TA SAN - Sentencia 68679-33-33-002-2016-00323-01 (13-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de primera instancia proferida 20 de febrero de 2023 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil.

I. LA DEMANDA

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del C.P.A.C.A., acuden ante esta jurisdicción los señores Candelaria Diaz Silva y otros en contra del E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro Santander , formulando las siguientes pretensiones:

1. Pretensiones

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Buscan los demandantes se declare administrativa y patrimonialmente al E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro por los daños y perjuicios ocasionados con ocasión de la muerte del señor Víctor Suárez Camacho (q.e.p.d.) ocurrida el 27 de septiembre de 2015 como consecuencia de la atención médica defectuosa y tardía, brindada al paciente entre los días 21 y 27 del mes y año antes señalados.

Expediente: 68679333300220160032301

Medio de control: Reparación Directa.

Demandantes: Candelaria Diaz Silva en calidad de esposa de la víctima directa,

Yazmin Suarez Díaz – hija Laura Suarez Díaz – hija Hermes Suarez Díaz – hijo Manuel Suarez Diaz – hijo Trino Suarez Diaz – hijo Flor María Suarez Diaz – hija fabiodej@hotmail.es

Yazmin Suarez Díaz – hija Laura Suarez Díaz – hija Hermes Suarez Díaz – hijo Manuel Suarez Diaz – hijo Trino Suarez Diaz – hijo Flor María Suarez Diaz – hija fabiodej@hotmail.es

Demandados: E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro

Santander. hmbjuridica@gmail.com lilianrocio162@hotmail.com Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Responsabilidad extracontractual del Estado por presunta falla en la prestación del servicio médico / se confirma la sentencia que niega pretensiones.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 68679333300220160032301

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Declarada la responsabilidad administrativa y patrimonial, solicita se reconozcan los siguientes perjuicios de tipo patrimonial y extrapatrimonial

1.1 Perjuicios morales:

Demandante Vinculo SMLMV Candelaria Diaz Silva Esposa 100 Yazmin Suarez Diaz Hija 80 Laura Suarez Diaz Hija 80 Hermes Suarez Diaz Hijo 80 Manuel Suarez Diaz Hijo 80 Trino Suarez Diaz Hijo 80 Flor María Suarez Diaz Hija 80

1.2 Lucro Cesante:

a. Consolidado: A favor de Candelaria Díaz Silva y Yazmín Suárez Díaz, en su condición de esposa e hija menor de edad de la víctima directa, el pago de Seis millones quinientos cincuenta y siete mil sesenta y dos pesos ($6.557.062), correspondiente a los ingresos que dejaron de

en su condición de esposa e hija menor de edad de la víctima directa, el pago de Seis millones quinientos cincuenta y siete mil sesenta y dos pesos ($6.557.062), correspondiente a los ingresos que dejaron de percibir desde la fecha de la presunta falla médica hasta la presentación de la demanda.

b. Futuro: A favor de Candelaria Díaz Silva y Yazmín Suárez Díaz, en su condición de esposa e hija menor de edad de la víctima directa, el pago de ciento dieciocho millones doscientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos ($118.279.585), suma que correspondería a los ingresos dejados de percibir desde la fecha de presentación de la demanda y hasta la expectativa de vida probable, conforme a los criterios de la Superintendencia Financiera de Colombia.

De forma subsidiaria, solicitan se reconozca, como un perjuicio independiente, la pérdida de oportunidad consistente en no haber sido curado si se le hubiese prestado de manera adecuada la atención médica; per juicio que tasa en 100 SMLMV para cada una de las demandantes: Candelaria Díaz Silva y Yazmín Suárez Díaz.

2. Hechos

(Págs.12 a 28 archivo 01 OneDrive)

Como fundamento de las pretensiones, los demandantes relatan los siguientes hechos relevantes:

2.1. El 19 de septiembre de 2015 el señor Víctor Suarez Camacho (q.e.p.d.) consultó al servicio de cirugía del Hospital Regional de Socorro, debido a que tenía programado un procedimiento quirúrgico denominado prostatectomía abierta, que realizaría el Doctor Fernando Guzmán Chávez.Tribunal Administrativo de Santander

consultó al servicio de cirugía del Hospital Regional de Socorro, debido a que tenía programado un procedimiento quirúrgico denominado prostatectomía abierta, que realizaría el Doctor Fernando Guzmán Chávez.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 68679333300220160032301

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2.2 Previo a la cirugía el señor Suarez Camacho (q.e.p.d.) era una persona sana, no había sido hospitalizado, ni tenía controles médicos. Únicamente presentaba pequeños problemas al orinar consistentes en que, durante la noche, orinaba en repetidas ocasiones.

2.3 Con posterioridad a la cirugía el señor Suarez Camacho (q.e.p.d.) comenzó a tener algunos problemas como lo fue un sangrado en abundante de la herida quirúrgica, tras una baja significativa en la hemoglobina y el hematocrito, tal y como consta en la historia clínica del 21 de septiembre de 2015.

2.4 Los días siguientes, esto es, 22 y 23 de septiembre, se observa según historia clínica, que tuvo una buena evolución y no presentó sangrado; sin embargo, el día 24 según anotación de las 18:11 horas, se evidencia una baja en los niveles de hemoglobina lo que obligó a los médicos tratantes a realizar transfusión sanguínea.

2.5 La baja en los niveles de hemoglobina indican, que el señor Suarez Camacho (q.e.p.d.) estuvo perd iendo sangre en los días anteriores y, los médicos no se habían percatado de ello.

2.6 Tras citar un aparte de la historia clínica del 25 de septiembre de 2015

Camacho (q.e.p.d.) estuvo perd iendo sangre en los días anteriores y, los médicos no se habían percatado de ello.

2.6 Tras citar un aparte de la historia clínica del 25 de septiembre de 2015 concluye que, el señor Víctor Suarez (q.e.p.d.) llevaba cuatro días hospitalizado durante los cuales se había deteriorado su estado de salud. Situación que consideran anormal, pues, en lugar de mejorar se observó un deterioro progresivo.

2.7 El 26 de septiembre se insertó en la historia clínica del paciente que no estaba evolucionando satisfactor iamente, que presentaba dolor y malestar general, lo que conduce a afirmar que, estaba en un evidente detrimento, lento y progresivo frente al que el médico tratante no ordenó exámenes adicionales y simplemente se limitó a referir que el señor Suarez Camacho (q.e.p.d.) debía pararse de la cama y caminar, como si el ato de caminar hubiese hecho la diferencia en su recuperación.

2.8 Afirman que la señora Candelaria Díaz le manifestó tanto a los médicos de turno como a las enfermeras que el señor Víctor Suar ez (q.e.p.d.) se estaba hinchando, signo claro de una retención de líquidos que hacía necesario pedir una prueba de función renal. Sin embargo, en la E.S.E aquí demandada, se limitaron a decir, de forma déspota incluso, que dicho síntoma se debía a que el paciente se negaba a caminar.

2.9 Aseguran que el señor Suarez Camacho (q.e.p.d.) no sufría de enfermedad alguna relacionada con su riñón previo a la cirugía.

el paciente se negaba a caminar.

2.9 Aseguran que el señor Suarez Camacho (q.e.p.d.) no sufría de enfermedad alguna relacionada con su riñón previo a la cirugía.

2.10 El 27 de septiembre la salud del señor Víctor Suarez (q.e.p.d.) empeoró, lo que conllevó a que el médico tratante decidiera pedir la colaboración de otroTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 68679333300220160032301

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colega de otra especialidad, en este caso, de medicina interna, pues el paciente presentó dificultades para respirar.

Pese al síntoma antes referido, no se ordenó examen especializado alguno, como por ejemplo una placa de rayos x.

2.11 Pese a que la interconsulta con médico internista se solicitó desde las 10:28 y que la E.S.E Hospital Regional de l Socorro cuenta con servicio por esta especializad las 24 horas del día, el médico interno atendió al señor Víctor Suarez (q.e.p.d.) hasta las 17:00 horas. Para ese momento el paciente tenía un edema grado 3 en sus miembros inferiores y la dificultad para respirar persistía y empeoraba; es por ello que, se le practican exámenes como la toma de gases arteriales que reportan una acidosis metabólica.

2.12 El estado de salud del señor Víctor Suarez (q.e.p.d.) se tornó tan complicado que, el médico general de piso inició trámites de remisión a l a Unidad de Cuidados Intensivos, sin embargo, antes de que el traslado se hiciera efectivo, el paciente presentó una crisis en su estado de salud que

complicado que, el médico general de piso inició trámites de remisión a l a Unidad de Cuidados Intensivos, sin embargo, antes de que el traslado se hiciera efectivo, el paciente presentó una crisis en su estado de salud que produjo su muerte a las 21:50 de la noche.

2.13 Afirman que la víct ima directa adquirió su deficiencia renal durante su estadía en la E.S.E demandada, diagnostico que no fue tratado y que, de haberlo hecho, hubiese permitido que sobreviviera.

A la letra aseguran:

<<si se hubiera diagnosticado al paciente correctamente desde que empezó a empeorar su estado salud, si se hubiera controlado el sangrado que nunca se supo de donde era y si se hubiera descubierto a tiempo la insuficiencia renal, se hubiera ofrecido el tratamiento médico que necesitaba, dando un manejo diferente al ofrecido (…) si el médico internista hubiere estado más pendiente del paciente y lo hubieran manejado de una correcta forma, para estabilizarlo desde la mañana y remitirlo a la UCI o, realizándole una hemodiálisis por urgencia dialítica, el daño demandable probablemente no se hubiera concretado>>

3. Fundamentos de la responsabilidad

(Págs.28 a 42 archivo 01 OneDrive)

Los demandantes imputan el daño reclamado a la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro a título de falla en el servicio, pues aseguran que, la entidad demandada incurrió en negligencia, impericia, imprudencia, inobservancia y desconocimiento frente a la atención médica que le brindó al señor Suarez Camacho (q.e.p.d.) pues no le brindó de forma oportuna el

la entidad demandada incurrió en negligencia, impericia, imprudencia, inobservancia y desconocimiento frente a la atención médica que le brindó al señor Suarez Camacho (q.e.p.d.) pues no le brindó de forma oportuna el tratamiento adecuado generando con ello su muerte o por menos, la oportunidad de vivir.

De manera puntual, señalan las siguientes fallas en las que afirman, incurrió la E.S.E demandada:Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 68679333300220160032301

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<<1.) el erro del médico tratante que a pesar de observar su paciente en continuo deterioro día a día, se dedicó a transcribir las mismas notas médicas o por lo menos no ahondó en las causales del deterioro de salud, más aún tampoco se apoyó en otros coleg as de otras especialidades para poder buscarle un fin o por lo menos que evolucionara satisfactoriamente.

2.) El error por parte del médico internista quien a pesar de ser un hospital de tercer nivel y contar con este profesional de forma casi permanente, transcurrió casi 12 horas después de la solicitud de la interconsulta y el momento en que se hizo presente. Este profesional de la medicina no vino a examinar a su paciente y tampoco estuvo presto a cambiar o complementar el tratamiento o los posibles exámenes o paraclínicos que pudo haber enviado dependiendo de su criterio y conocimiento y,

3.) El error del médico general que no estuvo pendiente del paciente como era su deber, según lo manifiestan los testigos presenciales o sea los familiares del fall ecido, que se encontraron en la hospitalización permanente con el paciente, teniendo en cuenta que el médico general

3.) El error del médico general que no estuvo pendiente del paciente como era su deber, según lo manifiestan los testigos presenciales o sea los familiares del fall ecido, que se encontraron en la hospitalización permanente con el paciente, teniendo en cuenta que el médico general solo se hizo presente, cada vez que el paciente se deterioró en forma crítica, progresiva y de forma poco diligente, realizando procedimientos por vía telefónica, sin la presencia del especialista o según su convicción y atendiendo a los llamados por vía telefónica>>

II. CONTESTACIONES A LA DEMANDA

La E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro – Santander no contestó a demanda.

III. LA SENTENCIA APELADA

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El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil mediante providencia del 20 de febrero de 2023, resuelve negar las pretensiones y no condenar en costas en primera instancia.

Como fundamento de su decisión expone el A-Quo con base en jurisprudencia del Consejo de Estado que, el título de responsabilidad en los procesos donde se reclamen daños causados por la prestación del servicio médico es la falla probada del servicio, debiendo entonces el demandante, probar los tres elementos de la responsabilidad, esto es: el daño, falla en el servicio y nexo causal. Así, asegura el señor Juez de primera instancia, haberse demostrado el daño, consistente en la muerte del señor Víctor Suarez Camacho (q.e.p.d.), no así, la imputación de este a la entidad demandada, llegando entonces el estudio del juicio de responsabilidad, hasta este elemento.

Explica, con base en las pruebas que obran en el expediente que, la atención

no así, la imputación de este a la entidad demandada, llegando entonces el estudio del juicio de responsabilidad, hasta este elemento.

Explica, con base en las pruebas que obran en el expediente que, la atención médica brindada a la víctima directa fue pronta, permanente y continua, pues no hubo interrupciones prolongadas en la atención, se ordenaron los exámenes tendientes a confirmar o descartar un determinado diagnóstico, así como los medicamentos y tratamientos acordes a los diagnósticos. Agrega que la entidad demandada dispuso, para la atención del paciente, profesionales deTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 68679333300220160032301

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la salud tales como enfermeras, enfermera jefe, médico general, médico especialista en urología, médico internista.

Sostiene que, de la historia clínica se desprende que la condición médica del paciente se deterioró en un lapso corto, esto es, en el último día de vida, periodo en el cual, pase a la atención prestada y, el tratamiento ordenado, falleció. Sumado a que la causa de la muerte, aunque no fue determinada, según el médico Cesar Augusto Barajas Herrera, quien atendió al paciente durante el periodo que estuvo hospitalizado, obedece posiblemente a la hipertensión que padecía el señor Suarez Camacho (q.e.p.d.) y a la exposición al humo de leña, antecedente registrado previa programación de la cirugía.

Recuerda que las obligaciones que surgen en desarrollo de la prestación del servicio médico a cargo de la entidad demandada son de medio y no de resultado, por lo que lo que se exige de es la aplicación de las técnicas idóneas

Recuerda que las obligaciones que surgen en desarrollo de la prestación del servicio médico a cargo de la entidad demandada son de medio y no de resultado, por lo que lo que se exige de es la aplicación de las técnicas idóneas y pertinentes en función de la práctica médica, sin que pueda aceptarse una responsabilidad basada en la sola producción del daño.

Frente a la pretensión subsidiaria consistente en la pérdida d e oportunidad, reitera, como argumento para negarla, lo expresado frente a la atención de salud que la entidad demandada brindó a la víctima directa, la cual estuvo conforme a la Lex Artisk, sumado a que, no fue posible determinar que existía una oportunidad legitima para el paciente de recuperarse satisfactoriamente si el actuar de la entidad demandada hubiese sido otro.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante (Archivo 09 OneDrive) reprocha las conclusiones a las que arribó el A-Quo y solicita se revoque la sentencia recurrida. Reitera, tal y como lo expuso en la demanda que, la atención recibida por el señor Víctor Suarez Camacho (q.e.p.d.) no fue oportuna, adecuada ni estuvo conforme la Lex Artis. Es enfática en sostener que la víctima directa ingresó a practicarse la cirugía denominada prostatectomía en buenas condiciones de salud, sin dificultades respiratorias o problemas renales, diagnósticos que asegura se generaron durante el periodo en el que estuvo hospitalizado y no fueron identificados por los médicos y muchos menos, tratados en debida forma.

Sostiene que el dictamen pericial en el que se basa la sentencia recurrida fue somero y no contiene argumentación suficiente, omit iendo el análisis

los médicos y muchos menos, tratados en debida forma.

Sostiene que el dictamen pericial en el que se basa la sentencia recurrida fue somero y no contiene argumentación suficiente, omit iendo el análisis adecuado de la progresión de la insuficiencia renal y el sangrado post quirúrgico que sufrió el paciente.

En consecuencia, solicita se declare la falla en el servicio en la que incurrió la parte demandada y, de no advertirse, se analice bajo el régimen de responsabilidad objetiva, pues asegura, no existe algún hecho jurídicamente relevante que demuestre la estructuración de alguno de los eximentes de responsabilidad.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIATribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 68679333300220160032301

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El proceso llegó a este Tribunal el 20 de junio de 2023 , profiriéndose auto admisorio del recurso de apelación el 27 del mismo mes y año. Sin que las partes hubiesen radicado alegatos de conclusión, el expediente reingresa al Despacho para proferir sentencia de segunda instancia el 26 de febrer o de 2025.

VI. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia.

1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias

los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia.

1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Adminis trativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Problemas Jurídicos.

De acuerdo con la reseña que antecede y, especialmente con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, deberá el Tribunal en esta instancia formular y resolver los siguientes problemas jurídicos a saber:

Pj1. ¿Le es imputable a la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán el daño consistente en la muerte del señor Víctor Suarez Camacho (q.e.p.d.)?

Tesis: No

Pj2. ¿Incurrió la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro en falla en la prestación del servicio de salud que estructure el daño autónomo consistente en la pérdida de oportunidad de sobrevivir del señor Víctor Suárez (q.e.p.d.) o cuando menos, de haber sido diagnosticado o tratado por la enfermedad que causó la muerte?

Tesis: No

Fundamentos jurídicos: Análisis de las pruebas del que se concluye que, la prestación del servicio de salud brinda por la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro al señor Víctor Suárez Camacho (q.e.p.d.) se hizo conforme los manuales médicos, de forma oportuna, conti nua, permanente y coherente con los síntomas y padecimientos presentados por el paciente

Beltrán del Socorro al señor Víctor Suárez Camacho (q.e.p.d.) se hizo conforme los manuales médicos, de forma oportuna, conti nua, permanente y coherente con los síntomas y padecimientos presentados por el paciente desde el momento en el que se le programó el procedimiento quirúrgicoTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 68679333300220160032301

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producto de un diagnóstico de próstata. Así, no se logró demostrar que la entidad demandada hubiese incurrido en alguna falla que le causara la muerte a la víctima directa o que, por menos, le hubiese arrebatado la oportunidad de sobrevivir o ser diagnosticado y tratado por otra enfermedad que hubiese sido la causa de la muerte.

3. Marco normativo y Jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio:

3.1 De la responsabilidad del Estado: Elementos de responsabilidad.

El artículo 90 de la Constitución de 1991 señala dos elementos que deben presentarse para que surja la responsabilidad patrimonial del Est ado: (i) la constatación de que un particular sufrió un daño antijurídico, entendido como aquel que quien lo padece no está en la obligación de soportar” y, (ii) la imputación -fáctica y jurídicade ese daño al Estado por la ocurrencia de una acción, omisión o extralimitación a su contenido obligacional.

3.1.1 Noción de daño antijurídico.

Para que un daño sea antijurídico, el Consejo de Estado ha considerado que debe suponer “una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se

3.1.1 Noción de daño antijurídico.

Para que un daño sea antijurídico, el Consejo de Estado ha considerado que debe suponer “una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico” . Esta referencia muestra que la calificación de un daño es norm ativa, por lo que la condición de su antijuridicidad descansa en la contradicción de una norma positiva con ocasión de la lesión irrigada a una persona que es titular de derechos. Por ende, si la lesión no contradice una norma jurídica, el daño será jurídico y por tanto no es indemnizable por el Estado. Ahora bien, para que el daño antijurídico sea indemnizable debe ser personal y cierto. Lo primero ocurre cuando se demuestra que el daño se irriga sobre el demandante, esto es que él es el titular del derech o o está protegido por el bien jurídico que es lesionado. Y la certeza del daño se tiene cuando se prueba que ya ha ocurrido, tiene ocurrencia o puede ocurrir, por lo que el daño antijurídico indemnizable puede ser pasado, actual o futuro; pero si es event ual, hipotético o apenas posible no será un daño reparable.

3.1.2 La imputación fáctica y jurídica.

Recuerda la Sala que luego de acreditada la existencia de un daño antijurídico, el juzgador debe elaborar un juicio de imputabilidad que le permita encon trar un título jurídicó distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión. Y el juicio de imputabilidad supone un estudio de imputación fáctica y otro de imputación jurídica1:

un título jurídicó distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión. Y el juicio de imputabilidad supone un estudio de imputación fáctica y otro de imputación jurídica1:

a) Imputación fáctica: en ella se estudia si es posible atribuir el daño a un autor en el plano ontológico, para lo cual se debe determinar el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar –acción u omisión–, que podría

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del nueve (9) de junio de dos mil diez (2010). C.P.: Enrique Gil Botero.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 68679333300220160032301

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interpretarse como causalidad material, per o que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación. La imputación fáctica es importante pues sólo el autor del daño antijurídico podría eventualmente ser llamado a repararlo,

b) Imputación jurídica: en ella se establece si el daño antijurídico que existe en el plano fáctico origina una obligación jurídica de repararlo. Este estudio es eminentemente jurídico y busca establecer si el demandado debe o no resarcir los perjuicios a partir de la existencia de algún título de imputación: que puede ser la verificación de una culpa (o falla del servicio), o por la concreción de un título del régimen objetivo.

3.2 La falla del servicio como título de imputación subjetivo:

De manera general se consideró por u n tiempo importante que este régimen

ser la verificación de una culpa (o falla del servicio), o por la concreción de un título del régimen objetivo.

3.2 La falla del servicio como título de imputación subjetivo:

De manera general se consideró por u n tiempo importante que este régimen permite imputar un daño cuando el mismo se deriva de la no prestación de un servicio a cargo del Estado, o cuando es prestado en forma tardía o defectuosa, entendiendo por servicio, el funcionamiento general del aparato estatal, con miras a obtener el cumplimiento de los cometidos estatales2.

La noción de falla del servicio se ha venido refinando, entiéndase presente cuando se evidencia la violación del contenido obligacional a cargo del estado, el cual se contempla en leyes, reglamentos o normas jurídicas en donde se establecen las obligaciones y deberes del Estado y sus servidores; o también, por lo menos, de las funciones genéricas que tiene el Estado y se encuentra consagrada en el artículo 2ª superior. Así la falla se configura cuando las autoridades no han cumplido sus obligaciones, o lo hacen de manera defectuosa o retrasada.

En efecto, para verificar la ocurrencia de una falla del servicio, se debe contrastar el contenido obligacional abstracto previsto para la entidad demandada y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por su parte, siendo necesario para esto:

A. Establecer el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración,

B. La forma en que se debió cumplir tal obligación, o la que se le podía exigir,

C. Para posteriormente, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, determinar si obró diligentemente.

B. La forma en que se debió cumplir tal obligación, o la que se le podía exigir,

C. Para posteriormente, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, determinar si obró diligentemente.

En lo que respecta a la carga de la prueba se tiene que, radica en quien alega la falla del serv icio, es decir, es el demandante quien tiene la carga de

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección C, Sentencia del 29 de abril de 2020, rad 56329, C.P Nicolas Yepes Corrales.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 68679333300220160032301

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demostrar la ocurrencia de los hechos que constituyen el incumplimiento obligacional de la administración3.

3.3 De la falla en la prestación de servicios de salud:

El régimen probatorio aplicable a los juicios por responsabilidad médica ha experimentado una evolución a lo largo del tiempo, iniciando bajo el régimen de falla probada del servicio, transitando hacia la falla presunta del servicio y posteriormente a los s upuestos de la carga dinámica de la prueba. Sin embargo, desde el año 2006, se retomó el régimen de falla probada, esto, considerando la complejidad de tienen los asuntos médicos y las dificultades probatorias que enfrentan las instituciones públicas debid o al tiempo que transcurre y la magnitud de casos que gestionan.

Es por esto, que, en la actualidad, los casos de falla médica se analizan bajo el régimen de falla probada del servicio, lo que implica que, quien pretenda la reparación de un daño como con secuencia de un acto médico, deberá

Es por esto, que, en la actualidad, los casos de falla médica se analizan bajo el régimen de falla probada del servicio, lo que implica que, quien pretenda la reparación de un daño como con secuencia de un acto médico, deberá demostrar la existencia del mismo y su imputabilidad a la entidad demandada4.

El H. Consejo de Estado en sentencia del 28 de febrero de 20225, se pronunció sobre el deber del demandante de demostrar probatoriamente la existencia de la falla, señalando que:

<<El demandante debe, pues, demostrar el daño, la falla [culpa de la Administración] por una omisión o una acción negligente o irregular de la entidad estatal y el nexo de causalidad, es decir, que la falla médica [culpa de la Administración] fue la causa adecuada del daño sufrido. A pesar de que la carga probatoria es del demandante, la entidad estatal puede exonerar su responsabilidad si acredita la diligencia y cuidado, o que el daño sobrevino como consecuencia d e una causa externa, como la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, o que fue el desenlace natural de la patología del paciente>>.

Ahora bien, es importante destacar lo señalado por el H. Consejo de Estado en la sentencia previamente mencionada, en relación con la forma en que debe analizarse la responsabilidad del estado cuando se acredite un incumplimiento, indicando lo siguiente:

<<Siempre que esté demostrado el incumplimiento de obligaciones por parte del Estado, se deberá estudiar su responsabilidad bajo el régimen subjetivo, esto es, la falla del servicio. Bajo este régimen de responsabilidad subjetiva, al demandante le corresponde demostrar (i) un

parte del Estado, se deberá estudiar su responsabilidad bajo el régimen subjetivo, esto es, la falla del servicio. Bajo este régimen de responsabilidad subjetiva, al demandante le corresponde demostrar (i) un daño, (ii) una conducta activa u omisiva de la Administración y (iii) la relación de causalidad entre esta y aquel. La conducta constitutiva de falla del servicio [culpa de la Administración] debe ser tardía, irregular, ineficiente o ause