TA SAN - Sentencia 68679-33-33-002-2019-00034-02 (23-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, octubre veintitrés (23) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 686793333002 2019 00034 02

Demandante: LEONOR LOPEZ SANCHEZ

RUMALDO MEDINA ALVAREZ

MANUEL ALEJANDRO MEDINA LOPEZ

claudioolarte@gmail.com

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-.

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

Ministerio Público: JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co Tema: Falla en el servicio – posesión empleado judicialSe decide el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil , el día 27 de abril de 2023 , en cuanto accedió a las súplicas de la demanda.

Pretensiones:

Las pretensiones de la demanda formulada por la parte actora son las siguientes:

“PRIMERA: Que la NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, es responsable civil y administrativamente de la

“PRIMERA: Que la NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, es responsable civil y administrativamente de la totalidad de los daños y perjuicios de todo orden ocasio nados a los demandantes, como consecuencia de las fallas en la prestación del servicio público, consistente en no dar posesión oportunamente, a la doctora LEONOR LOPEZ SANCHEZ, en el cargo de Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación - Santander a pesar de haber proferido la resolución de nombramiento conforme a la lista de elegibles que llegara al Despacho Judicial referido, siendo su obligación hacerlo.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior se ordene a la parte

demandada NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SECCIONA L SANTANDER, reconocer y pagar a titulo de indemnización por perjuicios materiales (lucro cesante y daño emergente, histórico, consolidado y futuro), asi: PERJUICIOS MATERIALES: LUCRO CESANTE 2.3. A titulo de indemnización por perjuicios materiales (daño emergente) a favor de LEONOR LÓPEZ SÁNCHEZ, por conceptoSentencia de Segunda Instancia 686793333002 2019 00034 02

2 de la diferencia salarial dejada de devengar desde la fecha en que debió ser posesionada y la fecha que se posesionó, actualizado a la fecha de presentación

686793333002 2019 00034 02

2 de la diferencia salarial dejada de devengar desde la fecha en que debió ser posesionada y la fecha que se posesionó, actualizado a la fecha de presentación de la demanda, la suma de DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL

SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (10 .156.622,00) MCTE. TOTAL LUCRO

CESANTE DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

VEINTIDÓS PESOS (10.156.622,00) MCTE.

TOTAL LUCRO CESANTE

DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

PESOS (10.156.622,oo) MCTE.

TERCERA: Que como consecuencia de la primera declaración y para reparar los daños causados a mis mandantes, se condene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL –

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, para que con cargo a su presupuesto, se les pague a mis mandantes, el valor a que asciendan la totalidad de los perjuicios materiales causados a título de lucro cesante cierto y futuro.

CUARTA: Que la indemnización de perjuicios que se haga teniendo en cuenta la indexación o corrección monetaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se deberá actualizar sin solución de continuidad, desde la fecha en que se causó el daño hasta el momento del pago total de la reparación del mismo.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se deberá actualizar sin solución de continuidad, desde la fecha en que se causó el daño hasta el momento del pago total de la reparación del mismo.

QUINTA: La liquidación y pago de los perjuicios materiales, lucro cesante, cierto y futuro, se hará en sumas de dinero de curso legal en Colombia, devengando el respectivo interés técnico o legal de que trata el artículo 1617 del Código Civil, por el lapso del 08 de mayo de 2016, hasta la fecha en que quede debidamente ejecutoriado el fallo que resuelva favorablemente esta acción.

SEXTA: La liquidación y pago de las sumas reconocidas como resultado de esta acción, se hará en sumas de dinero de curso legal en Colombia, devengando intereses comerciales en la forma establecida por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMA: Que se condene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, al pago de las costas del proceso y las agencias en derecho.

OCTAVA: Que se declare y reconozca a favor de mis poderdantes todo perjuicio que se cause y aparezca plenamente demostrado en el proceso, en aras de hacer efectivo el principio de la reparación integral del daño.

NOVENA: Que a la sentencia que profiera en Primera y Segunda Instancia, se le dé cumplimiento en el término y para los efectos a que se contraen el poder otorgado.

efectivo el principio de la reparación integral del daño.

NOVENA: Que a la sentencia que profiera en Primera y Segunda Instancia, se le dé cumplimiento en el término y para los efectos a que se contraen el poder otorgado.

ACTUALIZACIÓN DE LAS SUMAS: Solicito la indexación o actualización de las sumas indemnizatorias de perjuicios de acuerdo con los I.P.C. (índice de precios al consumidor) certificado por el DANE”.Sentencia de Segunda Instancia 686793333002 2019 00034 02

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Hechos:

En septiembre de 2016, la señora Nancy Socorro Peralta Vargas desempeñaba de manera provisional el cargo de Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación.

Mediante Acuerdo No. 2932 del 8 de septiembre de 2016, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander elaboró la lista de elegibles para ocupar dicho cargo, en la cual figuró como única aspirante Leonor López Sánchez. Esta lista fue remitida al despacho judicial mediante Oficio No. 1810 del 9 de septiembre de 2016.

Por medio de Resolución No. 002 del 30 de septiembre de 2016, la Juez Promiscuo Municipal de Contratación nombró en propiedad a Leonor López Sánchez como Secretaria Grado Nominado. Frente a este nombramiento, la señora Nancy Socorro Peralta Vargas interpuso recurso de reposición el 4 de octubre de 2016.

Posteriormente, mediante sentencia de tutela del 4 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander tuteló los derechos al trabajo y al mínimo vital de la

Peralta Vargas interpuso recurso de reposición el 4 de octubre de 2016.

Posteriormente, mediante sentencia de tutela del 4 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander tuteló los derechos al trabajo y al mínimo vital de la accionante Nancy Socorro Peralta Vargas, ordenando a la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura que, en caso de que el cargo fuera provisto con la persona que ocupaba el primer lugar en la lista de elegibles, se procediera a reubicar a la accionante en otra vacante provisional, garantizando medidas de protección laboral diferenciada frente a otros servidores provisionales.

Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado el 15 de diciembre de 2016.

Mientras tanto, el 6 de octubre de 2016 se notificó a Leonor López Sánchez de su nombramiento, quien aceptó el cargo por escrito el 12 de octubre del mismo año. Sin embargo, mediante acto administrativo del 17 de noviembre de 2016, la Juez del despacho dec idió revocar la Resolución No. 002 de septiembre 30 de 2016, acogiéndose al recurso interpuesto por Nancy Socorro Peralta Vargas.

Dicha revocatoria fue notificada a Leonor López Sánchez el mismo 17 de noviembre de 2016.

No obstante, en desarrollo de una nueva acción de tutela, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2016, dejó sin efectos el acto de revocatoria, manteniendo vigente el nombramiento efectuado porSentencia de Segunda Instancia 686793333002 2019 00034 02

4 la Resolución No. 002 del 30 de septiembre de 2016. Esta decisión fue confirmada

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4 la Resolución No. 002 del 30 de septiembre de 2016. Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 2 de febrero de 2017, fecha en la cual Leonor López Sánchez tomó posesión del cargo de Secretaria en propiedad del Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación (Santander).

Contestación de la demanda

NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL: Se destaca que en el presente caso se presentó una tensión constitucional que no podía resolverse de manera simple o con una interpretación literal de la norma, dado que estaban en juego derechos fundamentales tanto de la accionante como de la señora Peralta Vargas . En tal contexto, todas las autoridades que participaron en el proceso de conformación de los registros y en la elaboración de las listas de elegibles —incluyendo la Dirección Seccional de Administración Judicial y la autoridad nominadora de la demandante— quedaron sujetas al resultado de dicho conflicto de derechos, máxime cuando ambas funcionarias promovieron acciones de tutela en las cuales dichas autoridades fueron vinculadas como partes.

Se advierte que resulta desproporcionado que la demandante pretenda, a través de este medio de control, el pago de cuatro meses de salarios que, según su criterio, le adeuda la Rama Judicial, bajo el argumento de no haber sido posesionada oportunamente, cuando lo cierto es que nunca existió una relación legal y reglamentaria entre ella y la entidad demandada que legitimara tal reclamación. En efecto, al 12 de octubre de 2016 , fecha en que manifestó su

posesionada oportunamente, cuando lo cierto es que nunca existió una relación legal y reglamentaria entre ella y la entidad demandada que legitimara tal reclamación. En efecto, al 12 de octubre de 2016 , fecha en que manifestó su aceptación al nombramiento y exigía su posesión inmediat a, ignoraba la situación de especial protección constitucional reconocida a su compañera de trabajo y pasaba por alto que tanto su nominadora como el Consejo Seccional de la Judicatura se encontraban vinculados a procesos de tutela cuyas decisiones condicionaban su actuación.

Asimismo, se resalta que, pese a la complejidad administrativa y constitucional del asunto, la Juez nominadora actuó con prudencia y diligencia , solicitando conceptos y orientaciones jurídicas a la Unidad de Carrera Judicial, con el fin de adoptar una decisión sustentada en fundamentos técnicos, legales y constitucionales. Ello demuestra su interés en resolver de manera razonada y dentro del marco jurídico vigente la controversia presentada.

En ese sentido, la autoridad nominadora procedió a revocar la Resolución No. 002 de 2016 considerando los derechos fundamentales de la señora Peralta Vargas,Sentencia de Segunda Instancia 686793333002 2019 00034 02

5 así como las directrices del Consejo Superior de la Judicatura y la jurisprudencia de la Corte Constitucional , la cual ha reiterado la protección reforzada que asiste a las personas en condición de debilidad manifiesta, como era su caso.

La entidad demandada enfatiza que se trató de un caso complejo, en el que debía armonizarse la legalidad administrativa con la salvaguarda de los derechos

reforzada que asiste a las personas en condición de debilidad manifiesta, como era su caso.

La entidad demandada enfatiza que se trató de un caso complejo, en el que debía armonizarse la legalidad administrativa con la salvaguarda de los derechos fundamentales de las partes involucradas, sin generar perjuicio a ninguna de ellas. Por lo anterior, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opone a todas las pretensiones de la demanda, sustentando su defensa en que: (i) la acción se encuentra caducada; (ii) los actos administrativos que se pretenden controvertir fueron expedidos con apego a la normativa vigente, en especial a la Constitución Política de 1991, la Ley 270 de 1996 y la Ley 1437 de 2011 ; (iii) dichos actos fueron proferidos por autoridad competente, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 131, numeral 8, de la Ley 270 de 1996 , con fundamento en pruebas, hechos acreditados, y conforme a la jurisprudencia constitucional apli cable al caso; y (iv) se encuentran en firme y amparados por la presunción de legalidad , de conformidad con el artículo 87 del CPACA, por lo que deben ser acatados por la Dirección Ejecutiva Seccional.

De igual manera, se precisa que la accionante contaba con la posibilidad de ejercer oportunamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución que revocó su nombramiento, sin que la acción de tutela fuera el mecanismo idóneo para tal fin.

Finalmente, se señala que la demandante fue posesionada en propiedad como Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación , incorporada al

el mecanismo idóneo para tal fin.

Finalmente, se señala que la demandante fue posesionada en propiedad como Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación , incorporada al régimen de carrera judicial, y se le pagaron los salarios desde el 2 de febrero de 2017. Por tanto, la administración cumplió con todas las actuaciones necesarias para restablecer la situación jurídica y material a favor de la accionante, conforme al marco legal y a las decisiones constitucionales que resolvieron el conflicto.

Sentencia de primera instancia

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de San Gil accedió a las pretensiones formuladas por la demandante al considerar configurada una falla en el servicio , derivada de la omisión en dar posesión oportuna a la señora Leonor López Sánchez en el cargo de Secretaria GradoSentencia de Segunda Instancia 686793333002 2019 00034 02

6 Nominado del Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación (Santander) . El A-quo determinó que: • La demandante fue nombrada en propiedad mediante Resolución No. 002 del 30 de septiembre de 2016 , en virtud del Acuerdo No. 2932 del 8 de septiembre de 2016 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. • La aceptación del cargo ocurrió el 12 de octubre de 2016 , por lo que, conforme al artículo 133 de la Ley 270 de 1996 , su posesión debía efectuarse a más tardar el 3 de noviembre de 2016. • Sin embargo, la posesión solo tuvo lugar el 2 de febrero de 2017 ,

conforme al artículo 133 de la Ley 270 de 1996 , su posesión debía efectuarse a más tardar el 3 de noviembre de 2016. • Sin embargo, la posesión solo tuvo lugar el 2 de febrero de 2017 , generándose un retraso injustificado de tres meses, sin causa jurídica que legitimara tal dilación. • El argumento de la entidad demandada sobre la “tensión de derechos” entre la actora y la señora Nancy Socorro Peralta Vargas fue descartado, ya que la tutela interpuesta por esta última fue resuelta desde el 4 de octubre de 2016, y en ella se ordenó expresamente no dilatar el nombramiento de quien ocupaba el primer lugar en la lista de elegibles.

Por tanto, el Juzgado de primera instancia concluyó que la omisión de la juez nominadora constituyó una falla en el servicio , imputable a la Rama Judicial, en tanto se desconocieron los términos legales para la posesión de la actora, generando un daño antijurídico que ésta no estaba obligada a soportar.

Reconocimiento de perjuicios y criterios de liquidación: El Juzgado reconoció perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante , correspondientes a la diferencia salarial entre el cargo que la demandante desempeñaba como escribiente judicial y el que le correspondía como secretaria, durante el periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 2016 y el 1 de febrero de 2017.

Criterios de liquidación: Se tomó como base la asignación básica mensual y la bonificación judicial certificadas por la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial de Bucaramanga. La diferencia salarial mensual se calculó así:

Criterios de liquidación: Se tomó como base la asignación básica mensual y la bonificación judicial certificadas por la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial de Bucaramanga. La diferencia salarial mensual se calculó así: 2016: Sueldo básico $1.112.968 y bonificación $705.473. 2017: Sueldo básico $1.188.093 y bonificación $871.702. El total del periodo arrojó una diferencia de $5.583.491, a la cual se adicionó un 25% por concepto de prestaciones sociales, para un subtotal de $6.979.363. Dicho valor fue actualizado conforme al IPC certificado por el DANE (índice inicial 95,01 / índice final 131,77), resultando una suma total de $9.679.678.Sentencia de Segunda Instancia 686793333002 2019 00034 02

7 Acorde con lo anterior, la sentencia de primera instancia ordenó: “PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL por los perjuicios ocasionados a los demandantes, como consecuencia de falla en el servicio consistente en omitir posesionar oportunamente a la señora LEONOR LÓPEZ SÁNCHEZ, en el cargo Secretario Grado Nominado del Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor de la demandante LEONOR LÓPEZ SÁNCHEZ , por concepto de perjuicios materiales la suma

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor de la demandante LEONOR LÓPEZ SÁNCHEZ , por concepto de perjuicios materiales la suma equivalente a NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 9.679.678) , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: SIN CONDENA en costas y agencias en derecho por cuando no se encuentra probado que se estructuren los presupuestos del artículo 188 del

C.P.A.C.A.

(…)”. Recurso de apelación

El recurso de apelación fue interpuesto por el apoderado judicial de la Nación – Rama Judicial contra la sentencia del 27 de abril de 2023 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil , que declaró responsable a la entidad por omitir la posesión oportuna de Leonor López Sánchez en el cargo de Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación y la condenó al pago de perjuicios materiales.

El apelante sostiene que la decisión de primera instancia incurrió en errores de apreciación fáctica y jurídica , pues la supuesta demora en la posesión de la demandante no constituye una falla en el servicio, sino una consecuencia de la compleja tensión de derechos constitucionales que existía entre Leonor López Sánchez, ganadora del concurso, y Nancy Socorro Peralta Vargas , servidora provisional amparada por una acción de tutela y con estabilidad laboral reforzada.

A juicio de la entidad, la juez nominadora actuó con prudencia al no posesionar

provisional amparada por una acción de tutela y con estabilidad laboral reforzada.

A juicio de la entidad, la juez nominadora actuó con prudencia al no posesionar inmediatamente a la señora López Sánchez, en atención a las órdenes judiciales y al debate constitucional en curso, por lo cual no puede derivarse responsabilidad estatal.Sentencia de Segunda Instancia 686793333002 2019 00034 02

8 Cuestionamiento de los hechos probados: El apoderado detalla una revisión de los hechos considerados acreditados por el a quo, precisando lo siguiente: • La demandante sí fue nombrada en propiedad, pero su posesión estaba sujeta a los términos del artículo 133 de la Ley 270 de 1996 , que fijan plazos específicos para la comunicación, aceptación y posesión del cargo. • El juzgado de primera instancia computó erróneamente los términos , pues, conforme a la ley, la posesión podía realizarse hasta el 9 de diciembre de 2016 , y no el 3 de noviembre como se indicó en la sentencia. En consecuencia, no existió omisión o mora injustificada. • Se destaca que la demandante aceptó el cargo el 12 de octubre de 2016, pero pretendía posesionarse de inmediato, ignorando la existencia de la acción de tutela promovida por Peralta Vargas, resuelta en primera instancia el 4 de octubre de 2016 y pendiente de decisión en segunda.

Argumentos sobre la tensión constitucional y la actuación de la juez nominadora El apelante explica que la nominadora enfrentó una situación excepcional, en la cual debía conciliar los derechos fundamentales de dos funcionarias:

Argumentos sobre la tensión constitucional y la actuación de la juez nominadora El apelante explica que la nominadora enfrentó una situación excepcional, en la cual debía conciliar los derechos fundamentales de dos funcionarias:

• De una parte, los derechos de carrera y mérito de Leonor López Sánchez; • Y de otra, los derechos al trabajo, mínimo vital y estabilidad laboral reforzada de Nancy Socorro Peralta Vargas, quien era prepensionada y gozaba de especial protección constitucional.

En ese contexto, la juez actuó de manera cautelosa, solicitando orientación a la Unidad de Carrera Judicial, que mediante el oficio CJOFI16-3252 de 22 de agosto de 2016, recordó la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias T729/10, T -017/12, T -289/11, entre otras), según la cual los nominadores deben adoptar medidas de diferenciación positiva frente a personas en situación de debilidad manifiesta cuando existan vacantes similares. Por ello, la decisión de revocar la Resolución No. 002 de 2016 , que había nombrado a la actora, fue legal y motivada , ya que buscaba garantizar los derechos de Peralta Vargas mientras se resolvían las tutelas, y no representó negligencia ni inactividad administrativa. Cuestionamiento del reconocimiento de perjuicios La entidad considera improcedente e ilegal la condena por perjuicios, porque:Sentencia de Segunda Instancia 686793333002 2019 00034 02

9 • No existió vínculo legal y reglamentario entre la actora y la Rama Judicial antes de su posesión el 2 de febrero de 2017 , por lo cual no podía reconocerse remuneración alguna por periodos anteriores.

9 • No existió vínculo legal y reglamentario entre la actora y la Rama Judicial antes de su posesión el 2 de febrero de 2017 , por lo cual no podía reconocerse remuneración alguna por periodos anteriores. • La supuesta omisión se enmarca dentro del término legal permitido para la posesión, por lo que no hay daño antijurídico. • Además, la actora fue incorporada en propiedad, se le pagaron sus salarios desde el día de su posesión, y la administración retrotrajo las actuaciones para restablecer su situación conforme al fallo de tutela, lo cual excluye cualquier perjuicio económico o moral.

Excepción de caducidad : Uno de los pilares del recurso es la excepción de caducidad. El apoderado argumenta que el daño alegado ocurrió el 12 de octubre de 2016 (fecha de aceptación del nombramiento), y el término de dos años para demandar vencía el 13 de octubre de 2018 , mientras que la conciliación prejudicial se presentó el 11 de diciembre de 2018, es decir, fuera del término.

Por tanto, solicita declarar extinguida la acción por caducidad. Subsidiariamente, plantea que el medio de control procedente no era la reparación directa , sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que la pretensión se originaba en actos administrativos (nombramiento y revocatoria).

El recurso también desarrolla un capítulo sobre la facultad constitucional y legal del Consejo Superior de la Judicatura para administrar y reglamentar la carrera judicial (arts. 256 y 257 C.P. y 85 y ss. de la Ley 270/1996).

El recurso también desarrolla un capítulo sobre la facultad constitucional y legal del Consejo Superior de la Judicatura para administrar y reglamentar la carrera judicial (arts. 256 y 257 C.P. y 85 y ss. de la Ley 270/1996). Cita jurisprudencia de la Corte Constitucional (T -386/16) para reafirmar que la Sala Administrativa del Consejo Superior tiene autonomía para definir los procesos de selección y nombramiento, y que las decisiones derivadas del concurso de méritos gozan de presunción de legalidad, lo que refuerza la validez de los actos administrativos cuestionados.

El apelante solicita revocar íntegramente la sentencia de primera instancia, por considerar que:

1. Operó la caducidad del medio de control.

2. Los actos administrativos fueron legales y motivados.

3. No existió falla en el servicio ni daño antijurídico.

4. La nominadora actuó dentro de la tensión constitucional y en cumplimiento de decisiones judiciales.

5. La condena por perjuicios materiales carece de sustento fáctico y normativo.Sentencia de Segunda Instancia 686793333002 2019 00034 02

10 En consecuencia, pide que se nieguen todas las pretensiones de la demanda y se mantenga incólume la legalidad de las actuaciones administrativas relacionadas con el nombramiento, revocatoria y posterior posesión de la señora Leonor López Sánchez. Trámite de Segunda instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se admitió el recurso de apelación quedando el proceso para fallo en segunda instancia . El apoderado judicial de la parte actora se pronuncia frente al recurso de apelación

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se admitió el recurso de apelación quedando el proceso para fallo en segunda instancia . El apoderado judicial de la parte actora se pronuncia frente al recurso de apelación concluyendo que la sentencia de primera instancia es jurídicamente sólida y debe ser confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander, pues: i) Se probó plenamente que la entidad demandada incurrió en falla en el servicio por incumplir los plazos legales para posesionar a la demandante; ii) Se demostraron los daños materiales sufridos por la señora López Sánchez, correspondientes a la diferencia salarial no percibida entre el cargo de escribiente y el de secretaria; iii) La acción fue interpuesta oportunamente y el medio de control empleado es el correcto. Al respecto se destaca que fr ente a la excepción de caducidad, la misma fue objeto previo de pronunciamiento en curso del proceso contando con decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativ o de Santander que desestimó su procedencia.

En consecuencia, solicita al Tribunal confirmar integralmente la sentencia apelada, mantener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y la condena impuesta a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en los términos fijados por el juez de primera instancia

El Ministerio Público guardó silencio en curso de esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte demandada.

Aspecto Previo – Caducidad:Sentencia de Segunda Instancia

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte demandada.

Aspecto Previo – Caducidad:Sentencia de Segunda Instancia 686793333002 2019 00034 02

11 La Sala no se pronunciará en esta oportunidad frente al argumento de apelación referente a la caducidad del medio de control comoquiera que ese tópico fue objeto de estudio en curso de la primera instanci a, habiéndose desestimado su procedencia mediante providencia proferida por esta Corporación el 20 de enero de 2020 en la que se dispuso “Revocar el auto proferido el 13 de noviembre de 2019 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, mediante el cual se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.”

Problemas Jurídicos

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el problema jurídico central sobre el que esta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si:

i.) ¿Constituye una falla en el servicio imputable a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la demora en la posesión de la señora Leonor López Sánchez en el cargo de Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación , cuando la autoridad nominadora —ante la existencia de una tensión constitucional entre los derechos de carrera de la demandante y los derechos fundamentales de Nancy Socorro Peralta Vargas , amparados mediante acciones de tutela— actuó dentro de los plaz os legales previstos en el artículo

nominadora —ante la existencia de una tensión constitucional entre los derechos de carrera de la demandante y los derechos fundamentales de Nancy Socorro Peralta Vargas , amparados mediante acciones de tutela— actuó dentro de los plaz os legales previstos en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 , absteniéndose de efectuar la posesión inmediata hasta tanto se resolvieran las controversias judiciales sobre la estabilidad laboral reforzada de la servidora provisional que ocupaba el cargo?

Tesis: Si.

ii.) Es procedente y ajustado a derecho el reconocimiento de perjuicios materiales a favor de la señora Leonor López Sánchez, calculada antes de su posesión formal en el cargo de Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación?

Tesis: Sí.

Del estudio del caso