TA SAN - Sentencia 68679-33-33-001-2015-00201-02 (28-08-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE CARLOS EDUARDO QUIROGA ÁLVAREZ , identificado con cédula de ciudadanía No. 91.489.920 de Bucaramanga; neljuridico@hotmail.com

DEMANDADO

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL

notificaciones.sangil@mindefensa.gov.co; usuarios@mindefensa.gov.co; notificacionesjuridi@ejercito.mil.co martha.torres@mindefensa.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co; RADICADO 68679333300120150020102 TEMAS

Responsabilidad de l Estado por daños ocasionados a vehículo particular en accidente de tránsito. La culpa del accidente la tuvo el agente que manejaba la volqueta de la entidad demandada. Legitimación activa del tenedor del vehículo . La legitimación recae en la persona que, bajo cualquier título jurídico, sufre el daño , sin que se requiera demostrar la calidad de propietario. Se modifica la sentencia de primera instancia y se profiere condena en abstracto por concepto de lucro cesante. Se probó

título jurídico, sufre el daño , sin que se requiera demostrar la calidad de propietario. Se modifica la sentencia de primera instancia y se profiere condena en abstracto por concepto de lucro cesante. Se probó el perjuicio, pero la certificación expedida por el director contable carece de respaldo probatorio para calcular el monto. Se revoca la condena en costas porque la entidad demandada no actuó con manifiesta carencia de fundamento legal.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada, contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2020 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La parte demandante solicita que se declare a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL responsable por los perjuicios materiales e inmateriales que le fueron causados por los daños ocasionados al vehículo de placas SXS-621, producidos tras el accidente de tránsito sufrido el 11 de octubre de 2013, en el que estuvo involucrada una volqueta de propiedad del ente nacional.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se condene a la entidad demandada al pago de los siguientes conceptos: • Perjuicio moral: un valor de 100 SMLMV. • Daño emergente: por un valor de $7.568.316.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se condene a la entidad demandada al pago de los siguientes conceptos: • Perjuicio moral: un valor de 100 SMLMV. • Daño emergente: por un valor de $7.568.316.

1 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 1 Cuaderno Principal. Folio 3 a 11.RADICADO: 68679333300120150020102

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• Lucro cesante: por un valor de $26.460.000.

2. Hechos El demandante sostiene que el 11 de octubre de 2013 se presentó un accidente de tránsito en el kilómetro 39 + 350 de la vía Río Ermitaño – La Lizama, en el que colisionó el vehículo de pasajeros de placas SXS -621 de su propiedad y afiliado a la Cooperativa Omega LTDA, con la volqueta de placas KGF-776 de propiedad del Ejército Nacional. Refiere que el accidente fue ocasionado por impericia en el manejo e invasión de carril por parte del vehículo oficial, conforme el informe de tránsito y croquis No. 1356884, realizado el mismo día.

Manifiesta que a raíz de la colisión canceló la suma de $7.568.316 por las reparaciones del vehículo que tuvo que asumir con ocasión del accidente , de

tránsito y croquis No. 1356884, realizado el mismo día. Manifiesta que a raíz de la colisión canceló la suma de $7.568.316 por las reparaciones del vehículo que tuvo que asumir con ocasión del accidente , de conformidad con la factura expedida el 27 de noviembre de 2013 por Autobuses Aga de Colombia S.A. Apunta que, como consecuencia del siniestro, el automotor no pudo ser utilizado para la actividad comercial de transporte de pasajeros, porque tenía que ser sometido a reparaciones; lo que le generó por 42 días una pérdida de ganancias correspondientes a $26.460.000, discriminados en valores diarios de $630.000. Asevera que existe en su contra un proceso penal No. 68190600023920130021300, interpuesto por los señores Luis Alfredo Rojas Vera, Luis Alfredo Rojas de la Cruz y Nelvis Vera Guerra, quienes se movilizaban como pasajeros en el vehículo de su propiedad y que resultaron lesionados en el accidente. Resalta que está legitimado por activa, pues, aunque el bus de placas SXS -621 figura como propiedad del Banco de Bogotá , con la suscripción de un contrato de leasing financiero, ha adquirido una parte del bien mediante los pagos realizados. Indica que e sta situación es respaldada por la certificación emitida por la entidad bancaria el 28 de marzo de 2014. Apunta que no ha podido realizar el traspaso por la existencia de un proceso con medida de depósito bajo conocimiento de la Seccional de Fiscalía de Cimitarra – Santander.

B. Contestación La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 2 se opone a las pretensiones. Sostiene que, si bien se encuentra acreditado el daño , no se

Seccional de Fiscalía de Cimitarra – Santander.

B. Contestación La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 2 se opone a las pretensiones. Sostiene que, si bien se encuentra acreditado el daño , no se encuentra prueba que demuestre algún vínculo jurídico entre el demandante y el vehículo de placas SXS-621. Al respecto, afirma que en la tarjeta de propiedad del automotor figura como propietario el Banco de Bogotá y no el actor.

Expone que al no existir fallo penal que indique la causa del siniestro, no es válida la conclusión que hace el demandante sobre la configuración de la responsabilidad estatal. Además, indica que el informe policial del accidente no es plena prueba que permita al juez proferir una condena. Alega que para endilgarle responsabilidad debe probarse que el daño le es imputable, lo que en su criterio no ocurre en este caso. También hace referencia a fundamentos jurídicos de un proceso diferente.

C. La sentencia recurrida3

En sentencia proferida el 10 de agosto de 2020, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil concedió parcialmente las pretensiones, así:

2 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 1 Cuaderno Principal. Folio 70 a 72 y folio 83 a 84. 3 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 3 Sentencia.RADICADO: 68679333300120150020102

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PRIMERO. DECLARAR administrativamente y patrimonialmente responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, por los perjuicios ocasionados a la parte demandante CARLOS EDUARDO QUIROGA ÁLVAREZ por los daños causados con ocasión del siniestro del día 11 de octubre de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR a la NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA — EJÉRCITO NACIONAL a pagar a CARLOS EDUARDO QUIROGA ÁLVAREZ, indemnización por concepto de perjuicios materiales de conformidad con el siguiente cuadro:

CONCEPTO INDEMNIZACIÓN

DAÑO EMERGENTE DIEZ MILLONES OCHENTA Y UN MIL

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

($10.081.550)

LUCRO CESANTE TREINTA Y CINCO MILLONES

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CU ATRO PESOS MCTE ($35.246.654) TERCERO. CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada y a favor de la parte demandante, las cuáles serán liquidadas por Secretaría de este Juzgado, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso una vez ejecutoriada la Sentencia. CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Juzgado, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso una vez ejecutoriada la Sentencia. CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. QUINTO. NOTIFICAR esta sentencia de conformidad con el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El a quo sostiene que, en el presente asunto, se encuentra n acreditados los elementos de la responsabilidad del Estado, por lo que procede la reparación de perjuicios. En primer lugar, reconoce la existencia del daño sufrido por la parte demandante, consistente en los daños materiales ocasionados al bus de placas SXS-621, en el accidente de tránsito acaecido el 11 de octubre de 2013, cuando se desplazaba a la altura del kilómetro 39 + 950 de la vía Río Ermitaño – Lizama, el cual colisionó con un vehículo tipo volqueta de placas KGF -776 de propiedad del Ejército Nacional y que era conducido por un miembro activo y en servicio de la institución. Afirma que el suceso se encuentra probado conforme las pruebas documentales que obran en el expediente, entre ellas, el informe policial de accidente de tránsito, el proceso penal por lesiones personales bajo radicado 681906000239201300213 y la factura No. DUT-1023 expedida por Autobuses Aga S.A, entre otras. Destaca que, si bien para el momento de los hechos el vehículo de pasajeros tenía como propietario al Banco de Bogotá, se encuentra acreditado que el actor demostró que era poseedor de este, en razón a que fungía como locatario dentro

Destaca que, si bien para el momento de los hechos el vehículo de pasajeros tenía como propietario al Banco de Bogotá, se encuentra acreditado que el actor demostró que era poseedor de este, en razón a que fungía como locatario dentro del contrato de leasing financiero No. 87531000750, suscrito el 20 de febrero de 2012 con dicha entidad bancaria. Resalta que se encuentra configurado el nexo de causalidad, en la medida en que el daño al vehículo se produjo con ocasión del accidente de tránsito, situación fáctica que no es negada ni desvirtuada por la parte demandada en su contestación, y que se corrobora con las pruebas recaudadas , entre ellas, la investigación disciplinaria adelantada contra el soldado Edison Gloria Acosta; la constancia de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General en el proceso penal por el delito de lesiones personales y el informe de policía de tránsito, entre otros.RADICADO: 68679333300120150020102

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Argumenta que, en cuanto a la imputabilidad del daño, esta resulta atribuible a la entidad bajo el régimen de riesgo excepcional como órgano ejecutor y garante de las acciones que condujeron a dicho desenlace , porque en el siniestro se comprometió un vehículo automotor de naturaleza oficial, conducido por un miembro

entidad bajo el régimen de riesgo excepcional como órgano ejecutor y garante de las acciones que condujeron a dicho desenlace , porque en el siniestro se comprometió un vehículo automotor de naturaleza oficial, conducido por un miembro de la fuerza pública en servicio activo y mientras se desempeñaba en una misión militar, quien actuó con imprudencia e impericia al momento de ejercer una actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículos. Por tanto, concluyó que la entidad está en la obligación de asumir las consecuencias adversas propias del mismo riesgo.

D. La apelación La parte demandada4 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denieguen las pretensiones.

Reitera que en el proceso no se encuentra acreditado el derecho de dominio o posesión del demandante respecto del vehículo de placas SXS -621. Por tanto, según afirma, el verdadero propietario del bus es el Banco de Bogotá, conforme los términos del contrato de leasing, por lo que al accionante no se le puede reconocer indemnización alguna por algo que no es suyo. Resalta que la factura con la que el actor pretende acreditar el pago de los gastos de reparación del vehículo no se encuentra suscrita o recibida a su nombre, porque la firma y cédula consignada en dicho título no coincide con la del demandante, lo que también genera dudas sobre la tenencia o posesión material del vehículo por parte de este. Cuestiona la tasación del lucro cesante realizada por el juez de primera instancia , por considerarla desproporcionada. Explica que el juzgado estimó como el valor diario de ganancia la suma de $630.000, sin tener en cuenta que de esa cantidad

Cuestiona la tasación del lucro cesante realizada por el juez de primera instancia , por considerarla desproporcionada. Explica que el juzgado estimó como el valor diario de ganancia la suma de $630.000, sin tener en cuenta que de esa cantidad debe haber descuentos de ley, entre ellos el salario del conductor y su seguridad social, los gastos de mantenimiento del vehículo, el valor del seguro, entre otr os. Por tanto, señala que no puede tomarse como una suma neta y, en consecuencia, la condena debía ser inferior. Finalmente, solicita que en atención a los recientes pronunciamientos del Tribunal se revoque la condena en costas, así como la absolución en esta instancia , toda vez que conforme lo consagra el artículo 365 del CGP, la condena en costas lleva intrínseco un valor subjetivo y no objetivo que debe ser valorado por el operador judicial a fin de poder valorar al momento de decidir, la temeridad o mala fe en las actuaciones procesales.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia En auto del 2 de agosto de 2021 se admitió el recurso de apelación 5 y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio público para rendir concepto. El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio.

La parte demandante6 reitera lo expuesto en la demanda y en los alegatos de conclusión. Destaca que no comparte lo argumentado en el recurso, toda vez que se trata de una percepción subjetiva de la entidad accionada y que fue analizada de forma adecuada por el a quo; además que se encuentran pruebas suficientes que desestiman el cargo planteado.

4 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 5.

se trata de una percepción subjetiva de la entidad accionada y que fue analizada de forma adecuada por el a quo; además que se encuentran pruebas suficientes que desestiman el cargo planteado.

4 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 5. 5 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Auto Admite Recurso. 6 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 6. Folio 4.RADICADO: 68679333300120150020102

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Señala que el juez de instancia realizó una correcta estimación de perjuicios, los cuales están ajustados a la sana lógica, por lo que no resulta procedente que la demandada los cuestione en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. Los problemas jurídicos y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plant ea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: PJ1. ¿La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es responsable del daño ocasionado al demandante, en calidad de tenedor del bus de servicio público identificado con placas SXS -621, con ocasión del accidente de

problemas jurídicos: PJ1. ¿La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es responsable del daño ocasionado al demandante, en calidad de tenedor del bus de servicio público identificado con placas SXS -621, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 11 de octubre de 2013 en el que dicho vehículo fue impactado por una volqueta de propiedad de dicha entidad?

Tesis: Sí.

Fundamento: El caso se enmarca en el régimen de responsabilidad de falla del servicio. Se probó la violación de las normas de tránsito y el incumplimiento del deber de cuidado por parte del conductor del vehículo oficial.

Se comprobó, y las partes así lo reconocen, que el soldado profesional, al maniobrar el vehículo, invadió el carril contrario, lo que provocó que colisionara con el bus de placas SXS-621, del cual el demandante ostenta la calidad de locatario y tenedor. En consecuencia, fue la impericia del conductor del vehículo oficial la que determinó el daño , así como la incursión en la prohibición de desplegar acciones de adelantamiento o de invasión de carril sin la debida precaución. Además, no se logra acreditar circunstancia externa que justifique la razón de dicha maniobra. Ahora, el demandante no es el propietario del vehículo en cuestión, sino su tenedor, en virtud del contrato de leasing No. 33531400750 con el Banco de Bogotá S.A . Esto en modo alguno lo despoja de la legitimación por activa para reclamar los daños que padeció y demostró. De conformidad con la jurisprudencia 7, no solo se repara al titular del derecho de dominio que se ha visto perjudicado de forma injusta,

daños que padeció y demostró. De conformidad con la jurisprudencia 7, no solo se repara al titular del derecho de dominio que se ha visto perjudicado de forma injusta, sino a todo aquel que, por acción u omisión del Estado, se haya visto afectado en cualquiera de sus derechos , con independencia de la calidad jurídica que ostenta sobre el bien. PJ2. ¿Debe modificarse la condena de lucro cesante realizada por el a quo ante la ausencia de prueba para la fijación del monto?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: Se encuentra acreditado que el demandante desarrollaba una actividad productiva lícita que le generaba ingresos, esto es, la prestación del servicio público de transporte de pasajeros con un bus intermunicipal , por lo que corresponde reconocer la indemnización por lucro cesante derivada de la ocurrencia del hecho dañoso . Sin embargo, no existe certeza sobre el monto mensual que percibía el demandante por dicha actividad.

7 Véase Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2018, C.P Marta Nubia Velásquez Rico, Rad. 76001 -23-31-0002011-00420-01(57755).RADICADO: 68679333300120150020102

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Aunque el actor presentó una certificación de contador públic o que tasó un valor

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Aunque el actor presentó una certificación de contador públic o que tasó un valor estimado por dicho perjuicio, derivado de la inmovilización del vehículo, no se aportaron los documentos que respaldan el monto tasado. De esta manera, si bien se encuentra acreditada la existencia del daño, no sucede lo mismo con su cuantía. Por lo tanto, se modificará la sentencia de primera instancia, para emitir una condena en abstracto, conforme al artículo 193 del CPACA, con el fin de que en el respectivo incidente se determine el monto real de este perjuicio. La condena deberá ser liquidada teniendo en cuenta la utilidad real y cierta que el actor obtenía de la actividad económica derivada de la explotación comercial del bus, previos los descuentos legales que debía asumir por cada día de trabajo, entre ellos, gastos de mantenimiento del vehículo , salario del conductor, gasolin a, impuestos, aportes parafiscales y al sistema de seguridad social del trabajador, etc. Estos conceptos deben descontarse de los ingresos percibidos, para poder obtener la ganancia o utilidad neta producida. PJ3. ¿Resulta procedente la condena en costas impuesta por el a quo?

Tesis: No.

De conformidad con el precedente horizontal establecido por este Tribunal, no resulta procedente la condena en costas, ya que, según lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, dicha consecuencia jurídica aplica únicamente en los procesos declarativos en los que no se trate un asunto de interés público y

resulta procedente la condena en costas, ya que, según lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, dicha consecuencia jurídica aplica únicamente en los procesos declarativos en los que no se trate un asunto de interés público y cuando la parte vencida haya actuado con manifiesta carencia de fundamento legal o con temeridad. Estos supuestos no se dan en el presente caso.

C. Marco jurídico

1. Régimen de falla del servicio ante infracciones de normas de tránsito y falta de diligencia en el manejo de automotores El artículo 90 de la Constitución Política consagra la cláusula general de responsabilidad estatal según la cual « el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades».

La conducción de vehículos automotores ha sido considerada una actividad peligrosa, cuyo ejercicio por parte de la Administración genera un riesgo anormal para las personas, motivo por el cual debe responder por los daños que esa actividad ocasione cuando el riesgo se concreta. Este régimen no opera cuando la víctima participa en la misma actividad riesgosa, pues en tal caso contribuye tanto a la creación del riesgo como a los beneficios que esta produce. En casos como el que examina la Sala, el régimen aplicable es el de falla del servicio, en virtud del cual el Estado responde por los daños ocasionados por el incumplimiento de los deberes a su cargo. Tratándose de la conducción de vehículos, el ordenamiento impone a todas las personas -naturales o jurídicas, estas últimas a través de sus agentes - obrar con prudencia y diligencia para no causar daño a terceros8.

vehículos, el ordenamiento impone a todas las personas -naturales o jurídicas, estas últimas a través de sus agentes - obrar con prudencia y diligencia para no causar daño a terceros8. Por su parte, l a culpa, entendida como el error de conducta en que incurre quien actúa o se abstiene de hacerlo de manera contraria a lo exigible, ya sea por negligencia, imprevisión o impericia, constituye el parámetro para determinar la

8 Tomado de Hugo Andrés Arenas Mendoza, la responsabilidad extracontractual del Estado, Editorial Tirant Lo Blanch, Tercera Edi ción, año 2025.RADICADO: 68679333300120150020102

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responsabilidad en este título de imputación, conforme a lo previsto en el artículo 63 del Código Civil9. Para establecer si los daños cuya reparación se demanda derivan de una actividad ejecutada de forma irregular o anómala por parte de la entidad pública, se debe verificar si este fue consecuencia de una conducta activa u omisiva, contraria a las obligaciones fijadas en la Constitución y la ley10. El análisis debe hacerse a partir de las circunstancias específicas en que ocurrió el hecho, evaluando su previsibilidad y los medios con que contaban las autoridades para evitarlo 11, de modo que solo procede la exoneración de responsabilidad si se demuestra la inexistencia de la falla

las circunstancias específicas en que ocurrió el hecho, evaluando su previsibilidad y los medios con que contaban las autoridades para evitarlo 11, de modo que solo procede la exoneración de responsabilidad si se demuestra la inexistencia de la falla o la concurrencia de una causal excluyente, como la fuerza mayor o la intervención determinante de la víctima o de un tercero12. En el caso de los conductores de vehículos, la ley les impone cumplir las normas de tránsito13, con el fin de evitar la concreción de los riesgos creados por dicha actividad14. Al respecto, el Código de Tránsito Terrestre15 establece el siguiente deber para la conducción de vehículos : « los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce». En el mismo sentido, refiere que, para la utilización de las vías de doble sentido de tránsito, cuando existan dos carriles se debe transitar «por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva »16. Asimismo, señala la imposición de una multa de 4 SMLDV por la comisión de la infracción de «no transitar por la derecha de la vía»17. Ahora bien, tratándose de miembros de la fuerza pública, estos también tienen el deber de respetar determinados contenidos obligacionales que les limitan o restringen el uso de vehículos oficiales, los cuales deben ser utilizados para cumplir con los fines propios del servicio 18. Su destinación indebida podría generar la responsabilidad de la entidad estatal por negligencia de su agente, en caso de que

restringen el uso de vehículos oficiales, los cuales deben ser utilizados para cumplir con los fines propios del servicio 18. Su destinación indebida podría generar la responsabilidad de la entidad estatal por negligencia de su agente, en caso de que esta ocasione un daño.

2. De la legitimación en la causa por activa del tenedor para ser objeto de indemnización ante la ocurrencia de un daño antijurídico El Consejo de Estado 19 ha dicho que, para que se cumpla este presupuesto, se debe verificar que la persona que demanda sea quien realmente tiene el derecho a reclamar el interés jurídico discutido. Es decir, más allá de si las pretensiones que

9 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de julio de 1912, en Gaceta Judicial, Tomo XXI, nº. 1040 a 1041, p. 262, [fundamento jurídico párr. 20] y sentencia del 11 de marzo de 1952, en Gaceta Judicial, Tomo LXXI, nº. 2110 a 2111, p. 390, [fundamento jurídico I]. 10 Corte Constitucional, Sentencia C -254 de 2003. El otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 3 de febrero de 2000, exp. 14.787, M.P. Alier E. Hernández Enríquez y del 30 de noviembre de 2006, exp 14.880, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subseccion A, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentenci a del 8 de junio de 2011, Rad. 19001-23-31-000-1998-05110-01(20328). 13 ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. 14 CONSEJO DE ESTADO. Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 50001233100020080022401 (62496). veinticuatro (24) de juli o de dos mil veinticuatro (2024) 15 Ley 769 de 2002. Artículo 60. OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES DEMARCADOS. Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce. Parágrafo 2º. Todo

conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones. 16 Ibidem, artículo 68. 17 Ibidem. Artículo 131. 18 Decreto 1009 de 2020. Artículo 12. Vehículos oficiales. Los servidores públicos que tienen asignado el uso de vehículos oficiales propenderán porque los conductores respeten en todo momento las disposiciones de tránsito. Así mismo, los vehículos oficiales asignados a los servidores públicos no podrán estacionarse en sitios prohibidos en la vía pública y su uso siempre debe ser exclusivo para el cumplimiento de sus funciones. Ley 1862 de 2017. Artículo

70. Deberes. Son deberes del militar: 4. Mantener, conservar y velar por el buen uso y cuidado de los bienes de propiedad de la institución o al servicio de la misma.Artí