TA SAN - Sentencia 68679-33-33-002-2022-00113-01 (30-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68679333300220220011301

MEDIO DE CONTROL: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

DEMANDANTE: Héctor Navarrete Suárez

jend5904@gmail.com; joaoalexisgarcia@hotmail.com; jend5904@gmail.com; juanka260275@gmail.com

DEMANDADO: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

notificaciones.sangil@mindefensa.gov.co abogadocarloscastro@hotmail.com notificaciones.sangil@mindefensa.gov.co martha.torres@mindefensa.gov.co marastor29@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: Eddy Alexandra Villamizar

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No 298

TEMA: Calificación de pérdida de capacidad laboral – Laboral

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos1

En la demanda se expuso, en síntesis, que el señor Héctor Navarrete Suárez prestó su servicio militar obligatorio como soldado regular con especialidad en fusilero,

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos1

En la demanda se expuso, en síntesis, que el señor Héctor Navarrete Suárez prestó su servicio militar obligatorio como soldado regular con especialidad en fusilero, desempeñando labores de patrullaje durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 1979 y el 30 de junio de 1981 en el Batallón de Artillería No. 5 del municipio de Socorro, Santander.

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 000 10 SAMAI, One Drive, archivo 02DemandaUnificada.pdf, folio 155 al 166Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Durante la prestación de dicho servicio, el señor Héctor Navarrete Suárez presentó diversas patologías, entre ellas leishmaniasis, dolores intensos en las rodillas, gonalgia testicular, dolores en la columna vertebral, problemas auditivos y otras afectaciones físicas, las cuales, según manifestó, no existían antes de su ingreso al Ejército Nacional de Colombia.

En relación con la leishmaniasis, precisó que fue tratad o en el Establecimiento de Sanidad Militar del Socorro; sin embargo, pese al tratamiento recibido, perdió la mitad del tejido del lóbulo y hélix de la oreja izquierda, generándole secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Indicó, además, que el Ejército Nacional no expidió en su momento los informativos

mitad del tejido del lóbulo y hélix de la oreja izquierda, generándole secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Indicó, además, que el Ejército Nacional no expidió en su momento los informativos administrativos por lesión ni el acta de desacuartelamiento, omisión que se ha mantenido a pesar de las reiteradas solicitudes presentadas.

El 24 de marzo de 2015, el señor Héctor Navarrete Suárez solicitó ante el Comando de la Segunda División del Ejército Nacional la intervención de dicha entidad ante el Batallón de Artillería No. 5, con el propósito de que se le practicara la Junta Médica Laboral de Retiro, solicitud que no fue atendida.

Posteriormente, el 24 de octubre de 2017, radicó una nueva solicitud ante el Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de ASPC No. 1 Cacique Tundama, en la que pidió la realización de un examen médico de retiro integral conforme al Decreto 1796 de 2000, la activación de los servicios médicos para diligenciar la ficha médico-laboral, así como el tratamiento médico para mitigar las patologías presentadas y la reconstrucción de su oreja izquierda. No obstante, tales solicitudes fueron negadas mediante oficio del 7 de noviembre de 2017 por el director del ESM 5041 del Batallón.

Ante esta situación, el 19 de enero de 2018, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja tuteló el derecho fundamental al debido proceso invocado por el señor Héctor Navarrete Suárez y, en consecuencia, ordenó al director de Sanidad Militar del Ejército Nacional que, en un término de 48 horas,

Penas y Medidas de Seguridad de Tunja tuteló el derecho fundamental al debido proceso invocado por el señor Héctor Navarrete Suárez y, en consecuencia, ordenó al director de Sanidad Militar del Ejército Nacional que, en un término de 48 horas, procediera a realizar el examen médico de retiro y definiera su situación médicolaboral.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Sin embargo, ante el incumplimiento de dicha orden, el 16 de febrero de 2018 el actor interpuso un incidente de desacato. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2018, solicitó la continuación del trámite incidental, argumentando que habían transcurrido nue ve meses desde el fallo de tutela sin que se hubiese dado cumplimiento alguno. Por tal motivo, mediante auto del 8 de noviembre de 2018, se sancionó al Director de Sanidad Militar del Ejército Nacional.

En cumplimiento de lo ordenado, mediante oficio No. 20183232239391 del 16 de noviembre de 2018, el Director de Sanidad del Ejército Nacional informó al demandante el procedimiento a seguir y le anexó la autorización para la realización de los conceptos médicos especializados.

Seguidamente, el 15 de diciembre de 2018, el Oficial de Gestión de Medicina Laboral (DISAN) respondió a un derecho de petición del demandante, señalando que era necesario aportar la historia clínica relacionada con la leishmaniasis en la

Seguidamente, el 15 de diciembre de 2018, el Oficial de Gestión de Medicina Laboral (DISAN) respondió a un derecho de petición del demandante, señalando que era necesario aportar la historia clínica relacionada con la leishmaniasis en la oreja izquierda y la micosis, con el fin de determinar si tales afecciones ocurrieron con ocasión o por causa del servicio militar.

No obstante, ante la persistencia del incumplimiento, el 26 de abril de 2019 el señor Navarrete presentó nueva solicitud de inicio de incidente de desacato ante el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja . Adujo que habían transcurrido dieciséis meses desde la sentencia de tutela sin que el Ejército Nacional hubiera dado cumplimiento a la orden judicial. En respuesta, mediante oficio del 17 de mayo de 2019, el Coordinador de Juntas Médicas Lab orales informó que se había solicitado la activación de los servicios médicos por un término de 180 días para adelantar los trámites correspondientes.

El demandante afirmó que formuló múltiples solicitudes a la entidad demandada con el fin de que se ejecutara el fallo de tutela y que, debido al reiterado incumplimiento, presentó varios incidentes de desacato.

Finalmente, el 21 de julio de 2021 se llevó a cabo la Junta Médico Laboral No. 117402 al señor Héctor Navarrete Suárez; sin embargo, esta se realizó sin contar con los soportes esenciales, tales como el examen de evacuación, la historia clínicaNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Héctor Navarrete Suarez

con los soportes esenciales, tales como el examen de evacuación, la historia clínicaNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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completa, el acta de desacuartelamiento y el informativo por lesión, motivo por el cual las afecciones fueron calificadas como enfermedad común. En consecuencia, el señor Navarrete interpuso nuevo incidente de desacato ante el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.

Posteriormente, el 12 de marzo de 2021, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía practicó una nueva valoración médica al señor Héctor Navarrete Suárez, en desarrollo de las actuaciones derivadas del proceso.

1.1.1. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió lo siguiente:

«PRIMERA: Declarar la nulidad del ACTA DE TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE

REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA No. TML21 -1-208 MDNSG -TML-41.1

REGISTRADA AL FOLIO No. 207 DEL LIBRO DE TRIBUNAL MÉDICO de fecha 12 de marzo de 2021 y ACTA DE JUNTA MÉDICO LABORAL No. 117402 del 21 de julio de 2020, en razón a que el Ejército Nacional no expidió los documentos de soporte para la realización de Junta y del Tribunal, tales documentos son: examen de evacuación, historia clínica, acta de desacuartelamiento e informativo

julio de 2020, en razón a que el Ejército Nacional no expidió los documentos de soporte para la realización de Junta y del Tribunal, tales documentos son: examen de evacuación, historia clínica, acta de desacuartelamiento e informativo administrativo por lesión, es decir que tanto la Junta Médico Laboral como el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía realizaron la valoración médica sin contar con los referidos documentos, los cuales demostrarían que las afecciones presentadas por el evaluado son por causa y en razón del servicio militar que prestó.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se disponga que LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL, debe proceder a expedir el examen de evacuación, historia clínica, acta de desacuar telamiento e informativo administrativo por lesión del señor HÉCTOR NAVARRETE SUAREZ.

TERCERA: A título de restablecimiento del derecho, ordenese a LA NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJÉRCITO NACIONAL, que con fundamento en los documentos mencionados en el anterior numeral, se proceda a practicar una nueva Junta Médico Laboral al seño r HÉCTOR NAVARRETE SUAREZ, en la cual se califiquen las afecciones presentadas como producidas en el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo, y fijar los correspondientes índices de lesión.

CUARTA: Se condene a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL, pagar a título de reparación integral de los daños morales, daños a la salud y a la vida de relación e indemnización, por la no atención médica de

CUARTA: Se condene a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL, pagar a título de reparación integral de los daños morales, daños a la salud y a la vida de relación e indemnización, por la no atención médica de afecciones que deterioraron progresi vamente su salud del señor HÉCTOR

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00010 SAMAI, One Drive, archivo 02DemandaUnificada.pdf, folio 153 al 154Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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NAVARRETE SUAREZ, asi como la perdida de la mitad del tejido en lóbulo y helix (reborde prominente del pabellón auricular) izquierdo, perdida que le ha causado burlas, rechazo, discriminación y demas situaciones que le generan problemas psicológicos, intra nquilidad e insomio, la suma de cien (100) salarios minimos legales mensuales vigentes al momento del cumplimiento real y efectivo de la sentencia.

QUINTA: La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas líquidas de moneda legal colombiana, y se ajustarán dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, debidamente indexados, reajustados en su poder adqu isitivo, por el periodo comprendido entre la fecha del retiro, y el día del pago real y material de la obligación contenida en la sentencia definitiva, ajustada sobre el último sueldo que devenguen sus compañeros de

reajustados en su poder adqu isitivo, por el periodo comprendido entre la fecha del retiro, y el día del pago real y material de la obligación contenida en la sentencia definitiva, ajustada sobre el último sueldo que devenguen sus compañeros de promoción en el momento de ejecutoria de la sentencia, más los intereses moratorios después de este término en tractos sucesivos mes por mes, según la fórmula que desarrolla el Consejo de Estado así:

R= RH x índice Final Índice Inicial

SEXTA: Que se dé aplicación en el fallo, al principio de REPARACIÓN INTEGRAL Y EQUIDAD, se condene a los demandados en gastos y costas procesales, así como agencias en derecho».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación3

Se invocaron como normas vulneradas las siguientes: Los artículos 1, 29, 48 y 49 de la Constitución Política; Artículos 16 y 24 del Decreto 1796 de 2000 y la Sentencia T009 de 2020.

Como concepto de violación adujo que el Ejercito Nacional vulneró los derechos del demandante al negarse a expedir el examen de evacuación, el acta de desacuartelamiento, la historia clínica y el informativo por lesión, con el fin de poder realizar las valoraciones médicas por parte de la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Parte demandada, Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional4, a través de apoderado judicial se opuso a todas las pretensiones de la demanda, por cuanto el acto administrativo demandado no adolece de nulidad.

1.2.1. Parte demandada, Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional4, a través de apoderado judicial se opuso a todas las pretensiones de la demanda, por cuanto el acto administrativo demandado no adolece de nulidad.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00010 SAMAI, One Drive, archivo 02DemandaUnificada.pdf, folio 166 al 169 4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00010 SAMAI, One Drive, archivo 16ContestacionDemanda.pdfNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Señaló que tanto el acta de la Junta Médico Laboral como la del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía son legales y válidas, toda vez que fueron elaboradas conforme a lo dispuesto en el Decreto 1796 de 2000, en las cuales se determinó que el demandante no presentaba disminución alguna en su capacidad laboral, determinación sustentada en los conceptos médicos emitidos durante el proceso de valoración.

Asimismo, indicó que el demandante no aportó la historia clínica que acreditara que las presuntas afectaciones se originaron durante la prestación del servicio militar, entre los años 1979 y 1981. Por tal razón, no puede alegarse la existencia de falsa motivación, desvío o abuso de poder, ni expedición irregular de los actos administrativos cuestionados.

1.3. La sentencia apelada5

motivación, desvío o abuso de poder, ni expedición irregular de los actos administrativos cuestionados.

1.3. La sentencia apelada5

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil , en providencia de fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Acta de la Junta Médico Laboral No. 117402 del día 21 de julio de 2020 y el Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. TML 21 -1208 de fecha 12 de marzo de 2021, por medio de las cuales, se reso lvió la situación médico laboral del señor HÉCTOR NAVARRETE SUÁREZ, según las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDENAR a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE SANIDAD que realice una nueva calificación de la disminución o pérdida de capacidad laboral del señor HÉCTOR NAVARRETE SUÁREZ, tenien do en cuenta la totalidad de la documentación requerida para el efecto según lo exige el artículo 16 del Decreto 1796 de 2000, y en la que se determine con el adecuado material probatorio si las patologías que presenta se adquirieron durante la prestación de su servicio militar obligatorio, a causa y en razón del mismo; o si definitivamente, aquellas tienen un origen común, decisión que en caso de inconformismo podrá ser recurrida por el accionante para que sea posteriormente analizada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía conforme el Decreto 1796 de 2000 lo determina

aquellas tienen un origen común, decisión que en caso de inconformismo podrá ser recurrida por el accionante para que sea posteriormente analizada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía conforme el Decreto 1796 de 2000 lo determina

PARÁGRAFO: En caso de requerirse la elaboración de una ficha médica más reciente para el efecto, actívense los servicios de salud del actor y practíquense los exámenes paraclínicos y valoraciones de médicos especialistas respectivos.

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00017 SAMAI.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva del presente proveído.

CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS por cuanto no se cumplen los presupuestos señalados en el artículo 188 de C.P.A.C.A».

Como fundamento de su decisión, en primer lugar, el a quo precisó que, para la fecha en que el señor Héctor Navarrete Suárez prestó su servicio militar obligatorio, se encontraba vigente el Decreto 1836 de 1979.

Así, señaló que la motivación de la Junta Médico Laboral y del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía se sustentó exclusivamente en la ficha médica elaborada en cumplimiento de una sentencia de tutela, la cual contenía los conceptos de especialistas, los resultados de exámenes paraclínicos practicados y

Laboral de Revisión Militar y de Policía se sustentó exclusivamente en la ficha médica elaborada en cumplimiento de una sentencia de tutela, la cual contenía los conceptos de especialistas, los resultados de exámenes paraclínicos practicados y el examen médico realizado el día de las valoraciones.

Como resultado, en ambas instancias se concluyó que respecto de ninguna de las patologías padecidas por el demandante existía una historia clínica que demostrara su adquisición durante la prestación del servicio militar activo, ni constancia de manejo, seg uimiento o informe administrativo por lesiones. Por tal motivo, se determinó que no era posible establecer la fecha de estructuración de las enfermedades, razón por la cual no podían ser calificadas como de origen profesional.

Por otro lado, el a quo destacó que, conforme con la normativa aplicable al caso, era obligación del Ejército Nacional —al momento de reclutamiento del señor Navarrete Suárez como soldado regular— constituir un expediente administrativo y prestacional que contuviera: la ficha médica de incorporación, la comprobación del estado sicofísico al ingreso, la historia clínica o registro médico personal con las novedades en su estado de salud durante su permanencia en la institución, el examen médico de licenciamie nto, el certificado médico de evacuación con el estado de salud al egreso y el acta de desacuartelamiento. Asimismo, en caso de haberse presentado lesiones, heridas o accidentes, dicho expediente debía incluir las investigaciones administrativas correspondientes.

El Juzgado resaltó, además, que el artículo 16 del Decreto 1796 de 2000 establece que las decisiones de las autoridades médico-laborales deben estar soportadas no

las investigaciones administrativas correspondientes.

El Juzgado resaltó, además, que el artículo 16 del Decreto 1796 de 2000 establece que las decisiones de las autoridades médico-laborales deben estar soportadas no solo en la ficha médica de aptitud sicofísica y en los conceptos médicosNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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especializados que precisen diagnóstico, evolución, tratamiento y secuelas, acompañados de los exámenes paraclínicos pertinentes, sino también en el expediente médico-laboral que repose en la Dirección de Sanidad y en los Informes Administrativos por Lesio nes Personales, elementos indispensables para una valoración completa.

En armonía con lo anterior, el juez de primer grado advirtió que, aunque dicha información fue solicitada en el marco de la acción de tutela y reiterada en sede administrativa en varias oportunidades, la entidad demandada no la suministró ni demostró haberla aportado para el análisis dentro del trámite ori entado a definir la situación médico-prestacional del actor.

De igual modo, destacó que en la contestación de la demanda se allegó un oficio del 10 de noviembre de 2022, mediante el cual el comandante del Batallón de Artillería certificó que el señor Navarrete Suárez «no era orgánico de esa unidad táctica». Tal afirmación —según el juzgador— no resultaba coherente con el acervo probatorio obrante en el expediente. En el mismo documento, el comandante

Artillería certificó que el señor Navarrete Suárez «no era orgánico de esa unidad táctica». Tal afirmación —según el juzgador— no resultaba coherente con el acervo probatorio obrante en el expediente. En el mismo documento, el comandante también señaló que «(i) no se contaba con fecha de incorporación y desincorporación del accionante; (ii) no se contaba con información relacionada con informativos administrativos por lesión; y (iii) no se contaba con información relacionada con acta de evacuación, ni copia de historia clínica teniendo en cuenta que dicha unidad no tenía acceso administrativo a las carpetas de sanidad para la época de 1981».

De conformidad con lo anterior, el a quo concluyó que tal situación impidió una valoración completa e integral del estado de salud del demandante, pues no se explicó cómo, en ausencia del expediente administrativo, pudo determinarse que las patologías presentadas eran de origen común, sin tener certeza de las condiciones sicofísicas con las que el actor ingresó y egresó del servicio militar.

Igualmente, consideró irrazonable exigir al demandante la presentación de dicha documentación, dado que el expediente debía reposar en los archivos de la entidad demandada.

En consecuencia, el a quo determinó que los actos administrativos demandados resultaban arbitrarios y carentes de fundamento legal, razón por la cual declaró su nulidad. Como medida de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada realizar una nueva calificación de l a pérdida o disminución de laNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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capacidad laboral del señor Héctor Navarrete Suárez, tomando en cuenta la totalidad de la documentación exigida por el artículo 16 del Decreto 1796 de 2000, a fin de establecer con adecuado soporte probatorio si las patologías fueron adquiridas durante la prestación del servicio militar obligatorio o si, por el contrario, tienen un origen común. Contra dicha decisión, precisó, procedía el recurso de apelación.

Finalmente, en cuanto a la reparación integral solicitada por la parte actora, estimada en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por concepto de perjuicios morales, daño a la salud y daño a la vida en relación, el juez consideró que no se acreditó su causación, en tanto que no fue posible determinar de manera fehaciente la fecha de estructuración de los padecimientos alegados.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional6, inconforme con la anterior decisión, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se denieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de soporte jurídico y fáctico para que se adoptara dicha decisión.

En primer término, precisó que el actor únicamente demostró haber prestado el servicio militar en el Ejército Nacional, siendo licenciado el 30 de junio de 1981 del

En primer término, precisó que el actor únicamente demostró haber prestado el servicio militar en el Ejército Nacional, siendo licenciado el 30 de junio de 1981 del Batallón de Artillería No. 5, pero sin aportar las fechas exactas de su vinculación. Añadió que, aunque en la demanda se alegó que el señor Héctor Navarrete Suárez padeció diversas patologías durante el servicio, no se allegó prueba alguna que acreditara tales afecciones, ni se identificaron los establecimientos médicos de la Dirección de Sanida d Militar en los cuales se le hubiese brindado atención o tratamiento.

Asimismo, argumentó que se trata de un caso ocurrido hace más de treinta años, respecto del cual el accionante no realizó trámite alguno ni presentó solicitudes oportunas para obtener la valoración médica correspondiente a las presuntas lesiones sufridas d urante su servicio militar. En ese sentido, recordó que el demandante disponía de un plazo de 60 días tras la finalización del servicio para practicarse el examen de licenciamiento, lo cual omitió hacer.

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En línea con lo anterior, indicó que, a pesar de dicha inactividad, el actor —años después— interpuso una acción de tutela, en virtud de la cual se ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional practicar el examen médico de retiro y

después— interpuso una acción de tutela, en virtud de la cual se ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional practicar el examen médico de retiro y definir su situación médico-laboral en un término de 48 horas. En cumplimiento de tal orden, se citó al accionante para iniciar el trámite correspondiente, se le instruyó sobre el diligenciamiento de la ficha médica, y se le informó que, una vez emitidos y allegados los conceptos médicos por parte del Dispen sario Médico, estos serían revisados por el médico laboral, con el fin de convocar y realizar la Junta Médico Laboral. En consecuencia, sostuvo que tanto el acta de la Junta Médico Laboral como la del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía fueron emitidas conforme a lo establecido en el Decreto 1796 de 2000.

Por contera, la entidad demandada manifestó que la sentencia apelada confunde distintos aspectos procesales, ya que, por una parte, la parte demandante no identificó ni argumentó los vicios de nulidad que presuntamente afectaban los actos administrativos demandados y, por otra, pretendió trasladar toda la carga probatoria a la Administración, a pesar de que fue el propio demandante quien incurrió en una actuación omisiva y deficiente en materia probatoria.

1.5. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto el catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025) al Despacho 09 del Tribunal Administrativo de Santander.

Acto seguido, mediante auto de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025) se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia

Acto seguido, mediante auto de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025) se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en el que se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciar sobre el recurso de apelación.

1.5.1.1. La parte demandante , Héctor Navarrete Suárez , no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.1.2. La parte demandada, Nación - Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.5.1.3. Representante Ministerio Público, no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte en el recurso de apelación. Además, se referirá a

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. Los problemas jurídicos

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de la apelación7, el cual