TA SAN - Sentencia 68679-33-33-001-2017-00283-01 (28-08-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68679333300120170028301

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN

DEMANDANTE: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO

NACIONAL

notificaciones.sangil@mindefensa.gov.co martha.torres@mindefensa.gov.co

DEMANDADO: JAVIER AUGUSTO SUAREZ CAMACHO , JOSE

ANTONIO SANCHEZ ZARATE, HERNANDO AMARIS

LOPEZ Y ALFREDO GUZMAN

atencionalafiliadonororiente@defensoriamilitar.org abogadomanuelremolina@outlook.com consulta@leontorresabogados.com

MINISTERIO PUBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No. 231

TEMA: CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL –

REPETICIÓN

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha diecinueve ( 19) de diciembre de dos mil veinticuatro ( 2024), proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA1

1.1.1. Hechos

proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA1

1.1.1. Hechos

El 12 de diciembre de 2004, en la vereda San Pedro del Municipio de Landázuri, Santander, fueron asesinados los señores Aldemar Quiroga y Laura Daniela Ariza

1 Pág. 5 PDF 01Repetición Sentencia de Segunda Instancia

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Cañas, por parte de por integrantes del Ejército Nacional durante el operativo denominado Temerario II.

Las víctimas fueron inicialmente presentad as como integrantes de un grupo paramilitar; sin embargo, de los testimonios recaudados se acreditó que se trataba de una pareja dedicada a labores domésticas y agrícolas, sin antecedentes penales, y reconocidos en su comunidad como personas trabajadoras.

Con ocasión de lo anterior, se adelantó pro ceso penal e, igualmente, se ejerció la acción de reparación directa por parte de los familiares de las víctimas , en la cual la entidad demandante fue condenada al pago de la suma de $544.411.398,05.

Mediante la Resolución No. 8216 del 15 de septiembre d e 2015, el Ministerio de Defensa Nacional dio cumplimiento al fallo en mención, ordenando a pagar a favor de los demandantes del proceso de reparación directa, la suma de $832.054.603,22, que

Defensa Nacional dio cumplimiento al fallo en mención, ordenando a pagar a favor de los demandantes del proceso de reparación directa, la suma de $832.054.603,22, que incluyó capital e intereses.

1.1.2. Pretensiones

Con la demanda se solicitó:

«1. Que los señores JAVIER AUGUSTO SUAREZ CAMACHO, JOSE ANTONIO SANCHEZ ZARATE, HERNANDO AMARIS LOPEZ Y ALFREDO GUZMAN, SON RESPONSABLES por culpa grave o dolo en su actuar del día 12 de diciembre de 2004 cuando en la vereda San Pedro del municipio de LandázuriSder, dieron muerte a los señores ALDEMAR QUIROGA y LAURA DANIELA ARIZA CAÑAS (pareja sentimental), mientras dormían y para dicha fecha la señora ARIZA CAÑAS tenía 4 meses de embarazo. Dicho homicidio de LAURA DANIELA ARIZA CAÑAS Y ALDEMAR QUIROGA, se d io en desarrollo de la operación militar denominada TEMERARIO II, y de acuerdo a la sentencia del 22 de octubre de 2010 proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de San Gil modificada por el Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia de fecha veintitrés (23) de agosto de 2013, donde se declaró responsable a la NACION MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL por los perjuicios ocasionados a los demandantes, condena que a la fecha de ejecutoria de la providencia en menciónRepetición Sentencia de Segunda Instancia

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ascendió a la suma de $544.411.398,05 cancelada en mayor valor por sumatoria de intereses en cuantía de $823.054.603,22

2. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a los señores JAVIER AUGUSTO SUAREZ CAMACHO, JOSE ANTO NIO SANCHEZ ZARATE, HERNANDO AMARIS LOPEZ Y ALFREDO GUZMAN al pago de QUINIENTOS

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS ($544.411.398,05) (valor al cual ascendió la condena impuesta) que la NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL, pagó en mayor valor a los perjudicados, de acuerdo a lo ordenado en la sentencia emitida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de San Gil modificada por el Tribunal Administrativo de Santander, según resolución No 8216 del día quince (15) de septiembre de 2015, o del monto que le correspondiere, según lo estime la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pago que deberá efectuar en favor de la

NACION MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL.

3. Que la sentencia que ponga fin al proceso, sea de aquellas que reúna los requisitos de los arts. 99, y 187 del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso

NACION MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL.

3. Que la sentencia que ponga fin al proceso, sea de aquellas que reúna los requisitos de los arts. 99, y 187 del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011), que en ella conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible a fin de que preste mérito ejecutivo.

4. Que el monto de la condena que se profiera en contra de los demandados sea actualizado hasta el monto del pago efectivo de conformidad con las normas legales».

1.1.3. Fundamentos de la demanda

Citó el art. 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001. Se señaló que, en el presente caso, se configuran los elementos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: i. la existencia de una condena judicial, acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier forma de terminación de conflicto que imponga a la entidad estatal el pago de la suma de dinero, ii. que el pago se haya realizado, iii. calidad del demandado como agente o ex agente, y iv. que la conducta se haya cometido a título de culpa o dolo. Sobre este último aspecto, indicó que, se configuró la pr esunción contenida en el art. 5 de la Ley 678 de 2001, en atención a los hechos acaecidos.Repetición Sentencia de Segunda Instancia

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1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

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1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1. Contestación de la demanda

1.2.1.1. El demandado Javier Augusto Suárez2 se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que su actuación se enmarcó en la buena fe y en el cumplimiento del servicio, pues la operación «Temerario II» buscó proporcionar seguridad y tranquilidad al municipio de Landázuri.

Afirmó que no es jurídicamente exigible un pago a un servidor público que no ha sido condenado, por no existir sentencia en firme que determine su responsabilidad individual, de modo que rige la presunción constitucional de inocencia . P or ende , alegó que no se configura la obligación que se pretende hacer efectiva en su contra.

Propuso las siguientes excepciones : «inexistencia de responsabilidad solidaria », «cobro de lo no debido», «buena fe e inexistencia de la obligación», y «temporalidad y seguridad jurídica».

1.2.1.2. Los demandados José Antonio Sánchez Zárate, Hernando Amaris López y Alfredo Guzmán 3 se opusieron a las pretensiones y propusieron la excepción de caducidad del medio de control de repetición. Argumentaron que, conforme al CPACA, la acción de repetición caduca a los dos (2) a ños contados desde el día siguiente al pago efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del término con que cuenta la administración para cumplir la condena, el cual fijan en diez

siguiente al pago efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del término con que cuenta la administración para cumplir la condena, el cual fijan en diez (10) meses a partir de la ejecutoria de la sentencia. En ese entendido, sost uvieron que operó el término de caducidad.

1.2.2. La sentencia apelada4

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil , declaró probada la excepción de caducidad y se abstuvo de condenar en costas. Para sustentar su decisión, consideró que la condena impuesta a la Nación - Ministerio de

2 Págs. 133 PDF 01 3 Págs. 216 PDF 01 4 Documento al No. 045 del índice de SAMAI Primera InstanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

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DefensaEjercito Nacional, fue proferida en la sentencia del 23 de agosto de 2013, que quedó ejecutoriada el 16 de octubre de 2013. Asimismo, indicó que mediante la Resolución No. 8216 del 15 de septiembre de 2015, se ordenó el pago de la suma de $823.054.603,22.

En ese sentido, señaló que, para efectos del cómputo de la caducidad, tuvo en cuenta la fecha de ejecutoria de la sentencia, esto es, el 16 de octubre de 2013. Por lo tanto, la entidad pública condenada tenía hasta el 1 7 de agosto de 2014 para realizar el

la fecha de ejecutoria de la sentencia, esto es, el 16 de octubre de 2013. Por lo tanto, la entidad pública condenada tenía hasta el 1 7 de agosto de 2014 para realizar el pago, y a su vez, la entidad contaba con 2 años para repetir en contra de Javier Augusto Suarez Camacho, José Antonio Sánchez Zarate, Hernando Amaris López y Alfredo Guzmán, plazo que feneció el 17 de agosto de 2016.

Así las cosas, el a quo concluyó que para la fecha en que fue radicada la demanda, esto es, el 22 de septiembre de 2017, ya había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control.

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandante5, manifestó su oposición y señaló que el a quo consideró que el término de la caducidad debía contabilizarse a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, adicionando el plazo de diez meses con el que contaba la administración para realizar el pago, de conformidad con el artículo 192 del CPACA.

Precisó que efectuó el pago de la condena el 25 de septiembre de 2015, en cumplimiento de la resolución que así lo ordenó. En consecuencia, señaló que no se trata del reconocimiento -pues este ya se había realizado -, sino del correspondiente desembolso presupuestal.

Estimó que, de conformidad con el art. 11 de la Ley 678 de 2001, se debe contabilizar el término de la caducidad de 2 años , a partir del día siguiente de la fecha del pago total. Por ende, teniendo en cuenta que el pago se realizó el 25 de septiembre de

el término de la caducidad de 2 años , a partir del día siguiente de la fecha del pago total. Por ende, teniendo en cuenta que el pago se realizó el 25 de septiembre de 2015 y que la demanda se radicó el 22 de septiembre de 2017, no operó el fenómeno de la caducidad.

5 Documento al No. 047 del índice de SAMAI Primera InstanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

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Finalmente, advirtió que resulta aplicable lo dispuesto en la Ley 678 de 2001, por ser la norma especial aplicable y, por ende, debe contabilizarse a partir de la fecha en que se efectuó el pago de la condena.

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 9 de mayo de 2025 6, se admitió el recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011 y, posteriormente, el 26 de mayo de 2025, ingresó al Despacho para proferir sentencia.

1.3.1. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante, Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional7, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, precisa que la condena quedó debidamente ejecutoriada el 16 de octubre de 2013 , la cual fue pagada el 25 de septiembre de 2015, y la demanda fue interpuesta el 22 de septiembre de 2017, es

debidamente ejecutoriada el 16 de octubre de 2013 , la cual fue pagada el 25 de septiembre de 2015, y la demanda fue interpuesta el 22 de septiembre de 2017, es decir, dentro de los dos año s. En ese sentido, señal ó que no operó el fenómeno de caducidad y, por ende, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia.

La parte demandada no hizo uso de esta etapa procesal.

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

6 Documento al No. 05 del índice de SAMAI Segunda Instancia 7 Documento al No. 010 del índice de SAMAI Segunda InstanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

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2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación. Ad emás, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación. Ad emás, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación8, el cual consiste en establecer si:

¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición promovido por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional , el 22 de septiembre de 2017?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará el fenómeno de la caducidad en el medio de control de repetición, y (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De la caducidad del medio de control de repetición

La caducidad es una sanción procesal que sufre quien acude a esta jurisdicción, como consecuencia de ejercer el correspondiente medio de control fuera del término señalado en el artículo 164 del CPACA.

8 Art. 328 del CGP. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda l a sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la

sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda l a sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Repetición Sentencia de Segunda Instancia

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Dicha norma establece que, «cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto», la respectiva autoridad cuenta con el término de 2 años para interponer la demanda, contados a partir del día siguiente «de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código». (Destacado de la Sala).

Sobre el cómputo del término de la caducidad de la repetición , el H. Consejo de

Estado ha establecido:

«La Subsección ha dejado claro que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación -18 meses, artículo 177 del CCAsi el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos. La Sala pone de presente que la condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de reparación

177 del CCAsi el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos. La Sala pone de presente que la condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso AdministrativoDecreto 01 de 1984-, por lo que la condena debía ser acatada en los términos de los artículos 177 y 178 de esa misma codificación. Específicamente, la condena en virtud de la cual se formula la pretensión de repetición fue proferida por el Consejo de Estado el 1° de agosto de 2016 y quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2016. De este modo, el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA corrió hasta el 22 de mayo de 2018, lapso dentro del cual, la hoy accionante realizó el pago, el día 6 de febrero de 2018 (…). En ese contexto, debe concluirse que e l término de caducidad debe computarse desde la fecha en la cual se efectuó el pago, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda era el 7 de febrero de 2020 y, dado que aquella se presentó el 2 de agosto de 2018, se concluye que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno»9.

Así, conviene hacer claridad frente al momento a partir del cual debe contarse la caducidad del medio de control, en atención a que la condena en contra de la entidad demandante se profirió en vigencia del CCA; por lo q ue el plazo con que contaba la Entidad era de 18 meses, de conformidad con la normativa vigente para el momento en que se radicó la demanda que dio origen a la condena, así:

demandante se profirió en vigencia del CCA; por lo q ue el plazo con que contaba la Entidad era de 18 meses, de conformidad con la normativa vigente para el momento en que se radicó la demanda que dio origen a la condena, así:

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 5 de abril de 2017, rad. 58762, M. P. Hernán Andrade Rincón.Repetición Sentencia de Segunda Instancia

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«ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PUBLICAS. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público fr ente a la entidad condenada. (…) Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria».

Seguidamente, se precisa que la normativa aplicable al caso resulta ser el literal l ), numeral segundo del artículo 164 de l CPACA , vigente sin modificaciones para la época de la presentación de la demanda:

«Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de

época de la presentación de la demanda:

«Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código».

2.5. De las pruebas obrantes en el expediente

Obran en el proceso los siguientes elementos de juicio:

De la condena impuesta y su pago

• Dentro del proceso de reparación directa, bajo el Rad. Acumulados 2006 -221 y 2006-0307, se profirió sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado

Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de San Gil10.

• La sentencia de segunda Instancia proferida el 23 de agosto de 201 3 por el Tribunal Administrativo de Santander , la cual quedó ejecutoriada el 16 de octubre del mismo año11.

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• Resolución No. 8216 del 15 de septiembre de 2015, a través de la cual se ordenó el pago de la condena impuesta en la sentencia atrás señalada12.

• Conforme a la certificación suscrita por la tesorera principal del Ministerio de

ordenó el pago de la condena impuesta en la sentencia atrás señalada12.

• Conforme a la certificación suscrita por la tesorera principal del Ministerio de Defensa Nacional, el pago ordenado en la resolución anterior se llevó a cabo el día 25 de septiembre de 201513.

De la presentación de la demanda

• La demanda fue presentada el 22 de septiembre de 2017, de conformidad con el acta de reparto14.

2.6. Análisis de las pruebas y del problema jurídico planteado

De acuerdo con la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, la caducidad del medio de control de repetición se debe estudiar a partir de dos momentos, a saber:

1. A partir del día siguiente de la fecha del pago.

2. A más tardar desde el vencimiento del plazo con el que cuenta la administración para el pago de la condena. (Lo que ocurra primero).

Pues bien, en el caso particular se analizará la caducidad al amparo del literal l) del artículo 164 del CPACA, vigente sin modificaciones para la época en que inició a correr el término para interponer el medio de control. Por ende, no se tendrán en cuenta los términos introducidos por el art. 43 de la Ley 2195 de 2022, corregidos por el art. 1° del Decreto 1463 de 2022.

Asimismo, se tomará como punto de análisis el término de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, puesto que el proceso que dio origen a la condena en contra de la Entidad se tramitó en vigencia del C.C.A.

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que dio origen a la condena en contra de la Entidad se tramitó en vigencia del C.C.A.

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Tal como se puede corroborar de las pruebas, se tiene que la sentencia proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que derivó en el pago que se pretende recuperar, quedó ejecutoriada el 16 de octubre de 2013.

Ahora bien, como el pago d e la condena fue realizado por la entidad demandante el 25 de septiembre de 2015, es decir, por fuera del término indicado en el del art. 177 del CCA, surge evidente que no puede tomarse el pago como el momento a partir del cual inicia el cómputo de la cad ucidad del medio de control. Así las cosas, este fenómeno se contabilizará a partir del segundo escenario, es decir, al vencimiento de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, pues ocurrió primero.

Así las cosas, se tiene entonces que el término de caducidad de los dos (2) años inició el día 16 de abril de 2015 y finalizó el 16 de abril de 2017; sin embargo, el medio de control se instauró el día 22 de septiembre de 2017, es decir, dos años y 5 meses, después del término otorgado por la Ley, sin que mediara una causal de suspensión

control se instauró el día 22 de septiembre de 2017, es decir, dos años y 5 meses, después del término otorgado por la Ley, sin que mediara una causal de suspensión del término respectivo.

Finalmente, advierte la Sala que el a quo, realizó el conteo de la caducidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 192 del C.P.A.C.A., esto es, 10 meses desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia, no obstante, en atención a que el proceso se adelantó bajo las normas del C.C.A., resulta aplicable el término de 18 meses contenido en el art. 177 de dicha normativa.

Sin embargo, al aplicar lo dispuesto en el C.C.A., la Sala concluye , igualmente, que operó el fenómeno de la caducidad, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la existencia de caducidad, por las razones aquí expuestas.

3. Costas en segunda instancia

Teniendo en cuenta la actual posición del H. Consejo de Estado 15, según la cual, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en el proceso de repetición, la Sala

15 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de febrero de 2020. C.P. María Adriana Marín. Rad. 11001-03-26-000-2014-00126-00(52053).Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Demandado: Javier Augusto Suárez Camacho y otros Radicado: 686793333001-2017-00283-01

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se abstendrá de disponer condena en costas de primera instancia, dentro del presente asunto.

Radicado: 686793333001-2017-00283-01

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se abstendrá de disponer condena en costas de primera instancia, dentro del presente asunto.

Lo anterior, advirtiendo que dicha tesis se fundamenta en el artículo 188 del CPACA y en la sentencia C -832 de 2001, en la que se consideró que en el proceso de repetición se ventila un interés público, al perseguir la protección del patrimonio público y la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado, razón por la que no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de San Gil, esto de conformidad con las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de

Origen.

CUARTO: Regístrese la actuación en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, por la Auxiliar Judicial del Despacho de la magistrada ponente.

QUINTO: Conforme a lo previsto en el artículo 203 del CPACA, todas las notificaciones de las sentencias dirigidas a los sujetos procesales que no cuenten con dirección de correo electrónico registrada para efectos judiciales deberán surtirse por

QUINTO: Conforme a lo previsto en el artículo 203 del CPACA, todas las notificaciones de las sentencias dirigidas a los sujetos procesales que no cuenten con dirección de correo electrónico registrada para efectos judiciales deberán surtirse por Secretaría. En tal caso, deberá dejarse constancia en el expediente tanto del envío del aviso como del resultado de su entrega.

SEXTO: Se informa a los sujetos procesales que deberán ingresar a través de la ventanilla virtual del aplicativo SAMAIRepetición

Sentencia de Segunda Instancia

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https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx, los memoriales, peticiones y escritos del proceso judicial; siendo este el único canal habilitado para tal fin, so pena de tenerse por no presentados16.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

Aprobado por la Sala como consta en Acta No. 27/2025

Aprobado en sesión electrónica a través de la herramienta Tecnológica TEAMS, la cual de conformidad con el artículo 186 del CPACA, garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con la Ley.

-Firmado a través del Sistema Judicial SAMAICAROLINA ARIAS FERREIRA Magistrada Ponente

-Firmado a través del Sistema Judicial SAMAIMARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ Magistrada

Ausente con permiso

LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Magistrada

-Firmado a través del Sistema Judicial SAMAIMARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ Magistrada

Ausente con permiso

LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Magistrada

16 Consejo Superior de la Judicatura. Circular PCSJC24-1 del 11 de enero de 2024.