TA SAN - Sentencia 68679-33-33-001-2017-00286-02 (22-07-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veintidós (22) de julio de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte accionante en contra la sentencia proferida el dieciséis (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil 2, previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA

(Archivo 01 OneDrive Pág. 2 y ss.)

A. Pretensiones

Busca, en síntesis, la protección de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la seguridad pública, los cuales considera amenazados por la presencia de un poste de energía sobre la vía pública.

Como consecuencia de lo anterior , solicit a se ordenara a la ESSA realizar el traslado del poste ubicado en medio de la vía pública a la altura de la calle 23 con carrera 6 del barrio Villas del Fonce en el municipio de San Gil . Así mismo que se exhorte a la ESSA con el fin de evitar la ocurrencia de este tipo de eventos que

1 Págs. 236 Archivo 01 OneDrive 2 Págs. 222 – 230 Archivo 01 OneDrive

Demandante: MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ

Proximoalcalde@gmail.com

Demandadas: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. - ESSA

essa@essa.com.co Ministerio

Demandante: MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ

Proximoalcalde@gmail.com

Demandadas: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. - ESSA

essa@essa.com.co Ministerio público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER

eavillamizar@procuraduria.gov.co Medio de control: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS Tema: Condena en costas procesales

Link expediente digital: 686793333001201700286022 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 68 6793333001-2017-00286-02. Medio de control de protección e Intereses colectivos. Partes: Marco Antonio Velásquez Vs. Municipio de San Gil y Electrificadora de Santander S.A.

comprometen los derechos colectivos. Finalmente, solicitó condenar en costas a la p. demandada por la cuantía de cuatro ( 4) salarios mínimos mensuales legales vigente atendiendo a lo establecido en el Acuerdo No. 1887 de 2003 del C.S.J.

B. Hechos

Se afirma en síntesis que:

1. A la altura de la calle 23 con carrera 6 del barrio Villas del Fonce en el municipio de San Gil, se encuentra un poste de luz en medio de la vía pública, el cual reviste una amenaza para los derechos colectivos de esa comunidad; pues no solo obstaculiza el paso a quienes transitan por dicha vía, sino que representa un riesgo los residentes de dicho sector, quienes eventualmente resultarían afectados si algún vehículo llegase a impactar con dicho poste

pues no solo obstaculiza el paso a quienes transitan por dicha vía, sino que representa un riesgo los residentes de dicho sector, quienes eventualmente resultarían afectados si algún vehículo llegase a impactar con dicho poste ocasionando la caída de las redes eléctricas instaladas en este.

2. Indica que presentó requerimientos y solicitudes encamina dos obtener la reubicación del poste de luz y la adopción de medidas preventivas y de protección por parte de la ESSA; sin embargo , se gún afirma, algunas de estas solicitudes no fueron resueltas.

3. Finalmente, resaltó la emisión de la respuesta negativa por parte de la ESSA; quien luego de hacer una visita de verificación , se opuso a sufragar el traslado del poste por ser esta estructura de origen privado o particular. Pues señaló que el poste habría sido instalado en ese lugar por la urbanizadora, razón por la cual correspondería a esta el traslado de dicha estructura.

4. En ese orden de ideas, indicó que le corresponde el traslado del poste de luz a la entidad demandada ESSA, en su calidad de electrificadora , pues debe velar por el mantenimiento y cuidado de las redes eléctricas y el alumbrado público en general; por lo cual, era su obligación asumirlo por ser competencia exclusiva de esta y no de los particulares.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. La Electrificadora de Santander S.A. 3, se opuso a las pretensiones de la demanda, y manifestó que no le asistía razón al actor al alegar la existencia de una

3 Págs. 38 a 63 Archivo 01 OneDrive3

demanda, y manifestó que no le asistía razón al actor al alegar la existencia de una

3 Págs. 38 a 63 Archivo 01 OneDrive3 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 68 6793333001-2017-00286-02. Medio de control de protección e Intereses colectivos. Partes: Marco Antonio Velásquez Vs. Municipio de San Gil y Electrificadora de Santander S.A.

vulneración por parte de dich o extremo procesal; pues señaló que al momento de realizar la incrustación del poste se cumplieron con todas las medidas y protocolos establecidos por la Ley y con toda la normatividad técnica y urbanística vigente , aportando evidencia fotográfica de la ubicación inicial del mismo.

En tal sentido, endilgó la responsabilidad por la ubicación actual del poste a la urbanizadora y al municipio, pues indicó que la primera decidió ampliar la vía dejando el poste en medio de esta y señaló al ente territorial como el competente para vigilar el desarrollo de las construcciones y el apego de estas a la normativa urbanística vigente.

Agregó que si bien recibió las solicitudes y requerimientos elevados por el actor, no le asistía razón a este al señalar a la compañía como responsable de dar continuidad a la vulneración de los derechos colectivos de la comunidad; pues aun cuando se negó inicialmente la solicitud de traslado del poste, dicha negativa se sustentó la creencia de que este pertenecía a la urbanizadora, siendo esta la encargada de mover lo. No obstante, señaló como fecha programada para la diligencia de traslado el día 7 de marzo de 2018; pues al haberse constatado su

encargada de mover lo. No obstante, señaló como fecha programada para la diligencia de traslado el día 7 de marzo de 2018; pues al haberse constatado su instalación por parte de la compañía en años anteriores, esta asumiría el traslado, por lo cual solicitó se declarase la i nexistencia de la vulneración o la configuración del hecho superado.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones mérito: i) inexistencia de vulneración y amenaza de los derechos colectivos; ii) carencia actual del objeto por hecho superado en la acción popular; iii) legitimidad del actuar de la Electrificadora de Santander S.A. ESP; y iv) excepción genérica.

III. AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

Se celebró el día dos (02) de mayo de 2018 , en la cual pese a que se presentó formula de arreglo, no fue aceptada por el actor popular, por lo cual , fue declarada fallida, según consta en la Págs. 133, 134 y 143 del Archivo 01 OneDrive.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

(Archivo No. 01 OneDrive Pág. 222 a 230)

Resuelve: 4

Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 68 6793333001-2017-00286-02. Medio de control de protección e Intereses colectivos. Partes: Marco Antonio Velásquez Vs. Municipio de San Gil y Electrificadora de Santander S.A.

«PRIMERO: DECLÁRESE, que la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ha vulnerado los derechos colectivos relacionados a la moralidad administrativa, el goce del espacio público

«PRIMERO: DECLÁRESE, que la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ha vulnerado los derechos colectivos relacionados a la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la seguridad y salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como la libertad de locomoción, vulneración que cesó o se superó en el curso del trámite de la presente acción popular, según lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLÁRE SE LA CARENCIA ACTUAL DEL OBJETO POR HECHO SUPERADO en la presente acción popular, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: SIN CONDENA en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: EJECUTORIA DA esta providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones del caso».

El A quo realizó el estudio bajo el problema jurídico relativo a determinar si la entidad demandada resultaba responsable de la vulneración de los derechos colectivos invocados en el escrito de la demanda, al no existir libre tránsito vehicular y peatonal sobre la calle 23 entre carrera 6 del municipio de San Gil, por la invasión del espacio público respecto de un poste de energía ubicado en la vía pública.

Planteamiento el cual resolvió a partir de las pruebas obrantes en el proceso, en virtud de las cuales pudo concluir que, para la fecha de interposición de la acción popular, en efecto , la ubicación del poste de energía impedía el libre tránsito vehicular, configurándose la vulneración de los derechos e intereses colectivos

virtud de las cuales pudo concluir que, para la fecha de interposición de la acción popular, en efecto , la ubicación del poste de energía impedía el libre tránsito vehicular, configurándose la vulneración de los derechos e intereses colectivos señalados en el escrito de la demanda. Sin embargo, también encontró acreditado que, durante el trámite procesal, cesó la vulneración de los derechos colectivos, toda vez que la entidad demandada, llevó a cabo la reubicación del poste en mención.

Así las cosas, por haberse probado en el proceso el traslado del poste en fecha anterior a la sentencia , el A quo declaró la existencia de la vulneración de los derechos colectivos; sin embargo, no ordenó medidas tendientes a la protección del derecho colectivo, pues las mismas fueron adoptadas durante el t rámite procesal por la entidad demandada . Finalmente, se abstuvo de condenar en costas de conformidad con el art. 38 de la Ley 472 de 1998.5 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 68 6793333001-2017-00286-02. Medio de control de protección e Intereses colectivos. Partes: Marco Antonio Velásquez Vs. Municipio de San Gil y Electrificadora de Santander S.A.

V. LA APELACIÓN

(Archivo No. 01 OneDrive Pág. 236)

1. El actor popular señaló su inconformidad con lo resuelto en la sentencia de primera instancia, respecto de la condena en costas y agencias en derecho , con fundamento en los siguientes argumentos: indicó las normas consignadas en el

1. El actor popular señaló su inconformidad con lo resuelto en la sentencia de primera instancia, respecto de la condena en costas y agencias en derecho , con fundamento en los siguientes argumentos: indicó las normas consignadas en el CGP y CPACA, relacionadas con la condena en costas, e igualmente, pronunciamientos del H. Consejo de Estado al respecto. Precisó que, las costas constituyen una erogación económica que debe efectuar la parte vencida en un proceso judicial, y están conformadas por las agencias en derecho , así como po r las expensas , correspondiendo estas últimas al pago de los gastos sufragados durante el desarrollo del proceso, respecto de las cuales considera le asiste el derecho a su reconocimiento.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

A. En una primera oportunidad, el expediente fue asignado a este Despacho por reparto el diez (10) de marzo de 20204. Mediante providencia de fecha 13 de marzo de 2020 fue admitido el recurso de apelación 5, y p osteriormente, en virtud de lo dispuesto en auto de fecha 03 d e febrero de 2022 6, se corrió traslado para alegar conclusión.

No obstante, en providencia del 04 de febrero de 2022 7, se decla ró la nulidad de todo lo actuado desde el auto con fecha 18 de febrero de 2020, en virtud del cual se concedió el recurso de apelación; pues se advirtió la existencia de una solicitud de nulidad y recusación interpuesta por el actor popular en el escrito de apelación; debiendo ser resuelta esta por parte del juzgado de origen, por ello, se remitió el

de nulidad y recusación interpuesta por el actor popular en el escrito de apelación; debiendo ser resuelta esta por parte del juzgado de origen, por ello, se remitió el expediente al Juzgado de Origen,

B. Luego de haberse devuelto el expediente al juzgado de origen y haberse resuelto la solicitud de nulidad 8, el expediente nuevamente fue remitido al Tribunal Administrativo para tramitar la segunda instancia9.

4 Pág. 244 Archivo 01 OneDrive. 5 Pág. 246 Archivo 01 OneDrive 6 Pág. 248 Archivo 01 OneDrive 7 Págs. 253, 254 Archivo 01 OneDrive 8 Documento 09 SAMAIPrimera instancia. 9 Documento 02 SAMAI.6 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 68 6793333001-2017-00286-02. Medio de control de protección e Intereses colectivos. Partes: Marco Antonio Velásquez Vs. Municipio de San Gil y Electrificadora de Santander S.A.

C. Finalmente, mediante providencia de fecha 23 de marzo de 2023 , se admitió el recurso de apelación10 propuesto por el actor popular . Finalmente, el proceso ingresó al Despacho para proferir sentencia el 21 de noviembre de 2023.

D. Se registra proyecto de sentencia el 24 de febrero de 2 025, fecha en la que se somete a votación a la Sala de Decisión.

VII. CONSIDERACIONES

A. De la competencia para conocer en segunda instancia

Esta Corporación es competente para conocer de este recurso, dada la naturaleza

somete a votación a la Sala de Decisión.

VII. CONSIDERACIONES

A. De la competencia para conocer en segunda instancia

Esta Corporación es competente para conocer de este recurso, dada la naturaleza de la providencia impugnada, en orden a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998.

B. El problema jurídico y su tesis

PJ 1 . ¿Es procedente la condena en costas contra la parte demandada en primera instancia cuando se declara la carencia actual del objeto por hecho superado en el marco de una acción popular?

Tesis: Sí Fundamento Jurídico: Resulta procedente condenar en costas en primera instancia a la parte demandada en el marco de una acción popular, pues la declaración de la existencia de vulneración de los derechos colectivos por parte de la ESSA supone per se, que esta última fue vencida dentro del proceso, aun cuando se declara la carecencia actual del objeto por hecho superado.

Costas procesales ante configuración de la carencia actual por hecho superado

Las costas procesales han sido definidas como aquellas erogaciones económicas que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial, que se componen de las i) expensas y las ii) agencias en derecho.

Las primeras , estas son las expensas, responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de copias, publicaciones, impuestos de

10 Documento 04 SAMAI.7 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 68 6793333001-2017-00286-02. Medio de control de protección e Intereses colectivos. Partes: Marco

Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 68 6793333001-2017-00286-02. Medio de control de protección e Intereses colectivos. Partes: Marco Antonio Velásquez Vs. Municipio de San Gil y Electrificadora de Santander S.A.

timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judic ial, gasto de traslado de testigos, por citar algunos ejemplos. Las segundas , a saber, las agencias de derecho, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo dedicados a la causa11.

En relación con la procedencia de la condena en co stas en los eventos en que se declara la carencia actual por hecho superado, el H. Consejo de Estado ha señalado:

«La Sala considera que los mencionados supuestos deben ser tenidos en cuenta al pronunciarse, en segunda instancia, respecto de la condena en costas, cuando se declara la carencia actual de objeto por hecho superado. Lo anterior por cuanto, a pesar de que los derechos e intereses colectivos ya no requieren de ninguna medida de protección al momento de dictar la sentencia, tal situación es consecuencia de la superación de la circunstancia que efectivamente los vulneró o amenazó, durante el transcurso del pro ceso. Dicho de otro modo, cuando se declara que efectivamente ocurrió una vulneración de derechos e

consecuencia de la superación de la circunstancia que efectivamente los vulneró o amenazó, durante el transcurso del pro ceso. Dicho de otro modo, cuando se declara que efectivamente ocurrió una vulneración de derechos e intereses colectivos, en su momento atribuida a alguna entidad, ésta última se considera vencida en el proceso, aun cuando por diferentes circunstancias, analizadas en cada caso, la vulneración o amenaza se supera antes de que se profiera la sentencia de primera instancia; situación que necesariamente obliga al Juez a pronunciarse respecto de la condena en costas, en aplicación de la normativa referida supra. (…) la declaración de la carencia actual de objeto no necesariamente implica que se revoquen las costas ordenadas por el Tribunal sustanciador, en primera instancia, por cuanto tal determinación fue consecuencia de la comprobación de la amenaza o vulneración a los derechos colectivos invocados en la demanda»12 (Negrilla fuera del texto original).

En ese sentido, se ha pronunciado esta Corporación13, señalando:

«En conclusión, si bien para el momento en que se profirió sentencia, en primera instancia, habían desaparecido las circunstancias que transgredían los derechos

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Magistrada ponente: Rocio Araújo Oñate, de fecha 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de octubre de 2019, exp. No. 68001-23-33-000-2013-00318.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de octubre de 2019, exp. No. 68001-23-33-000-2013-00318. 13 Tribunal Administrativo de Santander, sentencia de 25 de junio de 2024, Rad. 6800133330152022-00242-01 M.P. Carolina Arias Ferreira8 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 68 6793333001-2017-00286-02. Medio de control de protección e Intereses colectivos. Partes: Marco Antonio Velásquez Vs. Municipio de San Gil y Electrificadora de Santander S.A.

colectivos invocados y por tanto no era procedente formular medidas para su protección; no obstante lo anterior, quedó probado que al momento en que la parte actora presentó la demanda, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, la vulneración a los derechos e intereses colectivos se encontraba latente y que la actuación llevada a cabo por la parte actora, en primera instancia, tuvo la suficiente influencia para que se llevaran a cabo las obras con las que se logró superar la afectación. Con fundamento en lo anterior y luego del análisis realizado respecto a las particularidades del caso, la Sala confirmará la condena en costas realizada en primera instancia, atendiendo a la naturaleza del proceso y a la importancia de mantener un equilibrio de las cargas, bajo el entendido que el actor popular, en busca de la protección de derechos e intereses colectivos, asume una carga y esfuerzo que no habría tenido que soportar para conseguir ese fin»14 (Negrilla fuera del texto original).

entendido que el actor popular, en busca de la protección de derechos e intereses colectivos, asume una carga y esfuerzo que no habría tenido que soportar para conseguir ese fin»14 (Negrilla fuera del texto original).

Así las cosas, la Sala se pronunciará sobre la procedencia de la condena en costas en primera instancia cuando se declara la carencia actual del objeto por hecho superado en el marco de una acción popular, conforme el problema jurídico planteado, debiendo analizar para el efecto los requisitos de pr ocedencia de dicha condena.

Al respecto, los artículos 365 y 366 del CGP y el art. 38 de la Ley 472 de 1998, establecen como requisitos de procedencia de la condena en costas los siguientes supuestos: (i) la resolución desfavorable del asunto para una de las partes; y (ii) que se encuentre demostrada su causación.

En relación con el primer presupuesto , la Sala pone de presente que en la sentencia de primera instancia, se declaró la vulneración de los derechos e intereses colectivos alegados en el escrito de la demanda, sin embargo, en atención a las actuaciones adelantadas por la entidad demandada, se de claró la carencia actual del objeto por hecho superado.

La carencia actual del objeto por hecho superado, se consolida cuando en el marco de una acción popular, se comprueba la cesación de la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se reclama, debiendo haber cesado de forma previa a la adopción del fallo de primera instancia. El Juez constata la cesación de la amenaza o vulneración del derecho, y por tan to no emite orden de protección, sin embargo,

derecho cuya protección se reclama, debiendo haber cesado de forma previa a la adopción del fallo de primera instancia. El Juez constata la cesación de la amenaza o vulneración del derecho, y por tan to no emite orden de protección, sin embargo,

14 Tribunal Administrativo de Santander, sentencia de 13 de abril de 2024, Rad. No. 680013333003-2020-0015301, M.P. Iván Mauricio Mendoza Saavedra.9 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 68 6793333001-2017-00286-02. Medio de control de protección e Intereses colectivos. Partes: Marco Antonio Velásquez Vs. Municipio de San Gil y Electrificadora de Santander S.A.

comoquiera que al interponerse la demanda existía tal vulneración, así es declarado en la sentencia.

En ese orden de ideas, la declaración de la carencia actual del objeto por hecho superado en el marco de una acción popular supone consigo la derrota para el ente demandado; pues con esa afirmación se reconoce la ocurrencia de un hecho que generó una vulneración de los derechos e intereses colectivos, que desapareció antes de que se profiriera decisión de fondo.

Respecto del segundo presupuesto, este también se encuentra acreditado, pues conforme el expediente, se demostró que el demandante actuó de forma diligente dentro del proceso, toda vez que presentó la demanda , acudió a las audiencias, allegó los alegatos, e incluso presentó incidente de nulidad, lo que supone directamente el despliegue de esfuerzo, compromiso y atención en marco de la

allegó los alegatos, e incluso presentó incidente de nulidad, lo que supone directamente el despliegue de esfuerzo, compromiso y atención en marco de la actuación judicial ; dando lugar todo ello a la causación de estas erogaciones económicas15.

En ese sentido, encuentra la Sala que se configuran los dos presupuestos para la imposición de costas procesales dentro del proceso de la referencia en el trámite de primera instancia, indistinto de la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.

Por los anteriores argumentos, la Sala revocará el numeral tercero del fallo de primera instancia, y en su lugar se dispondrá a condenar en costas a la parte vencida del proceso parte demandada Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., las cuales serán liquidadas por la primera instancia atendiendo lo dispuesto en el artículo 366 del C.G del P.

VIII. Condena en costas en segunda instancia

No habrá lugar a condena r en costas al haber prosperado el recurso de apelación Interpuerto por el actor popular, y en ese sentido, haberse revocado parcialmente el fallo de primera instanciaría.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio de 2019, M.P.: Oswaldo Giraldo López, expediente núm.: 2016-00713-01. Reiterada el 14 de septiembre de 2020, exp. 66001-23-33-000 2018-00079-01: «vale la pena resaltar que las agencias en derecho también se causan cuando los demandantes actúan en nombre propio; y se les reconocen las mismas en atención al tiempo y

exp. 66001-23-33-000 2018-00079-01: «vale la pena resaltar que las agencias en derecho también se causan cuando los demandantes actúan en nombre propio; y se les reconocen las mismas en atención al tiempo y esfuerzo que le han dedicado al proceso, situación que también se configura en el presente caso».10 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 68 6793333001-2017-00286-02. Medio de control de protección e Intereses colectivos. Partes: Marco Antonio Velásquez Vs. Municipio de San Gil y Electrificadora de Santander S.A.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar el numeral tercero de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil , por las razones expuestas en este proveído, y en su lugar, condenar en costas en primera instancia a la parte demandada Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. Segundo. Confirmar en los demás aspectos la sentencia proferida el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil de fecha 16 de diciembre de 2019. Tercero. No Condenar en costas en segunda instancia por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. Una vez en firme este proveído, devuélvase al Juzgado de origen, previas anotaciones en la plataforma SAMAI.

expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. Una vez en firme este proveído, devuélvase al Juzgado de origen, previas anotaciones en la plataforma SAMAI. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Aprobado en Acta No. 56 / 2025 Los Magistrados,

[Firma electrónica]

LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Magistrada Ponente

[Firma electrónica]

IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Magistrada

[Firma electrónica]

CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Magistrada

Constancia: Esta providencia se firmó electrónicamente en el Tribunal Administrativo de Santander, SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el art. 186 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art. 46 de la Ley 2080 de 2021.