TA SAN - Sentencia 680813333003-2023-00175-01 (06-11-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, seis (06) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

RADICADO: 680813333003-2023-00175-01

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SAMAI: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=68081333300320230017501680

0123

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: Carola Naranjo Gualdrón

julionietoabog@gmail.com carolvillam332@gmail.com

DEMANDADO: Distrito Especial de Barrancabermeja

fdp.defensa.bca@gmail.com defensajudicial@barrancabermeja.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO:

Procuraduría 159 Judicial II Para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co TEMA: Devolución de dineros presuntamente descontados por concepto de incapacidad es / aplicación del Decreto 1655 del 2015 en eventos de pérdida de capacidad laboral de origen común

MAG. PONENTE: Francy del Pilar Pinilla Pedraza

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja dentro del asunto de la referencia, que

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja dentro del asunto de la referencia, que negó las pretensiones de la demanda.Nulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

1. ANTECEDENTES

1.1 Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1.1.1 El día 12 de agosto de 2019 fue calificada con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 96%, siendo el origen de la enfermedad calificado como común.

1.1.2 Se le expidió incapacidad médica administrativa por parte de la U.T. Red Integrada Foscal-CUB.

1.1.3 Mediante Resolución 0432 del 4 de mayo de 2021, aclarada mediante la Resolución 0464 del 11 de mayo del 2021, fue pensionada por invalidez, en virtud del Decreto 1848 de 1969.

1.1.4 Para los meses de noviembre y diciembre de 2019 los pagos por concepto de salario ascendieron a la suma de $937.498 por mes, presentándose una diferencia entre el salario correspondiente a la categoría docente 4ª, para dicho año y lo efectivamente consignado, de $427.790 por cada mes. Para el mes de enero del año 2020 recibió como salario la suma de $877.803, presentándose una diferencia entre el salario correspondiente a la categoría docente 4ª y los dineros consignados, de $487.485.

mes de enero del año 2020 recibió como salario la suma de $877.803, presentándose una diferencia entre el salario correspondiente a la categoría docente 4ª y los dineros consignados, de $487.485.

1.1.5 A partir del mes de febrero hasta el mes de agosto del 2020 ascendió a la categoría 8ª. Para el mes de febrero del año 2020 se le reconoció la suma de $1.382.080, presentándose una diferencia de $545.220, entre el salario correspondiente a la categoría 8ª., el cual para el año 2019, estaba en la suma de $1.887.300, ya que, a la fecha, aún no se había hecho el reajuste anual del salario.

1.1.6 A partir, del mes de marzo del 2020 el salario asignado a los docentes del sector oficial, regidos por el Decreto -Ley 2277 de 1979, que se encontraban escalafonados en la categoría 8ª, ascendió a la suma de $2.043.448. Para los meses de marzo hasta agosto de 2020 los valores consignados por parte deNulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

la Secretaría de Educación del Distrito de Barrancabermeja, presentan una diferencia que asciende a la suma de $3.798.768.

1.1.7 Ascendió a la categoría 10ª a partir del mes de septiembre del año 2020, quedando su asignación básica mensual en la suma de $2.478.603. Para los meses de septiembre hasta diciembre del año 2020, los valores consignados y sus diferencias salariales ascienden a la suma de $2.453.538. Para los

quedando su asignación básica mensual en la suma de $2.478.603. Para los meses de septiembre hasta diciembre del año 2020, los valores consignados y sus diferencias salariales ascienden a la suma de $2.453.538. Para los meses de marzo a mayo del 2021, los valores consignados y sus diferencias salariales ascienden a la suma de $ 3.010.315.

1.1.8 El día 18 de noviembre del 2022 solicitó a la entidad demandada la devolución de los dineros descontados por concepto de incapacidad médica administrativa durante el período comprendido entre «octubre del 2019 hasta mayo del 2021 », de conformidad con lo establecido por el Decreto 1655 de 2015, artículo 2.4.4.8.3.1., numeral 5, y como consecuencia de ello, solicitó el reconocimiento y pago de la suma $11.398.316, equivalente a la diferencia existente entre la asignación básica mensu al establecida por Gobiern o Nacional y, lo reconocido por parte de la Secretaría de Educación del Distrito de Barrancabermeja, durante el referido periodo.

1.1.9 El día 3 de febrero de 2023 l a Secretaría de Educación Distrital de Barrancabermeja, mediante comunicación radicad a BAR2023EE000232 y comunicada el mismo día, dio parcialmente respuesta a la petición impetrada el 18 de noviembre del 2022.

1.2 Pretensiones

Se sintetizan de la siguiente manera:

1.2.1 Se declare la nulidad del oficio de fecha 3 de febrero del 2023, radicado BAR2023EE000232, mediante el cual se negó la solicitud de devolución de

Se sintetizan de la siguiente manera:

1.2.1 Se declare la nulidad del oficio de fecha 3 de febrero del 2023, radicado BAR2023EE000232, mediante el cual se negó la solicitud de devolución de los dineros descontados por concepto de incapacidad médica administrativa, así como del acto ficto 1 surgido del silencio administrativo negativo frente a unos de los periodos reclamados.

1 Conforme fuere fijado en el trámite de la primera instancia producto de la inadmisión de la demanda y la posterior fijación del litigio.Nulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

1.2.2 A título de restablecimiento del derecho, se condene al Distrito de Barrancabermeja, Secretaría de Educación Distrital de Barrancabermeja, al reconocimiento y pago de la suma de $10.977.401, equivalente a la diferencia existente entre la asignación básica mensual establecida por Gobierno Nacional y lo reconocido por parte de la Secretaría de Educación del Distrito de Barrancabermeja, durante el período comprendido entre noviembre del 2019 hasta mayo del 2021.

1.2.3 Se condene a la demandada al ajuste de valor de la suma a reconocer, se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 del 2011 y se le condene en costas procesales.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se señalan como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 13, 29 y 53 de la Constitución Política; artículos 61 al 63 del Decreto 1848 de 1969; artículo 81

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se señalan como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 13, 29 y 53 de la Constitución Política; artículos 61 al 63 del Decreto 1848 de 1969; artículo 81 de la Ley 812 del 2003; artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y artículo 2.4.4.3.8.1 numeral 5 del Decreto 1655 del 2015.

Como concepto de violación se invocan los siguientes argumentos:

El Decreto 1655 del 2015 , numeral 5 del artículo 2.4.4.3.8.1 -sic-, le otorga a todo docente que adquiere el status de pensionado por invalidez el derecho a percibir su salario de acuerdo al porcentaje de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, mientras se encuentre en incapacidad médica administrativa , sin importar que el origen de la pérdida de la capacidad laboral sea de origen común o laboral.

La calificación de la pérdida de la capacidad laboral correspondió al 96% y, en consonancia con lo establecido por el numeral 5 del artículo 2.4.4.3.8.1 del Decreto 1655 del 2015, le asistía el derecho a percibir una pensión de invalidez correspondiente al 100% del último salario devengado, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 literal a, del Decreto 1848 de 1969.

Durante el período comprendido entre el 12 de agosto del 2019 hasta el 30 de abril del 2021, estuvo en incapacidad médica administrativa y su salario percibido durante ese período no fue del 100% de su asignación mensual . La entidad demandada

Durante el período comprendido entre el 12 de agosto del 2019 hasta el 30 de abril del 2021, estuvo en incapacidad médica administrativa y su salario percibido durante ese período no fue del 100% de su asignación mensual . La entidad demandada aplicó lo establecido en el artículo 18 del Decreto -Ley 3135 de 1968 y el artículo 9Nulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

literal a) del Decreto 1848 de 1969, sin tener en cuenta que no se trataba de una incapacidad médica o como lo denomina el citado Decreto -Ley 3135 de 1968, «licencia por enfermedad», pues su situación administrativa para el referido período comprendido entre el 12 de agosto del 2019 al 30 de abril del 2021, era de docente con incapacidad médica administrativa reglada por el Decreto 1655 del 2015.

El Distrito de Barrancabermeja -Secretaría de Educación Distrital de Barrancabermeja al negar la devolución de los dineros descontados de su salario a la demandante bajo el argumento de haber sido calificado el origen de su enfermedad como común, desconoció el Decreto 1655 del 2015, en el numeral 5 del artículo 2.4.4.3.8.1, el cual es claro en determinar que el salario del docente que se encuentre en incapacidad administrativa, indistintamente del origen de la enfermedad que dio origen al derecho a la pensión de invalidez, no supedita el monto del salario al origen de la enfermedad, sino al porcentaje de calificación de la pérdida de la capacidad laboral.

1.4 Contestación de la Demanda2

enfermedad que dio origen al derecho a la pensión de invalidez, no supedita el monto del salario al origen de la enfermedad, sino al porcentaje de calificación de la pérdida de la capacidad laboral.

1.4 Contestación de la Demanda2

Se opone a las pretensiones de la demanda asegurando que no se presenta ninguna diferencia entre el monto consignado y el que, a juicio de la demandante, debía recibir la docente, pues esta no se encontraba activa sino incapacitada y a la espera de ser incluida dentro de la nómina del F omag para recibir su pensión de invalidez, por lo que no era procedente el pago del 100% de su asignación básica.

Se argumenta que si bien es cierto a la docente al tener una calificación de pérdida de la capacidad laboral del 96% se le otorga una mesada pensional de invalidez correspondiente al 100% del último salario devengado, esto no supone que entre el momento de la determinación de la calificación de perdida de la capacidad y la fecha en la que la docente fue incluida en la nómina del Fomag se le debía pagar el 100% de su asignación básica, pues es el mismo Decreto 1848 de 1969 el que regula los porcentajes de pa go para los servidores que se encuentren en estado de incapacidad como el caso de la docente demandante.

2 En relación con las excepciones propuestas por la parte demandada, el a -quo en auto del 20 de mayo de 2025 consideró: «Del escrito de contestación y conforme las excepciones planteadas, las mismas no constituyen excepciones de naturaleza previa de las que trata el artículo 100 del CGP, que deban ser resueltas en esta oportunidad, dados los argumentos en que se

«Del escrito de contestación y conforme las excepciones planteadas, las mismas no constituyen excepciones de naturaleza previa de las que trata el artículo 100 del CGP, que deban ser resueltas en esta oportunidad, dados los argumentos en que se fundamentan, por lo que los éstas serán resueltas al desatar el fondo del presente asunto; así mismo, el Despacho no advierte de manera oficiosa la configuración de alguna excepción respecto de la cual deba emitir pronunciamiento en esta etapa conforme el artículo 180 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011.».Nulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

No se puede confundir el monto de la mesada de la pensión de invalidez con los montos que debía recibir en su estado de incapacidad por parte de la entidad territorial, de manera previa a ser incluida en la nómina del Fomag como pensionada.

Como excepciones se formulan las siguientes: falta de legitimación en la causa por pasiva material; legalidad del acto administrativo demandando contenido en el oficio BAR2023EE000232 del 3 de febrero de 2024; inexistencia de vulneración de los artículos 2°, 13, 29 y 53 de la Constitución Política; inexistencia de vulneración e inaplicabilidad de los artículos 60 al 63 del Decreto 1848 de 1969 al caso concreto e inexistencia de vulneración del numeral 5° del artículo 2.4.4.8.3.1 del Decreto 1655 de 2015.

2. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de B arrancabermeja declaró la caducidad del medio de control respecto del oficio BAR2023EE000232 del

de 2015.

2. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de B arrancabermeja declaró la caducidad del medio de control respecto del oficio BAR2023EE000232 del 03.02.2023 que se relaciona con las diferencias entre las incapacidades médicas otorgadas y el salario asignado a los docentes del sector oficial, durante los meses de octubre de 2019, febrero, mayo, julio, septiembre y octubre de 2020, y enero, febrero de 2021 (numeral primero); negó las pretensiones de la demanda frente a las diferencias reclamadas por concepto de las incapacidades médicas otorgadas en los periodos de noviembre y diciembre 2019, enero, marzo, abril, junio, agosto, noviembre y diciembre del año 2020 y marzo, abril y mayo del año 2021 (numeral segundo), y se abstuvo de condenar en costas procesales (numeral tercero).

Como sustento de su decisión consideró:

• Frente a las pretensiones declarativas y de condena que se relacionan con las diferencias entre las incapacidades m édicas otorgadas y el salario asignado a los docentes del sector oficial, durante los meses de octubre de 2019, febrero, mayo, julio, septiembre y octubre de 2020, y enero, febrero de 2021:

El oficio BAR2023EE000232 del 03.02.2023 fue notificado a la parte actora el mismo día de su expedición, por lo que sí esta estimaba que no se ajustaba a derecho la posición de la entidad pública demandada frente a la negativa del derecho pretendido, estaba en la obligación, so pena de perder la oportunidad por

día de su expedición, por lo que sí esta estimaba que no se ajustaba a derecho la posición de la entidad pública demandada frente a la negativa del derecho pretendido, estaba en la obligación, so pena de perder la oportunidad por configurarse el fenómeno de la caducidad, de interponer la demanda en ejercicio delNulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, cuestionando la legalidad del acto administrativo atrás referido dentro de los 4 meses siguientes a su notificación, al ser éste el que concluye la actuación administrativa.

Es decir, contaba con cuatro 4 meses a partir del 06.02.2023 3 hasta el 06.06.2023 para interponer la demanda, no obstante, la misma fue presentada el 27.06.2023, sin que se hubiese suspendido el término de caducidad pues no obra prueba de presentación de solicitud de conciliación extrajudicial.

• Frente a las diferencias reclamadas por concepto de las incapacidades médicas otorgadas en los periodos de noviembre y diciembre 2019, enero, marzo, abril, junio, agosto, noviembre y diciembre del año 2020 y marzo, abril y mayo del año 2021:

La pérdida de capacidad laboral de la actora se estructuró en agosto de 2019, por lo que, de conformidad con el Decreto 1848 de 1969, los 90 días en que se deben pagar las 2/3 partes del salario se cumplían en el mes de noviembre de 2019, y a partir del mes de diciembre de 2019 solo correspondía cancelar la mitad del salario, debiendo mantenerse en nómina de la entidad territorial a la demandante al tenor de

pagar las 2/3 partes del salario se cumplían en el mes de noviembre de 2019, y a partir del mes de diciembre de 2019 solo correspondía cancelar la mitad del salario, debiendo mantenerse en nómina de la entidad territorial a la demandante al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 819 de 1989 hasta cuando fuere incluida en la nómina de pensionados, lo cual acaeció en mayo de 2021.

Conforme lo anterior, no le asiste derecho a la accionante al pago de las diferencias pretendidas, pues las incapacidades que le fueron sufragas no resultan inferiores a las que tenía derecho según el marco jurídico aplicable a su situación laboraladministrativa, el cual no establece que la incapacidad debía ser cancelada con base en el 100% de su salario, conforme se pretende con la demanda.

La situación jurídico laboral de la parte actora no se subsume en los aspectos regulados por el Decreto 1655 de 2015, pues este «adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación para reglamentar el artículo 21 de la Ley 1562 de 20124 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo para los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (…) »,, y no le resultan aplicables sus disposiciones a asuntos como el que ocupa la atención del Despacho, en el que el origen de la enfermedad es común o no profesional, pues este tiene marco jurídico propio.

3 Por ser el día hábil siguiente al de la notificación del acto administrativo. 4 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.Nulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

4 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.Nulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

3. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La parte demandante invoca como fundamentos relevantes del recurso de apelación interpuesto, los siguientes:

• En relación con la caducidad:

El a -quo adoptó la decisión de declarar probada la excepción de caducidad fundado en el numeral 2 literal d del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, sin tener en cuenta que dicha disposición consagra una excepción para aplicación del término de cuatro meses para la caducidad del medio de control, al disponer “salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.

Así, encontrándonos ante un asunto de materia laboral, el legislador través del Decreto-Ley 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, dispuso que el término para reclamar un derecho laboral cuenta con el término de tres (3) años y, que el simpl e reclamo, interrumpe dicho término prescriptivo por otro período igual, lo que ha sido reforzado por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado.

En el sub lite, la demandante solicitó la devolución de los dineros descontados de su salario por encontrarse en incapacidad médica administrativa el 18 de noviembre del 2022, bajo el radicado BAR2022ER007850, por lo que en consonancia con lo establecido por los artículos 41 y 102 del Decreto -Ley 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente, el término de prescripción se interrumpió por tres años.

establecido por los artículos 41 y 102 del Decreto -Ley 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente, el término de prescripción se interrumpió por tres años.

La prescripción empezó a correr a partir del 18 de noviembre del 2022 y, la demanda se presentó el 27 de junio del 2023, es decir, no habían transcurrido tres años, desde la interrupción de la prescripción hasta la presentación de la demanda. No ocurre lo mismo con la solicitud de devolución de los dineros correspondiente s a octubre del 2019, a la cual se le debe aplicar el fenómeno prescriptivo, por cuanto la solicitud se presentó después de transcurrir tres años.

• Respecto de la denegatoria de las pretensiones:Nulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

El numeral 5 y parágrafo 1 del artículo 2.4.4.3.8.1 del Decreto 1655 del 2015 es claro en determinar que mientras el docente se encuentre en incapacidad médica administrativa, se le debe liquidar su salario con el mismo porcentaje que resulte del dictamen médico. El procedimiento a que se refiere dicha norma no distingue entre pensión de invalidez por enfermedad o accidente de origen común o laboral, es decir, debe aplicar indistintamente de que la calificación de la pérdida de la capacidad laboral del docente sea producto de una enfermedad o accidente de origen común o de origen laboral. En el caso concreto, la demandante fue calificada con un porcentaje del 96% de pérdida de la capacidad laboral, por lo que su salario durante el período comprendido entre octubre del año 2019 hasta el mes de mayo del 2021 se debió

En el caso concreto, la demandante fue calificada con un porcentaje del 96% de pérdida de la capacidad laboral, por lo que su salario durante el período comprendido entre octubre del año 2019 hasta el mes de mayo del 2021 se debió liquidar con el 100% de l a asignación básica mensual establecida por el Gobierno Nacional para los docentes del sector oficial, de acuerdo al escalafón nacional docente (Decreto-Ley 2277 de 1979). En ninguno de sus apartes el referido numeral 5 del artículo 2.4.4.3.8.1 del Decreto 1655 del 2015 establece que sólo es aplicable a los docentes pensionados por invalidez cuando el origen de la enfermedad o el accidente sean de origen laboral.

4. INTERVENCIÓN SEGUNDA INSTANCIA

El término previsto en el numeral 4° del art. 247 de la Ley 1437 de 2011 venció en silencio.

La señora Agente del Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Problemas Jurídicos5

5 Mediante auto del 20 de mayo de 2025, el a-quo dispuso: “Segundo: Fijar el litigio. Se circunscribe en determinar si es nulo el oficio BAR2023EE000232 del 03.02.2023 proferido por el DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, así como el acto administrativo ficto producto del silencio administrativo negativo, que se desprende de la p etición radicada el día 18.11.2022 ante el Distrito de Barrancabermeja con el No. BAR2022ER007850, mediante los cuales niegan el pago de las diferencias

administrativo ficto producto del silencio administrativo negativo, que se desprende de la p etición radicada el día 18.11.2022 ante el Distrito de Barrancabermeja con el No. BAR2022ER007850, mediante los cuales niegan el pago de las diferencias entre las incapacidades medicas otorgadas y el salario asignado a los docentes del sector oficial, dura nte el período comprendido entre octubre de 2019 hasta mayo del 2021, por infracción de las normas en las que debía fundarse conforme los argumentos expuestos en el escrito de demanda, disponiéndose en su lugar el reconocimiento y pago de los dineros descontados por concepto de incapacidad médica, o si por el contrario, no hay lugar a la declaratoria de nulidad de los actos acusados, toda vez que la situación laboral y administrativa de la demandante, es decir la incapacidad medica otorgada, era de origen no profesional, y en esa medida, no podía percibir el 100 de su asignación básica como lo pretende la parte actora, debiendo estudiarse además la caducidad de la acción.”Nulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

PJ 1 ¿Se configuró dentro del presente asunto la excepción de caducidad del medio de control, frente al reconocimiento y pago de las diferencias presuntamente surgidas entre las incapacidades otorgadas y el salario asignado a los docentes del sector oficial, durante los meses de octubre de 2019, febrero, mayo, julio, septiembre y octubre de 2020, y enero, febrero de 2021 , negad o mediante Oficio BAR2023EE000232 del 03/02/2023?

PJ 2 ¿Tiene derecho la señora Carola Naranjo Gualdrón al reconocimiento y pago de las diferencias presuntamente surgidas entre las incapacidades otorgadas y el

BAR2023EE000232 del 03/02/2023?

PJ 2 ¿Tiene derecho la señora Carola Naranjo Gualdrón al reconocimiento y pago de las diferencias presuntamente surgidas entre las incapacidades otorgadas y el salario asignado a los docentes del sector oficial, durante los meses de noviembre y diciembre 2019, enero, marzo, abril, junio, agosto, noviembre y diciembre del año 2020 y marzo, abril y mayo del año 2021, negado a través del acto ficto acusado?

De resultar negativa la respuesta al primer problema jurídico, se analizará, además, en respuesta al segundo problema jurídico planteado, los periodos comprendidos de octubre de 2019, febrero, mayo, julio, septiembre y octubre de 2020, y enero, febrero de 2021.

5.2 Tesis

Al PJ1: Sí, se configura la excepción de caducidad.

Al PJ2: No, el auxilio económico devengado por la demandante durante los periodos de incapacidad reclamados se sufragó conforme las previsiones legalmente aplicables, siendo mantenida en nómina por la entidad territorial hasta su ingreso en la nómina del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por virtud de la pensión de invalidez que le fue reconocida, no configurándose el vicio de ilegalidad que endilgó al acto acusado.

5.3 Argumentos de la Sala

En orden a desatar el primer problema jurídico planteado, se referirá la Sala a la oportunidad para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, para posteriormente, acometer el estudio del fenómeno de la caducidad en el casoNulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

oportunidad para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, para posteriormente, acometer el estudio del fenómeno de la caducidad en el casoNulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

concreto, considerando al efecto los reproches de apelación formulados por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que declaró probado, de oficio, dicho medio exceptivo.

Posteriormente, para dar respuesta al segundo problema jurídico, se analizará si le asiste derecho a la señora Carola Naranjo Gualdrón al reconocimiento y pago de las diferencias reclamadas, en aplicación de las disposiciones que invoca desconocidas por la entidad demandada.

5.3.1 De la oportunidad para el ejercicio del medio de control – caducidad

El H. Consejo de Estado en su reiterada jurisprudencia ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales se ejercen dentro de un término específico, señalando que, dicho fenómeno ha de ser entendido como un límite y a la vez como una garantía6.

Así entonces, a los interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la Ley y, por ello, si esto no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho7. Por su parte, al juzgador le asiste el deber observar con apremiante cumplimiento su estructuración en todas las etapas del proceso, inclusive de oficio8.

Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una

apremiante cumplimiento su estructuración en todas las etapas del proceso, inclusive de oficio8.

Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio.

6 Ha puntualizando que es «de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del apara to judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar». Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Nicolás Yepes Corrales, cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), Referencia: Reparación Directa, Radicación: 13001333100420110027501 (53446), Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y Otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto).

Reiterado en: i) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014 y ii) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435). 30 de agosto de 2017. 8 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Rad. 76001-23-31-000-2011-01595-01 (51078).Nulidad y restablecimiento del derecho 680813333003-2023-00175-01

Ahora bien, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 reglamentó los términos para promover las demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y para el caso de los derechos laborales y prestaciones sociales fijó entre sus reglas, que podrá ser promovida en cualquier tiempo si se dirige contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas , y si no tiene tiene dicho carácter de periódico la d