TA SAN - Sentencia 68679-33-33-002-2021-00116-01 (30-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68679333300220210011601

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: IYONFRAN ALFONSO SILVA AMOROCHO Y OTRO

domapla@hotmail.com ingridt_1318@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA

NACIONAL

Desan.notificacion@policia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 297

TEMA: LESIONES PERSONALES PROCEDIMIENTO POLICIAL

– Otros

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 25 de junio de 202 4, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil , que denegó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos1

Iyonfran Alfonso Silva Amorocho, el 24 de noviembre de 2019 , se encontraba compartiendo con sus padres, tíos y demás familiares en un establecimiento y posteriormente, se dirigieron a la feria municipal del Municipio de Socorro.

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Demandante: Iyonfran Alfonso Silva Amorocho y otro

posteriormente, se dirigieron a la feria municipal del Municipio de Socorro.

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Demandante: Iyonfran Alfonso Silva Amorocho y otro Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicado: 6867933330022021-00116-01

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Mientras departían en una de las mesas del lugar, una mujer en estado de embriaguez que discutía con su esposo en una mesa contigua se acercó al grupo. En ese momento, la compañera sentimental de Iyonfran, Liseth Berenice Pinzón Agón, se levantó para acomp añar a dicha mujer al baño. Al regresar, encontraron que la mesa se hallaba rodeada de policías y que el padre del joven, Luis Silva Iglesias, discutía con uno de ellos. Al intentar intervenir para separar a su padre del agente, Iyonfran fue golpeado por l a espalda por un uniformado, escuchando cuando un agente dijo «a este echémoslo al fondo». Acto seguido, observó que un policía agredía a su padre con un bolillo, derribándolo al piso.

Posteriormente, el agente identificado como Camilo Bayona esposó y traslad ó a Iyonfran a la patrulla, junto con su padre, su tío José Silva Iglesias, su primo Yerson Andrés Silva Benítez y su tía política Viviana Benítez. Durante este procedimiento, su compañera sentimental, la señora Liseth Pinzón, quien se encontraba en estado de embarazo, sol icitó acompañarlo, pero fue empujada por el uniformado, pese a que un ciudadano identificado como Brandon Ríos le advirtió del embarazo.

su compañera sentimental, la señora Liseth Pinzón, quien se encontraba en estado de embarazo, sol icitó acompañarlo, pero fue empujada por el uniformado, pese a que un ciudadano identificado como Brandon Ríos le advirtió del embarazo.

En la estación de Policía, el intendente Víctor M. Rincón sujetó al joven por el cuello de manera violenta, lo insultó y lo condujo hacia la zona de parqueo cercana a los calabozos. Allí, estando esposado, le propinó un rodillazo en el abdomen y lo lanzó al piso, tras lo cual intervino el patrullero Jhon Alexander Castro Pérez, quien junto con Rincón continuó agrediéndolo a patadas. Allí advirtieron de los golpes unos jóvenes que se encontraba en una celda, Yahir Marín y Edwin Alfonso Martínez.

Como consecuencia de los golpes, Iyonfran manifestó dificultad respiratoria y dolor abdominal, pidiendo permiso para tomar aire.

Luego de la agresión, los uniformados lo llevaron de nuevo ante su familia y procedieron a quitarles las esposas. A los demás integrantes del grupo familiar les impusieron comparendos por presuntas infracciones al Código Nacional de Policía, sin permitirle s formular descargos ni interponer recursos, en contravía del procedimiento establecido en la Ley 1801 de 2016. Por su parte, a Iyonfran no se le levantó comparendo alguno, escuchando éste a los agentes decir entre sí: «al chico ya le dimos lo que le correspondía».Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Iyonfran Alfonso Silva Amorocho y otro

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

ya le dimos lo que le correspondía».Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Poco después, el joven presentó un fuerte dolor abdominal, se desmayó y fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde fue atendido de urgencia. Al día siguiente nuevamente asist ió a urgencias, en donde fue diagnosticado con una perforación intestinal con peritonitis, producto de trauma abdominal, por lo que fue sometido a cirugía de urgencia y permaneció hospitalizado durante siete días. Posteriormente, se le detectaron dos hernias.

El 5 de diciembre de 2019, Iyonfran Silva Amorocho presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los uniformados Víctor M. Rincón y Jhon Alexander Castro Pérez, bajo el radicado 687556000242201900704, y simultáneamente interpuso queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente. Fue remitido a valoración médico – legal.

Finalmente, se indicó que el demandante sufrió afectaciones como consecuencia de los anteriores hechos.

1.1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretende lo siguiente:

«Primero. Que se declare administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios (patrimoniales y extramatrimoniales) a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL por los daños causados a los señores de

«Primero. Que se declare administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios (patrimoniales y extramatrimoniales) a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL por los daños causados a los señores de IYONFRAN ALFONSO SILVA AMOROCHO, sus padres LUIS SILVA IGLESIAS, ERIKA VIVIANA AMOROCHO MEJIA, sus hermanos WILFREN ALEXIS SILVA AMOROCHO, DUVERD ESTIVENS SILVA AMOROCHO y su compañera LISETH BERENICE PINZON AGON, por los hechos ocurridos 24 de noviembre del año 2019, como consecuencia de fallas en el servicio y abuso de autoridad por parte de la policía Nacional.

Segundo. Que como consecuencia de la anterior declaración solicito se disponga en contra de los demandados las siguientes condenas:

a) Por concepto de Lucro Cesante Consolidado el equivalente a la suma de VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE ($21.883.688,07), a favor de los aquí reclamantes.

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b) POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD La gravedad de la lesión victima directa se tiene en cuenta en un porcentaje mínimo entre el 20% e

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b) POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD La gravedad de la lesión victima directa se tiene en cuenta en un porcentaje mínimo entre el 20% e inferior al 30% equivalente a 40 salarios smlmv. $33.124.640.00.

Tercero. Que igualmente se disponga en contra de los demandados a reconocer y pagar por concepto de daño moral, las siguientes condenas:

a) A favor de IYONFRAN IGLESIAS AMOROCHO, victima directa la suma de 40

SMLMV, TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($33.124.640.00).

b) A favor de la señora ERIKA VIVIANA AMOROCHO MEJIA, en calidad de madre del señor IYONFRAN IGLESIAS AMOROCHO la suma de 40 SMLMV.: TREINTA Y

TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA

PESOS M/CTE. ($33.124.640.00).

c) A favor del señor LUIS SILVA IGLESIAS en calidad de padre del señor IYONFRAN IGLESIAS AMOROCHO la suma de 40 SMLMV: TREINTA Y TRES

MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

M/CTE. ($33.124.640.00).

d) A favor de WILFREND ALEXIS SILVA AMOROCHO, en calidad de hermano del señor IYONFRAN IGLESIAS AMOROCHO la suma de 20 SMLMV.: DIECISÉIS

d) A favor de WILFREND ALEXIS SILVA AMOROCHO, en calidad de hermano del señor IYONFRAN IGLESIAS AMOROCHO la suma de 20 SMLMV.: DIECISÉIS

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS

M/CTE. ($16.562.320.00).

e) A favor de DUVER ESTIVENS SILVA AMOROCHO, en calidad de Hermano del señor IYONFRAN IGLEIAS AMOROCHO la suma de 20 SMLMV.: DIECISÉIS

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS

M/CTE. ($16.562.320.00).

f) A favor de la señora LISETH BERENICE PINZON AGON, en calidad de Conyugue compañera permanente del señor IYONFRAN IGLESIAS AMOROCHO la suma de

40 SMLMV.: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($33.124.640.00).

Cuarto. Que en la condena respectiva se ordene ser actualizada de conformidad con el artículo 178 del C.P.A.C.A., aplicando los ajustes de valor indexados hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente Proceso Contencioso Administrativo.

Quinto. Que se ordene a la MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, cumplir con lo previsto en los artículos 176 y 177 del C.P.A.C.A., en el evento en que no se efectúe el pago en forma oportuna.

Sexto. Que se ordene reconocer y pagar todos y cada uno de los demás conceptos

cumplir con lo previsto en los artículos 176 y 177 del C.P.A.C.A., en el evento en que no se efectúe el pago en forma oportuna.

Sexto. Que se ordene reconocer y pagar todos y cada uno de los demás conceptos que finalmente sean acreditados dentro de la litis.

Séptimo. Que se condene en costas procesales a las entidades demandadas.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Octavo. Se compulsen copias a las entidades que correspondan con el propósito de que eventos como el sucedido no se vuelvan a repetir».

1.1.3. Fundamento de derecho

Se invocó como fundamento de derecho el art. 90 de la Constitución Política. Indicó que se configuró una falla en el servicio, al considerar que los agentes de policía se extralimitaron en el procedimiento policial, al generarle lesiones y darle un tratamiento inadecuado, vulnerando el debido proceso e infringiendo las normas y procedimiento establecidos en el Código de Policía.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 3, se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que no se le puede endilgar responsabilidad alguna por cuanto la actividad que realizaron los funcionarios de la Policía Nacional estuvo enmarcada dentro de su deber Constitucional y Legal, al asistir al lugar de los hechos por el llamado de la ciudadanía para restablecer el orden público, en

alguna por cuanto la actividad que realizaron los funcionarios de la Policía Nacional estuvo enmarcada dentro de su deber Constitucional y Legal, al asistir al lugar de los hechos por el llamado de la ciudadanía para restablecer el orden público, en vista a la riña que protagonizaron los familiares del señor Iyonfran Alfonso Silva Amorocho.

Agregó que fue el demandante quien dio origen a la lesión, al participar en una riña callejera en la feria, configurándose la causal de exoneración de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima y culpa determinante de un tercero. Además precisó que los actos del demandante fueron contrarios a la convivencia.

En relación con los hechos, indicó que la familia del demandante se encontraba en las ferias, ingiriendo bebidas embriagantes y tuvieron una riña con una señora y su familia, lo que hizo necesaria la presencia policial. Precisó que, estos arremetieron en contra de los uniformados, lo cual generó una reacción de protección por parte de estos. Asimismo, se indicó que fue necesario repeler el ataque con las tonfas de dotación. Por lo anterior, el señor Iyonfran Alfonso Silva Amorocho debió ser trasladado a la estación de policía, en donde una vez se calmó, se le dio salida bajo custodia de su familia, sin novedad alguna.

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Puntualizó que , en efecto , después de que se le dio salido, requirió asistencia médica por lo que fue trasladado al Hospital Manuela Beltrán de Socorro, como consecuencia de la riña en la que se encontraba anteriormente.

Finalmente, propuso como excepciones las que denominó: «culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero », y « falta de legitimación en la causa por activa respecto de la señora Liseth Berenice Pinzón Agon».

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Segundo Administrativo d el Circuito Judicial de San Gil , denegó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas . Para el efecto, se ñaló en primera medida que, se configuró la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Defensa.

Ahora bien, en relación con los elementos de la responsabilidad, y de manera concreta, respecto del daño, el a quo indicó que, corresponden a las lesiones sufridas por el demandante, respecto de las presuntas agresiones efectuadas por el personal de policía el día 24 de noviembre de 2024 , los cuales se acreditaron mediante la historia clínica, así como el dictamen pericial.

Respecto de la imputación, señaló que, de las pruebas allegadas al proceso no se acreditó si el daño alegado fue producto de la riña acaecida en la plaza de ferias o

mediante la historia clínica, así como el dictamen pericial.

Respecto de la imputación, señaló que, de las pruebas allegadas al proceso no se acreditó si el daño alegado fue producto de la riña acaecida en la plaza de ferias o se produjo por el uso desproporcionado de la fuerza policial u otra circunstancia.

En ese sentido, indicó:

[L]o anterior, en virtud que para el despacho es claro, la existencia de una riña, pelea o conflicto originado entre particulares en la plaza de ferias en el municipio, previo al procedimiento policivo alegado por la parte actora, en donde si bien es cierto se conoce su participación, queda un manto de dudas frente al grado de participación en este hecho, y las afectaciones que pudo tener en ésta el señor Silva Amorocho. Lo anterior por cuanto no se puede tener certeza de los mismos a través de los testigos, pues ellos referían situaciones de hecho confusas.

4 Expediente digital SAMAI índice 00026.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Además, agregó que, uno de los diagnósticos del demandante pudo ser producto de múltiples factores ajenos a los golpes. Por lo anterior, concluyó que no se acreditó el nexo causal entre el daño y el actuar policial, de tal suerte que negó las pretensiones al no estar demostrada la imputación del daño antijurídico.

1.4. El recurso de apelación

acreditó el nexo causal entre el daño y el actuar policial, de tal suerte que negó las pretensiones al no estar demostrada la imputación del daño antijurídico.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demandante5 solicitó que se revoque el fallo de primera instancia, al indicar que , conforme a las pruebas obrantes al proceso , se acreditó que se configuró una falla en el servicio, pues sostuvo que en la sentencia de primera instancia no se valoraron en debida form a las pruebas obrantes en el proceso, al desconocer elementos testimoniales y documentales que demuestran la ocurrencia del daño y su nexo con la actuación arbitraria de los agentes.

Precisó que la riña no fue protagonizada por los demandantes y sus familiares. Puso de presente lo expuesto por la señora Viviana Benítez, Yerson Andrés Silva, y Jhon Alexander Castro . Subrayó que el último en mención es miembro de la Policía Nacional.

Agregó que, conforme la historia clínica, se acreditaron las lesiones sufridas por el demandante, e igualmente, puso de presente que no se le realizó una prueba de alcoholemia. Por el contrario, destacó que tuvo una perforación de víscera hueca, lo que le generó una secuela permanente de cicatriz hipertrófica , así como limitaciones en la ingesta de alimentos.

Asimismo, afirmó que la denuncia penal interpuesta por el demandante, así como las declaraciones allí rendidas, y el libro de anotaciones de la Policía Nacional, entre otras pruebas, permitían tener por cierto el uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la entidad demandada.

1.5 . Trámite de segunda instancia

otras pruebas, permitían tener por cierto el uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la entidad demandada.

1.5 . Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha del 26 de noviembre de 20246 se admitió el recurso de apelación, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 247 del CPACA, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021.

5 Expediente digital SAMAI índice 0030. 6 Expediente digital SAMAI índice 0005Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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1.5.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.2. La parte demandada, NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional7, solicita se confirme la sentencia de primera instancia, al no encontrarse acreditada la responsabilidad de dicha entidad. Agregó que los testigos de la parte demandante fueron tachados de sospechosos y sus versiones no guardan coherencia.

Finalmente, reiteró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero, así como la falta de legitimación en la causa por activa respecto de la señora Liseth Berenice Pinzón Agon.

1.5.3. Representante Ministerio Público, no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Acerca de la competencia en segunda instancia

1.5.3. Representante Ministerio Público, no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Acerca de la competencia en segunda instancia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

7 Expediente digital SAMAI índice 0012 – Segunda instanciaReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación8, el cual consiste en establecer si:

P.J. 01: ¿La entidad demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de las lesiones

P.J. 01: ¿La entidad demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de las lesiones padecidas por el señor Iyofran Silva Amorocho , en los hechos del día 24 de noviembre de 2019?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará la responsabilidad patrimonial del estado, (ii) del régimen de responsabilidad jurídico de falla en el servicio y, (iii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. La responsabilidad del estado

Conforme lo ha señalado este Tribunal, el art. 90 de la Constitución Política señala: «El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (…)», en ese sentido, consagró que, para declarar la responsabilidad extracontractual del estado, se debe acreditar: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o

ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o

8 Artículo 328 del CGP. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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protegida, violando de manera directa el principio «no dañar a otro», en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la conc reción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio

atribución en el caso concreto.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio atrás señalado y de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

2.4.2. Del régimen de responsabilidad jurídica aplicable – Falla en el servicio

El presente asunto se estudiará bajo el régimen general o común de la falla probada del servicio, que se presenta cuando la Administración omite su contenido obligacional o cuando presta sus servicios en forma deficiente o funciona tardíamente por culpa de los agentes del Estado; pero para que este comprometa su responsabilidad no es suficiente que suceda uno de los eventos mencionados, sino que es indispensable que el servicio haya sido defectuoso por la acción u omisión del servidor público.

En este régimen el título de imputación jurídica es subjetiva o de conducta, para lo cual, corresponde al juez determinar si se configuran los elementos que la estructuran, o sea, la conducta anormal de la Administración por acción u omisión, el daño antijurídico y el nexo causal entre este y aquella para que pueda imputársele responsabilidad en la producción del resultado dañino.

Al respecto, el H. Consejo de Estado 9 sobre este título de responsabilidad estatal ha precisado:

9 Sentencia de fecha 07 de marzo de 2012, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, consejera ponente, Dr. Hernán Andrade Rincón, radicación número: 25000-23-26-000 1996-03282-01(20042).Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Subsección A, consejera ponente, Dr. Hernán Andrade Rincón, radicación número: 25000-23-26-000 1996-03282-01(20042).Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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«[…] la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continúa siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual10.

También ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”12, así,

actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”12, así, las obligaciones que están a cargo del Estado -y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo11. […]

[…] la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar e l servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia de este cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía».

3. De las pruebas obrantes al expediente

Dentro del proceso se encuentra probado lo que siguiente:

De los hechos

• Epicrisis de historia de observación de urgencias en el E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro del día 25 de noviembre de 2019 12, en el

que señaló:

De los hechos

• Epicrisis de historia de observación de urgencias en el E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro del día 25 de noviembre de 2019 12, en el

que señaló:

10 Sentencias del 13 de julio de 1993, expediente No. 8163 y del 10 de marzo del 2011, expediente 17.738, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 11 Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente No. 14.787. 12 PDF 051 OneDriveReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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«Fecha: 25/11/2019 Hora: 1:33

Motivo de consulta: “LO GOLPEÓ LA POLICÍA” — ALIENTO ALCOHÓLICO — TRAÍDO POR LA

DEFENSA CIVIL GLUCO: 118 MG/DL Enfermedad actual: Pte quien es traído por la madre — Erika Viviana Amorocho — por clínica de aprox. 3 horas de evolución caracterizado por politraumatismos en región toracoabdominal secundario a riña con agentes de policía, contusiones múltiples, posterior dolor moderado, e mesis de contenido alimentario en 2 oportunidades. No fiebre, no hematuria, no pérdida del estado de conciencia.

Madre refiere: “Todo empezó con una muchacha, ella se fue a formar problema al amante, no sé qué pasó, cuando yo vi lo llevaba la policía a mi esposo y

oportunidades. No fiebre, no hematuria, no pérdida del estado de conciencia.

Madre refiere: “Todo empezó con una muchacha, ella se fue a formar problema al amante, no sé qué pasó, cuando yo vi lo llevaba la policía a mi esposo y cuñado — no vi cuando lo golpearon”.

Pte refiere: “La policía me golpeó en el estómago, me duele demasiado (…)

• Análisis pte adulto joven en estado de embriaguez traído por la defensa civil por traumatismo toracoabdominal secundario a riña, posterior dolor severo, no sign