TA SAN - Sentencia 680813333003-2024-00114-01 (11-12-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 3 de septiembre de 2025 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1 Expediente digital, gestión otras corporaciones, actuación 02, índice SAMAI. MEDIO DE CONTROL Nulidad y Restablecimiento del Derecho RADICADO 680813333003-2024-00114-01

DEMANDANTE

Álvaro Núñez Romero carlosjulianramirez@hotmail.com natalia.castro@laboralpension.com angiep_3@hotmail.com

DEMANDADO

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP atencionalciudadano@aunap.gov.co notificacionesjudiciales@aunap.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ACTUACIÓN Sentencia de segunda instancia ASUNTO Contrato estatal de prestación de servicios. Relación laboral encubierta o subyacente encubierta / se

procjudadm47@procuraduria.gov.co ACTUACIÓN Sentencia de segunda instancia ASUNTO Contrato estatal de prestación de servicios. Relación laboral encubierta o subyacente encubierta / se encuentran configurados los tres elementos de la relación laboral/ prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante Álvaro Núñez Romero

Demandado: Aunap Radicado: 680813333003-2021-00114-01

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1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor Álvaro Núñez Romero formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad del Oficio E2024NC000466 del 3 de abril de 2024 emitido por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, mediante el cual se negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales a las que tenía derecho.

En consecuencia, solicitó:

«A. Que se declare la NULIDAD del Acto Administrativo E2024NC000466 del día 3 de abril de 2024 emitido por Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP, mediante el cual se rechazó la petición de reconocimiento de relación laboral y pago de prestaciones sociales a título de indemnización, en el sentido

día 3 de abril de 2024 emitido por Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP, mediante el cual se rechazó la petición de reconocimiento de relación laboral y pago de prestaciones sociales a título de indemnización, en el sentido de que se reconociera entre el señor ALVARO NUÑEZ ROMERO y el Autoridad Nacional de Acuicultura y PescaAUNAP se dio un contrato realidad desde 25 de julio de 2018 hasta el 7 de junio de 2023.

B. Que como RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se disponga:

1. Que se declare que el señor ALVARO NUÑEZ ROMERO prestó sus servicios de AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Autoridad Nacional de Acuicultura y PescaAUNAP en igualdad de condiciones que los empleados de planta de dicha institución, desde 25 de julio de 2018 hasta el 7 de junio de

2023.

2. La existencia de un contrato realidad entre el señor ALVARO NUÑEZ ROMERO y Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP entre 25 de julio de 2018 hasta el 7 de junio de 2023.

3. El pago de Cesantías, por valor de ($9.187.500), o la que aparezca probada en el expediente, conforme a la retribución percibida por un AUXILIAR ADMINISTRATIVO o un cargo de similar condición, de Planta de Autoridad

Nacional de Acuicultura y PescaAUNAP.

4. El pago de Intereses a las cesantías por valor de ($1.102.500), o la que aparezca probada en el expediente, conforme a la retribución percibida por un AUXILIAR ADMINISTRATIVO o un cargo de similar condición, de Planta del

4. El pago de Intereses a las cesantías por valor de ($1.102.500), o la que aparezca probada en el expediente, conforme a la retribución percibida por un AUXILIAR ADMINISTRATIVO o un cargo de similar condición, de Planta del

Autoridad Nacional de Acuicultura y PescaAUNAP.

5. El pago de Primas de servicios legales de mitad de año por valor de ($9.187.500), o la que aparezca probada en el expediente, conforme a la retribución percibida por un AUXILIAR ADMINISTRATIVO o un cargo de similar condición, de Planta del Autoridad Nac ional de Acuicultura y Pesca AUNAP.Nulidad y restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia Demandante Álvaro Núñez Romero

Demandado: Aunap Radicado: 680813333003-2021-00114-01

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6. El pago de Vacaciones causadas compensadas en dinero a título de indemnización tanto legales como convencionales por valor de ($4.593.750), o la que aparezca probada en el expediente, conforme a la retribución percibida por un AUXILIAR ADMINISTRATIVO o un cargo de similar condición, de Planta del Autoridad Nacional de Acuicultura y PescaAUNAP.

7. Que se condene a la Sanción moratoria por la no consignación en tiempo de las cesantías, regulada en el Art. 99 de la ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, por todas las cesantías que se causaron durante el término de la

7. Que se condene a la Sanción moratoria por la no consignación en tiempo de las cesantías, regulada en el Art. 99 de la ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, por todas las cesantías que se causaron durante el término de la relación laboral por valor de ($ 66.150.000) o la que aparezca probada en el expediente.

8. Que se condene a la Sanción moratoria por la no consignación en tiempo de los intereses a las cesantías, regulada en el Art. 99 de la ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, por todas las cesantías que se causaron durante el término de la relación laboral por valor de ($1.102.500) o la que aparezca probada en el expediente.

9. Que se condene a la Sanción moratoria por la no consignación en tiempo de las prestaciones sociales, por valor de ($7.350.000) o la que aparezca probada en el expediente.

10.Que se condene a la Sanción prevista en el art. 64 del C.S.T por el despido sin justa causa, por valor de ($4.900.000) o la que aparezca probada en el expediente.

11.Que se proceda con el pago de la suma de SEGURIDAD SOCIAL, ello es ARL, EPS, PENSIONES, Y CAJA DE COMPENSACIÓN, desde 25 de julio de 2018 hasta el 7 de junio de 2023.

12.Que se declare la indexación de las sumas que admitan esta corrección » (Sic en todo el texto)

Las pretensiones siete, ocho, nueve y diez fueron rechazadas por el a quo mediante auto del 18 de septiembre de 2024.2

(Sic en todo el texto)

Las pretensiones siete, ocho, nueve y diez fueron rechazadas por el a quo mediante auto del 18 de septiembre de 2024.2

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El señor Álvaro Núñez Romero fue vinculado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca entre el 25 de julio de 2018 y el 7 de junio de 2023 , mediante la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios como auxiliar administrativo.

2 Expediente digital, gestión otras corporaciones, actuación 07, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante Álvaro Núñez Romero

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1. Por la actividad desarrollada, recibió una contraprestación sin prestaciones sociales, ni el salario que percibían los empleados de planta de la entidad que desempeñaban similar cargo.

1. La labor se ejecutaba de lunes a viernes, dentro del horario establecido por la entidad, con la observancia de los reglamentos internos, y bajo el acatamiento de las instrucciones impartidas por los directivos de la demandada respecto de la forma de prestación del servicio , lo que permitió que, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades

acatamiento de las instrucciones impartidas por los directivos de la demandada respecto de la forma de prestación del servicio , lo que permitió que, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, el contrato inicialmente pactado se desnaturalizara en una verdadera relación laboral, ante la presencia del elemento de subordinación. A su turno, era la entidad demandada quien le suministraba todos los elementos necesarios para el desempeño de sus labores.

1. Para la ejecución del servicio contratado, no contaba con autonomía e independencia para desarrollar el objeto contractual acordado; por el contrario, estaba supeditado a las órdenes e instrucciones impartidas por los directivos de esa entidad, respecto de la cantidad de trabajo como de la forma de prestación, e incluso en cuanto a los horarios de cumplimiento.

1. El 15 de febrero de 2024, le solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales, la cual fue resuelta de manera negativa mediante oficio del 3 de abril de 2024.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 13, 25, 29, 53 y 228 de la Constitución Política; Ley 65 de 1945; Ley 52 de 1975; 1, 2, 3, 4 de la Ley 79 de 1988; Ley 10 de 1990; Ley 50 de 1990; el Decreto 468 de 1990; 32 de la Ley 80 de 1993; Ley 100 de 1993; Ley 244 de 1995; Ley 344

3, 4 de la Ley 79 de 1988; Ley 10 de 1990; Ley 50 de 1990; el Decreto 468 de 1990; 32 de la Ley 80 de 1993; Ley 100 de 1993; Ley 244 de 1995; Ley 344 de 1996; Ley 446 de 1998; 6, 7, 22, 23 y 26 del Decreto Ley 254 de 2000; Ley 640 de 2001; Ley 790 de 2002; 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003 ; 16 del decreto 4588 de 2006; 17 de la Ley 1233 de 2008; 5 y 6 del Decreto 3870 de 2008; 5 y 7 del Decreto 1429 de 2010 y 482, 483 y 484 del Código Sustantivo de Trabajo.

En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso que el acto administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad por falsaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante Álvaro Núñez Romero

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motivación, violación de normas superiores y desviación de poder por las siguientes razones:

1. El acto administrativo demandado vulnera normas constitucionales al negar la existencia de una relación laboral y desconocer la configuración del contrato realidad.

1. En el caso concreto, durante todo el tiempo en que el actor prestó sus

1. El acto administrativo demandado vulnera normas constitucionales al negar la existencia de una relación laboral y desconocer la configuración del contrato realidad.

1. En el caso concreto, durante todo el tiempo en que el actor prestó sus servicios a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca , AUNAP, lo hizo bajo subordinación y dependencia continuada, elementos determinantes de una verdadera relación laboral. En consecuencia, las diversas modalidades contractuales utilizadas por la entidad demandada se transformaron en relaciones de trabajo, conform e al principio constitucional de primacía de la realidad.

1. Asimismo, se destaca que estaba obligado a cumplir órdenes directas y horarios impuestos por los funcionarios de la entidad y desempeñó funciones como auxiliar administrativo en condiciones equiparables a las del personal de planta. En ese orden de ideas, dicha subordinación desvirtúa la naturaleza de los contratos de prestación de servicios previstos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, cuya finalidad fue tergiversada por la administración.

1. La entidad demandada incurrió en desviación de poder, puesto que utilizó diversas modalidades contractuales para encubrir la verdadera prestación de servicios como auxiliar administrativo, con el propósito de evitar las obligaciones prestacionales inherentes a un vínculo laboral.

1. A su turno, la demandada no orientó la contratación al mejoramiento del servicio público, sino a desconocer los derechos laborales de quienes ejecutaban funciones propias de la planta administrativa, lo cual contraría las prohibiciones legales que rigen la contratación estatal y desnaturaliza la finalidad del servicio.

1.2. Contestación de la demanda

ejecutaban funciones propias de la planta administrativa, lo cual contraría las prohibiciones legales que rigen la contratación estatal y desnaturaliza la finalidad del servicio.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 3

3Expediente digital, actuación 3 Índice SAMAI gestión en otras corporaciones , actuación 11, archivo 1Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante Álvaro Núñez Romero

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Por conducto de apoderad o la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones innominadas: « inexistencia de la obligación»; «cobro de lo no debido» y «buena fe de la demandada»; A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. Entre el señor Álvaro Núñez Romero y la AUNAP solo existieron contratos de prestación de servicios, celebrados conforme al artículo 32 de la Ley 80 de

1993. A su turno, e sta modalidad contractual fue utilizada toda vez que las actividades requeridas no podían ser desarrolladas por personal de planta o por tratarse de labores de apoyo a la gestión. En consecuencia, no se generó

1993. A su turno, e sta modalidad contractual fue utilizada toda vez que las actividades requeridas no podían ser desarrolladas por personal de planta o por tratarse de labores de apoyo a la gestión. En consecuencia, no se generó vínculo laboral ni derechos prestacionales, tal como se consignó expresamente en cada contrato.

1. El cumplimiento de tareas dentro de un horario, la entrega de informes y la atención de requerimientos del contratante no constituyen subordinación laboral, comoquiera que s e trata de mecanismos de coordinación propios de la ejecución contractual, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Por ello, no se configura el elemento subordinante indispensable para afirmar la existencia de un contrato realidad.

1. De acuerdo con las obligaciones pactadas en los contratos, el señor Núñez Romero actuaba como trabajador independiente, obligado a afiliarse al Sistema de Seguridad Social conforme a la Ley 100 de 1993. Por su parte, la retribución recibida correspondía a honorarios, no a salario, y su actividad se limitaba al objeto definido contractualmente, ejecutado con independencia técnica y sin sujeción a órdenes propias de un vínculo laboral

1. Los contratos tenían por objeto labores puntuales relacionadas con inventarios, organización documental y apoyo administrativo. En ese orden, las tareas no forman parte del giro ordinario de la planta de personal, lo cual justifica la contratación por prestación de servicios. En consecuencia, no pueden considerarse actividades permanentes o inherentes que permitan predicar una relación laboral oculta.

1. El contratista conoció y aceptó las reglas del contrato de prestación de

justifica la contratación por prestación de servicios. En consecuencia, no pueden considerarse actividades permanentes o inherentes que permitan predicar una relación laboral oculta.

1. El contratista conoció y aceptó las reglas del contrato de prestación de servicios, incluida la ausencia de prestaciones sociales. Por tanto, lasNulidad y restablecimiento del derecho

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pretensiones basadas en la existencia de un contrato realidad carecen de fundamento fáctico y jurídico. vi) En ese orden de ideas, comoquiera que no existió vínculo laboral ni subordinación, no hay lugar al pago de prestaciones sociales. A su turno, los honorarios fueron pagados en su totalidad, razón por la cual cualquier reconocimiento adicional constituiría c obro de lo no debido. En cuanto a las sanciones moratorias reclamadas fueron rechazadas de plano por falta de agotamiento de conciliación prejudicial.

1. Bajo ese hilo conductor, solicita se declare la inexistencia de la relación laboral, del contrato realidad y de la obligación prestacional a cargo de la entidad.

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante sentencia del 3 de septiembre de 2025, resolvió:

entidad.

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante sentencia del 3 de septiembre de 2025, resolvió:

«PRIMERO. DECLARAR que entre el señor ALVARO NUÑEZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91’421.853 y la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA – AUNAP se configuró una relación laboral encubierta o subyacente de naturaleza pública durante el periodo comprendido entre el periodo del 25 de julio de 2018 al 07 de junio de 2023 fecha en que terminó el último contrato, con ocasión de la ejecución de sucesivos contratos de prestación de servicios, celebrados y ejecutados, con salvedad del lapso de la interrupción presentada, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR la nulidad del oficio E2024NC000466 del 03.04.2024, proferido por la AUTORIDAD

NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA -AUNAP-.

TERCERO. A título de restablecimiento del derecho CONDENAR a la AUNAP reconocer al señor ÁLVARO NUÑEZ ROMERO con Cédula de ciudadanía No. 91’421.853 las prestaciones sociales y demás emolumentos legales dejados de pagar, tomando como base para ello el monto pactado como honorarios en los diferentes contratos de prestación de servicios para el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2019 al 07 de junio de 2023, por los motivos indicados en la parte motiva de esta providencia.

los diferentes contratos de prestación de servicios para el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2019 al 07 de junio de 2023, por los motivos indicados en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la E.S.E CENTRO DE SALUD PUERTO PARRA que tome durante los periodos de

4 Expediente digital, actuación 03, índice SAMAI, gestión en otras corporaciones, actuación 31Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante Álvaro Núñez Romero

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cada contrato, comprendidos entre el 25 de julio de 2017 a 07 de junio de 2023, el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante, con base en el valor de los contratos celebrados, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar la suma faltante al respectivo fondo de pensiones por concepto de aportes a pensión sólo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cance lar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cance lar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

QUINTO. La entidad condenada debe pagar a la parte demandante los valores correspondientes de que tratan los numerales anteriores, actualizados de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia, conforme con los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula consignada en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA de las acreencias laborales reclamadas por el señor JOAN ALEXANDER LÓPEZ RESTREPO, anteriores al 25 de julio de 2019, excepto el pago de los aportes destinados a seguridad social en pens ión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

SÉPTIMO. Negar las demás pretensiones de la demanda OCTAVO. Sin condena en costas en esta instancia. […]» (Sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, sustentó la decisión , en los siguientes argumentos.

1. A pesar de la suscripción formal de contratos de prestación de servicios, la realidad fáctica demostró la concurrencia de los tres elementos propios de una relación laboral: 1) prestacional personal del servicio, toda vez que el actor ejecutó directamente las funciones asignadas, sin posibilidad de delegación , 2) subordinación continuada, comoquiera que se acreditaron órdenes, cumplimiento de horarios, uso permanente de las instalaciones de la entidad,

ejecutó directamente las funciones asignadas, sin posibilidad de delegación , 2) subordinación continuada, comoquiera que se acreditaron órdenes, cumplimiento de horarios, uso permanente de las instalaciones de la entidad, seguimiento directo, observancia de reglamentos internos y exigencia de informes periódicos y 3) remuneración, ya que percibió pagos mensuales fijos por la labor desempeñada.

1. El conjunto probatorio evidenció que el demandante estuvo inserto en la estructura organizativa, funcional y disciplinaria de la entidad, lo cual desvirtúa la independencia propia del contrato de prestación de servicios. Lo anterior, toda vez que el actor desarrolló, durante más de cinco años, funcionesNulidad y restablecimiento del derecho

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permanentes de archivo y gestión documental, actividades esenciales para la operación de la AUNAP.

1. Con base en los estudios previos y los objetos contractuales, se pudo concluir que la labor desarrollada no era temporal, ni excepcional, no requería conocimientos especializados y correspondía al giro ordinario de la entidad, lo cual contraviene los límit es del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y evidencia que la administración utilizó la contratación civil para cubrir necesidades permanentes de personal, en abierta vulneración del principio de primacía de la realidad sobre las formas.

que la administración utilizó la contratación civil para cubrir necesidades permanentes de personal, en abierta vulneración del principio de primacía de la realidad sobre las formas.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 5

La apoderada de la entidad demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La sentencia apelada contiene errores sustanciales que afectan su validez, toda vez que en la parte motiva y en la parte resolutiva, el a quo hace referencia a un tercero ajeno al proceso , Joan Alexander López Restrepo e incluso ordena el pago de prestaciones a su favor, pese a que el verdadero demandante es Álvaro Núñez Romero. A su turno, se incluyó a la E.S.E Centro de Salud de Puerto Parra como destinataria de obligaciones, a pesar de que no es parte en el proceso. Por otra parte, en el numeral sexto de la sentencia se declaró la prescripción respecto de un tercero.

1. Las anteriores incongruencias vulneran los artículo s 29 de la Constitución Política y 281 del CGP, lo cual configuran una nulidad por indebida integración del contradictorio . En ese orden de ideas , el fallo resolvió extra petita, modificó indebidamente los hechos debatidos y lesionó el derecho de defensa de la entidad.

1. El a quo declaró la existencia de una relación laboral sin que estuviera demostrado el elemento esencial del contrato de trabajo , como es la subordinación. Además, accedió a las pretensiones basado en la duración de

defensa de la entidad.

1. El a quo declaró la existencia de una relación laboral sin que estuviera demostrado el elemento esencial del contrato de trabajo , como es la subordinación. Además, accedió a las pretensiones basado en la duración de los contratos, el pago periódico de honorarios y la continuidad en la

5Expediente digital, actuación 3 Índice SAMAI gestión en otras corporaciones, actuación 35.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante Álvaro Núñez Romero

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vinculación, sin tener en cuenta que ninguno de estos factores configura dicha subordinación.

1. La sentencia ignoró que no existen pruebas de cumplimiento de horarios, control de asistencia o sanciones disciplinarias. A su turno, n o se pudo corroborar que existieron órdenes permanentes propias de la relación de dependencia, comoquiera que l a supervisión contractual no equivale a subordinación, conforme lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

1. La providencia recurrida confirió valor probatorio indebido a documentos que no acreditan dependencia laboral. Aunque está probado que hubo prestación personal del servicio y remuneración, no existe evidencia de: control jerárquico, órdenes permanentes, investigaciones disciplinarias y una obligación estricta de cumplimiento de horario.

prestación personal del servicio y remuneración, no existe evidencia de: control jerárquico, órdenes permanentes, investigaciones disciplinarias y una obligación estricta de cumplimiento de horario.

1. Se omitió analizar adecuadamente los contratos celebrados bajo el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993 , que permiten contratar apoyo a la gestión sin generar vínculo laboral y pasó por alto la autonomía técnica en la ejecución de la labor, la inexistencia de dependencia jerárquica y la obligatoriedad del contratista de acreditar su calidad de independiente ante el

Sistema General de Seguridad Social.

1. A su turno, se aplicó el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, sin valorar que la coordinación administrativa no equivale a subordinación; las instrucciones contractuales no constituyen órdenes de carácter laboral. Por otra parte, obran en el expediente pruebas con las que se puede acreditar autonomía y ausencia de relación laboral, tales como los informes periódicos de avance; las actas de inicio y terminación; ausencia de sanciones disciplinarias y el clausulado contract ual en el que se señala expresamente la inexistencia del vínculo laboral.

1. La decisión de primera instancia no evaluó los efectos presupuestales derivados de reconocer relaciones laborales inexistentes, lo cual desconoce la planeación presupuestal, compromete recursos públicos , genera riesgos de responsabilidad fiscal y puede configurar un enriquecimiento sin causa del actor.

1.5. Trámite de segunda instanciaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante Álvaro Núñez Romero

Demandado: Aunap

responsabilidad fiscal y puede configurar un enriquecimiento sin causa del actor.

1.5. Trámite de segunda instanciaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante Álvaro Núñez Romero

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Por auto del 6 de noviembre de 2025 6 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No presentaron

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron

1.6.3. El Ministerio Público:

No se presentó concepto de fondo.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los j