TA SAN - Sentencia 68679-33-33-002-2020-00064-02 (03-07-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE ORLANDO CALDERÓN VILLALBA

CHARID SOFIA CALDERÓN ACEVEDO

DEIVYN ESTIVEN CALDERÓN ACEVEDO

ESPERANZA VILLALBA

MARINA CALDERÓN VILLALBA

DANIEL CALDERÓN VILLALBA

FRANKLIN ALBERTO GONZÁLEZ CALDERÓN

MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ CALDERÓN

LAURA KATHERINE GONZÁLEZ CALDERÓN

JEFREY ABREO CALDERÓN

EDITH ABREO CALDERÓN

osmorb@hotmail.com; norberto.rodriguez@rodriguezfils.com;

DEMANDADO NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co

NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE

LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; elsa.gomez@fiscalia.gov.co

TRAMITE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – PRIVACIÓN

INJUSTA DE LA LIBERTAD RADICADO 68679333300220200006402

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

TRAMITE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – PRIVACIÓN

INJUSTA DE LA LIBERTAD RADICADO 68679333300220200006402

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co;

Se decide el recurso de APELACIÓN interpuesto contra la sentencia del 28 de junio de 2024 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil.

I. ANTECEDENTES1

1. PRETENSIONES.

Se solicitan textualmente las siguientes:

PRIMERA: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la RAMA JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los perjuicios causados al señor ORLANDO CALDERON VILLALBA y a su núcleo familiar conformado por sus dos hijos menores CHARID SOFIA CALDERON ACEVEDO y DEIVYN ESTIVEN CALDERON ACEVEDO, su señora madre ESPERANZA VILLALBA, sus hermanos MARINA CALDERON VILLALBA, DANIEL CALDERON VILLALBA y DEBORA CALDERON VILLALBA, sus sobrinos FRANKLIN ALBERTO GONZALEZ CALDERON y

1 Expediente SAMAI – índice No. 003 – archivo No. 01 de OneDriveMedio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333 - 001 - 2020 - 00064 - 02 Sentencia 2da instancia

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MARÍA FERNANDA GONZALEZ CALDERON, LAURA KATHERINE GONZALEZ CALDERON, JEFREY ABREO CALDERON y EDTH ABREO CALDERON, originados por la PRIVACIÓN INJUSA DE LA LIBERTAD de la

MARÍA FERNANDA GONZALEZ CALDERON, LAURA KATHERINE GONZALEZ CALDERON, JEFREY ABREO CALDERON y EDTH ABREO CALDERON, originados por la PRIVACIÓN INJUSA DE LA LIBERTAD de la que fue víctima directa ORLANDO CALDERON VILLALBA, tras haber permanecido encarcelado injustamente, durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2015 hasta el 30 de octubre de 2017, mientras era juzgado por los delitos de Reclutamiento Ilícito y Acceso Carnal Violento.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración CONDENAR a las entidades demandadas al pago de los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, a favor del señor ORLANDO CALDERON VILLALBA, por la suma de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MI L PESOS MCTE ($27.900.000), la cual debe ser debidamente actualizada, equivalente a la suma de dinero dejada de percibir durante los dos años, siete meses y 3 días que estuvo privado de su libertad de manera injusta por solicitud de la Fiscalía General de la Nación por presuntamente haber incurrido en los delitos de reclutamiento de ilícito y acceso carnal violento, lo anterior teniendo en cuenta que por estar privado de la libertad dejó de laborar y continuar devengando un salario mensual de NOVECIENTOS MI L PESOS ($900.000) por lo que fue imposible que dichos dineros ingresaran a su familia, sin dejar de lado lo difícil que ha sido conseguir empleo nuevamente después de haber estado privado de la libertad.

TERCERO: Como consecuencia de la pretendida declaratoria de responsabilidad CONDENAR a las entidades demandadas al pago los

su familia, sin dejar de lado lo difícil que ha sido conseguir empleo nuevamente después de haber estado privado de la libertad.

TERCERO: Como consecuencia de la pretendida declaratoria de responsabilidad CONDENAR a las entidades demandadas al pago los

perjuicios inmateriales así:

3.1 PERJUICIOS POR EL DAÑO MORAL ocasionados al señor ORLANDO CALDERON VILLALBA y a los demás demandantes, quienes integran su núcleo familiar, el equivalente en moneda de curso legal en Colombia según el siguiente detalle y conforme a la jurisprudencia unificada de la Sección

Tercera del Consejo de Estado:

A. Para el señor ORLANDO CALDERON VILLALBA, la suma dinero equivalente a 100 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

B. Para sus hijos DEIVYN ESTIVEN CALDERON ACEVEDO y CHARID SOFIA CALDERON ACEVEDO, la suma de dinero equivalente a CIEN (100) Salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

C. Para su madre ESPERANZA VILLALBA, la suma dinero equivalente a 100 Salarios Mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

D. Para sus hermanos MARINA CALDERON VILLALBA, DEBORA CALDERON VILLALBA y DANIEL CALDERON VILLALBA, la suma de dinero equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.Medio de control. Reparación directa.

Radicado. 686793333 - 001 - 2020 - 00064 - 02 Sentencia 2da instancia

vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333 - 001 - 2020 - 00064 - 02 Sentencia 2da instancia

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E. Para sus Sobrinos FRANKLIN ALBERTO GONZALEZ CALDERON,

MARIA FERNANDA GONZALEZ CALDERON, LAURA KATHERINE GONZALEZ CALDERON, EDITH ABREO CALDERON y JEFREY ABREO CALDERON, la suma de dinero equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

3.2. PERJUICIOS A LA VIDA EN RELACIÓN causados al señor ORLANDO CALDERON VILLALBA y a su núcleo familiar, que son aquellos que se conocen como la disminución del Goce de Vivir, hacen referencia a aquellos daños que impiden a la persona el desarrollo de su vida en forma agradable, ocasionados al señor ORLANDO CALDERON V ILLALBA y a los demás demandantes, el equivalente en moneda de curso legal en Colombia según el siguiente detalle:

A. Para el señor ORLANDO CALDERON VILLALBA, la suma dinero equivalente a 100 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

B. Para sus hijos DEIVYN ESTIVEN CALDERON ACEVEDO y CHARID SOFIA CALDERON ACEVEDO, la suma de dinero equivalente a CIEN (100) Salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

C. Para su madre ESPERANZA VILLALBA, la suma de dinero equivalente a

(100) Salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

C. Para su madre ESPERANZA VILLALBA, la suma de dinero equivalente a CIEN (100) Salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

D. Para sus hermanos MARINA CALDERON VILLALBA, DEBORA CALDERON VILLALBA y DANIEL CALDERON VILLALBA, la suma de dinero equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

E. Para sus Sobrino FRANKLIN ALBERTO GONZALEZ CALDERON,

MARIA FERNANDA GONZALEZ CALDERON, LAURA KATHERINE GONZALEZ CALDERON, EDITH ABREO CALDERON y JEFREY ABREO CALDERON, la suma de dinero equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Deberán reconocerse y cancelarse estos perjuicios puesto que con este injusto proceso pena se causó un perjuicio a la vida exterior de ORLANDO CALDERON VILLALBA a quien ahora le cuesta mucho trabajo relacionarse con menores de edad entre ellos sus hijos y sobrinos, por la predisposición que le dejo el haber estado injustamente privado de la libertad acusado de atentar contra menores de edad, iguales perjuicios se generan para sus familiares pues deben soportar que ORLANDO CALDERON VILLALBA no se relaciones de manera abierta y espontánea con ellos por la predisposición

atentar contra menores de edad, iguales perjuicios se generan para sus familiares pues deben soportar que ORLANDO CALDERON VILLALBA no se relaciones de manera abierta y espontánea con ellos por la predisposición que le dejo el haber estado injustamente privado de la libertad acusado deMedio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333 - 001 - 2020 - 00064 - 02 Sentencia 2da instancia

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atentar contra menores de edad.

3.3. DAÑO AL BUEN NOMBRE, HONRA Y HONOR PARA TODOS LOS DEMANDANTES, la indemnización según el siguiente detalle:

A. Para el señor ORLANDO CALDERON VILLALBA, la suma dinero equivalente a 100 Salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

B. Para sus hijos DEIVYN ESTIVEN CALDERON ACEVEDO y CHARID SOFIA CALDERON ACEVEDO, la suma de dinero equivalente a CIEN (100) Salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

C. Para su madre ESPERANZA VILLALBA, la suma de dinero equivalente a CIEN (100) Salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

D. Para sus hermanos MARINA CALDERON VILLALBA, DEBORA CALDERON VILLALBA y DANIEL CALDERON VILLALBA, la suma de dinero equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

E. Para sus Sobrinos FRANKLIN ALBERTO GONZALEZ CALDERON,

dinero equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

E. Para sus Sobrinos FRANKLIN ALBERTO GONZALEZ CALDERON,

MARIA FERNANDA GONZALEZ CALDERON, LAURA KATHERINE GONZALEZ CALDERON, EDITH ABREO CALDERON y JEFREY ABREO CALDERÓN, la suma de dinero equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

CUARTA: La condena respectiva será ajustada de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTA: Condenar al demandado al pago de Costas y Agencias en Derecho.

SEXTA: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

2. HECHOS.

La presente acción judicial fue interpuesta por Orlando Calderón Villalba y varios miembros de su familia, contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios materiales e inmateriales derivados de la presunta privación injusta de la libertad del señor Calderón Villalba, quien asegura fue acusado de reclutamiento ilícito de menores y acceso carnal violento, delitos por los cuales posteriormente fue absuelto por sentencia judicial que actualmente se encuentra en firme.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333 - 001 - 2020 - 00064 - 02 Sentencia 2da instancia

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que actualmente se encuentra en firme.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333 - 001 - 2020 - 00064 - 02 Sentencia 2da instancia

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Como fundamento de sus pretensiones, se dice en la demanda que el señor Calderón Villalba, es vendedor ambulante de profesión, el cual fue detenido el 27 de marzo de 2015 por miembros del CTI y recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Berlín del Socorro , ello atendiendo las acusaciones realizadas en su contra por hechos ocurridos el 2 de agosto de 2006, en los que supuestamente participó en la recluta forzada de dos menores (María Elena y Luz Dary Molina Santamaría) por parte del grupo armado ELN, así como del delito de acceso carnal violento contra una de ellas.

Se indica que la Fiscalía adelantó las investigaciones basadas en testimonios y reportes que vincularon a l señor Orlando con el frente Capitán Parmenio del ELN, bajo la suposición de que había actuado como guerrillero y reclutador en jurisdicción de Chima, Santander.

No obstante, se dice que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento sin que existiera evidencia física o documental directa que respaldara tales acusaciones, motivo por el que considera ilegal la medida de aseguramiento impuesta en su contra.

Precisa que las pruebas presentadas durante la investigación adelantada en su contra fueron insuficientes y contradictorias, y no se pudo comprobar con certeza que el señor Orlando hubiera estado vinculado al ELN en los términos que sostenía la acusación impetrada en su contra, motivo por el que, el juez de Conocimiento

contra fueron insuficientes y contradictorias, y no se pudo comprobar con certeza que el señor Orlando hubiera estado vinculado al ELN en los términos que sostenía la acusación impetrada en su contra, motivo por el que, el juez de Conocimiento evidenció incongruencias sobre las fechas, lugares y relaciones descritas. Puntualmente, en la audiencia del 15 de diciembre de 2017, el juez señaló que no era creíble que una persona como e l acusado, de origen campesino y sin preparación militar, fuera comandante o tuviera mando dentro de una estructura guerrillera como el ELN.

Advierte que en el curso del proceso penal, logró acreditarse que las declaraciones fueron interpretadas como producto de un sesgo de identificación errónea o presión, especialmente por el tiempo transcurrido (9 años) desde los hechos denunciados , circunstancia todas estas que aduce conllevaron al Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga a emitir sentencia absolutoria el 15 de diciembre de 2017, al concluir que no existían pruebas suficientes para acreditar responsabilidad penal en los delitos imputados.

Sostiene que en dicha oportunidad s e aplicó el principio de “in dubio pro -reo” (en caso de duda, se favorece al acusado) debido a las graves deficiencias probatorias. También que el fallo dejó en claro que el señor Orlando Calderón no participó en los hechos que se le atribuían y que la privación de su libertad fue injusta.

Conforme a lo anterior, destacó que el señor Orlando Calderón Villalba estuvo privado de la libertad injustamente durante 31 meses y d urante ese tiempo, su

hechos que se le atribuían y que la privación de su libertad fue injusta.

Conforme a lo anterior, destacó que el señor Orlando Calderón Villalba estuvo privado de la libertad injustamente durante 31 meses y d urante ese tiempo, su nombre fue expuesto públicamente como “capturado por reclutar niños”, lo cual afectó su imagen, integridad y estabilidad emocional y económica. Narró igualmente que, el medio de comunicación “El Nuevo Siglo” publicó una nota el 30 de marzo de 2015 titulada: “Capturado desmovilizado del ELN por reclutar niños”, lo que generó un estigma duradero en la sociedad y profundizó el daño a su reputación.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333 - 001 - 2020 - 00064 - 02 Sentencia 2da instancia

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Finalmente, advierte que s u familia también resultó afectada emocionalmente, incluyendo su madre Esperanza Villalba, sus hijos, hermanos y sobrinos, quienes enfrentaron angustias, estigmatización, pérdida de ingresos y deterioro en sus condiciones de vida.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2

Manifiesta su oposición a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, señalando que no se configura responsabilidad estatal por la privación de la libertad del demandante. Asegura que las decisiones judiciales que motivaron la privación se emitieron conforme a la Constitución y la ley y que, en todo caso, fue la Fiscalía quien adelantó la investigación pena l, no evidenciándose actuación indebida por parte de la Rama Judicial.

se emitieron conforme a la Constitución y la ley y que, en todo caso, fue la Fiscalía quien adelantó la investigación pena l, no evidenciándose actuación indebida por parte de la Rama Judicial.

Señala que se configura la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, ello según lo mencionado en la demanda, comoquiera que el demandante fue vinculado con un grupo subversivo y señalado de delitos sexuales, presunciones que por sí mismas debían derivar en las medidas asegurativas preventivas proferidas en su contra, dada la gravedad de los delitos por los cuales era investigado.

Sostiene que las circunstancias fácticas descritas en la demanda son subjetivas y no constan a la parte demandada, indicando que se atiene a lo probado en el proceso. Además, ofrece un análisis detallado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en relación con la responsabilidad por privación de la libertad y la reparación de daños únicamente cuando son antijurídicos.

Resalta la naturaleza preventiva y no sancionatoria de las medidas de aseguramiento, conforme a la sentencia C -395 de 1994, y se examinan las diferencias entre los requisitos de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004. Se concluye que la imposición de medidas cautela res no vulnera la presunción de inocencia, amparándose en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-037 de 1996 y SU072 de 2018) y del Consejo de Estado (decisiones del 6 de febrero y 27 de agosto de 2020). Se argumenta que el juez de control de garantías actúa conforme a su

072 de 2018) y del Consejo de Estado (decisiones del 6 de febrero y 27 de agosto de 2020). Se argumenta que el juez de control de garantías actúa conforme a su deber jurídico al imponer medidas de aseguramiento si se cumplen los requisitos legales, y no debe ser cuestionado con base en decisiones posteriores del juez de conocimiento.

Se afirma que el juez contencioso administrativo no puede analizar estos casos bajo un régimen de responsabilidad objetiva, solicitando respetar la jurisprudencia consolidada para evitar el desgaste judicial. Además, se considera que los perjuicios alegados no han sido probados, ya que la privación de la libertad fue legítima, basada en una inferencia razonable de autoría conforme al artículo 308 de la Ley

2 Expediente SAMAI – índice No. 003 – archivo No. 007 de OneDriveMedio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333 - 001 - 2020 - 00064 - 02 Sentencia 2da instancia

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906 de 2004, y el actor tenía la obligación de soportar la medida.

Finalmente, indica que la tasación de perjuicios inmateriales no puede fundamentarse únicamente en los lazos familiares, sino que debe acreditarse con pruebas de la intensidad del daño, considerando factores como el tiempo de privación, la gravedad del delito y el impacto social en el prestigio del afectado.

2. NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN3

La Fiscalía General de la Nación, en su contestación de la demanda, negó que los hechos expuestos le constaran y se opuso a las pretensiones formuladas en su

2. NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN3

La Fiscalía General de la Nación, en su contestación de la demanda, negó que los hechos expuestos le constaran y se opuso a las pretensiones formuladas en su contra. Argumentó que ni el escrito de demanda ni las pruebas presentadas contienen fundamentos fácticos o jurídicos que res palden su presunta responsabilidad.

Sostuvo que la investigación se realizó conforme a la normativa, presentando al juez natural los elementos probatorios necesarios que justificaban, en ese momento procesal, la imposición de la medida de aseguramiento contra el señor Orlando Calderón Villalba . Destacó que dicha medida fue ordenada exclusivamente por decisión independiente del juez natural, quien actuó con base en su criterio y convencimiento, y no por imposición de la Fiscalía.

Propuso las excepciones de fondo que denominó como: i) Ausencia de falla en el servicio: La investigación se adelantó conforme a la Constitución y las leyes, sin incurrir en actuaciones anormales ; ii) Inexistencia de daño antijurídico: No se demostró que la detención fuera ilegal o arbitraria. La privación de la libertad fue decretada por un juez y basada en indicios graves y iii) Culpa exclusiva de la víctima: Se argumenta que fue el comportamiento del demandante, incluyendo relaciones sexuales con una menor, lo que originó la actuación penal.

III. SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de fecha 28 de junio de 2024, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil dispuso:

“PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de

Mediante sentencia de fecha 28 de junio de 2024, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil dispuso:

“PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: ABSTÉNGASE de condenar en costas de conformidad con lo expuesto en el acápite correspondiente.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia ARCHÍVESE el proceso, previas las anotaciones del caso...”

Como fundamentos de su decisión el a quo, expuso que, analizada la motivación de la medida de aseguramiento proferida en contra del aquí demandante, no puede predicarse una irregularidad atribuible a la administración de justicia, en razón a que

3 Expediente SAMAI – índice No. 003 – archivo No. 008 de OneDriveMedio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333 - 001 - 2020 - 00064 - 02 Sentencia 2da instancia

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las circunstancias que rodearon la conducta punible investigada en principio eran suficientes para que el Juez de Control de Garantías cumpliera con su deber legal de privarlo de la libertad en forma preventiva para investigar y lograr el esclarecimiento d e los hechos, bajo el entendido que, los elementos probatorios allegados por el ente Fiscal, permitían inferir razonablemente la actuación ilícita del entonces acusado.

Destacó igualmente que, la decisión de absolver al acusado durante el curso del trámite penal obedeció a la aparición de nuevos testigos, cuya declaración únicamente fue oída en el escenario procesal pertinente, esto es, en la etapa de

Destacó igualmente que, la decisión de absolver al acusado durante el curso del trámite penal obedeció a la aparición de nuevos testigos, cuya declaración únicamente fue oída en el escenario procesal pertinente, esto es, en la etapa de juicio oral ante el Juez de Conocimiento, declaraciones que señaló fueron las que permitió al juez natural concluir que el señor Orlando, a pesar de su pertenencia al grupo subversivo no participó en el reclutamiento de las hermanas Molina Santamaría en el mes de agosto de 2006.

Respecto al delito de acceso carnal indicó que, la decisión de absolver al imputado dentro de la instancia penal obedeció, además de las falencias probatorias, a la aparición de dudas razonables con posterioridad a la valoración probatoria propia del juicio oral en cuanto a la participación del acusado en el delito señalado, lo que dio lugar a la aplicación del principio de in dubio pro reo, lo que de ninguna manera permite descartar, per se, la existencia de elementos materiales de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida para el momento procesal de la solicitud de imposición de medida de aseguramiento que permitiera inferir razonablemente la autoría en el hecho por parte de Calderón Villalba.

Como conclusión señaló que, para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento existían los elementos de prueba necesarios para sustentar su necesidad, proporcionalidad y urgencia, los cuales fueron evaluados por el Juez de Control de Garantías , encontrando mérito suficiente para imponer la medida de aseguramiento.

IV. LA APELACIÓN4

LA PARTE DEMANDANTE

Control de Garantías , encontrando mérito suficiente para imponer la medida de aseguramiento.

IV. LA APELACIÓN4

LA PARTE DEMANDANTE

Solicita se revoque la providencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil por cuanto, a su parecer, desconoció el precedente jurisprudencial contenido en la SU -072 de 2018, pronunciamiento que aduce indicó que, cuando se estableció la absolución impartida por el Juez Penal, ya sea porque el hecho no existió o porque la conducta es atípica, el régimen de responsabilidad aplicable debe ser inexorablemente el régimen objetivo.

Advierte que la providencia objeto de apelación se dedicó a justificar la legalidad y procedencia de la medida de aseguramiento ordenada el 27 de marzo de 2015 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Simacota, ello sin ni siquiera advertir la necesid ad de analizar el caso desde el punto de vista de responsabilidad objetiva, en razón a que en la sentencia absolutoria de fecha 15 de diciembre de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con

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Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, concluyó que el hecho del que se desprende el supuesto reclutamiento de menores y el acceso carnal violento no existió, motivo por el que insiste, el régimen de responsabilidad aplicable al caso en concreto debió s er el objetivo.

Asegura la improcedencia de la medida de aseguramiento proferida en contra del

existió, motivo por el que insiste, el régimen de responsabilidad aplicable al caso en concreto debió s er el objetivo.

Asegura la improcedencia de la medida de aseguramiento proferida en contra del señor Orlando Calderón Villalba, respecto de lo cual asegura que nadie debe permanecer privado de su libertad por hechos que no ocurrieron y que además fueron denunciados luego de muchos años de haber ocurrido el presunto ilícito, actuación que indica se adelantó por parte del ente investigador sin que existieran los elementos probatorios necesarios y concluyentes para investigar al señor Calderón Villalba.

Manifiesta que los testimonios de las supuestas víctimas no representaban inferencia razonable siquiera para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento, precisamente porque se trata de la apertura de una investigación, en la que debió analizarse el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos y las denuncias.

Finalmente, trae a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional que asegura ha regulado la influencia de los Derechos Internacionales en la legislación colombiana.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 28 de abril de 2025 se admiti ó el recurso de apelación interpuestos contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.

VI. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante y el Ministerio Público no concurrió en esta etapa.

LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

La parte demandante y el Ministerio Público no concurrió en esta etapa.

LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, exponiendo que el juez de conocimiento absolvió al señor ORLANDO CALDERÓN VILLALBA en virtud del principio de in dubio pro -reo, pues la fiscalía general de la Nación no logró probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad del encartado en los hechos objeto de inv estigación, lo que no significa que el hecho no existió, como erróneamente describe el accionante en su recurso.

Asegura además que la absolución como forma de terminar un proceso penal, no es incompatible con la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la imposición de medida de aseguramiento por el Juez de la República, ello atendiendo el principio de progresividad que orienta al proceso penal.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 686793333 - 001 - 2020 - 00064 - 02 Sentencia 2da instancia

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VII. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO. Corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas son administrativa y extracontractualmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Orlando Calderón Villalba entre el 27 de marzo de 2015 y hasta el 30 de octubre de 2017 , lo anterior, a partir de la imposición de medida de aseguramiento en su contra dentro del proceso penal adelantado, el cual culminó con absolución en su favor.

2015 y hasta el 30 de octubre de 2017 , lo anterior, a partir de la imposición de medida de aseguramiento en su contra dentro del proceso penal adelantado, el cual culminó con absolución en su favor.

Se analizará puntualmente: i) el régimen de responsabilidad aplicable al caso en concreto; ii) la configuración o no de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y iii) si se debe ordenar la totalidad de los perjuicios del orden material e inmaterial solicitados en la demanda.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

1. La responsabilidad del Estado.

El artículo 90 de la Carta Política, que consagra la responsabilidad extracontractual del Estado, prevé: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación p atrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

La noción de daño antijurídico, de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-38 del 1 de febrero de 2006, consistirá siempre “en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”, y en el mismo sentido obra la sentencia C -333 de 1996, en la cual se estableció el daño antijurídico “no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no

soportar”, y en e