TA SAN - Sentencia 68679-33-33-001-2020-00026-01 (31-07-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68679333300120200002601

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: IVAN DARÍO GIL GAITAN

gertrudisrueda@hotmail.com legemasociados@gmail.com

DEMANDADO: MUNICIPIO DE SUCRE – SANTANDER

s.gobierno@sucre-santander.gov.co legemasociados@gmail.com juridicossucre@gmail.com temisoc2021@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 196

TEMA: SEÑALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - OTROS

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, que negó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. Antecedentes

1.1. LA DEMANDA1

1.1.1. Hechos

El día 4 de noviembre de 2017 , el señor Iván Darío Gil Gaitán sufrió un accidente mientras se desplazaba en su motocicleta de placas VWO16C con dirección a la

1.1.1. Hechos

El día 4 de noviembre de 2017 , el señor Iván Darío Gil Gaitán sufrió un accidente mientras se desplazaba en su motocicleta de placas VWO16C con dirección a la

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Demandante: Iván Darío Gil Gaitán

Demandado: Municipio de Sucre Radicado: 68679333300120200002601

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carrera 3 con calle 5 en el corregimiento de Sabana Grande, en el municipio de Sucre, cuando fue impactado a la altura del mentó n por una cuerda de nailon que se encontraba atravesando una de las vías principales.

Señaló que la cuerda de nailon estaba siendo utilizada para alinear, nivelar y medir el tramo de alcantarillado y pavimentación, por parte de los señores G iovanny de Jesús Manjarrés Sanabria y Carlos Santamaría, quienes fungían como trabajadores de una obra que se estaba adelantando en ese sector del municipio.

Sostuvo que la obra consistía en la construcción del alcantarillado de la calle 5 entre las carreras 2 y 5 y la pavimentación de la calle 5 entre la carrera 3 y la carrera 4 en el corregimiento de Sabana Grande, contratada por parte del Municipio de Sucre y la Unión Temporal Pavimentación Sabana Grande.

Aseguró que la cuerda de nailon no tenía señalización por ninguna parte e incluso, que dicha vía no había sido cerrada por el municipi o, con el fin de evitar daños a terceros.

Con ocasión del accidente, indicó que el demandante acudió a recibir atención

que dicha vía no había sido cerrada por el municipi o, con el fin de evitar daños a terceros.

Con ocasión del accidente, indicó que el demandante acudió a recibir atención médica y posteriormente, le fue practicado informe pericial por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la que se determinó un corte contundente con secuelas medico legales de deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente.

Finalmente, señaló que, dicha secuela afectó la actividad profesional desarrollada por el demandante, quien se desempeñaba como m aestro de música en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y con ocasión al accidente desmejoró su capacidad para tocar instrumentos de viento en un 40 %.

1.1.2. Pretensiones2

Con la demanda se solicitó:

«A. Declaración de responsabilidad:

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Se declare y reconozca la responsabilidad administrativa, extracontractual y patrimonial por todos los perjuicios materiales e inmateriales causados por el daño antijuridico imputable al municipio de Sucre por su acción y omisión e irrogado sobre el patrimonio económico y moral de mi poderdante.

B. Declaraciones de condena:

1. CONDENAR al municipio de Sucre a pagar a mi poderdante o a quien represente legalmente sus derechos a título de reparación integral del daño, todas las medidas

B. Declaraciones de condena:

1. CONDENAR al municipio de Sucre a pagar a mi poderdante o a quien represente legalmente sus derechos a título de reparación integral del daño, todas las medidas pecuniarias y no pecuniarias con carácter de restitución, indemnización, satisfacción y no repetición, correspondientes a los perjuicios resarcibles, que se estiman en el

acápite de cuantía:

Daño material – Daño emergente y lucro cesante $4.561.510

Daño inmaterialDaño moral: Entre $8.281.160 hasta $82.811.600

Daño inmaterialDaño a la salud: Entre $8.281.160 hasta $82.811.600

Daño inmaterialviolación relevante a bienes y derechos convencional y constitucionalmente amparados: Entre $8.281.160 hasta $82.811.600 (…)

Para esta liquidación, el Despacho Judicial deberá utilizar la fórmula de matemática financiera aceptada y aplicada por el Honorable CONSEJO DE ESTADO, teniendo

en cuenta la INDEMNIZACIÓN DEBIDA, CONSOLIDADA Y FUTURA.

2. CONDENAR a la parte demandada a RECONOCER, LIQUIDAR Y PAGAR la INDEXACIÓN o AJUSTE MONETARIO con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como lo ordena el inciso 4 del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; sobre las sumas de dinero adeudadas y generadas por concepto de REPARACIÓN INTEGRAL debida a mi mandante, desde el momento en que se debió cancelar cada suma de dinero y hasta cuando se verifique el pago total de las obligaciones.

3. CONDENAR a la parte demandada a RECONOCER, LIQUIDAR Y PAGAR los

debida a mi mandante, desde el momento en que se debió cancelar cada suma de dinero y hasta cuando se verifique el pago total de las obligaciones.

3. CONDENAR a la parte demandada a RECONOCER, LIQUIDAR Y PAGAR los INTERESES MORATORIOS sobre las sumas de dinero reconocidas en providencia judicial (sentencia o auto), a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria o a la tasa comercial vencido el término de diez (10) meses o de cinco (5) días, conforme lo establecen el inciso 3 del artículo 192 y el numeral 4 del artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Reparación Directa

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4. CONDENAR a la parte demandada al estricto CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, conforme a los parámetros establecidos en los artículos 189, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5. CONDENAR a la parte demandada al pago d e las COSTAS, GASTOS PROCESALES Y AGENCIAS EN DERECHO que se originen en el presente proceso, con fundamento en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 392 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil».

1.1.3. Fundamentos de derecho

Se alegó la existencia de responsabilidad patrimonial en cabeza d e la administración derivada de la falla del servicio en que incurrió la entidad territorial demandada, al no dar cumplimiento al deber de señalizar debidamente las obras

1.1.3. Fundamentos de derecho

Se alegó la existencia de responsabilidad patrimonial en cabeza d e la administración derivada de la falla del servicio en que incurrió la entidad territorial demandada, al no dar cumplimiento al deber de señalizar debidamente las obras que se realizaban sobre la vía. Indicó que, de no estructurarse el título de imputación de falla en el servicio , se deben analizar los hechos a partir de los títulos de imputación correspondientes a daño especial o riesgo excepcional, esto en virtud del principio iura novit curia.

Se invoc ó la siguiente normativa como fundamento jurídico en la demanda : el preámbulo y los arts. 1, 2, 4, 6, 11, 12, 13, 29, 34, 42, 44, 46, 51, 58, 64, 79, 85, 90, 93, 228, 229 y 230 de la Constitución Política, art. 16 de la Ley 446 de 1998, arts. 140, 164 y 306 de la Ley 1437 de 2011 y los arts. 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1564 de 2012.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1. Contestación de la demanda

La parte demandada, municipio de Sucre 3, se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que no existió fundamento fáctico ni jurídico para imputar responsabilidad alguna a la entidad territorial. Aseguró que el hecho generador del supuesto daño ocurrió el 4 de noviembre de 2017, mientras que el contrato de obra

demanda, al señalar que no existió fundamento fáctico ni jurídico para imputar responsabilidad alguna a la entidad territorial. Aseguró que el hecho generador del supuesto daño ocurrió el 4 de noviembre de 2017, mientras que el contrato de obra pública relacionado con el alcantarillado y p avimentación fue suscrito con

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posterioridad, el 17 de noviembre de 2017, y su ejecución comenzó apenas el 22 del mismo mes.

Señaló que al momento del accidente no se había iniciado materialmente ninguna intervención en el espacio público y se precisó que la cuerda de nailon que presuntamente ocasionó el siniestro no podía considerarse como elemento técnico de señalización, medición o delimitación de una obra, por lo que es improcedente la pretensión indemnizatoria al no haberse incumplido el contenido obl igacional, máxime cuando no existía prueba suficiente para asociar dicho elemento ni su colocación a actividad contractual o administrativa ejecutada por el municipio.

Argumentó que no se configura ron los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del estado, especialmente el nexo causal entre el hecho y una conducta atribuible a la administración, lo que lo excluye de toda posibilidad de declarar una falla en la prestación del servicio.

Finalmente, propuso como excepción la denominada «inexistencia de la relación de causalidad», destacando que , para que proceda la reparación de perjuicios es necesario probar una relación directa entre la conducta del presunto responsable y

Finalmente, propuso como excepción la denominada «inexistencia de la relación de causalidad», destacando que , para que proceda la reparación de perjuicios es necesario probar una relación directa entre la conducta del presunto responsable y el daño ocasionado, lo cual , según afirmó, no se encontraba acreditado en este caso.

1.2.2. La sentencia apelada4

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, denegó las pretensiones de la demanda . En la parte resolutiva de la sentencia se dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda presentada por IVÁN

DARÍO GIL GAITÁN contra el MUNICIPIO DE SUCRE, SANTANDER.

SEGUNDO: ABSTÉNGASE de condenar en costas de conformidad con lo expuesto en el acápite correspondiente.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia ARCHÍVESE el proceso, previas las anotaciones del caso».

4 Documento al No. 048 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Como fundamento de su decisión, el a quo explicó que , si bien se acreditó la ocurrencia del daño como elemento de la responsabilidad administrativa, consistente en las lesiones sufridas por el demandante , no se configura ron los demás presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial del Municipio de Sucre.

En cuanto a la imputación del daño de la entidad demandada, sostuvo que, no fue

consistente en las lesiones sufridas por el demandante , no se configura ron los demás presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial del Municipio de Sucre.

En cuanto a la imputación del daño de la entidad demandada, sostuvo que, no fue acreditado y por el contrario, se probó que la obra pública a la que se le atribuyó la falta de señalización, inició con posterioridad a la fecha en que ocurrió el accidente, e igualmente, en el procedimiento penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación, se reconocieron como respons ables del siniestro, a los señores Giovanny de Jesús Manjarrés Sanabria y Carlos Santamaría , particulares quienes se encontraban sujetando el elemento determinante del daño padecido, quienes no se encontraban vinculadas a la entidad demandada.

En ese sentido, señaló que no se probó que se estuviera ejecutando una acción constructiva por parte del municipio y que esta, a su vez, presentara deficiencias en la señalización.

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandante5, se opuso a la decisión de primera instancia al considerar que violó de manera directa la constitución por infracción de las obligaciones internacionales de respeto y garantía que no fueron aplicadas al proceso, de manera concreta, en la decisión del a quo, en relación con la práctica de pruebas. Asimismo, argumentó el desconocimiento del precedente vinculante en materia de aplicación del principio iura novit curia.

De igual forma , señaló que , en el trámite de primera instancia, se configuró un exceso ritual manifiesto, ante la omisión en la pr áctica probatoria testimonial decretada, de conformidad con el art. 212 del CPACA.

De igual forma , señaló que , en el trámite de primera instancia, se configuró un exceso ritual manifiesto, ante la omisión en la pr áctica probatoria testimonial decretada, de conformidad con el art. 212 del CPACA.

Precisó que no se recaudó el testimonio del señor Giovanny de Jesús Manjarrés Sanabria, quien sostenía el elemento con el que se cortó el demandante. Además, alegó que fue contraria la decisión del juez de primer grado en la audiencia de

5 Documento al No. 050 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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pruebas del 21 de agosto de 2024 y el fundamento indicado en el fallo, en el que se señaló la ausencia probatoria.

Agregó que, en la sentencia de primera instancia, no se realizó una valoración integral probatoria, ni conforme a la sana critica. Lo anterior, en atención a que el a quo no constató la prueba testimonial con el documento contractual denominado «estudio de conveniencia y oportunidad » de fecha 26 de octubre de 2017 , de los que se prueba que se llevaron a cabo actividades previas al inicio oficial de la obra, las que constituyen un indicio en la falla del servicio por parte del municipio demandado.

Contrario a lo señalado en la sentencia apelada , consider ó que, en el presente proceso se reunieron los elementos de la responsabilidad, bien sea con el título de imputación de falla en el servicio, daño especial o riesgo excepcional.

Contrario a lo señalado en la sentencia apelada , consider ó que, en el presente proceso se reunieron los elementos de la responsabilidad, bien sea con el título de imputación de falla en el servicio, daño especial o riesgo excepcional.

Por último, solicit ó de conformidad con el art. 212 del CPACA, la práctica de la prueba testimonial del señor Giovanny de Jesús Manjarrés Sanabria , así como la prueba de la investigación penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación bajo el rad. 685726000233201700219.

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 23 de mayo de 2025 6, se admitió el recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011 y, posteriormente, el 6 de junio de 2025, ingresó al Despacho para proferir sentencia.

1.3.1. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

La parte demandada, Municipio de Sucre7, se opuso a los argumentos plasmados en el recurso de apelación y solicitó confirmar el fallo de primera instancia. En su escrito, adujo que era inexistente la vulneración de garantías referida por la parte demandante, toda vez que había sido esta quien incumplió su carga procesal de hacer comparecer a los testigos, y de manera concreta al señor Giovanny de Jesús

6 Documento al No. 05 del índice de SAMAISegunda instancia 7 Documento al No. 010 del índice de SAMAISegunda instanciaReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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7 Documento al No. 010 del índice de SAMAISegunda instanciaReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Manjarrés Sanabria . Finalmente, expuso que era improcedente la so licitud probatoria efectuada por la parte demandante en segunda instancia, toda vez que dichas pruebas se habían dejado de practicar dado el incumplimiento de su carga procesal al no haberlos hecho comparecer.

El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión procesal previa

La parte demandante en el escrito de apelación solicitó la práctica del testimonio del señor Giovanny de Jesús Manjarrés Sanabria y la valoración de la investigación penal que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación , con fundamento en el art. 212 del CPACA.

Respecto de la primera solicitud, se hace necesario realizar un recuento del trámite procesal surtido en primera instancia:

• En la demanda, la parte actora solicitó el testimonio, entre otros , del señor Giovanny de Jesús Manjarrés Sanabria, con el fin de que declarara sobre los hechos de la demanda y «con el fin de demostrar e ilustrar la existencia y producción de los perjuicios mate riales e inmateriales causados a la parte convocante».

• Mediante auto del 9 de febrero de 2023 8, se decidió sobre las pruebas, y respecto del testimonio en mención, fue decretado, allí se indicó: « La

convocante».

• Mediante auto del 9 de febrero de 2023 8, se decidió sobre las pruebas, y respecto del testimonio en mención, fue decretado, allí se indicó: « La apoderada de la parte actora deberá informar por escrito el correo electrónico a través del cual se conectarán los testigos a la diligencia virtual, y le corresponde garantizar su comparecencia para el día y hora que se señale para celebrar la audiencia de pruebas». Para tal fin, se fijó el día 2 de mayo de 2023.

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• En contra de la anterior decisión, fue interpuesto recurso de reposición, el cual fue resuelto en auto del 12 de abril de 2024, y se fijó nueva fecha para adelantar la audiencia de pruebas, esto es, para el día 21 de agosto de 20249.

• El día 21 de agosto de 2024, se llevó a cabo la audiencia de pruebas10, en la cual se rec audaron unos testimonios ; sin embargo, el señor Giovanny de Jesús Manjarrés Sanabria no compareció y fue imposible recaudar su declaración.

En el desarrollo de la audiencia de pruebas , la apoderada de la parte demandante al minuto 1:34:15, señaló que estaba intentando comunicarse con el testi go señor Giovanny de Jesús Manjarrés Sanabria , sin poder lograrlo. En ese sentido, la Juez de primera instancia resolvió limitar la

demandante al minuto 1:34:15, señaló que estaba intentando comunicarse con el testi go señor Giovanny de Jesús Manjarrés Sanabria , sin poder lograrlo. En ese sentido, la Juez de primera instancia resolvió limitar la práctica de los testimonios con base en el inciso segundo del artículo 212 del CGP.

Respecto de esta decisión, la apoderada de la parte demandante manifestó que se ratificaba sobre el testimonio del señor Giovanny de Jesús Manjarrés Sanabria, precisando su importancia . La parte demandada, así como la agente del Ministerio Público, precisaron que la audiencia había sido fijada desde el mes de abril, por lo que le correspondía a la parte demandante realizar las gestiones a fin de lograr la comparecencia del testigo.

Finalmente, el a quo declaró cerrada la etapa probatoria y ordenó correr traslado para alegar de conclusión, decisión respecto de la cual, no fue interpuesto recurso alguno.

En ese orden de ideas, advierte la Sala que, inicialmente la prueba del testimonio del señor Giovanny de Jesús Manjarrés Sanabria, había sido decretada por el a quo, sin embargo, no se presentó a la audiencia de pruebas, la cual había sido reprogramada. Por ende, es claro que la parte demandante no cumplió con su carga procesal, pues desde el decreto de la prueba, se le puso de presente a las partes que les correspondía garantizar la comparecencia de los testigos.

9 Documento al No. 037 del índice de SAMAI 10 Documento al No. 044 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Iván Darío Gil Gaitán

Demandado: Municipio de Sucre

9 Documento al No. 037 del índice de SAMAI 10 Documento al No. 044 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Al respecto, el art. 212 del CPACA, señala las oportunidades probatorias, y en segunda instancia prevé, entre otro, el siguiente caso: «Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió . En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cump lir requisitos que les falten para su perfeccionamiento». (Destacado de la Sala).

Sin embargo, a juicio de la Sala, no se configuran los supuestos establecidos en la norma aplicable, toda vez que, como se indicó anteriormente, no fue posible recaudar adecuadamente el testimonio debido a la inasistencia del declarante a la audiencia. Ello implica que la parte actora incumplió con la carga procesal de garantizar su comparecencia, máxime cuando la diligencia fue programada con suficiente antelación. En consec uencia, al no haberse practicado la prueba por causa imputable a la parte interesada, no resulta procedente su decreto en segunda instancia.

Ahora bien, en cuanto a la petición de la prueba de la investigación penal, que se adelanta ante la Fiscalía Gener al de la Nación en contra de los señores Edwar Medina Ruíz y Giovanny Manjarrés bajo el rad. 685726000233-2017-00219, es

adelanta ante la Fiscalía Gener al de la Nación en contra de los señores Edwar Medina Ruíz y Giovanny Manjarrés bajo el rad. 685726000233-2017-00219, es importante poner de presente que fue decretada en el auto de fecha 9 de febrero de 2023, y posteriormente, recaudada en la audiencia que se llevó a cabo el 21 de agosto de 2024.

Respecto de las pruebas documentales trasladadas, el H. Consejo de Estado, ha señalado: «De conformidad con el art ículo 185 del Código de Procedimiento Civil, y de acuerdo con decisiones proferidas por esta Corporación, la eficacia probatoria del material contenido en los medios de convicción de un proceso cualquiera cuyo traslado sea solicitado a la jurisdicción cont enciosa administrativa, depende del cumplimiento de una serie de requisitos contemplados por el legislador, a saber: i) que las pruebas hayan sido válidamente practicadas en el proceso original; ii) que las piezas procesales se trasladen en copia auténtica; y iii) que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra la cual se aducen o con audiencia de ella»11.

En consonancia con lo anterior, en relación con las declaraciones e indagatorias rendidas en procesos penales, el alto Tribunal ha sostenido: «Desde luego, por

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas, Rad. 76001 -23-31-000-2006-03585-01(41847) de fecha 26 de noviembre de 2018.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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tratarse de un medio de defensa desprovisto de juramento, en principio, se ha considerado que no debe dársele el alcance de medio de prueba dentro del proceso administrativo. (…) ese canon se ha venido morigerando a partir de un razonamiento ecléctico: la connotación dual y/o naturaleza mixta de la indagatoria que la presenta, por un lado, como un mecanismo de defensa y, por otro, como un medio de prueba válido .(…) la parte actora solicitó el traslado del proceso penal dentro del que se encuentra la diligencia injurada; así mismo, la mencionada prueba, en su momento, fue practicada a instancias de la parte actora, razones por las cuales se hace procedente la valoración, teniendo en cuenta que deberá ser apreciada, en conjunto, con las demás pruebas»12.

En ese sentido, a juicio de este Sala la prueba trasladada reúne los requisitos jurisprudenciales atrás señalados, toda vez que fueron incorporadas en el presente proceso, sin que el Municipio de Sucre, manifestara su tacha u oposición, así como fue remitido directamente por parte de la Fiscalía General de la Nación y a petición de la parte demandante. Por ende, resulta procedente su valoración por parte de la Sala. En ese sentido, se concluye que el estudio de dicha prueba y su respectiva valoración se efectuará en conjunto con las demás aportadas al plenario.

Finalmente, se pone de presente que en el proceso penal obra una declaración del

Sala. En ese sentido, se concluye que el estudio de dicha prueba y su respectiva valoración se efectuará en conjunto con las demás aportadas al plenario.

Finalmente, se pone de presente que en el proceso penal obra una declaración del señor Giovanny Manjarrés sobre los hechos, rendida ante la Fiscalía General de la Nación en el marco de la audienci a de conciliación, los cuales, igualmente serán valorados.

2.2. Acerca de la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia

2.3. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación. Además,

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero, Rad. 18001-23-31-000-2009-00277-01(45945) de fecha 14 de junio de 2018.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.4. El problema jurídico

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se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.4. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación13:

P.J. 01: ¿Debe declararse la responsabilidad administrativa y patrimonial del Municipio de Sucre, por el daño antijurídico sufrido por el señor Iván Darío Gil Gaitán el 4 de noviembre de 2017, cuando, al desplazarse en su motocicleta por la carrera 3 con calle 5 del corregimiento de Sabana Grande, fue impactado en el mentón por una cuerda de nailon que le ocasionó un corte contundente con secuelas medico legales de deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del estado , (ii) del régimen de responsabilidad por falla en la prestación del servicio por falta de señalización en las vías públicas , y, (iii) la valoración de las pruebas obrantes en el expediente.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. La responsabilidad del estado

Conforme lo ha señalado este Tribunal, el art. 90 de la Constitución Política señala: «El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (…)», en ese se ntido,

«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (…)», en ese se ntido, consagró que, para declarar la responsabilidad extracontractual del estado, se debe acreditar: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

13 Art. 328 del CGP . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido p or el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho a