TA SAN - Sentencia 68679-33-33-003-2019-00075-01 (17-07-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente. LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

PONENCIA DE MAYORÍAS

EXPEDIENTE:

68679333300320190007501

MEDIO DE CONTROL:

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE:

DORA EDITH GALEANO ARIZA

neplalo@hotmail.com; yeiner.arizag@gmail.com;

DEMANDADO:

MUNICIPIO DE BOLÍVAR

alcaldia@bolivar-santander.gov.co; secretariageneral@bolivar-santander.gov.co; abg.juanmanuel@outlook.es;

VINCULADOS:

ALIRIO VARGAS Y FLOR ALBA MORENO RUÍZ

abogadoalexandercalderon@hotmail.com; reyferneyp@gmai.com;

MINISTERIO PÚBLICO:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte en contra de la sentencia de primera instancia, proferida el 26 de octubre de 2023 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil, en la que se declaró probada la falta de legitimación en la causa por activa, previa la siguiente reseña:

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones1

Con la demanda se pretend ió, en síntesis, que: i) s e declare administrativa y

probada la falta de legitimación en la causa por activa, previa la siguiente reseña:

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones1

Con la demanda se pretend ió, en síntesis, que: i) s e declare administrativa y extracontractualmente responsable al Municipio de Bolívar - Santander, por los perjuicios causados entre finales del mes de octubre de 2017 y mediados de enero

1 Fls. 8 a 9 del cuaderno principal que obra en OneDrive.2

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de 2018, al inmueble de propiedad de la señora Dora Edith Galeano Ariza, ubicado en la Calle 9 # 4 -25 de dicho municipio ; ii) se condene al Municipio de Bo lívar, Santander, a pagar «la suma de $ 26.050.0000 (sic), por concepto de perjuicios materiales», causados al inmueble propiedad de la demandante, y la suma de 1.000 SMLMV por concepto de perjuicios morales ; y iii) se condene «en costas y gastos del proceso a las dos partes».

B. Hechos2

En el escrito de la demanda se expusieron los siguientes hechos:

1. Indicó que la señora Dora Edith Galeano Ariza es propietaria y única titular de la

vivienda ubicada en la Calle 9 #4-25 de Bolívar, Santander, donde reside con su familia.

2. Afirmó que el predio contiguo pertenece a los señores Alirio Vargas y Flor Alba

Moreno Ruiz (Calle 9 #4-27).

3. Sostuvo que e ntre finales de octubre de 2017 y enero de 2018, maquinaria pesada del municipio (retroexcavadora y vibro compactador), operada por

Moreno Ruiz (Calle 9 #4-27).

3. Sostuvo que e ntre finales de octubre de 2017 y enero de 2018, maquinaria pesada del municipio (retroexcavadora y vibro compactador), operada por empleados municipales, realizó excavaciones, movimientos de tierra, cargue de escombros y compactación en el predio de los vecinos.

4. Señalo que estas actividades se ejecutaron a solicitud de los propietario s vecinos, quienes estaban adelantando obras de construcción, pese a no contar aún con licencia de construcción aprobada por el municipio en ese momento.

5. Arguyó que l as obras y el uso de maquinaria pesada produjeron cambios topográficos, deslizamientos y r oturas de pisos y paredes en la vivienda de la demandante, afectando su estructura.

6. Expresa que la señora Dora Edith Galeano Ariza, tras sufrir daños en su vivienda por obras realizadas con maquinaria del municipio en el predio vecino, realizó varias gestiones para prevenir riesgos y obtener reparación, sin éxito.

7. Finalmente, sostiene que l a señora Dora Edith Galeano Ariza, como consecuencia de los daños sufridos en su vivienda, ha experimentado durante año y medio serios problemas psicológicos, principalme nte insomnio y una constante zozobra por la situación de su casa. Estos daños le han generado angustia profunda, tristeza y llanto al ver cómo el patrimonio que construyó durante toda su vida se deteriora, sin poder ofrecer seguridad a sus hijos y

2 Proceso de Origen - Actuación núm. 105 de SAMAI – Expediente OneDrive – Cuaderno Principal núm. 1, Fols. 1-8.3

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2 Proceso de Origen - Actuación núm. 105 de SAMAI – Expediente OneDrive – Cuaderno Principal núm. 1, Fols. 1-8.3

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nietos. Esta situación la ha obligado a buscar atención médica, siendo diagnosticada y remitida al psicólogo.

C. Normas violadas y concepto de violación.

Como normas violadas, trajo a colación los artículos 140 del CCA. 164-2 CCA y artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Municipio de Bolívar, Santander 3, a través de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones, al considerar que la entidad territorial no tiene ninguna responsabilidad por los daños estructurales del predio de la demandante.

Lo anterior, porque el muro de la edificación colapsó debido a su antigüedad, deterioro, falta de reforzamiento, previsión, reforzamiento o adecuación por parte de sus propietarios.

Por contera , propuso las excepciones de « culpa exclusiva de la propietaria del inmueble» y «ausencia de responsabilidad por parte del ente territorial».

1.2.2 El curador ad litem de los señores Alirio Vargas y Flor Alba Moreno Ruíz4, solicitó que se denieguen las súplicas de la demanda. Para el efecto, señaló que no existe nexo causal entre la producción del daño alegado en la demanda y el actuar de los vinculados. De esta manera, consideró que no es posible imputarles responsabilidad.

Por último, propuso las excepciones que denominó: «ausencia de demostración del

existe nexo causal entre la producción del daño alegado en la demanda y el actuar de los vinculados. De esta manera, consideró que no es posible imputarles responsabilidad.

Por último, propuso las excepciones que denominó: «ausencia de demostración del nexo de causalidad»; «culpa exclusiva de la víctima»; «hecho exclusivo y determinante de un tercero»; «inexistencia de imputación fáctica»; «genérica o innominada» y «falta de legitimación en la causa por pasiva».

III. DECISIONES RELEVANTES TOMADAS POR LA PRIMERA

INSTANCIA

3 Proceso de Origen - Actuación núm. 105 de SAMAI – Expediente OneDrive – Cuaderno Principal núm. 2, Fols. 21-27. 4 Proceso de Origen - Actuación núm. 105 de SAMAI – Expediente OneDrive – Cuaderno Principal núm. 2 – Archivo PDF 019.4

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A folios 172 a 174 del cuaderno 1 que reposa en OneDrive obra auto de 10.09.2019, mediante el cual en el numeral segundo de la parte resolutiva se dispuso integrar de oficio el contradictorio en su extremo pasivo como litisconsorcio necesario al presente proceso con los señores Alirio Vargas y Flor Alba Moreno Ruiz.

En el archivo No. 30 que reposa en OneDrive se encuentra acta de audiencia inicial de 08.07.2021 , en la cual el señor Juez resuelve: 1. Cuestiones previas , 2. Saneamiento del proceso, 3. Fija el litigio circunscribiéndolo a determinar: Si conforme a los hechos de la demanda, el Municipio de Bolívar, Santander, es

Saneamiento del proceso, 3. Fija el litigio circunscribiéndolo a determinar: Si conforme a los hechos de la demanda, el Municipio de Bolívar, Santander, es administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios presuntamente causados por omisión del personal de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Bolívar - Santander, a la propiedad de la señora Dora Edith Galeano Ariza, ubicada en la calle 9 # 4-25 de Bolívar S., presuntamente sucedidos entre finales del mes de octubre de 2.017 y mediados de enero de 2.018, con la maquinaria del municipio. De probarse la responsabilidad, solicita se condene al Municipio al pago de la suma de $26.050.000,00 por concepto de perjuicios materiales y 1.000 S.M.L.M.V. por concepto de perjuicios morales ; finalmente, se condene en costas y agencias en derecho , 4. Fallida la etapa de conciliación por ausencia de ánimo conciliatorio de las partes demandadas, por lo que se continúa con la siguiente etapa procesal, 5. Se declara agotada la etapa de medidas cautelares, 6. Se decreta y practican pruebas. Los días 25.04.2022 y 09.11.2022 se llevan a cabo audiencias de pruebas; en esta última oportunidad se corre traslado para alegar de conclusión y rendir concepto de fondo por parte del ministerio público.

IV. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil , en la sentencia del 26 de octubre de 2023, resolvió lo siguiente:

público.

IV. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil , en la sentencia del 26 de octubre de 2023, resolvió lo siguiente:

«[…] Primero. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la demandante y, en consecuencia, inhibirse para pronunciarse de fondo respecto de las pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

Segundo. No condenar en costas, conforme a lo señalado en la parte motiva […]».5

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Para apuntalar la decisión, citó la sentencia de unificación emitida por el H. Consejo de Estado el 13 de mayo de 2014, en la que se estableció que la forma de probar el derecho real de dominio sobre un bien inmueble dentro de los procesos que cursan ante esta jurisdicción es con el certificado que expida el registrador de instrumentos públicos.

Con fundamento en esta decisión, consideró «que la inscripción o el registro del título en la respectiva Oficina de Instrumentos Públicos es prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio sobre un bien inmueble; por tanto, legitima en la causa por activa cuando se acude a un proceso en calidad de propietario de un bien inmueble respecto del cual se fundamentan las pretensiones de una demanda».

Así las cosas, sostuvo que la parte demandante no acreditó ser la titular del derecho de dominio del bien inmueble afectado, pues «la prueba idónea para demostrar la propiedad era el folio de matrícula inmobiliaria No. 324 -16131 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Vélez, en el que diera fe de la existencia del

propiedad era el folio de matrícula inmobiliaria No. 324 -16131 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Vélez, en el que diera fe de la existencia del acto jurídico de transferencia de propiedad a favor de la demandante, y que demostrara que a la fecha de los hechos era la dueña de este. De la misma manera, como prueba alternativa, no se demostró algún título o modo de propiedad del bien, como lo precisa la sentencia de unificación citada ut supra».

IV. LA APELACIÓN

La parte demandante5, inconforme con el fallo inhibitorio de primera instancia, manifestó que en el proceso se encuentra suficientemente probado que los daños se produjeron en la vivienda ubicada «en la Calle 9 # 4 -27 (sic)» del Municipio de Bolívar, Santander, «cuya posesión y propiedad ostenta la demandante».

Recalcó que la parte demandada nunca contradijo la calidad de propietaria de la señora Dora Edith Galeano Ariza, pues es «titular de la posesión». Así mismo, es la única persona que ha elevado distintas peticiones y ac udido a distintas entidades de distinto orden, incluyendo al ente territorial demandado.

5 Proceso de Origen - Actuación núm. 117 de SAMAI.6

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En ese contexto, puso de relieve todas las actuaciones de la demandante ante distintas autoridades y resaltó que ninguna de ellas desconoció la titularidad de su derecho de dominio y que está «más que demostrado (sic) la propiedad de la vivienda en manos de la demandante».

IV. EL TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

derecho de dominio y que está «más que demostrado (sic) la propiedad de la vivienda en manos de la demandante».

IV. EL TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El proceso de la referencia fue repartido el 18.07.2024 al Despacho de la Dra. Carolina Arias Ferreria, quien, a través de auto de 23.08.2024 admite el recurso de apelación. El 23.10.2024 se registra el proyecto, el cual fue puesto a consideración de los magistrados que conforman su sala; sin embargo, el proyecto presentado no fue aprobado, por lo que se realiza cambio de ponente, para ponencia de mayorías el 06.11.2024, y finalmente, ingresando al despacho para sentencia el 05.03.2025. Se realiza registro de proyecto por parte de este Despacho el 21.05.2025 , y se aprueba en sala del 17.07.2025

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia en segunda instancia Corresponde a esta Corporación resolver el recurso interpuesto, dada la naturaleza de la providencia apelada: Arts. 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011.

B. Los problemas jurídicos y su resolución.

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos, teniendo en cuenta el objeto de la apelación6, el cual se circunscribe a determinar si:

PJ1: ¿La señora Dora Edith Galeano Ariza se encuentra legitimada en la causa por activa para solicitar el pago de los perjuicios causados al inmueble ubicado en la Calle 9 # 4-25, del Municipio de Bolívar, Santander?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: Se encuentra debidamente acreditada la calidad de

por activa para solicitar el pago de los perjuicios causados al inmueble ubicado en la Calle 9 # 4-25, del Municipio de Bolívar, Santander?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: Se encuentra debidamente acreditada la calidad de poseedora y el interés directo de la demandante, con base en los diversos elementos probatorios que obran en el expediente. Entre ellos, se destacan los

6 Art. 328 del CGP.7

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derechos d e petición presentados ante distintas autoridades para hacer valer su ejercicio material sobre el inmueble, así como las inspecciones realizadas, en las que se constató que la señora Galeano Ariza ejercía actos propios de tenencia y dominio, comportándose como señora y dueña de la vivienda.

PJ2: ¿Es el Municipio de Bolívar (Santander) administrativamente y extracontractualmente responsable por la presunta prestación de maquinaria pesada (retroexcavadora y vibrocompactador), operada por empleados municipales, quienes habrían realizado excavaciones, movimientos de tierra, cargue de escombros y labores de compactación en el predio de los señores Alirio Vargas y Flor Alba Moreno Ruiz, causando con ello afectaciones estructurales en la vivienda de la parte demandante?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: Al analizar los elementos probatorios y las circunstancias del caso, se evidencia que la causa directa del daño no puede atribuirse a otra situación distinta a las prácticas constructivas inadecuadas y la conducta negligente e irresponsable desplegada en la propiedad de la señora Flor Alba Moreno Ruiz.

C. Marco normativo

1. De la falta de legitimación en la causa por activa.

situación distinta a las prácticas constructivas inadecuadas y la conducta negligente e irresponsable desplegada en la propiedad de la señora Flor Alba Moreno Ruiz.

C. Marco normativo

1. De la falta de legitimación en la causa por activa.

La Sala recuerda que el artículo 46 de la Ley 1579 de 2012 establece que ningún título o instrumento sujeto a registro tendrá mérito probatorio si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina conforme a la norma contenida en ese cuerpo normativo.

Fue por eso que el H. Consejo de Estado unificó su postura -vigente en la actualidadsegún la cual el derecho real de dominio sobre un inmueble se demuestra válidamente con el respectivo certificado del registro de instrumentos públicos en el cual conste que el bien objeto de discusión es de propiedad de quien pretende ha cerlo valer en el proceso judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa «para efectos de tener por verificada la legitimación en la causa por activa»7.

7 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 13 de mayo de 2014. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. Rad. Mauricio Fajardo Gómez.8

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En esos términos, la legitimación en la causa corresponde, entonces, a un elemento necesario para obtener sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo, significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial por el derecho o interés que es objeto de

interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial por el derecho o interés que es objeto de controversia8.

No obstante, el artículo 2342 del Código Civil, frente a la legitimación para solicitar la indemnización de perjuicios, dispone que «puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso».

Con fundamento en la norma traída a colación, la jurisprudencia de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado ha establecido que el poseedor se encuentra legitimado para solicitar el resarcimiento de los perjuicios que se causen a su derecho9.

Es importante recordar que la posesión se encuentra definida por dos elementos: por una parte, el animus, «entendido como la concepción y conducta que tiene el poseedor de ser señor y dueño de la cosa poseída»; y por otra, el corpus, «consistente en la relación material o física que se tiene con aquella, de manera que, quien se repute como poseedor, debe acreditar no sólo que ejerce un poder de hecho y material sobre la cosa, sino que no reconoce dominio ajeno»10.

2. De la responsabilidad del Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 establece un marco fundamental para la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia; así mismo, señala dos condiciones para su declaratoria: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 establece un marco fundamental para la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia; así mismo, señala dos condiciones para su declaratoria: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de este al Estado.

8 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 17 de junio de 2024. C.P. Nicolás Yepes Corrales. Rad. 08001233300020200013401 (69803). 9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 11 de marzo de 2004. Exp 12289. Citada en la sentencia proferida por el Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 17 de junio de 2024. C.P. Nicolás Yepes Corrales. Rad. 08001233300020200013401 (69803). 10 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de 2024. C.P. María Adriana Marín. Rad. 08001-23-31-000-2002-00753-01 (54993).9

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El daño antijurídico se trata de una afectación que, al no estar justificada por el ordenamiento jurídico, lesiona un interés protegido, ya sea patrimonial o extrapatrimonial. Este tipo de daño es contrario al principio de alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre.

Ello refuerza la idea de que el Estado tiene la obligación de responder por los daños causados por su actuar, asegurando así la protección de los derechos de los

desvalor patrimonial que sufre.

Ello refuerza la idea de que el Estado tiene la obligación de responder por los daños causados por su actuar, asegurando así la protección de los derechos de los ciudadanos y el respeto al orden jurídico. La clave aquí es que el daño debe ser claro, injustificado y no amparado por ninguna norma que justifique la afectación sufrida.

Ahora bien, la imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional o cualquier otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Una vez que se verifica la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, nace la obligación de indemnizar a la víctima de manera plena. Este deber de indemnización busca restaurar la situación de la persona afectada, cumpliendo así con el principio de neminem laedere, que prohíbe causar daño a otro.

D. Análisis de las pruebas relevantes de cara al marco normativo anterior.

Como material probatorio relevante allegado al plenario, encuentra la Sala que fueron aportadas las siguientes pruebas, dentro de las cuales se resaltan las siguientes piezas probatorias:

• Derecho de petición de 12.12.20217 dirigido al Dr. Iván Darío Muñoz Ayala, en su calidad de jefe de Planeación Municipal de Bolívar – Santander, a través del cual solicit ó: i) que la oficina de planeación municipal de Bolívar, realice una inspección que determine con claridad los riesgos que se puedan10

en su calidad de jefe de Planeación Municipal de Bolívar – Santander, a través del cual solicit ó: i) que la oficina de planeación municipal de Bolívar, realice una inspección que determine con claridad los riesgos que se puedan10

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generar con la construcción que adelanta el señor Alirio Vargas en el predio vecino al de su propiedad; y ii) que de preverse algún tipo de riesgo la Secretaría de Planeación del municipio disponga de los requerimientos, las recomendaciones y las actuaciones de construcción técnicas y jurídicas para evitar en el presente y en el futuro daños y perjuicios que generen un detrimento económico a su patrimonio. (fls. 20 a 21 del cuaderno principal N°1 que reposa en OneDrive). • Derecho de petición de 13.12.2027, dirigido al Dr. Iván Darío Muñoz A yala, en su calidad de jefe de Planeación Municipal de Bolívar – Santander, mediante el cual se solicitó copia de la licencia de construcción que adelanta el señor Alirio Vargas en linderos de su propiedad. (fl. 2 3 del cuaderno principal N.° 1 que reposa en OneDrive). • Oficio N° SP - 007/2018 de 11.01.2018, mediante el cual el Dr. Iván Darío Muñoz Ayala, secretario de Planeación del municipio de Bolívar – Santander, informa que, tras revisar las solicitudes de licencia de construcción recibidas, se constató que el señor Alirio Vargas no ha presentado ninguna solicitud de licencia de construcción. Por otro lado, la señora Flor Alba Moreno Ruiz sí radicó una solicitud para obtener dicha licencia. (fl. 24 del cuaderno principal N°1 que reposa en OneDrive).

licencia de construcción. Por otro lado, la señora Flor Alba Moreno Ruiz sí radicó una solicitud para obtener dicha licencia. (fl. 24 del cuaderno principal N°1 que reposa en OneDrive). • Oficio N.° SP004 de 12.01.2018, a través del cual el Dr. Iván Darío Muñoz Ayala, secretario de planeación del municipio de Bolívar – Santander, informó acerca de la suspensión inmediata de la obra que se está realizando en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 324-23083 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Vélez. (fl. 38 del cuaderno principal N°2 que reposa en OneDrive). • Oficio N° SP008 de 12.01.2018, mediante el cual el Dr. Iván Darío Muñoz Ayala, secretario de Planeación del municipio de Bolívar – Santander, indica que el 21 de diciembre de 2017 se realizó una visita de campo por parte del secretario de Planeación Municipal, acompañado del inspector de policía y el personero municipal, lo cual se respalda con las actas anexas. En la que se informó que se están llevando a cabo acciones para determinar si existe algún riesgo y las recomendaciones correspondientes, l o que requiere un estudio detallado y tiempo adicional. (fl. 25 del cuaderno principal N°1 que reposa en OneDrive).11

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• En la visita realizada el 21.12.2017, por parte del secretario de Planeación Municipal, acompañado del inspector de policía y el Personero Municipal (fls. 26 a del cuaderno principal N°1 que reposa en OneDrive) , se determinó lo

siguiente:

Municipal, acompañado del inspector de policía y el Personero Municipal (fls. 26 a del cuaderno principal N°1 que reposa en OneDrive) , se determinó lo siguiente:

“En la visita realizada a la casa de habitación de la señora Dora Edith Galeano Ariza, se observó diferentes tipos de fisuras o grietas en muros y piso en el costado sur de su propiedad (Patio de ropas y lavadero), aparentemente o a simple vista la mayoría de éstas, tienen algún tiempo de formación, por otra parte en una se pudo observar que es relativamente nueva su formación, lo cual se le explicó de forma verbal a la Señora Dora Edith Galeano Ariza en reiteradas ocasiones.

Adicionalmente primero se realizó la visita a los trabajos adelantados por el Señor Alirio Vargas en la cual se encontró que estaba realizando un muro lindando con las propiedades de las Señoras Gloria María Mogollón de C. y Dora Edith Galeano Ariza, el cual manifestó el señor Alirio Vargas que sólo estaba realizando ese único trabajo y ningún otro, el cual era exclusivamente para reforzar la contención del muro en ciclópeo existente y así evitar algún tipo de riesgo posterior. Por parte de la secretaría de planeación municipal se pudo verificar que esos eran los únicos trabajos en ejecución el día de la visita.

Cabe resaltar que la presencia de grietas o fisuras se pue de producir por innumerables causas dentro de las cuales se pueden ser: Movimientos telúricos, inadecudas prácticas constructivas, diseños deficientes, asentamientos del suelo, socavación acelerada ayudada por la presencia de agua, cimentación de la constr ucción deficiente. Por lo anterior se requiere

telúricos, inadecudas prácticas constructivas, diseños deficientes, asentamientos del suelo, socavación acelerada ayudada por la presencia de agua, cimentación de la constr ucción deficiente. Por lo anterior se requiere de un experto en el tema para poder determinar las causas y edad de los diferentes tipos de fisuras presentadas en las viviendas de las peticionarias. Es imprescindible conocer las causas y razones de las fisuras y grietas para poder determinar la solución más adecuada.”

• Derecho de petición de 18.01.2018, dirigido al Comité del Riesgo Personería Municipal de Bolívar Santander Secretaría de Planeación Municipal de Bolívar Inspección Municipal de Bolívar Santand er, en la que se pone en conocimiento la situación presentada en el inmueble, sumado a que el 17.01.2018, las construcciones de los patios solares colapsaron, por lo que solita: (i) que las autoridades competentes inicien de forma inmediata las actuaciones y obras necesarias para dar una solución definitiva y eficaz a esta problemática, reparando los daños materiales ocasionados en su propiedad; (ii) que se determine el riesgo que están corriendo su propiedad, y por ende los núcleos familiares por los sucesos relacionados. (fls. 32 a 34 del cuaderno principal N°1 que reposa en OneDrive). • Que la señora Dora Edith Galeano Ariza interpuso acción de tutela contra el municipio de Bolívar, Santander, Secretaría de Planeación, con el objeto de12

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que se me protejan su s derechos fundamentales a la vivienda digna, la seguridad personal, integridad, la intimidad personal y familiar, los derechos

municipio de Bolívar, Santander, Secretaría de Planeación, con el objeto de12

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que se me protejan su s derechos fundamentales a la vivienda digna, la seguridad personal, integridad, la intimidad personal y familiar, los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (fls. 37 a 47 del cuaderno principal N° 1 que reposa en OneDrive). • Fallo de tutela de primera instancia proferido el 25 de enero de 2018 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, Santander, en el cual se amparó el derecho fundamental a la vivienda digna de la señora Dora Edith Galeano Ariza, en su calidad de «propietaria» del bien inmueble ubicado en la Calle 9 # 4-25 del barrio San Antonio, Bolívar, Santander (fls. 65 a 89 del cuaderno principal N ° 1 que reposa en OneDrive). En dicho proveído se resolvió lo siguiente: “SEGUNDO.- ORDENAR a los constructores señores ALIRIO VARGAS identificado con la C.C. No. 4'241.051 y FLOR ALBA MORENO RUIZ identificada con la C.C. No. 28'031.751, la realización de las siguientes obras tendientes a corregir las fallas estructurales de las viviendas de las señoras DORA EDITH GALEANO ARI ZA, (expediente 2018-00007-017) identificada con la C.C. No. 28'033.021, y GLORIA MARÍA MOGOLLÓN DE CASTAÑEDA, (expediente 2018 -00022-0), identificada con la C.C. No. 28'031.802, e impedir que vuelvan a presentarse en el futuro:

MARÍA MOGOLLÓN DE CASTAÑEDA, (expediente 2018 -00022-0), identificada con la C.C. No. 28'031.802, e impedir que vuelvan a presentarse en el futuro: a) La realización inmediata de muro de contención en hormigón armado, diseñado y construido para mantener en forma permanente la diferencia de niveles del suelo que se encuentran a uno y otro lado del muro, con un margen de seguridad en cuanto a estabilidad, resistencia y d urabilidad, predimensionado según el código NSR-10 teniendo en cuenta las cargas de diseño, las sobrecargas, el peso propio, el empuje de tierras, empuje activo los análisis de estabilidad, de deslizamiento y de volcamiento; ó b) ó Un muro de contención en voladizo en el exterior para terrenos con talud en proporción, para un altura correspondiente una zarpa de 0.8 h. o Muro de contención en voladizo con pie y talón predimensionada la zarpa con la media o las 2/3 partes de la altura total del muro. (esta op ción necesita acuerdo con colindantes ya que el talón del muro quedara arremetido dentro de predio colindante). En la cimentación y recubrimiento o protección de la superficie del talud deberá atender las recomendaciones del perito que elaboró el concepto técnico, para lo cual se, anexará a la copia de la sentencia una copia íntegra del dictamen pericial. (…) CUARTO.- ORDENAR al ALCALDE MUNICIPAL DE BOLÍVAR y al SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE BOLÍVAR, Santander, que dentro del ámbito