex empleado optó por la reincorporación, en empleo de carrera igual o equivale nte que esté vacante o provisto mediante encargo o nombramiento provisional o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal en el siguiente orden:

28.1.1. En la entidad en la cual venía prestando el servicio.

nombramiento provisional o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal en el siguiente orden:

28.1.1. En la entidad en la cual venía prestando el servicio.

28.1.2. En la entidad o entidades que asuman las funciones del empleo suprimido. 28.1.3. En las entidades del sector administrativo al cual pertenecía la entidad, la dependencia o el empleo suprimido.

28.1.4. En cualquier entidad de la rama ejecutiva del orden nacional o territorial, según el caso […]».

En ese orden de ideas, la supresión de empleos es una causa legal de retiro del servicio de los empleados del sector público, que se encuentra justificada por la necesidad de adecuar las plantas de personal de las distintas entidades públicas a los requerimientos del servicio para hacer más eficaz y eficiente la función que deben cumpli